El déficit valenciano sube al 1,09% en el segundo trimestre del año

MADRID.- El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha adelantado que el déficit de la región en el segundo trimestre del año se sitúa en el 1,09 por ciento, un 0,39 por ciento más del valor que registró en los tres primeros meses de 2012 y que, según ha afirmado, indica que la Comunidad "va por el buen camino" para cumplir con el 1,5 por ciento total acordado con el Estado.

   "Si el primer trimestre nuestro déficit era del 0,7 por ciento, en estos momentos es del 1,09 por ciento", ha detallado Fabra durante su intervención en los Desayunos Autonómicos de Abc, donde ha explicado que la subida durante los últimos tres meses no ha sido muy elevada por las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo que preside en la comunidad.

   Durante su intervención, el presidente valenciano ha reconocido la dificultad de la situación económica y ha enmarcado dentro de la normalidad la decisión de la Comunidad Valenciana de acudir al fondo de liquidez puesto en marcha por el Gobierno para comunidades autónomas, aunque no ha querido detallar la cifra que solicitará hasta conocer cuántas autonomías pedirán acogerse a este mecanismo de financiación.

   "Con el mismo realismo con el que fuimos los que más dinero pedimos en el plan de pago a proveedores, acudimos fondo liquidez. No tenemos nada que esconder", ha sostenido el presidente de la Generalitat antes de recordar que ahora más comunidades están avanzando su intención de pedir esta ayuda al Gobierno, que sin embargo ha rechazado calificar de rescate.

   La Comunidad Valenciana es la única que, junto a Murcia, tiene una renta per cápita inferior a la media española, está por debajo de la media de financiación y tiene una balanza fiscal negativa, según ha denunciado su presidente.

   A pesar de esta situación, ha explicado que la Comunidad no se quiso "conformar" e hizo una "sobreaportación" para financiar muchos servicios para atender a los ciudadanos, como colegios, hospitales, órganos judiciales o infraestructuras.

   En este contexto, Fabra ha repasado las medidas que está aplicando la Comunidad Valenciana para reducir gastos de la administración, como la reducción de empresas públicas, altos cargos o gastos supérfluos, y ha remarcado la necesidad de tomar medidas para fomentar la actividad privada, eliminando trabas a los empresarios.

   Además, se ha erigido como defensor del Estado autonómico, que sin embargo necesita "una reorganización" para adecuarlo a la situación actual y "saber estar a la altura de las circunstancias y lo que exige la sociedad".

 "Ya no vale el manual tradicional, tenemos que ser imaginativos, decididos y firmemente convencidos de nuestra potencia, capacidad y esfuerzo", ha animado.

   Fabra ha defendido que los últimos treinta años han sido los de "más prosperidad" para los ciudadanos gracias a las autonomías y por ello ha rechazado que se ponga en duda este sistema ni que se tengan que devolver competencias al Estado. "Queremos tener los ingresos adecuados del Estado y luego que nos dejen hacer, lo único que pedimos es igualdad de trato y que nos dejen hacer", ha reclamado.

  Sin embargo, no ha querido culpar a la Comunidad Valenciana del anterior Ejecutivo autonómico, liderado por Francisco Camps, y ha insistido en que el problema de la región se debe a la mala financiación que sufre del Estado.

El juez desestima los recursos de Ortiz, Castedo y Gutiérrez contra el envío de la causa del PGOU al TSJ

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha desestimado los recursos presentados por el empresario Enrique Ortiz, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio Javier Gutiérrez --imputados en el proceso-- contra el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han confirmado fuentes judiciales.

   El magistrado Manrique Tejada envió el pasado 5 de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

   El sumario, además, imputaba a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de dádivas habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez.

   Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

   En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado 6 de julio un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

   Este punto hacía referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

   Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegaron en su recurso que, antes de dar traslado al TSJCV, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

   No obstante, en una resolución emitida hace unos días, el magistrado Manrique Tejada ha rechazado los distintos argumentos planteados por los imputados, al considerar que todos los trámites realizados en la instrucción se han producido en el momento procesal "oportuno".

   Además, indica que el TSJCV continuará con la instrucción de la causa y se pronunciará sobre los trámites pendientes, según han explicado fuentes judiciales cercanas al caso.

Escrivá calcula que en Navidad puede haber un nuevo gestor para los estudios de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- El director general de los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, ha estimado que para la próxima Navidad los platós alicantinos podrían tener un nuevo gestor que "atraiga producciones y consiga que tengan un impacto" tanto en la ciudad como en el tejido industrial, si bien ha subrayado que se trata de un "proceso laborioso".

   Escrivá ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras la presentación este miércoles de los nuevos logotipos de las oficinas de captación de rodajes en la provincia, denominadas 'film offices', donde ha estado acompañado por el gerente del Patronato Municipal de Turismo, Agustín Grau, y al ser preguntado sobre el proceso de venta del complejo audiovisual, ubicado en terrenos de la zona de Agua Amarga.

   Así, ha señalado que el proceso de venta de los platós se encuentra "bajo los acuerdos de Bruselas" y se está intentando "solucionar lo antes posible".

 "Me he puesto Navidad para estar con la nueva velocidad de crucero", ha apuntado.

   Igualmente, al ser cuestionado sobre los recursos que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana presentaron contra la resolución de la Unión Europea en la que determinaba que las ayudas públicas concedidas a los estudios eran "ilegales" y que, por tanto, tenían que ser devueltas, ha manifestado que continúan su trámite.

