La Generalidad Valenciana cree que la crisis tiene "muchas posibilidades" de acabar en "proceso deflacionario"

VALENCIA.- El director general de Economía, Pablo Landecho, advirtió de que la actual crisis económica "tiene muchas posibilidades de desembocar en un proceso deflacionario", y subrayó que "después de 15 años de crecimiento continuado, el Gobierno central nos ha embarcado en una de las peores crisis de la historia económica de España".

El director general de Economía se expresó en estos términos en un comunicado tras conocer los datos del IPC correspondientes al primer mes del año 2009. De acuerdo con los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios descendieron un 1,1 por ciento en la Comunidad Valenciana y un 1,2 por ciento en España en enero en relación al mes anterior.

Landecho señaló que los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes al último trimestre de 2008 publicados por el INE "constatan que la economía española ha entrado en recesión, con un descenso del PIB del 1% en relación al trimestre anterior".

En este sentido, el director general de Economía afirmó que después de dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos del PIB de la economía española, el Gobierno central "debe cambiar su política económica para que vuelva a activarse el consumo y se frene la destrucción de empleo en España".

Asimismo, comentó que "la bajada de los precios en enero se ha visto influida por las tradicionales rebajas de enero y, en menor medida, por el efecto base del precio del petróleo".

Del mismo modo, comentó que la bajada de los precios en enero "se ha visto influida por las tradicionales rebajas de enero, y en menor medida, por el efecto base del precio del petróleo".

Para Landecho, "en un contexto de evidente recesión de la actividad, el sector exterior tendrá más dificultades para compensar el deterioro de la demanda interna, la cual en este último año ha sufrido una fuerte contracción debido fundamentalmente al retroceso de la renta disponible de las familias".

El director general de Economía manifestó que el Gobierno central "continúa pensando que la situación que atraviesa nuestra economía es pasajera y por eso trata de amortiguar la recesión con parches de gasto público, en lugar de facilitar el reajuste para que una vez comience la recuperación impulsemos una economía con bases más sólidas en un entorno globalizado".

Aparece 'Bancaja' en la investigación de Garzón sobre la trama de corrupción del PP

MADRID.- Vídeos, CD, casetes, pendrives, contratos, documentos y elementos varios. Todo esto contenía un misterioso maletín escondido en una caja de seguridad de una entidad financiera que la Policía busca desesperadamente desde hace siete días, según publica hoy 'El Mundo'.

La pequeña valija demostraría definitivamente la relación económica que existía entre el clan de Francisco Correa (Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros) con algunos dirigentes municipales, autonómicos y nacionales del PP. La maleta estuvo durante un tiempo controlada por Correa, pero alguien la sacó de donde estaba guardada el 2 de febrero, cuatro días antes de la redada de Garzón.

Cuando la Policía llegó hasta las diferentes cajas de seguridad que localizó en diversas entidades financieras tras las primeras detenciones, se encontró que en ellas sólo había dinero o que ya estaban totalmente vacías.

Según ha podido saber 'El Mundo', los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía están convencidos de que el clan Correa recibió un soplo desde alguna de las administraciones que han participado en la investigación de la denominada 'operación Gürtel', palabra alemana que se traduce como correa.

Este periódico, en su edición del pasado sábado, informaba de que inicialmente estaba previsto que la redada contra los principales imputados se llevara a cabo a lo largo del mes de mayo, pero se adelantó al viernes pasado porque el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sospechaba que algunos de los miembros del grupo iban a viajar a Senegal y posteriormente a Suramérica, después de acudir a un bautizo el sábado en Barcelona.

El total de cajas de seguridad localizadas y registradas por la Udef desde que comenzó la redada es de ocho. Todas ellas estaban repartidas por diferentes cajas de ahorro con sucursales en Madrid. La primera fue una oficina de Caja Madrid en la calle de Velázquez.

Allí había dos cajas a nombre de Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa. La intervención se produjo sobre las 13.00 horas del día 9 y el resultado fue nefasto: no había nada en su interior.

Correa y su clan tenían, además, dos cajas de seguridad en Caja Murcia, dos en Bancaja y dos en otra sucursal de Caja Madrid, todas ellas localizadas en la capital.

(José Luis Olivas, presidente de Bancaja)

Mesquida asegura que España "es la primera potencia" turística a nivel mundial

LAS PALMAS.- El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, ha asegurado hoy que España "es la primera potencia" turística a nivel mundial, ya que el 2008 lo cerró con un "alto grado" de fidelización.

Mesquida, durante el acto de inauguración del Parador Cruz de Tejeda (Gran Canaria), afirmó que el 84% de los turistas extranjeros que visitó España el pasado año ya había estado en "más de una ocasión" y de éstos el 72% había estado en el país "más de tres veces".

En este sentido, apuntó que, en un rango del cero al diez, el 84% de los turistas situaron su estancia en España entre un "ocho y un diez" y destacaron de los españoles su hospitalidad, seguido de la climatología del país, así como de la "buena" calidad-precio. De todos modos, Mesquida reconoció que el desarrollo del turismo "puede verse afectado" por la situación de crisis.

De todas formas, el secretario de Estado de Turismo puntualizó que España está en segundo lugar como el país que "más ingreso por turismo internacional genera", por detrás de Estados Unidos, pero teniendo en cuenta el tamaño de EE.UU. "obviamente la comparación es desproporcional".

Asimismo, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa la economía mundial, lo que "añade unas dosis de incertidumbre importante de cómo va a desarrollarse este año turístico".

