lunes, 1 de febrero de 2016
domingo, 31 de enero de 2016
La Generalitat distribuye más de 13.500 nuevos ordenadores para cubrir las necesidades del área educativa
VALENCIA.- La Generalitat comenzará en febrero la distribución de 13.510 nuevos ordenadores a los centros educativos de la Comunitat Valenciana con el fin de renovar el equipamiento informático y cubrir las necesidades formativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.
Con un presupuesto de 7,2 millones de euros, el nuevo equipamiento
informático comenzará a llegar a las aulas de la Comunitat a principios
del próximo mes de febrero. Consiste en 13.510 nuevos ordenadores, a los
que hay que añadir 425 servidores para aulas de Primaria y Secundaria.
Para el director general de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Vicente Aguiló, "con este proceso pretendemos poner al
día el equipamiento obsoleto existente en los centros educativos de la
Comunitat, para hacer frente a los nuevos requerimientos técnicos que la
educación necesita en la actual sociedad digital del siglo XXI".
Aguiló ha explicado que "todos los ordenadores cuentan con la última
versión de la distribución de "software" libre valenciana de la
Generalitat, LliureX 15.05, mientras que los equipos destinados a
Formación Profesional también están dotados de Windows, puesto que este
sistema operativo es necesario para ejecutar algunas aplicaciones que
los alumnos encontrarán en el mundo laboral y que deben aprender a
utilizar".
El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha añadido
que "esta renovación de ordenadores responde a la voluntad del Gobierno
valenciano de reconstruir la educación y ha recordado que buena parte de
los ordenadores que se retiran ahora ya tenían casi una década de
antigüedad". Asimismo, ha destacado que "es imprescindible reponer los
equipos para asegurar la integración de las TIC en las escuelas e
institutos como herramienta de uso transversal entre todas las materias
educativas".
De los 13.510 ordenadores, 4.600 son ordenadores básicos conocidos
como clientes ligeros que irán destinados, fundamentalmente, a aulas de
Primaria. El modelo de clientes ligeros implantado en el sistema
educativo valenciano permite a un sólo ordenador asumir el trabajo del
aula y actuar como servidor, de modo que ejecuta las aplicaciones y
permite a otros ordenadores funcionar como clientes ligeros, utilizando
los mínimos recursos, según el comunicado.
"Los clientes ligeros son ordenadores más económicos que los
normales, tienen menos averías y son más fáciles de mantener, por lo que
son excelentes para el trabajo diario en Primaria", ha añadido el
director general, Vicente Aguiló.
El resto se divide entre los 5.750 ordenadores de sobremesa que irán
destinados, principalmente, a Secundaria, y los 3.000 asignados a
Formación Profesional.
Según Aguiló, "el reparto entre clientes ligeros, ordenadores con
LliureX para Secundaria y ordenadores con Windows para FP se ha
realizado de acuerdo con las necesidades de equipamiento detectadas para
cada nivel educativo".
"Los alumnos de Secundaria y ciclos formativos
tienen unos requerimientos más elevados y un cliente ligero, de momento,
no cubriría todas sus necesidades", ha añadido.
Respecto a los 160 equipos portátiles que también irán destinados a
los centros, el director general ha explicado que se trata de una
previsión de necesidades "relacionada con la Educación Especial, ya que
estos equipos pueden ir destinados a alumnos con discapacidad visual o
motora".
"Por ello, en el momento en que lo recomienden los especialistas en
la materia, los alumnos de Educación Especial recibirán ordenadores o
tabletas especialmente adaptados para cada caso", ha comentado el
director general de Política Educativa.
Mulet asegura que el PP es "una organización criminal" y se pregunta porqué la Fiscalía no inicia su "ilegalización"
VALENCIA.- El senador de Compromís Carles Mulet se ha preguntado este domingo por
qué la Fiscalía General del Estado no ha iniciado el procedimiento de
"ilegalización" del Partido Popular por "organización criminal".
Mulet se ha manifestado en estos términos a través de un artículo
remitido a los medios, en el que ha considerado que "el último episodio
de esta larga semana --en referencia a la 'Operación Taula'--, con Rus
detenido y el entorno directo de Rita Barberá también en el cuartelillo,
después de todo lo que ha caído sobre los cargos de ese partido",
demuestra "hasta qué punto" el PP "era eso, una organización criminal,
donde mientras algún concejal de pueblo se creía su papel de gestor
público, buena parte se dedicaba a robar a los contribuyentes".
En
esta línea, el senador se ha referido en su texto a la Ley Orgánica de
Partidos Políticos y, concretamente, al Capítulo 3 de la misma, sobre la
disolución o suspensión judicial de los partidos. Así, en el apartado
de Procedimiento, ha citado un fragmento de dicha ley, que establece que
"están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un
partido político y su disolución, el Gobierno y el Ministerio Fiscal".
"¿Por
qué no actúa entonces la Fiscalía General del Estado si estamos ante
una organización criminal? Seguro que por menos se ha movido toda la
maquinaria del Estado y la Fiscalia", ha apostillado Mulet.