   Además, y en referencia nuevamente a la venta del complejo, ha incidido en que para finales de este año o comienzos de 2013, "en Navidad", habrá un nuevo gestor de los platós.

   "Para entonces se habrá encontrado un comprador para Ciudad de la Luz que vuelva a atraer producciones y conseguir que tengan impacto en Alicante y que dejen un gasto local espléndido para la ciudad, los trabajadores y el tejido industrial. Es un proceso laborioso", ha resaltado.

El TSJCV condena a Novelda a pagar 3,1 millones a FCC por la deuda de las basuras

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Novelda a pagar 2,5 millones de euros, más 622.883 euros en concepto de intereses de demora, por la deuda que el consistorio mantenía desde febrero de 2008 con la empresa FCC por el servicio del recogida de basuras.

   En un auto fechado en abril de 2012, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por FCC contra la anterior resolución de septiembre de 2011, en la que también se daba la razón a la compañía pero se cifraba la deuda en 2,1 millones de euros.

   Con este último fallo, el TSJCV eleva de 2,1 a 2,5 millones el total a pagar, más los intereses de demora, que a 31 de diciembre de 2007 ascienden a 622.883 euros, con lo cual el Ayuntamiento de Novelda deberá pagar a la anterior concesionaria del servicio de recogida de basuras un total de más de 3,1 millones de euros.

   Esta segunda sentencia, que es firme y no deja posibilidad de recurso, eleva la cantidad cifrada en la dictada en septiembre de 2011 al entender que el juez de instancia "yerra claramente" al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento, en referencia a un listado de tesorería "sin fecha ni firma alguna" que cifraba la deuda pendiente en 1,5 millones de euros.

   En los fundamentos jurídicos del fallo, el tribunal considera que "la cuestión debatida" pretende determinar "si la reclamación del actor es la señalada en su escrito de demanda --que solicitaba el cobro de 2,5 millones-- o es la señalada por la sentencia de instancia --que lo cifraba en 2,1 millones--".

   Al respecto, la sentencia de instancia de septiembre de 2011 debía establecer si, en base al convenio de febrero de 2008, la deuda existente era de 4,5 millones de euros más los intereses --que a 31 de diciembre de 2007 ascendían a 622.883 euros--. El listado de tesorería del Ayuntamiento, por otra parte, cifraba la deuda en 1,5 millones.

   Al respecto, el tribunal concluyó en el fallo de septiembre de 2011 que "la deuda real es el resultado de restar" a los 4,5 millones de euros los 622.883 de los intereses y los 1,5 millones del listado de tesorería. Esta operación da como resultado 2,35 millones y no los 2,1 millones de la sentencia de septiembre de 2011, hecho que esta resolución se atribuye a "un error aritmético al realizar la resta".

   Por tanto, este fallo no pretende "realizar un nuevo examen de la cuestión litigiosa", y afirma que "sentado lo anterior, es obvio que el juez de instancia yerra claramente al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento", en referencia al listado de tesorería sin firma ni fecha.

   En ese sentido, el tribunal entiende que "la cantidad reclamada asciende a los plazos impagados más los intereses devengados, según las propias cláusulas del convenio", por lo que "la apelación debe ser estimada, y como consecuencia estimada la demanda", de modo que FCC cobrará los 2,5 millones que solicitaba en un principio.

El nivel B2 de lengua extranjera será obligatorio para los docentes de la Comunitat en el curso 2013-14

VALENCIA.- La Conselleria de Educación exigirá, a partir del curso 2013-14, un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria, para impartir materias en otros idiomas como el inglés. 

   Esta es una de las principales novedades del proyecto de orden elaborado por la Conselleria de Educación por la cual se regulan las nuevas condiciones que un docente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tiene que cumplir para obtener la capacitación para impartir clases en cualquier lengua extranjera.

   El objetivo --han explicado el departamento de Campanar en un comunicado-- es ajustar la normativa al nuevo decreto de Plurilingüísmo, por el cual todos los centros docentes dependientes de la Generalitat tendrán que comenzar a vehicular contenidos en inglés en Educación Infantil durante el próximo curso, e ir avanzando en las distintas etapas de escolarización hasta el curso 2020-21.

   En el curso 2020-21 el plurilingüismo estará presente todos los niveles y se impartirá como mínimo, un área, materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera

   En la nueva orden, Educación modifica los requisitos lingüísticos que un docente necesita para impartir una materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera de cara al próximo curso.

   Además, incorpora un calendario de planificación con el objetivo de que, en tan solo cuatro años, el profesorado haya adquirido las competencias necesarias como para garantizar el funcionamiento y la continuidad del modelo plurilingüe.

   La primera novedad de la orden es que, con la entrada en vigor del nuevo decreto de Plurilingüismo, en el curso 2012-13, Educación flexibilizará los requisitos que tiene que tener el profesorado de todas las etapas para impartir clase en una lengua extranjera, como el inglés.  

   En este sentido, se exigirá al docente de Infantil y Primaria acreditar un nivel B1 de conocimiento del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y no un certificado de capacitación como hasta ahora.  

   El objetivo de esta medida es facilitar la implantación progresiva del plurilingüismo en la Comunitat y dar facilidades a los profesores para formarse paulatinamente en el conocimiento de lenguas extranjeras, de cara a los próximos cursos escolares.

