VALENCIA.- El pleno de las Corts ha rechazado este jueves --con los votos en contra del PP y a favor de los tres grupos de la oposición-- una iniciativa parlamentaria de Compromís en la que pedía la creación de una comisión no permanente de investigación para aclarar las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que se investigan en una parte del 'caso Brugal'.
En la petición de la comisión de investigación, Compromís explica que un informe policial "desvela que el bufete de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante y diputada del PP, Sonia Castedo, y un exconcejal socialista, contratado por el ayuntamiento para realizar el PGOU, realizaban alegaciones de empresas privadas al plan general, que ellos mismos estimaban después, a través de una sociedad, lo que les proporcionó cuantiosos ingresos de manera ilegal".
Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado las "centenares de conversaciones cómplices" que se han dado a conocer "donde se cambiaba información privilegiadas sobre el plan", por lo que considera que Castedo tiene "una agencia de colocación".
En su opinión, "no se puede consentir ni tolerar que esto pase impunemente por las Corts", y ha lamentado que los diputados estén acompañados en el parlamento valenciano, "la casa de todos los valencianos", por personas de la "talla moral" de la primera edil alicantina.
Mollà ha destacado que la finalidad que buscan con esta comisión de investigación es que de ella "salga una decisión contundente para frenar la corrupción generalizada instalada en las instituciones donde ustedes --en referencia a los miembros del PP-- son los líderes".
En este sentido, la parlamentaria de Compromís ha instado a los diputados 'populares' a que "voten en contra si quieren, pero digan que van a paralizar inmediatamente el PGOU porque les da vergüenza lo que han sido capaz de hacer con el planteamiento urbano de Alicante".
Por su parte, la diputada del PP y alcaldesa, Sonia Castedo, ha tildado de "absolutamente falso" que el Ayuntamiento de Alicante "contratara a un bufete concreto de abogados para realizar el PGOU de Alicante", y ha destacado que ese trabajo fue contratado al arquitecto Jesús Quesada. En esta misma línea, ha explicado que "solo los técnicos municipales y el equipo redactor tienen potestad legal para resolver las alegaciones
"Todo el mundo lo sabe excepto ustedes", ha dicho Castedo dirigiéndose a los diputados de la oposición, y ha criticado que no se hayan "molestado nunca en solicitar información alguna al respecto".
Sonia Castedo ha asegurado que pone a disposición de todos los grupos parlamentarios todo el PGOU de Alicante; todas las alegaciones presentadas junto a las contestaciones; y todos los informes técnicos que acompañan al plan general.
La alcaldesa ha aseverado que el equipo investigador del 'caso Brugal' ha tenido siempre a su disposición los diversos documentos del PGOU de Alicante, pero ha lamentado que "no ha consultado íntegramente esa información, lo ha hecho sesgadamente". Asimismo, ha indicado que los investigadores han "omitido" cuatro informes.
Para la primera edil, "el investigador de este caso partió de un veredicto predeterminado y adapta sus investigaciones para que le lleven a este veredicto". Del mismo modo, ha incidido en que se trata de una investigación "sesgada, tergiversada e interesada".
También ha criticado que incluso la hayan "señalado" por mantener reuniones con empresarios en el Ayuntamiento. "¿Es que me tengo que trasladar a una gasolinera de carretera para celebrar mis reuniones?", ha preguntado Castedo, a lo que Mireia Mollà ha respondido: "no, al mar, a Ibiza, que tanto le gusta, que entre fiesta y fiesta negociaba el plan general".
La diputada de Compromís ha resaltado que "la vergüenza política que acompañó a Camps --expresidente de la Generalitat-- usted ya la ha padecido", y ha augurado que "la estrategia del rey sol" de Castedo, que está "por encima del bien y del mal, tendrá una consecuencia: que la dejarán caer y esa caída será muy dolorosa".
Mollà ha asegurado estar "harta" de que los 'populares' "utilicen esta institución --en referencia a las Corts-- para protegerse jurídicamente", y ha preguntado a Castedo: "¿qué amistades tiene usted y cuál es el precio de su silencio?", así como "¿cuánto nos cuestan sus amistades peligrosas?".
A su juicio, "nadie quiere acompañarla en esta estrategia", porque "nadie duda de que usted ha sido la promotora de esta caso de corrupción, un caso vergonzoso que ha ensuciado el nombre de Alicante y de sus instituciones".
Sobre este asunto, Sonia Castedo ha respondido: "a este atril me subo porque lo pedí yo, no porque nadie me lo haya dicho", y ha resaltado que tiene "la suficiente valentía para decir lo mismo en un sitio y en otro y para dar la cara".
Castedo ha criticado que ninguno de los grupos de la oposición haya pedido el PGOU "para comprobar si las filtraciones eran mentira", y les ha advertido de que "la documentación es muy voluminosa y muy compleja". Asimismo, les ha acusado de "buscar un enseñamiento, un juicio paralelo, mediático y político". "No quieren una comisión de investigación, sino una comisión de ensañamiento", ha apostillado.
Por su parte, el diputado socialista Javier Macho, en su intervención, ha destacado que "el Consell tiene mucho que decir" sobre este asunto, y ha indicado que una comisión de investigación parlamentaria "busca establecer la responsabilidad política, especialmente la de aquellas personas que habiendo recibido la confianza de los ciudadanos, la hubieran traicionado en su beneficio".
Macho también ha señalado que "nadie ha podido explicar cómo documentos que eran secretos acabaron en manos de empresarios conocidos de la ciudad de Alicante". En su opinión, "queda mucho por saber, queda todo por explicar".
Por parte de EUPV la diputada Esther López ha hecho hincapié en que es "obligatorio que desde las instituciones se haga lo posible para despejar dudas sobre la legalidad" del PGOU de Alicante. Así, también ha destacado que se debe "esclarecer cuanto antes" la actuación de Castedo.
Para López, hay que "acabar con la idea de que todos los políticos somos unos corruptos,", puesto que "no todos lo somos". Del mismo modo, considera que "por ética" la primera edil de Alicante "debería haber dejado sus responsabilidades políticas" o el PP "se lo debería haber pedido".