El área mediterránea perdió el 20% de todos los montes quemados
MADRID.- Los incendios arrasaron el pasado año en España cerca de 103.000
hectáreas -concretamente 102.945-, más del doble que en todo 2014, según
el avance del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Estos datos reflejan un repunte de los incendios, pero sobre todo de la
superficie afectada en ellos, ya que se pasó de los siete grandes
incendios de 2014 a 15 fuegos de más de 500 hectáreas el pasado año.
El pasado mes de diciembre fue, además, inusualmente activo, ya que
el fuego arrasó un total 28.236 hectáreas en España, casi un tercio
(27%) del total de superficie calcinada por el fuego en todo el año.
El Ministerio señala, en su avance, que el 15,49% de los incendios
registrados el pasado año se dieron en el Mediterráneo. El Noroeste, con
un 52,29% de los fuegos, fue el área más afectada, seguida de las
comunidades interiores, que sufrieron el 31,44%. Canarias escapó con un
0,77% de los incendios.
Respecto a la superficie afectada, el 20,78% se encuentra en el
Mediterráneo, según los datos del Ministerio. El 43,50% de la extensión
arbolada ardió en el noroeste; el 35,63% en las comunidades interiores; y
el 0,09% en Canarias. Sobre la superficie forestal, la mayor parte, el
53,70%, se quemó en el noroeste; el 29,35% en las comunidades
interiores; el 16,85% en el Mediterráneo y el 0,10% en Canarias.
Diciembre se encuentra fuera de los meses de mayor peligro y de la
campaña de incendios forestales. Este año, sin embargo, su
siniestralidad fue muy superior a la media mensual del ejercicio.
Concretamente, en ese mes se quemó más del triple que en la media
mensual (8.578 hectáreas). La mayor parte de los fuegos del último mes
del año se produjeron en el norte de la Península, desde Orense hasta
los Pirineos, a lo largo de la cordillera Cantábrica.
Precisamente, en estos días la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) advertía del elevado riesgo de incendios en esas áreas, debido a
las altas temperaturas, el fuerte viento y la sequedad del terreno,
después de semanas sin precipitaciones. No obstante, la Fiscalía de
Medio Ambiente abrió una investigación para determinar las posibles
causas de todos estos siniestros.
Pese al aumento, a nivel general la cifra de 2015 se mantiene
ligeramente por debajo (5,11%) de la media de la década, que son 108.493
hectáreas quemadas. 2015 se aleja así de 2014, que fue el año con
mejores resultados del decenio, con 48.833 hectáreas quemadas.
¿Se pueden recuperar votos? / Enrique Cocero *
Si echamos la vista dos semanas recordaremos que repasábamos los resultados de los distintos partidos en las elecciones del 20-D tomando como referencia el resultado nacional y el número de escaños que aportaba cada circunscripción.
Tras los acontecimientos de ahora hace una semana se acumulan las posibilidades y se suceden las conjeturas de qué ocurrirá. Barones del PSOE que no quieren pactar con Podemos; Pablo Iglesias que ya tiene perfilado el Consejo de Ministros y un Rivera que no aparece mucho, pero la última vez que no apareció, hizo posible la elección del presidente del Congreso.
Es cierto que Patxi López ha sido elegido presidente de la Cámara Baja por el menor margen de toda la historia
de nuestra adolescente democracia, pero lo que ha ocurrido en las
pasadas generales ha sido también un cambio reductor sobre lo que
veníamos conociendo. ¿Todo? No. Al menos ahora tenemos más grupos
políticos (aspiracionales y de facto) y más ruido que señal (o al menos más que las últimas elecciones).
Pero lo que ocurra en las próximas semanas en términos de
negociaciones no entra dentro del ámbito de este blog, al menos no si no
hay elecciones. Cierto que ya hemos empezado a leer las primeras
encuestas porque la perspectiva de repetir comicios es un camino tan abierto como casi cualquier combinación para formar Gobierno.
Todos hemos oído que Pedro Sánchez se está desgastando de cara al electorado al perseguir y no poder concluir un pacto. Que Mariano Rajoy
ha dado un paso a un lado ya que no tenía apoyos, algo que algunos han
visto como contraste con el ímpetu por llegar a Moncloa del socialista y
otros como movimiento catalogado de hasta "antisistema".
Hemos visto cómo Pablo Iglesias, en vez de tener 69 diputados, tiene tres problemas (luego veremos que es un problema generado a partir de una solución muy inteligente). Hemos visto cómo el Congreso de los Diputados tiene "gallinero", algo que se me escapa ya que no es un teatro (no voy a tirar de ironía fácil aquí), sino una cámara legislativa.
Cierto que la distribución no es la más adecuada y menos en un
momento en el que la percepción mediática es importante. Ahora, espero
que haya una nueva asignación y espero que, en honor a todo lo que está
ocurriendo con el reparto, ésta sea una legislatura que no se caracterice por el abstencionismo en sesiones y plenos.