   El segundo aspecto novedoso es que, a partir del curso 2013-14, Educación exigirá un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria. Sin embargo, no necesitarán el certificado de capacitación expedido por la universidad o por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria.  

   Hasta el momento, los docentes de Infantil y Primaria solo tenían que acreditar un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas para impartir docencia en lengua extranjera y el cambio implica que, a partir de dicho curso, tendrán que haber obtenido un nivel B2.

   Finalmente, en el curso 2016-17 todos los docentes que impartan clases en lenguas extranjeras, en cualquier etapa, tengan también, además del B2, un certificado de capacitación, que obtendrán tras la superación de una prueba específica.

   Educación pretende así conceder tiempo a los  docentes para que se formen para presentarse a esta prueba organizada por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria, que les otorgará la capacitación lingüística y que tendrán que tener todos en el curso 2016-17, además del título de conocimiento de B2.

   En este sentido, la Conselleria formará a cerca de 3.000 docentes cada año en las Escuelas Oficiales de Idiomas y será la responsable de certificar que los docentes tengan los conocimientos suficientes como para garantizar la calidad y la continuidad del sistema de enseñanza plurilingüe.

   El modelo plurilingüe que la Conselleria tiene previsto poner en marcha durante el próximo curso escolar, supondrá un importante salto de calidad en los planes de estudio de los alumnos de la Comunidad Valenciana.

   El objetivo del Consell es "preparar a los alumnos para afrontar los retos de un futuro global, donde deberán ser competitivos y versátiles para incorporarse al mercado laboral europeo", han explicado.

Los municipios valencianos limítrofes podrán mancomunar los servicios de Policía Local

VALENCIA.- Los municipios de la Comunitat Valenciana limítrofes y que no sumen más de 40.000 habitantes podrán mancomunar servicios de Policía Local para mejorar la seguridad que ofrecen a los ciudadanos, según se contempla en un convenio suscrito este miércoles por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas.

   Castellano ha explicado que entre los requisitos que deberán cumplir los municipios que deseen asociarse se encuentran ser localidades limítrofes, sumar sus poblaciones menos de 40.000 habitantes y carecer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local o no tenerlos.

   El convenio también contempla la elaboración de un manual para responsables políticos municipales como guía y orientación para mantener la calidad del servicio público y establecer protocolos y dispositivos de actuación para los Cuerpos de Policía Local para mejorar la protección y la seguridad de los ciudadanos.

   Asimismo, a través del Centro de Investigación de Seguridad y Emergencias (CISE) ubicado en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) se difundirá información jurídico-legal para que los agentes estén al día en este aspecto.

   El acuerdo, además, recoge actividades de formación, especialización y profesionalización para los policías locales puesto que, según ha subrayado el conseller de Gobernación, "lo que distingue un servicio público es la profesionalización de sus integrantes".

   Serafín Castellano, en una rueda de prensa tras la firma del convenio, ha comentado que la Generalitat propone nuevas fórmulas y nuevas vías para colaborar y ayudar en la seguridad de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sin que ello suponga un coste económico para los ayuntamientos, "optimizando los recursos existentes debido a la delicada y difícil situación económica que atraviesa el país".

   "En los tiempos que corren desde el punto de vista económico y de afrontar los servicios públicos de cara a la población, la colaboración entre las diferentes administraciones es absolutamente básica", ha destacado.

   El conseller considera que con el convenio firmado este miércoles "hacemos un ejercicio de responsabilidad, de sensatez para aunar esfuerzos entre todos los ayuntamientos y la Generalitat para seguir mejorando y colaborando en la seguridad ciudadana a través de los Cuerpos de Policía Local".

   El titular de Gobernación ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 280 Cuerpos de Policía Local, más de 10.400 agentes de los que el 46 por ciento corresponde a municipios de menos de 5.000 habitantes que no están obligados a contar con Policía Local, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto el esfuerzo y el compromiso de los pequeños municipios de la Comunitat con la seguridad ciudadana".

   Por su parte, Elena Bastidas ha destacado que este año se cumplen cinco años del actual equipo directivo de la FVMP y ha valorado que sea ahora cuando "nos hacemos eco del sentir mayoritario de los alcaldes de tender lazos entre la Generalitat y el municipalismo valenciano".

   La presidenta de la FVMP ha hecho hincapié en la importancia de "optimizar recursos" dado el "contexto complicado" actual. Al respecto, ha asegurado que las administraciones locales están viviendo "momentos extraordinariamente complicados" y, por ello, "todo lo que sea optimizar, mejorar lo que se tiene es muy bien venido".

Císcar advierte de que habrá "bastantes más" ERE en empresas públicas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha advertido de que "desgraciadamente" se van a producir "bastantes más" Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas del sector público de la Generalitat y, en este sentido, ha asegurado que algunos podrían iniciarse este mes de julio.

   Císcar ha explicado que el Consell está ultimando los estudios de viabilidad y de saneamiento referentes a cada una de las empresa públicas. "Lo único que podemos avanzar es que desgraciadamente van a venir bastantes más ERE", ha manifestado.

   El vicepresidente ha indicado que la mayoría de ERE del sector público empresarial comenzarán a concretarse a partir de septiembre u octubre, aunque "no descartamos que en el mes de julio pueda llegar ya algún ERE". Así, ha señalado que dado "lo avanzados" que están los trabajos puede haber alguna empresa que inicie el ERE este mismo mes.