En cuanto al Plan Renove puesto en marcha por el Gobierno, recordó que se han invertido 400 millones de euros convirtiéndose en el plan que ha tenido el "mejor arranque de todos los que se han puesto en el mercado, después de que en escasamente cinco días se solicitaron préstamos por importe de 175 millones de euros".

Para Mesquida, este hecho supone que el sector financiero "confía plenamente en el sector turístico y significa también que el sector turístico sigue apostando por mejorar las infraestructuras y por mejorar la calidad".

"Seguir apostando por la mejora de las infraestructuras, privadas y públicas, eso también es un valor de España como país. También hay que seguir apostando por el capital humano, eso es lo que más fideliza a los clientes", apostilló.

Salen a la luz sobornos en la 'operación Gürtel'

MADRID.- La operación anticorrupción 'Gürtel', en la que están implicados empresarios próximos al Partido Popular (PP), ha sacado a la luz un sistema de "sobornos" para lograr favores de administraciones y autoridades públicas españolas, según se informó este viernes.

Según el auto emitido sobre los tres principales protagonistas del caso, Francisco Correa, propietario de una empresa que organizaba mítines del PP, entregó "dádivas a funcionarios públicos" para conseguir "provecho económico" para él y sus allegados o "paralizar procedimientos sancionadores" contra él.

Baltasar Garzón, juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, no menciona a las autoridades públicas implicadas.

El diario El País dijo este viernes que tres "responsables del PP de Madrid" se beneficiaron de estos sobornos entre 2006 y 2007 y que la suma total desviada alcanzaría los 400.000 euros.

Según el auto firmado por Garzón, Francisco Correa puso en marcha un "conglomerado empresarial", formado por algunas sociedades ubicadas en paraísos fiscales, para facilitar las operaciones de blanqueo de dinero.

Correa "da instrucciones para ofrecer dádivas públicas" para obtener favores en el plano económico o bien para detener procesos contra esas sociedades.

Entre los tres implicados figura también Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia. Correa, cercano a los populares, fue testigo de la boda de la hija del ex presidente del Gobierno del PP, José María Aznar (1996-2004).

En el auto judicial, el juez Garzón imputó a un total de 37 personas por presuntos delitos de "blanqueo de capital, cohecho, corrupción y tráfico de influencias", dos de los cuales eran altos cargos del PP en la región de Madrid.

Esta operación tiene lugar cuando arranca la campaña electoral para las elecciones regionales en el País Vasco y Galicia. Mariano Rajoy, líder el PP, principal partido opositor, acusó al PSOE de instrumentalizar la justicia.

Garzón ve aforados

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón anticipa en el auto en el que rechaza la personación del Partido Popular (PP) en la causa que investiga la presunta trama de corrupción en administraciones de Madrid y Valencia desmantelada en la denominada 'Operación Gürtel' que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".

En un auto de dos páginas hecho público hoy, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirma que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

En ese caso, la investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados en el Congreso y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia, respectivamente, si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.

Según explicaron fuentes jurídicas, la inhibición de la causa en favor del Supremo o los respectivos tribunales superiores de justicia se referiría exclusivamente a la parte de la investigación que afectara a los aforados, por lo que el juez continuaría instruyendo el resto de la causa.

El instructor, que no cita a ningún cargo público concreto, explica que el postulante, en referencia al PP, "no puede ostentar" la condición de parte personada en la causa. De este modo, evita entrar a decidir sobre la recusación presentada contra él por el PP, que pretendía apartarle de la instrucción alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad" contra el partido.

Según el juez, la personación del PP en este sumario, que se encuentra secreto, resulta "absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica". De igual modo, cree "prematuro" que se pueda considerar a esta formación como "responsable civil subsidiario" y añade que como acusación popular "no reúne los requisitos exigidos legalmente para decidir en este momento".

Garzón, que dio traslado ayer al fiscal para que le presentara informe sobre esta cuestión, asegura que con este auto no provoca "ningún perjuicio, al menos jurídicamente hablando" al Partido Popular (PP) sino, en su caso, a "las administraciones o instituciones a las que pertenezcan las personas afectadas, alguna de ellas ya imputada".

El IPC baja 1,1 décimas en enero en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en la Comunidad Valenciana un 1,1 por ciento durante el pasado mes de enero con respecto al mes anterior y la tasa interanual se situó en el 0,9 por ciento. A nivel nacional el IPC bajó un 1,2 por ciento, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, la inflación acumulada también se sitúa en la Comunitat en el 1,1 por ciento.

En el conjunto nacional, el IPC bajó 1,2 puntos en el mes de enero en comparación con el mes anterior, mientras que la tasa interanual cayó seis décimas, hasta el 0,8 por ciento, logrando su nivel más bajo de la última década y regresando a los niveles registrados hace 40 años.

Por grupos, el descenso más acusado en nuestra región se registró en Vestido y Calzado (-12,4 por ciento); seguido de Ocio y Cultura (-1,3 por ciento); Menaje (-0,9); Transporte (-0,5 por ciento); Medicina (-0,2); y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,1 por ciento).

Los grupos que experimentaron subida de precios fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,3 por ciento); Vivienda (0,9 por ciento); Otros (0,4 por ciento); Hoteles, cafes y restaurantes (0,2); Enseñanza (0,1) y Comunicaciones (0,1).

Los precios bajaron en enero, con respecto al mes anterior en todas las provincias valencianas, un 1,2 por ciento en Alicante, situándose la tasa interanual en un 0,8 por ciento; un 1,2 por ciento en Castellón, con una tasa interanual de un 0,7 por ciento, y un 1 por ciento en Valencia, con una tasa interanual de un 0,9 por ciento.

