Según el auto emitido sobre los tres principales protagonistas del caso, Francisco Correa, propietario de una empresa que organizaba mítines del PP, entregó "dádivas a funcionarios públicos" para conseguir "provecho económico" para él y sus allegados o "paralizar procedimientos sancionadores" contra él.
Baltasar Garzón, juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, no menciona a las autoridades públicas implicadas.
El diario El País dijo este viernes que tres "responsables del PP de Madrid" se beneficiaron de estos sobornos entre 2006 y 2007 y que la suma total desviada alcanzaría los 400.000 euros.
Según el auto firmado por Garzón, Francisco Correa puso en marcha un "conglomerado empresarial", formado por algunas sociedades ubicadas en paraísos fiscales, para facilitar las operaciones de blanqueo de dinero.
Correa "da instrucciones para ofrecer dádivas públicas" para obtener favores en el plano económico o bien para detener procesos contra esas sociedades.
Entre los tres implicados figura también Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia. Correa, cercano a los populares, fue testigo de la boda de la hija del ex presidente del Gobierno del PP, José María Aznar (1996-2004).
En el auto judicial, el juez Garzón imputó a un total de 37 personas por presuntos delitos de "blanqueo de capital, cohecho, corrupción y tráfico de influencias", dos de los cuales eran altos cargos del PP en la región de Madrid.
Esta operación tiene lugar cuando arranca la campaña electoral para las elecciones regionales en el País Vasco y Galicia. Mariano Rajoy, líder el PP, principal partido opositor, acusó al PSOE de instrumentalizar la justicia.
Garzón ve aforados
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón anticipa en el auto en el que rechaza la personación del Partido Popular (PP) en la causa que investiga la presunta trama de corrupción en administraciones de Madrid y Valencia desmantelada en la denominada 'Operación Gürtel' que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En un auto de dos páginas hecho público hoy, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirma que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".
En ese caso, la investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados en el Congreso y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia, respectivamente, si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.
Según explicaron fuentes jurídicas, la inhibición de la causa en favor del Supremo o los respectivos tribunales superiores de justicia se referiría exclusivamente a la parte de la investigación que afectara a los aforados, por lo que el juez continuaría instruyendo el resto de la causa.
El instructor, que no cita a ningún cargo público concreto, explica que el postulante, en referencia al PP, "no puede ostentar" la condición de parte personada en la causa. De este modo, evita entrar a decidir sobre la recusación presentada contra él por el PP, que pretendía apartarle de la instrucción alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad" contra el partido.
Según el juez, la personación del PP en este sumario, que se encuentra secreto, resulta "absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica". De igual modo, cree "prematuro" que se pueda considerar a esta formación como "responsable civil subsidiario" y añade que como acusación popular "no reúne los requisitos exigidos legalmente para decidir en este momento".
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