   El también conseller de Presidencia ha incidido en que el Gobierno valenciano está llevando a cabo un proceso de ajuste de la administración, "fundamentalmente en lo que es el sector publico empresarial", y ha precisado que este proceso finalizará el próximo 31 de diciembre.

   "Ya hemos presentado y aprobado la reducción de nuestro sector público empresarial a seis áreas de actividad y, a partir de ahí, en lo que estamos trabajando es en un proceso que jurídicamente es muy complejo, porque comporta liquidaciones, fusiones, absorciones de empresas y reducciones de plantillas a través de ERE", ha explicado.

   José Císcar ha destacado que "desgraciadamente una parte importante de la reestructuración son los ERE", algunos de los cuales ya están en marcha "y otros se van a hacer antes de que acabe el año". Al respecto, ha subrayado que "las circunstancias nos imponen tener que reducir las plantillas de ese sector público empresarial entre el 40 y el 50 por ciento".

   Preguntado por si cree que dirección y sindicatos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) llegarán a acuerdos sobre el ERE en el ente, Císcar ha resaltado que esto sería "lo deseable".

 "En este momento lo único que podemos hacer es dejar que esa negociación se realice, que las partes hagan un esfuerzo por llegar algún tipo de acuerdo", ha apostillado.

Piden al juez que el CNI averigüe quién cobró 7,8 millones de CAM en Suiza

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha solicitado oficialmente al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que requiera la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para averiguar quién cobró una comisión de 10,3 millones de dólares -alrededor 7,8 millones de euros- abonada en Suiza por Valfensal, el grupo hotelero participado por la caja de ahorros alicantina, según 'Abc'.

El informe encargado por el FROB a la auditora Deloitte acreditó este pago, que se hizo efectivo en marzo de 2005 mediante dos transferencias bancarias: una de un millón de dólares en la cuenta número CH0408661395025010000 del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza) y otro de 9,3 millones de dólares en la cuenta CH0408661395025090000 de la misma entidad.

Siempre según el informe de Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa Caribbean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá, si bien se desconocen quiénes fueron los beneficiarios finales de la transacción.

Caja Mediterráneo, dirigida en aquellos momentos por Roberto López Abad, aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal -grupo en el que poseía una participación del 30% de su accionariado- para construir un complejo turístico de 5 estrellas, con 700 habitaciones, en Playa Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana).

Valfensal formalizó la compra de los terrenos cinco meses después, el 30 de marzo de 2005, por un precio de 5,2 millones de dólares. Pero tan sólo 24 horas antes, una de las filiales de Valfensal, JacksonPort Corporation, con sede en las Antillas Holandesas, había abonado otros 10,3 millones de dólares en concepto de «opción de compra» sobre los mismos terrenos, a través de las dos cuentas de Suiza.

Aunque este pago se declaró como «opción de compra», Deloitte lo define en su informe como una «comisión por intermediación en la compra de los terrenos». En consecuencia, Valfensal pagó 15,5 millones de dólares por unos terrenos cuyo precio oficial había sido fijado en la tercera parte, 5,2 millones.

Como ha informado este periódico, el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, opuso numerosos reparos a la petición de los auditores para llevar al régimen de transparencia fiscal la mercantil JacksonPort Corporation, que fue precisamente la sociedad instrumental utilizada para efectuar el pago en Suiza. En un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director general Roberto López Abad, el director de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil afirmaba: «He hablado con Juan Ferri, que está en México, y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras)». 

 Dicho correo electrónico está recogido en el informe de Deloitte.

En su escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, el abogado Diego de Ramón solicita al magistrado que requiera la colaboración del CNI y de las agencias estatales de Suiza y de Panamá para averiguar quien retiró los 10,3 millones ingresados en Rothschind Bank AG de Zurich y para identificar a los responsables legales de la sociedad instrumental Caribbean Holiday Investment Corp, teórica destinataria de esta transacción.

El letrado, que representa los intereses de cerca de 500 inversores que perdieron sus ahorros en las cuotas participativas de la CAM, también solicita al juez Gómez Bermúdez que investigue otras operaciones financiadas por la caja, como los créditos otorgados por valor de 450 millones de euros al constructor Enrique Ortiz -imputado en los casos Brugal y Gürtel- pocas semanas antes de la intervención del Banco de España, o el crédito sindicado por valor de 1.200 millones de euros otorgado al grupo Polaris World.

EU presenta una moción al pleno para reprobar a Castedo por mantener el cargo tras pedirse su imputación

ALICANTE.- El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una moción al próximo pleno de la ciudad, previsto para el día 31, en la que solicita la reprobación de la alcaldesa de la capital alicantina, Sonia Castedo, del PP, por mantener su cargo pese a la petición de imputación remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por parte del juez que instruye la causa derivada del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   A través de un comunicado, el portavoz de EU en el consistorio alicantino, Miguel Ángel Pavón, ha presentado esta moción en la que, además de la reprobación, la formación de izquierdas "incide" en pedir la dimisión de la primera edil así como la suspensión de la tramitación del PGOU de la ciudad.

   De este modo, el concejal ha considerado que Castedo "no sabe distinguir entre responsabilidad política y penal al intentar justificar su mantenimiento como alcaldesa en su presunta inocencia", y ha explicado que la petición de su grupo está basada en el hecho de que la primera edil "se aferre" al cargo pese a la petición de imputación efectuada por el juez que investiga el "presunto amaño" del PGOU "por la presunta comisión de tres graves delitos de corrupción, como los de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho".