Fitur redujo un 13,6% sus visitantes en la edición 2009

MADRID.- La vigesimonovena edición de Fitur, que se celebró entre el 28 y el 31 de enero, registró un total de 221.000 visitantes, lo que se traduce en un descenso del 13,6% comparado con los 255.817 de la edición de 2008, según cifras proporcionadas por la organización.

De estos visitantes, 136.177 eran profesionales, lo que supone un descenso del 13,4% con respecto a los 157.299 profesionales registrados en la edición anterior.

Con respecto a las empresas expositoras, la cifra se elevo "ligeramente" con respecto a las cifras inicialmente barajadas, debido a incorporaciones de última hora, y se situó en 11.576 compañías, un 14,4% menos que las 13.530 del año anterior.

En cuanto a la superficie neta, la feria ocupó un total de 87.549 metros cuadrados, un 12,9% menos que en la edición de 2008, con un total de 100.499 metros cuadrados.

La organización considera que las cifras "confirman al salón como un sólido referente para el sector turístico español y también para el ámbito internacional", ya que el 50% de los titulares de stands representaban a la oferta nacional, mientras que la otra mitad pertenecían a propuestas de todo el mundo.

La presencia internacional se ha reforzado en esta convocatoria con la participación de nuevos países, como Bosnia-Herzegovina, Nigeria y Gabón.

La organización revela que según las encuestas realizadas el 42% de los participantes profesionales respondían a un perfil con alto poder de decisión, y que "gran parte" de estos representantes han manifestado su satisfacción con los resultados obtenidos.

La feria contó, asimismo, con la presencia de 35 ministros y viceministros de Turismo, entre otros altos representantes, y con las principales entidades internacionales, como la Organización Mundial del Turismo (OMT), o inversores de gran potencial.

La oferta de las comunidades autónomas contó con el respaldo de los presidentes autonómicos, así como los más destacados representantes políticos de cada región, y una edición más se ha contado con el apoyo de la Casa Real, representada por los Príncipes de Asturias, que inauguraron el Salón el pasado 28 de enero.

En total, se acreditaron a 8.470 periodistas de 59 países, y las jornadas técnicas contaron con "una extraordinaria asistencia", en especial la III convocatoria de Fiturtech.

Un año más, se celebró, como antesala de Fitur, la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo. Por su parte, la OMT convocó a los principales mandatarios del ámbito turístico en África, Oriente Medio y América Latina en distintos seminarios para plantear estrategias que ayuden al desarrollo de sus territorios.

Con respecto a Fitur Congresos, la décima edición del salón de reuniones y viajes de incentivos congregó a 153 empresas vendedoras nacionales con 201 compradores de 37 nacionalidades. En dos jornadas de intensa actividad comercial se celebraron 4.500 encuentros comerciales, casi 30 por vendedor.

Fitur Congresos, que coorganiza la Feria Internacional de Turismo, junto con Turespaña, el Spain Convention Bureau, Turismo Madrid y la E. M. Promoción de Madrid, contó también con el patrocinio de Trapsa, transportista oficial terrestre, y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Gómez-Navarro dice que "no es momento para rebajar el coste del despido, pero sí el del empleo"

ALICANTE.- El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, consideró que "hoy no es el momento precisamente de plantear la rebaja del coste del despido, pero sí la rebaja del coste del empleo", con una "reducción de las cuotas de la Seguridad Social y, si hace falta, cambiarlas por una subida del IVA".

En un encuentro con los medios de comunicación durante su visita a la provincia de Alicante, donde ofreció una conferencia sobre 'Políticas para salir de una crisis', Javier Gómez-Navarro se mostró partidario de "hacer muchas reformas" para mejorar la competitividad de las empresas españolas.

"Reformas no sólo del mercado laboral, aunque desde luego incluye el mercado laboral, y no sólo del coste del despido. Para mí es mucho más importante el coste del empleo que el del despido, ya que si hoy rebajamos el coste del despido, a lo mejor lo que se produce a corto plazo es más despido y más desempleo", subrayó.

Así, consideró que no es el momento precisamente de plantear el abaratamiento del despido, pero sí la rebaja del coste del empleo, a través de la reducción de las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social.

En este sentido, el presidente del Consejo Superior de Cámaras recordó que el modelo de protección social español es "aceptado por el conjunto de la sociedad y que no está en cuestión", pero "sí hay que debatir cómo se financia ese modelo".

En esta línea, explicó que en España se financia este modelo con cuotas, --la mayor parte pagadas por el empresario ya que la que paga el trabajador es muy pequeña, según apuntó--, mientras que en otros países, como Dinamarca, lo financian con el IVA.

"Cuando se financia con cuotas, el modelo de protección social lo financian sólo los productos o servicios que se fabrican o prestan en España; cuando se financia con IVA lo pagan igual los que se venden en España, sean chinos, hindús, mexicanos o marroquís", detalló.

Con el primer modelo, denunció, las empresas españolas "están perjudicadas y pierden competitividad" frente al producto de fuera que no tiene protección social. "Por eso, ese es un tema que hay que debatir en profundidad y creo que es el momento adecuado para hacerlo", añadió.

Además, precisó que, a pesar de que cuando se sube el IVA se pueden provocar tensiones inflacionistas, en la actual situación, con la caída de la demanda, no habría inflación añadida si se incrementa este impuesto.

