Hay que ver lo que nos está costando a los contribuyentes el pasado festín desregulador de los mercados financieros internacionales.Todavía desconocemos los efectos totales que tendrá sobre el sistema financiero la depreciación continuada de activos, como los inmobiliarios, que soportaban créditos arriesgados concedidos cuando eso parecía no importar tanto. La conversión de activos buenos en tóxicos aún no ha concluido, la epidemia continúa y con ella, los riesgos de contagio. Todo apunta, por tanto, a que seguiremos hablando de ayudas, banca y crédito durante mucho tiempo. Pese a los apoyos concedidos, los bancos siguen gripados en la concesión de crédito nuevo, tan necesario para combatir la recesión.La suma de ambos hechos -dinero público que no revierte al interés público- está llevando, en todo el mundo, a una preocupación creciente que incluye la exigencia de responsabilidades morales a los gestores de los bancos.
Me ha llamado la atención la libertad con la que el nuevo secretario del Tesoro americano acaba de acusar a su banca de estar remando en contra de la recuperación económica con su política restrictiva en la concesión de créditos. O cómo se les ha sacado los colores a los dueños del antiguo universo financiero en su comparecencia, esta semana, en un Comité del Senado. De igual manera, sorprende el mea culpa colectivo y el perdón que, de manera individual, han pedido los máximos responsables de los bancos ingleses en su reciente comparecencia parlamentaria, por sus errores y su codicia que han precipitado la crisis económica.
Este ejercicio de catarsis moral relativa puede ser algo más que un tirón de orejas. Podemos aprender. Muchos banqueros han señalado al esquema de incentivos que ligaba la remuneración de los ejecutivos con la valoración en Bolsa de las acciones de su entidad, como perverso, al llevarles a adoptar decisiones que han resultado catastróficas. Igualmente, que empresas prestadoras de servicios públicos esenciales no puedan priorizar exclusivamente los intereses de sus accionistas frente a los de sus usuarios cuando, a menudo, entran en contradicción. Por ahí debería ir, también, esa refundación del capitalismo de la que ya no se habla, aunque siga siendo necesaria: exigir a las entidades financieras unos compromisos de responsabilidad social obligatorios y forzar a quien no tiene accionistas, como las cajas de ahorros, a que en ello se vea una diferencia ventajosa perceptible para la sociedad.
Hay que constatar, además, cómo crece en todo el mundo la presión sobre los bancos para que concedan créditos a la economía real en cuantía superior a la actual y el convencimiento de que para conseguirlo hará falta algo más de lo mucho ya hecho. Así, la Administración americana vuelve a inyectar dinero a la banca por tercera vez, mientras en Europa se abre el debate sobre la creación de un banco malo donde colocar los activos tóxicos que lastran la capacidad de los bancos para cumplir sus obligaciones crediticias.
Si recuerdan, cuando estalló esta crisis financiera, los expertos y los gobiernos se debatían entre dos opciones: comprar activos a la banca para inyectarles liquidez o comprar capital (nacionalizando) para inyectar solvencia. De lo primero se fue pasando a lo segundo, y ahora que muchos bancos son públicos o tienen una participación pública importante, se constata que no es suficiente para recuperar los circuitos del crédito con el vigor necesario. Entre otras cosas porque, a pesar de las modificaciones aprobadas en las normas contables, muchos bancos, con independencia de su propiedad, siguen teniendo un exceso de activos fallidos que son plomo en las alas para la expansión del crédito nuevo. Ahí es donde se plantea la conveniencia de liberarles de esos activos tocados, concentrándolos en una entidad que sea una especie de basurero más o menos temporal, convencidos de que desprendidos de sus activos malos, los bancos recuperarían una capacidad mayor para conceder créditos.
La idea de crear un banco malo para reconvertir en buenos a los demás, sigue la experiencia sueca de los años 90. Pero en Suecia, la compra de activos tóxicos y su colocación en una entidad pública llamada Secorum, que luego recuperó una parte importante de los recursos vendiendo esos activos cuando los mercados se recuperaron, se acompañó de una nacionalización de los bancos que entraban en el esquema. Es decir, se socializaba la pérdida junto con la propiedad. Si lo que se plantea ahora en Europa es concentrar los activos fallidos en un único ente público para limpiar de rémoras los balances de la banca privada, estaríamos reinventando el peor INI del franquismo, aquel que privatizaba beneficios gracias a que socializaba pérdidas.
En la reunión del Ecofin de esta semana que discutió la propuesta de la Comisión sobre el asunto, se analizaron, además, los problemas de valoración transparente de los activos tóxicos, los de la competencia desleal por ayudas públicas que se provocaría con los bancos que no entraran en el mecanismo y los de aquellos países que ya han nacionalizado los bancos en mala situación inyectándoles dinero por la compra de todos sus activos y que, ahora, deberían poner dinero público adicional para hacerse con una parte de esos activos que, siendo los peores, serían comprados dos veces con cargo a los contribuyentes.
Es útil no tener frenos ideológicos para luchar contra la mayor crisis en muchos años. Pero la recuperación del mercado de crédito a la economía real por parte de los bancos tampoco puede hacerse mediante barra libre con cargo a los presupuestos. Porque la deuda, aunque sea pública, también hay que pagarla. En esa dirección, hay quien ha sugerido lo contrario: que se cree con dinero público un banco bueno que compre los activos sanos y conceda créditos y deje los tóxicos a quienes han sido el origen del problema.Como se ve, tendremos que recurrir a otros mecanismos para conseguir que la banca mundial conceda más créditos para crear empleo.¡Menos mal que en España no necesitamos nada de esto, sino sólo despedir más barato!
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