   En opinión de Pavón, que Castedo continúe al frente de la alcaldía de la ciudad "daña gravemente la imagen institucional del Ayuntamiento y la imagen" de Alicante, "además de ofrecer una preocupante inacción política y falta de credibilidad en relación a la lucha contra la corrupción", ha agregado.

   Igualmente, ha subrayado que la permanencia de Castedo en la alcaldía es una "grave irresponsabilidad por el perjuicio que causa a la ciudad que el Ayuntamiento esté presidido por una alcaldesa bajo grave sospecha de corrupción urbanística".

   A su juicio, la primera edil 'popular' "no puede seguir representando a la ciudad", y ha incidido en que la alcaldesa "debe dimitir de modo que quede apartada de la vida pública mientras se resuelve el proceso penal que le afecta".

Díaz Alperi se persona en la causa que investiga presuntas irregularidades en el PGOU

ALICANTE.- El diputado autonómico y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se ha personado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El titular del juzgado de instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, encargado a la investigación, en sus conclusiones imputó a un total de 16 personas por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

Además pedía la imputación de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, a principios del presente mes envió el sumario al TSJCV.

Aunque el TSJCV aún no ha resuelto si asume este caso, sí ha continuado con los trámites previstos y ha emplazado a que las partes que lo deseen se personen en la causa, opción que Díaz Alperi, pese a no estar imputado, formalizó este lunes.

Hasta el momento, algunos imputados ya se han personado, entre ellos el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en Salvetti Abogados y Consultores SL, Javier Gutiérrez,

Citan a declarar como imputada a la exalcaldesa de Redován por el sobrecoste de una escuela municipal

ORIHUELA.- Un juez de Orihuela ha citado a declarar en calidad de imputados a la exalcaldesa de la localidad alicantina de Redován, Leticia Bas, y al exconcejal de Urbanismo Joaquín Pozuelo, por un supuesto caso de sobrecoste en la construcción de una escuela infantil en la población, según han informado hoy fuentes judiciales.

   Según se recoge en el escrito del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, tanto Bas, del PSOE, como Pozuelo, de Izquierda Unida, han sido citados a declarar "en calidad de imputados con instrucción de sus derechos y asistencia letrada", el próximo 20 de septiembre.

   La decisión judicial se produce en respuesta a una querella presentada por el Ayuntamiento de Redován contra ambos por un presunto "sobrecoste" producido en la edificación de una escuela infantil en la población del sur de Alicante, que el consistorio ha calculado en un 50 por ciento sobre el presupuesto estimado.

   Igualmente, se ha citado para tomarles declaración como testigos al representante legal de la empresa a la que se adjudicó la construcción del centro educativo, a la secretaria general del Ayuntamiento, y a un arquitecto, en una comparecencia fechada para el 24 de septiembre.

   Contra la resolución, con fecha 18 de julio, y que no es firme, cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado en un plazo de tres dias.

Alicante subirá un 16% la zona azul y cobrará a los residentes por aparcar

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante no sólo ultima una nueva ordenanza que pretende abrir la puerta a convertir en zona azul cualquier barrio de la ciudad, sino que además pretende actualizar las tarifas para aumentar su recaudación. El concejal de Tráfico (también de Hacienda), Juan Seva, se reunió hoy con varias asociaciones de vecinos para comunicarles que el consistorio pretende subir un 16% las tarifas, lo que supone un incremento de diez céntimos en lo que se paga por una hora de estacionamiento (de 0,60 euros se pasará a 0,70), según 'El Mundo'.

Aunque Seva no informó sobre el resto de precios, si se aplica el criterio de proporcionalidad en todos los tramos los 90 minutos costarán 1,35 euros (en lugar de 1,20) y los 120, el máximo permitido en Alicante, dos euros (hasta ahora era 1,80). Tráfico aseguró que estas tasas no se tocan desde el año 2003, por lo que arrastran un importante déficit. En principio la nueva ordenanza fiscal entrará en vigor cuando venza el contrato de la ORA, el 1 de enero de 2013.

La ordenanza no sólo contempla incrementos de precios en la zona azul. El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha una nueva zona naranja para residentes que no será gratuita. Los vecinos que quieran hacer uso de este servicio tendrán que pagar por una tarjeta cuyo mantenimiento será de seis euros al año, según informaron las asociaciones vecinales. Además, cada día el usuario abonará 30 céntimos por tener el coche aparcado en su barrio. Lo curioso es que la alcaldesa, Sonia Castedo, comentó en el pleno de junio que sólo se implantarán estas nuevas zonas en aquellos lugares «donde haya consenso con los vecinos», por lo que en teoría serán los propios residentes los que soliciten al consistorio pagar por estacionar en su calle.

La nueva ordenanza de la ORA amplía la posibilidad de implantar la zona azul en prácticamente todo Alicante. Seva justifica esta medida con una queja vecinal ante el Síndic de Greuges que pide más plazas para residentes, aunque no había comentado hasta ahora que tendrán un coste fijo diario.