Asimismo, el presidente del Consejo Superior de Cámaras se refirió al mercado de trabajo español, que en su opinión, "no es eficiente", dado que "más de un tercio de los contratos laborales que hay en España, --7 millones de contratos, según calculó-- son eventuales".

"No me explico quién se extraña de que se esté destruyendo empleo, en una situación de crisis en la que la incertidumbre hace que el empresario no sepa cuál va a ser su futuro y conforme vencen los contratos, no los renueva, lo que significa "el crecimiento masivo del desempleo".

Además, consideró que es necesario "poner sobre la mesa" que el mercado laboral está "mal planteado" y es "absolutamente dual", ya que cuenta con dos tercios de los trabajadores con una protección muy alta y un tercio sin ninguna protección, especialmente los jóvenes, que ven cómo "no renovar un contrato temporal es gratis".

En su opinión, el mercado laboral también maneja unas "cifras que no son reales", como lo demuestra el hecho de que hace dos años, recordó, había pleno empleo y había que integrar un millón de inmigrantes al año porque no había trabajadores españoles, pero en realidad "la tasa de empleo era del 8 por ciento, mucho más de lo que tienen los países que están sufriendo un desempleo brutal como Reino Unido".

En su análisis sobre la situación económica actual, Gómez-Navarro explicó que España se encuentra sometida a "dos crisis superpuestas", una de carácter internacional financiera, que "viene de fuera y es la que ha cortado la liquidez" en todo el sistema financiero internacional, y otra "específica española que tiene repercusiones en el mundo financiero".

Este escenario obliga a España a actuar al mismo tiempo ante la crisis financiera internacional y los problemas de liquidez que ha generado, la burbuja inmobiliaria que contamina a la banca española y el "problema de la competitividad de todo el mundo empresarial español".

Este problema de competitividad se debe a que, en los últimos años, hay un 10% de déficit en la balanza por cuenta corriente. "Esto quiere decir que tenemos un déficit de 100.000 millones de euros al año que hay que financiar también, y que cuando había liquidez no había ningún problema en financiarlo, pero ahora sí los hay", explicó.

Detienen a un ejecutivo de la City londinense por un fraude de 45 millones

LONDRES.- Un ejecutivo de la 'City' londinense ha sido arrestado en el curso de la investigación de un presunto fraude de 40 millones de libras (45 millones de euros), que reprentaría el caso más importante de los registrados en Reino Unido hasta ahora durante la crisis.

Según informa el diario 'The Times' en su edición digital, la detención del operador Terry Freeman se produjo el pasado lunes en su propia residencia personal, situada en Essex.

Detectives de la Unidad contra el Crimen de la Policía Económica de la City se prensentaron en la vivienda, así como en las oficinas, para incautar un amplio volumen de documentación.

Por el momento Freeman, que dirigía GFX Capital Markets, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras el interrogatorio en el que participó el pasado lunes, que motivó que las fuerzas de seguridad recomendasen a los inversores en la compañía que informen en caso de estar preocupados por su dinero.

El fondo contaba con varias sucursales en la City, si bien, en principio, habría suspendido sus actividades recientemente. Un portavoz de la policía informó de que los oficiales se encuentran ya investigando un posible caso de blanqueo de dinero y delitos penados en la Ley de Mercados y Servicios Financieros.

Las Cámaras de Comercio abogan porque el Estado recapitalice "cuanto antes" a los bancos españoles

ALICANTE.- El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, se mostró partidario de que el Estado refuerce "cuanto antes mejor" los recursos propios de los bancos y cajas de ahorros para que puedan reanudar su función de conceder préstamos a las empresas.

Tras pronunciar la conferencia 'Políticas para salir de una crisis', Javier Gómez-Navarro consideró que "el Ministerio de Economía o el Banco de España tendrán que solucionar" el hecho de que los bancos y cajas vuelvan a otorgar créditos a las empresas, y señaló que esto debe hacerse "cuanto antes mejor".

Así, advirtió que "o se aumentan los recursos propios de los bancos o éstos no prestarán, y como los bancos o no se atreven o no pueden aumentar sus recursos propios", será el Estado el que "tendrá que hacerlo" mediante "cualquier forma de ampliación de recursos propios, que puede ser por cuotas participativas o créditos subordinados en el caso de cajas, y con ampliaciones de capital en el de los bancos".

Preguntado por el nombre de las entidades que podrían necesitar medidas de este tipo, Gómez-Navarro señaló que hay "50 bancos y cajas y cada uno está en situación diferente". Según dijo, "en la banca no se puede decir cuál está mal, porque entonces creas pánico", por tanto no se puede "decir: Pepito está bien y Luisito está mal" porque, según dijo, "el que está mal, acusaría al que lo dice de haberle creado problemas".

De este modo, insistió en que son "generalizaciones aplicables" a cualquier entidad que tenga algún tipo de obstáculo a la hora de prestar a las empresas. "Ha llegado el momento de que o el Ministerio de Economía o el Banco de España tienen que empezar a dar pasos para solucionar este problema", insistió.

Bancaja gana un 29,63% menos en 2008

VALENCIA.- Bancaja registra un beneficio neto atribuido de 345,6 millones de euros en el ejercicio 2008, lo que supone un descenso del 29,63% respecto al resultado obtenido en 2007, según informó en rueda de prensa el presidente de la entidad, José Luis Olivas.

La caja valenciana explicó que el descenso del resultado se debió a una dotación voluntaria de 225 millones de euros. Sin esta aportación, el resultado recurrente del grupo ascendió a 501,4 millones de euros, un 2,08% por encima de los 491,2 millones que ganó en el ejercicio precedente.

El margen de intermediación alcanzó los 1.458,5 millones de euros y fue un 4,22% más alto que el registrado en el mismo periodo de 2007. El margen ordinario se situó en 1.929,7 millones, con un repunte del 2,82%, mientras que el margen de explotación totalizó 1.229,2 millones de euros, un 2% más.

Los recursos gestionados alcanzaron los 79.425 millones de euros, un 0,8% menos, debido a las amortizaciones y vencimientos y a la caída de la actividad en los mercados institucionales de liquidez. Pese a ello, la caja destacó que captó 6.000 millones de euros en imposiciones a plazo (+30%).

La caja destacó el incremento del 5,20% de la actividad crediticia, hasta 85.542 millones de euros, de los que dos terceras partes correspondían a créditos con garantía real.

En este marco, la tasa de morosidad se multiplicó casi por cinco, y alcanzó el 4,28%, frente al 0,85% del año anterior, con una cobertura del 56,8%.

El Congreso aprueba la moción sobre la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana

MADRID.- El Congreso ha aprobado la moción presentada ERC, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña, en los términos de la enmienda de sustitución del propio grupo proponente y del PSOE.

Para el diputado de ERC, Joan Ridao, quien señaló que con esta moción se llegará a "un acuerdo histórico", que pasará de los "meros compromisos", "no es lógico" que se pongan barreras en el campo de la libre información, así como que pueda verse Al jazeera en Gandía o Sagunto y no la televisión de Cataluña.

En este sentido, destacó que hace unas semanas se pudo ver cómo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "se inhibía del tema como si no fuera de su incumbencia", y en cambio hoy se denota de forma "clara" como con este acuerdo se "asume la responsabilidad" del Gobierno.

Por su parte, la diputada del PP, Marta Torrado, destacó que la Comunidad Valenciana no tiene porque resignarse, y por ello, reclamó "tener las mismas oportunidades que otras autonomías".

Así, la diputada recordó que el Real Decreto que garantizaba a la región a contar con un tercer multiplex, "sigue paralizado" desde 2007, por lo que instó al Gobierno a que lo "ponga en marcha".

Por su parte, el diputado del PSOE, Ferrán Bono, destacó que fue la Generalitat la que "decidió cerrar los repetidores" que han permitido ver TV3 en la Comunidad Valenciana.

"Si hoy no se puede ver TV3 en diversas comarcas valencianas es porque el Gobierno del PP mandó cortar la señal analógica de la televisión catalana mientras mira hacia otro lado con las decenas de emisoras y cadenas alegales o ilegales que aun funcionan en su territorio", recalcó.

Para Bono, "el Gobierno ha favorecido la pluralidad, que brilla por su ausencia en la televisión valenciana". Así, indicó que ésta, hasta ayer, "no había informado nada" sobre el caso instruido por el juez Garzón sobre corrupción que "salpica algunas contrataciones de la Generalitat y del PP".

Asimismo, la diputada de CiU, Montserrat Surroca, destacó que su grupo en el Senado consiguió que se aprobara la moción referente a este mismo tema, por lo que, aunque destacó que habría aspectos que se deberían haber incluido en esta, señaló que "recoge el espíritu" de la presentada por su grupo.

Camps confía en todos los procesos de concurso del Consell

VALENCIA.- El presidente del Consell, Francisco Camps, aseguró hoy en las Corts que confía en "todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat", mientras que los portavoces en la oposición en la Cámara valenciana le exigieron "transparencia" para no "sospechar" de su gestión.

Camps se expresó así en la sesión de control al Consell con motivo de las pregunta formulada el PSPV sobre si puede garantizar que se aplica correctamente la normativa en materia de contratación y donde Compromís se refirió a la 'operación Gürtel' que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se investiga a la empresa Orange Market, a la que la Generalitat ha adjudicado stands de Fitur.

"Garantizo -contestó Camps-- que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto"; "garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde y las fiscalizaciones son correctas" "y garantizo que los más de 100.000 funcionarios" de la Generalitat son "trabajadores excepcionales". "Confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat", manifestó.

Frente a esto, el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, señaló que, con motivo de la investigación judicial sobre Orange Market, Camps está, a partir de ahora, ante una "disyuntiva: sospecha o transparencia". Pero, "hasta ahora -Camps- no ha estado por la transparencia sino más bien por la opacidad", lo que genera "sospechas", apuntó. Por ello, le preguntó si ahora "va a ser capaz de estar, si se atreve, con la transparencia y a responder las preguntas que hasta ahora no han contestado".

Luna, en este sentido, anunció que el próximo lunes a las 12.00 horas se presentará, junto con el diputado socialista José Camarasa, en la puerta de la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, para que les enseñen los papeles que, según dijo, les han estado "ocultando hasta ahora".

El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, señaló --durante una 'question time-- que serán recibidos pero que deberán "ajustarse al Reglamento" de las Corts que establece unas garantías para la oposición y para el Gobierno. Asimismo, hizo hincapié en la honorabilidad del Consell.

El síndic socialista añadió que para que las "proclamas de honorabilidad ofendida tengan credibilidad hace falta abrir las puertas y las ventanas" porque el que "oculta y genera la deuda", luego "no puede quejarse de que los demás sospechen" o piensen que "algo están haciendo mal" o que "están favoreciendo a una 'colla' de amigos" a los que la Audiencia Nacional "está poniendo en su sitio".