La medida ha resultado muy polémica entre la mayoría de las entidades vecinales de la ciudad. Sólo en el barrio de El Pla ya han reunido más de 4.000 firmas contra la nueva ordenanza. La presidenta de la asociación de vecinos de La Florida, Felicidad Sánchez, comentó que en su barrio también se han recogido «un número muy importante de apoyos», y criticó el ánimo recaudatorio del Ayuntamiento de Alicante «en estos tiempos tan difíciles».

Bruselas ve "suficiente" el fondo de liquidez para CCAA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este martes que el fondo de 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una dotación "suficiente" y se ajusta a las recomendaciones de la UE porque impondrá más ajustes a las regiones que se acojan.

   La activación de este fondo es uno de los pasos "muy significativos" que ha dado España contra la crisis porque "aliviará los problemas de liquidez de algunas regiones autónomas", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Antoine Colombani.

   El Ejecutivo comunitario niega que el fondo se vaya a quedar corto como sostienen algunos analistas y sostiene que su dotación "es suficiente para abordar cualquier problema de liquidez que las regiones puedan tener".

   Además, la iniciativa "se ajusta a las recomendaciones para España", que reclamaban una "aplicación estricta" de la ley de estabilidad presupuestaria y "la adopción de medidas fiscales fuertes a nivel regional".

   "El uso de esta facilidad lleva aparejadas condiciones y esta medida se ajusta plenamente a nuestras recomendaciones", ha afirmado Colombani.

   De momento, sólo la Comunidad Valenciana (que podría solicitar 2.500 millones de euros) y Murcia (que reclama hasta 300 millones) han confirmado oficialmente que se acogerán a esta medida.

El Gobierno habilitará una línea ICO de 266 millones de euros para empresas turísticas

PALMA.- El Gobierno habilitará una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 266 millones de euros, que irá destinada empresas turísticas, según ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Consolat de Mar, tras la firma de un convenio entre la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) y el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

   En rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha detallado que ésta se llevará este viernes al consejo de Ministros para su aprobación. La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho.

   La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho. Según han afirmado desde el Gobierno, para acceder a la misma, las zonas de reconversión tendrán trato preferente.

   Soria ha firmado este martes el convenio de colaboración la ATB y (Turespaña), el cual permitirá el intercambio de información para la coordinación entre ambas instituciones y el fomento de la marca España, como paraguas para las autonomías.

   Por otra parte, el ministro ha reconocido que "cuando se pueda bajar el IVA, lo bajaremos ya que no está en nuestro ideario político" y ha admitido que se ha tenido que tomar esa decisión por "responsabilidad".

   "Al Gobierno no le gusta subir las tasas aéreas y las hemos subido, al Gobierno no le gusta subir el IVA y lo hemos subido" pero debe hacerse "por responsabilidad".

   Así, ha reincidido en que "toda la política económica está centrada en el cumplimiento del déficit público" porque --ha completado-- "mientras no se cumpla ese objetivo va a ser muy difícil que se restablezca la confianza en la economía".

   Durante su estancia en la capital balear, Soria ha participado en una reunión de trabajo en el Consolat de Mar, a la que han asistido el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, el consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, y, los presidentes de los consejos insulares, Maria Salom (Mallorca), Tadeo Florit (Menorca), Vicent Serra (Ibiza), y Jaume Ferrer (Formentera).

De Ramón quiere ver ante el juez al 'cerebro' de los "nuevos productos financieros" de la CAM

MURCIA.- La acusación popular representada por el abogado murciano Diego de Ramón en el caso de las cuotas participativas y partipaciones preferentes ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que tome declaración al especialista en ciencias económicas y sociología, el alicantino Carlos Rosser, por haber asesorado a los empleados de la CAM a la hora de vender nuevos productos financieros mediante persuasión y manipulación.

En un escrito, el abogado de la plataforma de afectados de la caja, Diego de Ramón, ha asegurado que Rosser, autor del libro "Cómo vender a clientes resistentes", asesoró a la CAM en la venta de productos de inversión en Bolsa, cuotas participativas, preferentes y demás productos de inversión.

Mediante técnicas como la "intrusión en la mente del cliente, la persuasión subliminal, el traslado del lenguaje hipnótico a la venta comercial, la apelación al inconsciente o la manipulación de la mente ajena", la CAM trató de vender en el mercado minorista productos de inversión complejos, según ha apuntado en su escrito.

En consecuencia, la caja murciano-alicantina acudió al mercado minoritario utilizando métodos propios de "selección de personas con poca capacidad de entendimiento y conocimiento para poder tomar libremente" una decisión sobre sus ahorros.

El resultado de estas operaciones, que el abogado califica de "imprudencia financiera", es la ruina de numerosos clientes, fundamentalmente personas mayores, extranjeros y jóvenes "sin ningún tipo de instrucción", ha insistido.

Por otro lado, el abogado también ha pedido a la Comunidad Valenciana y a Murcia si han subvencionado con ayudas públicas los cursos de formación de los empleados de la CAM sobre la emisión de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada.

Sobre el papel del ex director general Roberto López Abad en la caja, intervenida por el Banco de España en julio de 2011, De Ramón ha indicado que tras la ruptura del SIP -la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas-, el exdirectivo siguió beneficiándose de sus condiciones retributivas y del acceso a su prejubilación, de 5,6 millones de euros.

Asimismo, ha denunciado las operaciones con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales así como los créditos sin garantías otorgados al proyecto inmobiliario Polaris World, al constructor Enrique Ortiz, implicado por los casos Brugal y Gurtel, a Terra Mítica y a la mejicana Crédito Inmobiliario.