Por otro lado, Luna expresó que además de "sospechas" tiene "certezas" de que la Generalitat "sistemáticamente oculta información" en las Corts; "hace más gasto e invierte menos que ninguna otra comunidad"; la deuda está en el "doble de la media por habitante de las comunidades españolas", "están impotentes frente a la crisis porque no tienen dinero", porque están "en bancarrota".

Al respecto, se preguntó si hay "relación de causalidad" entre las cuestiones a las que no han recibido respuesta y la "certeza de que están endeudados hasta las cejas", acaso "ocultan algo que tiene que ver con el despilfarro", se preguntó Luna, quien advirtió de que "no quieren que los demás veamos lo que tiene debajo, pero lo tienen y le va a estallar pronto en las manos. Lo va a pagar".

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, que también exigió "transparencia" al Consell, advirtió a Camps de que el Consell tiene "problemas con la Justicia y el problema amenaza con llegar a todas las Consellerias" y apuntó que la transparencia "es una aliada de los Gobiernos".

Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, insistió en pedir que la Generalitat deposite en las Corts los contratos y facturas derivados de las relaciones comerciales con Orange Market.

Ante los preguntas de los socialistas por los contratos y valoraciones de adjudicación de Orange Market para diseñar y montar el stand de la Comunitat en Fitur, Camps recurrió al "derecho comparado" para resaltar los puntos positivos de la acción de la Generalitat frente a otras administraciones como la andaluza o la central.

Además, aseguró que es "público y notorio todo lo que hace la Generalitat", se "fiscaliza cada euro", "no se hace nada por capricho" sino a favor del "interés general", al tiempo que reclamó que "quien la haga que la pague" y, de momento en España "quienes pagan por corrupción son los socialistas", apostilló. Igualmente, afirmó que el año pasado se produjeron cerca de 2.000 licitaciones con sólo 150 impugnaciones.

Por otro lado, Luna expresó sus "sospechas" por la adjudicación en la Comunitat de diversos canales de TDT al empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación 'Gürtel'. Camps, que intervino a continuación, presentó una foto de Ulibarri saludando al presidente del Gobierno, instó a Luna a que plantee la misma cuestión a Rodríguez Zapatero.

Adif finaliza las obras del Centro de Tratamiento Técnico de ancho ibérico

ALICANTE.- Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria, ha finalizado las obras de construcción del Centro de Tratamiento Técnico (CTT) de ancho ibérico de Alicante, que se ubica en los terrenos del complejo ferroviario de la estación, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad pública.

La construcción del CTT está motivada por la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Alicante, que conlleva "la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad y el soterramiento de las vías, con la consiguiente liberación de terrenos ferroviarios para otros usos". La inversión realizada asciende a 5.254.425,09 euros.

El traslado de instalaciones y servicios que implica la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) ha motivado la construcción del complejo ferroviario del CTT en la zona sur.

Las obras realizadas han consistido en la ejecución de un nuevo haz de vías compuesto por siete vías y una vía para maniobras, con los desvíos necesarios, electrificación de todas las vías, instalaciones de seguridad y comunicaciones, además de la modificación del paso a nivel, situado a la entrada de Alicante, y la iluminación de toda la playa de vías.

Además, también se ha construido un edificio polifuncional en el que se ubiquen los servicios afectados por la obra de la estación, se han rehabilitado dos naves existentes, que se destinarán a oficinas, la caseta de vigilancia y el cuarto para control de pulsadores y se ha creado un triple foso para reconocimiento de las locomotoras.

Correa sobornó a cargos de Madrid y Valencia para obtener contratos

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Gürtel' que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando".

Con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos", Garzón señala que los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas", dice el juez.

En un auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7" y estaba realizando gestiones "para obtener la residencia en un país de Centroamérica".

El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

El cierre del Tajo-Segura acabaría con más de 120.000 puestos de trabajo según la CHS

MURCIA.- Más de 120.000 empleos corren peligro en la Región de Murcia, Alicante y Almería si el Trasvase Tajo-Segura deja de funcionar. Esa es la conclusión más pesimista del análisis elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la importancia económica de los volúmenes de agua trasvasados al Sureste español desde la cuenca del Tajo.

El informe, que plantea varios escenarios según la incidencia de un cierre del acueducto en el valor de producción en los sectores agrario e industrial, así como en el sector servicios relacionado con el abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, plantea la hipótesis de una grave incidencia en la economía del Sureste en cualquiera de los tres supuestos, con pérdidas de miles de puestos de trabajo en todo caso.

El estudio, que lleva la firma del jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, Mario A. Urrea, evalúa el valor de producción de los regadíos del Trasvase y compara su rendimiento -en euros por metro cúbico de agua trasvasada- con los márgenes medios de los regadíos en el resto de cuencas. Estos valores, según el informe, "son tres veces superiores a los valores medios de los regadíos de la cuenca cedente".

Entre las conclusiones del informe, se establece que el Trasvase es vital para el sector agrario de la cuenca del Segura, ya que el 35% de los recursos del regadío provienen del Tajo. Es también, según el análisis, un significativo motor económico del Sureste español y del conjunto de España, puesto que ya en el año 2000 aportaba el 2,33% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Además de esta contribución a la riqueza nacional, el informe destaca el valor añadido del sector agrario para Murcia, que aporta el 6,7% del PIB regional y el 11% del empleo y tiene un "importante efecto multiplicador" para otros sectores como el industrial, tanto en empleo como en aportación al PIB.