S&P mantiene en 'bono basura' la nota de Valencia

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha determinado mantener la nota de solvencia a largo plazo de la Comunidad Valenciana en 'BB' con perspectiva negativa, dentro del grado especulativo o 'bono basura', después de conocerse la intención del Gobierno valenciano de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica.

   "Ya habíamos tomado en consideración esta petición dentro de nuestro escenario base", explicó la agencia, que considera que su actual calificación "ya incorpora la expectativa de que Valencia accedería en 2012 a una línea de liquidez del Gobierno central con el fin de cumplir con las obligaciones del servicio de su deuda".

    En este sentido, S&P apunta que si esta línea de crédito funciona sin problemas y el Gobierno aprueba el acceso a la misma de la Comunidad Valenciana, esto debería permitir a la región acer frente a cualquier problema de liquidez en la segunda mitad del año.

El nuevo comité de ética del PP "valorará conductas" pero no "situaciones jurídicas"

ALICANTE.- El nuevo comité de ética del Partido Popular en la provincia de Alicante "valorará conductas" y velará por el correcto cumplimiento del código de buenas prácticas del PP, según ha explicado el secretario general provincial, José Juan Zaplana, quien ha aclarado que este nuevo órgano "no valorará situaciones jurídicas" ni "sancionará" a los afectados.

   Tras la primera reunión del consejo de dirección y del comité ejecutivo que preside el recién elegido José Císcar, José Juan Zaplana ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el vicesecretario regional, César Sánchez, y la vicesecretaria provincial, Eva Ortiz.

   El comité de ética "valorará la acción de las personas que ostentan cargos públicos, y si en algún caso se produce cualquier tipo de anomalía en su conducta, se le llamará, se hablará con él, se le pedirá explicación de porqué pasan estas cosas, y llamará al orden si es necesario, pero no tendrá capacidad sancionadora, ni abrirá expediente", ha detallado.

   Preguntado por las funciones del nuevo comité de ética, Zaplana ha recordado que "valorar situaciones jurídicas es competencia de otro órgano ya existente, el Comité de Derechos y Garantías del PP", por lo que el comité de ética "sólo valorará conductas".

   Además del presidente y secretario de este órgano, el alcalde de Petrer Pascual Díaz y Andrés Ferrer, respectivamente, el comité de ética estará compuesto por el edil de Torrevieja y diputado provincial Joaquín Albaladejo, por el alcalde de la Vall d'Alcalá, Juan José Sendra y por la edil de Elda y senadora, Virginia Romero.

   José Juan Zaplana también ha hecho hincapié en la importancia de que los ciudadanos recuperen la confianza en la clase política, a la que, según ha recordado, "ven como el tercer problema más importante de este país".

 "No queremos ser el problema sino la solución, y para ello lo que hay que cambiar son las políticas a desarrollar", ha señalado.

   Por otra parte, el comité ejecutivo en esta primera toma de contacto ha ratificado la composición de la comisión jurídica, otro nuevo órgano creado por Císcar en su equipo. Además de su presidente, Luis Barcala, completan esta comisión el secretario Emilio Fernández, Francisco Maestre, el edil Óscar Payá y el abogado de Dénia José Sala Ballester.

   Zaplana además ha adelantado que el nuevo equipo a frente del Partido Popular en la provincia de Alicante, desplegará en los próximos meses una actividad dirigida a "conseguir una mayor cercanía y atención a los ciudadanos".

   Para ello, la propia organización provincial del PP incorporará iniciativas para ampliar la participación ciudadana en la estructura del partido, con la creación de comisiones sectoriales sobre educación, sanidad y turismo, y sus correspondientes mesas sectoriales, en las que podrán participar personas de la sociedad civil.

   Así mismo, en el encuentro mantenido este lunes, el equipo directivo del PP ha acordado crear un nuevo departamento de análisis, estudios y programas para "crear argumentos dentro de las líneas políticas que sirvan de base a las estructuras del partido", aportando información "veraz" sobre los temas de actualidad que impliquen al PP.

El fiscal plantea investigar las cuotas de CAM como estafa

ALICANTE.- El representante de la Fiscalía Anticorrupción considera que, de entrada, puede tipificarse como estafa la comercialización por parte de directivos de la CAM de las cuotas participativas, un producto financiero lanzado por la desaparecida caja de ahorros en 2008 y que ha dejado un saldo de 55.000 damnificados, todos aquellos que confiaron en esta fórmula de inversión y que tres años después han visto cómo perdían todo el dinero que destinaron a la compra de estos títulos, según los revela el diario 'Información'.

Así lo recoge el fiscal en un escrito remitido al magistrado Javier Gómez Bermúdez dentro de procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional para determinar si existe responsabilidad penal en la debacle de la caja por parte de los que eran sus gestores. Un proceso que se abrió gracias a la querella presentada en noviembre del año pasado por el abogado de Murcia, Diego de Ramón, quien representa a medio millar de perjudicados por la compra de las cuotas por un montante total que ronda los 12 millones de euros.

El fiscal entiende que esta especie de acciones se vendieron «sin haber proporcionado a los adquirientes una información veraz sobre la verdadera naturaleza del producto y sin haberles advertido de los riesgos que conllevaba su comercialización (...) una conducta que podría ser constitutiva de un delito de estafa» del que la CAM sería responsable civil subsidiaria, según puntualiza.