En sus conclusiones, la CHS valora la incidencia que tendría el cierre en cuanto a producción agrícola e industrial en las zonas que se benefician del Trasvase y evalúa tres supuestos de pérdidas de puestos de trabajo. El peor de ellos cifra en 23.922 los empleos que se perderían en el sector agrícola, a los que se sumarían otros 98.085 en el conjunto de la economía del Sureste.

El Parlamento Europeo sigue breando al depredador urbanismo especulativo de la costa mediterránea española

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy, con los votos en contra de los socialistas y los 'populares' españoles, un informe en el que amenaza con congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe --aprobado por 23 votos a favor, once en contra y una abstención-- pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias.

La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa.

Si sale adelante el texto aprobado este miércoles, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.

En todo caso, la eurodiputada socialista Maruja Sornosa dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es el mayor responsable del informe porque no ha ajustado la Ley Urbanística Valenciana a las exigencias de la normativa comunitaria pese a las peticiones de la Eurocámara y la denuncia interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El primer informe del Parlamento sobre el urbanismo en España se centraba en la Comunidad Valenciana, mientras que en el aprobado este miércoles se generalizan las críticas al resto del país.

"Si desde el Gobierno del señor Camps se hubiesen hecho las cosas de forma adecuada, en este momento no estaríamos con una mala imagen", afirmó Sornosa, que volvió a reclamar un pacto en la Comunidad Valenciana sobre urbanismo. Indicó en todo caso que el informe del Parlamento "no tiene ninguna validez" y ha salido adelante sólo porque da argumentos a los eurodiputados británicos y alemanes de cara a las elecciones europeas de junio.

En contraste con esta postura, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo criticó al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para "defender el buen nombre de su país", tal y como pidió el PP. También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de "rectificar tarde".

A su juicio, el informe "es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis" porque transmite una imagen de España "absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles" al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.

La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una "gran victoria" para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español "se lo tome en serio" y recordó que pueden "pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario".

Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que "el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados". "Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos", remachó.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el informe representa un "tirón de orejas muy fuerte a todas las administraciones del Estado". Y va "al centro del problema", que, en su opinión, ha sido "la apuesta por un crecimiento económico totalmente salvaje que ha situado a España en estos momentos de la crisis en el peor estado para poder salir adelante".

El informe denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".

Bancaja agota en dos meses la línea de financiación del IVF

VALENCIA.- Bancaja ha agotado, en sólo dos meses, la dotación de 46 millones de euros correspondientes a la línea de financiación empresarial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dirigida a dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas valencianas (pymes) con las que la entidad ha gestionado un total de 206 operaciones.

Junto a ello, Bancaja sigue trabajando en la concesión de las otras dos líneas del IVF destinadas a facilitar la renovación de flotas y la inversión en activo fijo, según informaron en un comunicado fuentes de la caja.

Este hecho demuestra, según las mismas fuentes, el "interés" de la entidad de apoyar activamente la financiación empresarial y de las familias. De hecho, a partir de hoy, también estará operativa la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) Liquidez 2009, que tiene por objeto dotar de capital circulante a autónomos y pymes, que desarrollen proyectos empresariales solventes y viables.

El importe máximo a financiar será de 500.000 euros, aportando ICO el 50 por ciento y Bancaja el 50 por ciento restante. El riesgo de las operaciones también será asumido en un 50 por ciento por el ICO, hasta que el volumen del importe de fallidos llegue al cinco por ciento de su aportación de fondos. El tipo de interés será fijo y referenciado por el ICO, más un diferencial que podrá ser de 1,50, 2,00 ó 2,50. El plazo de amortización será obligatoriamente de tres años, incluidos seis meses de carencia.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos y pymes con menos de 250 trabajadores, y que tengan un volumen de negocio anual que no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Bancaja realizó en 2008 más de 4.600 operaciones a través de las líneas de financiación ICO, por un volumen de más de 246,22 millones de euros. Esta cifra la sitúa como una de las entidades financieras españolas más activas de las líneas del ICO.

En 2009, la entidad prevé superar las cifras alcanzadas el año anterior, a través de su adhesión a las siguientes líneas del ICO: Plan de Fomento Empresarial, e ICO Liquidez, Avanza, Transporte, Vivienda, Moratoria Hipotecaria, Moratoria Pymes, Plan Vive y Renove Turismo.

El Banco de España no descarta una intervención en las cajas de ahorros

ZARAGOZA.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió hoy de que "no se puede descartar" una intervención estatal en los bancos y cajas de ahorros españoles, si bien matizó que por el momento "no es necesario".

"Hasta ahora en España no es necesario, pero a la vista de la intensidad de la crisis, no se puede descartar nada", dijo Fernández Ordóñez al término de su intervención en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas de Ahorros.

El gobernador contestaba así a una pregunta de los periodistas sobre si veía factible la posibilidad de una intervención estatal en las cajas de ahorros si la crisis se endurece, a la que Fernández Ordóñez contestó refiriéndose a todas las entidades financieras, no sólo a las cajas, según precisó posteriormente el Banco de España.

El máximo responsable del instituto emisor recalcó que el sistema financiero español es "muy sólido", pero se enfrenta a "problemas importantes" como el aumento de la morosidad y su elevada exposición al sector inmobiliario.

En este escenario, ahondó, es evidente que no asistiremos a un crecimiento del crédito como en años anteriores, lo que afecta a los resultados empresariales, a lo que se añade el mayor coste de la financiación exterior.