Considera también el acusador público que aunque los otros hechos presuntamente delictivos que también se están investigando en esta causa (la falsificación de las cuentas, el cobro supuestamente indebido por parte de algunos empleados y directivos de determinadas cantidades en concepto de prejubilaciones así como el incremento de la prima de un seguro que garantizaba las prestaciones) podrían tener una instrucción judicial más rápida, todo deben ser investigado conjuntamente. Y se explica. 

 «Mientras la investigación de los hechos relativos a la emisión y adquisición de cuotas participativas puede resultar extremadamente compleja y derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo, la claridad con que los otros hechos aparecen descritos en el expediente sancionador del Banco de España y en el informe de PWC aportado por la CAM, permite augurar que en este caso la instrucción puede ser menos compleja y estar concluida en un lapso mucho menor de tiempo», expone en su escrito al magistrado en el que precisa a continuación que «teniendo en cuenta que existe una clara relación entre ambas conductas y que sus presuntos autores serían en parte coincidentes, resulta procedente mantener su instrucción como delitos conexos».

Hechas estas matizaciones, el fiscal plantea que el procedimiento tenga una «pieza principal que se contraería a los hechos presuntamente delictivos detectados y denunciados por el Banco de España y la propia CAM en la cual, sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación particular, la única acusación particular sería la propia CAM». Y «una pieza separada de cuotas participativas en la que la CAM tendría la condición de responsable civil subsidiaria y en la que, también sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación popular, estarían personadas como acusaciones particulares los titulares de dichas cuotas que lo han hecho hasta la fecha y los que lo puedan hacer en un futuro».

Para el fiscal, «la instrucción hasta ahora practicada ofrece ya abundantes indicios de responsabilidad penal en algunas personas».
Visto el conjunto de los hechos objeto de la investigación judicial matiza el fiscal el doble papel que en este proceso juega la caja de ahorros. «Respecto a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal, la CAM sería la principal perjudicada y por tanto su personación como acusación particular sería la correcta». Y continúa: «Respeto al presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de las cuotas participativas, por el contrario, la entidad no sólo no sería perjudicada sino que sería responsable civil subsidiaria».

Una edil del PP de Rafal se enfrenta este martes al desahucio de su vivienda

ALICANTE.- La edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rafal, María José Gómez, se enfrenta este martes al desahucio de su vivienda, con la que avaló a una persona de su confianza, según ha explicado una portavoz del colectivo Stop Desahucios Torrevieja, que tratará de frenar el desalojo.

   La concejal, que forma parte de la corporación municipal desde la oposición, es una mujer casada y con una hija menor, de 17 años, ha dedicado las últimas semanas a intentar negociar, sin éxito, con la entidad bancaria un alquiler de su vivienda.

   "María José estaba como avalista y ahora la entidad quiere echarla de su casa, después de estar días en negociaciones con dicha entidad, intentando dicho alquiler", han precisado las mismas fuentes.

   La comisión judicial acudirá a las 12.00 horas de este martes a su domicilio, situado en el número 3 de la calle Comunidad Europea de Rafal. Stop Desahucios ha hecho un llamamiento para que sus miembros y simpatizantes acudan también a esa hora a intentar frenar la operación.

¿Buscan Policía y Guardia Civil al ex director general de la CAM, Roberto López, por riesgo objetivo de fuga?

ALICANTE.- ¿Buscan ya Policía y Guardia Civil al ex director general de la CAM, el alcoyano Roberto López Abad, por nuevo riesgo objetivo de fuga? ¿Ha entregado ya su pasaporte, tal como le ordenó el juez Gómez Bermúdez el pasado jueves 19 de julio en la Audiencia Nacional, ante ese riesgo de fuga sugerido en su momento procesal por la acusación popular personificada en el letrado murciano Diego de Ramón, absolutamente creíble para el magistrado?

Diego de Ramón ha dirigido un nuevo escrito al titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional (sabiendo que Roberto López posee una segunda residencia en el Caribe mejicano y que el magistrado le advirtió de que, en caso que intentase abandonar España con su DNI camino de la Unión Europea, sería repatriado por la Europol), para que oficie al comisario jefe de Policía de Alicante, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia y juez decano de la ciudad de Alicante para que informen si el susodicho Roberto López ha entregado ya su pasaporte en el plazo de 24 horas a partir de la tarde del día 19 de julio, por ser Alicante donde consta su domicilio, sin perjuicio de los recursos que se puedan presentar.

Convencido el letrado murciano de que el señor López puede intentar esa fuga tras presenciar la advertencia de palabra del juez Gómez Bermúdez, le insta a verificar dicho extremo de entrega del pasaporte en su plazo ordenado por si "se estaría a lo preceptuado en el artículo 468 del Código Penal sobre quebrantamiento de condena (de una medida cautelar en este caso) como así también a la desobediencia a la autoridad judicial del artículo 556 del mismo Código Penal".

En caso de haber incumplido, De Ramón solicita a Gómez Bermúdez la inmediata apertura judicial del correspondiente expediente "con nuevas medidas más restrictivas (¿prisión preventiva o fianza tras prisión provisional?) a adoptar para conseguir el resultado judicial incumplido", notificado 'in voce' delante del imputado Roberto López durante su comparecencia en la Audiencia Nacional la pasada semana y en presencia de su abogado defensor, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Javier Boix.