"Todo eso debe llevar a las entidades a saber que necesitan reestructurarse, se fusionen o no", dijo el gobernador, para quien, a veces, "es buena una fusión" como fórmula de aunar fuerzas, de reestructurarse.

"Si una fusión mejora la solvencia y la situación financiera, adelante, lo que nos importa es tener un sistema financiero sólido", insistió el gobernador del Banco de España.

En cualquier caso, Fernández Ordóñez, aseguró hoy que "hay que estar contentos" de que los bancos y cajas de ahorros tengan buenos beneficios, porque éstos son la primera linea de defensa de las entidades frente a la crisis.

"Depositantes y usuarios deben estar muy contentos de que las entidades tengan buenos resultados, es satisfactorio", dijo al término de su discurso en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas.

Fernández Ordóñez afirmó que los beneficios de las entidades financieras están cayendo, pero confió en que desciendan "poco", al tiempo que incidió en la necesidad de que se utilicen para afrontar adecuadamente el "oscuro" escenario.

En este sentido, sostuvo que en el reparto de los beneficios las entidades financieras deben tener en cuenta que la crisis "puede ser muy duradera y deben dejar recursos dentro de las instituciones, no como en otros años", por lo que el organismo vigila "estrechamente" las provisiones que realizan las entidades.

Sobre la contracción del crédito, Fernández Ordóñez describió la situación de "círculo vicioso" en la que cae tanto la demanda como la concesión de los mismos en un entorno de contracción del consumo.

"Todo es verdad, que la demanda de créditos cae es evidente, como pone de manifiesto que se compren menos casas y menos coches, pero es verdad que los bancos, en la medida que la morosidad aumenta y la financiación es complicada, tienen una actitud más cuidadosa a la hora de dar créditos", argumentó.

El PPCV creará un reglamento interno de contratación de proveedores

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, anunció hoy que su formación elaborará un reglamento interno de contratación de proveedores para que "situaciones así" no se vuelvan a producir, dijo en relación a la investigación judicial sobre Orange Market.

No obstante, añadió que en las contrataciones realizadas "no ha fallado nada" y apuntó que lo que no quieren es que, por una situación que es "ajena" al PPCV, "ocurran estas cosas".

Preguntado por qué quiere decir con "situaciones así", apuntó que el objetivo de este reglamento es establecer unos requisitos a los proveedores que contraten con el PPCV para la elaboración de actos, que permitan "garantizar que situaciones así --reiteró--" no se repitan.

Costa, que se expresó de esta manera en una rueda de prensa convocada en la sede popular de Valencia al ser preguntado por las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Orange Market en la denominada operación 'Gürtel', explicó que el encargado de la elaboración de este texto es el vicesecretario general del PPCV, David Serra, junto con los servicios jurídicos de la formación.

En este sentido, afirmó que "el PPCV ha cumplido siempre con sus compromisos de forma escrupulosa" y que sus cuentas son "escrupulosamente limpias, consolidadas con las del PP nacional y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".

El responsable popular resaltó que en el curso de estas investigaciones "no hay ningún miembro del PP detenido" y que son los populares "los más interesados" en que esta situación se aclare.

Por ello, aseguró que cualquier persona que ponga en tela de juicio o insinúe que existe relación del PPCV con las causas investigadas, "se las verá" con esta formación porque "utilizará todos los medios legales para poner a salvo la imagen del partido y sus cargos públicos".

De esta manera, afirmó que no van a "aportar ni un sólo gramo a una cuestión que está en secreto de sumario", al tiempo que pidió "respeto" y "prudencia" al proceso judicial porque es una causa abierta. Costa añadió que "nada más podemos aportar porque, aunque no lo parezca, esto es una investigación sometida a secreto de sumario".

Sobre la relación del PPCV con Orange Market, Costa señaló que ha sido "exclusivamente" profesional, aunque recordó que desde el pasado viernes "se ha decido prescindir permanentemente de sus servicios.

Inquirido por si además ha mantenido relaciones comerciales con otra de las empresas investigadas, Costa manifestó que su "única relación" fue con Orange Market y reiteró que sobre el proceso y la investigación "no tenemos más que añadir".

Por otro lado, preguntado por si aceptarán en las Corts la tramitación de cuestiones como las planteadas en 2005 por el PSPV sobre los contratos de Orange Market con la Generalitat, que fueron rechazadas por los populares, Costa contestó que el PP "ha estado siempre en la transparencia y en facilitar la máxima información a los grupos parlamentarios".

Otra cosa es que la pregunta "no estaría bien formulada", algo que "le ocurre mucho al PSPV", apostilló.

Propietarios de Sierra Escalona y Sierra de Carrascoy piden al Parlamento Europeo la suspensión de ayudas a Valencia y Murcia

MURCIA.- El asesor jurídico de las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona, en Orihuela, y Sierra de Carrascoy, en Murcia, Diego de Ramón, se ha dirigido por escrito al Parlamento Europeo para que se abra una investigación sobre la extensión de zonas protegidas en sitios menos propicios que otros y para saber por qué se han elegido precisamente esas zonas y no otras en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

El letrado de los afectados habla de abusos urbanísticos a sus defendidos, incluso tras la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, con vulneraciones graves de la propiedad privada en el caso de Sierra Escalona, donde el Consell aumenta la imposibilidad de protección por las servidumbres de paso en el citado parque natural, a la vez que no señala nuevas zonas para ello por los intereses urbanísticos de empresas valencianas que se disputan las zonas ya recalificadas.

En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.

En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.

En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.

(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).

Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.

Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.

Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.

Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.

Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.