Y,
como no podía ser de otra manera, lo que más se repite al hablar sobre
la sombra de nuevas elecciones (algo que no hablará muy bien de nuestra
cultura democrática), es que si llegan tendrían más que perder PSOE y Ciudadanos que PP y Podemos. Así que toca preguntarse, ¿qué hay por perder o recuperar en caso de unas nuevas elecciones?
Este ejercicio que vamos a acometer solo es posible realizarlo con PP y PSOE ya que ambos tienen recorrido como para ver variabilidad y son dos partidos que aspiran a la presidencia del Gobierno.
Empecemos
por el Partido Popular ya que fue el partido más votado y el que más se
comenta que puede recuperar terreno. Tengamos en cuenta que el PP ha perdido 63 diputados y 6,5 millones de votos en estas elecciones, así que vayamos eliminando extremos ¿Cuáles han sido las circunscripciones en las que más se ha votado al Partido Popular?
Tracemos una línea psicológica en el 40% y veamos quiénes se han comportado por encima de este límite:
Como extremo superior de los resultados debemos señalar que hemos eliminado de la muestra Ceuta y Melilla por el bajo volumen de votos y escaños (ambas uno) que mueven y que, además, son feudos del Partido Popular e inapelables.
Salvo
Murcia, todos están en los rangos más bajos de escaños que la provincia
otorga (tres y cuatro). Solo Soria da dos escaños y, de las ocho que
dan tres escaños, el PP supera el 40% en cuatro de ellas: Ávila, Cuenca,
Palencia y Zamora. Si cogemos las elecciones del 2000 al 2015 en estas
cuatro el PP siempre ha sacado dos diputados, aunque el mínimo en
votos conseguidos sea en todas ellas este último año (algo razonable,
por otra parte). A este grupo incorporaremos Segovia, donde el PP ha
sacado diputados diputados en las cinco últimas elecciones.
Quitando estas circunscripciones tan "machaconas", si quisiéramos un plan de emergencia para unas elecciones con poco tiempo ¿qué provincias serían más sensibles para recuperar votos? Vayamos
ahora a por el otro extremo y saquemos del plan aquellas que el pasado
mes dieron resultados muy pobres dejando al PP fuera de las primeras
plazas. Estas serían todas las pertenecientes al País Vasco y a
Cataluña, donde sabemos que la cuestión conservadora la cubre el PNV en
el primer caso y que en ambas ha habido un giro importante hacia la
izquierda.
Hemos detectado tres grupos. El primero al que corresponde un óvalo granate representa aquellas circunscripciones que más han variado su orientación respecto al Partido Popular en estos quince años.
Es importante resaltar que toda la Comunidad Valenciana está aquí
incluida, así como Canarias, cuatro provincias andaluzas y Zaragoza
junto a Guadalajara. 97 escaños dan entre todas ellas en los cuales el
PP se ha dejado de 2011 aquí más de un tercio de los diputados perdidos.
El "outlier" de este grupo es Asturias que, debido a la unión PP + Foro, ha conseguido amortiguar la caída en votos no penalizando en ningún escaño.
En el grupo señalado con un óvalo azul el PP ha perdido once diputados, lo que nos deja el último tercio con la mitad de los diputados perdidos.
En este grupo encontramos Madrid, Cantabria (donde se ha pasado de
cuatro escaños en 2011 a dos), Navarra, La Rioja... Son provincias que
han venido funcionando bien o incluso muy bien al PP, pero al poner una
cantidad importante de diputados en juego y con la entrada de los nuevos
partidos, producen diferencias ajustadas y el reparto de escaños se
resiente.
La situación del PSOE es distinta. Dado que consiguió un 22% de los votos vamos a poner su barrera psicológica en el 30%.
Las dos provincias extremeñas, cinco andaluzas y dos
castellanomanchegas. No deja de ser curioso que en las que hemos visto
del Partido Popular hubiera cuatro castellanoleonesas y dos gallegas,
más Murcia y Cuenca (recordando que Almería estaba en el mismo grupo que
Murcia).
Pero siguiendo con el PSOE debemos añadir que, menos en Ceuta y Melilla, ha puntuado en todas las circunscripciones con algún escaño.
Ya vimos con anterioridad que el PSOE ha sido, a lo largo de estos años, capaz de lo mejor y lo peor. De ganar muchos votos y, en la elección siguiente, perder muchos más. Esto hace que su dispersión nos presente mayor rango que la del PP (que hasta la fecha perdía y ganaba votos en paquetes de medio millón).
En
el cuadro azul vemos las provincias que antes hemos destacado, un poco
más abajo Albacete, Cádiz y Málaga que completan casi toda Andalucía a
falta de Almería, que ha sido siempre un radical libre en lo que al PSOE se refiere.
Y en el óvalo granate encontramos hasta veintitrés provincias que son bastante volubles para el PSOE.
Por ejemplo, está todo Castilla y León y casi Galicia, a falta de A
Coruña. ¿Conclusión? El PSOE es un partido mayoritario, pero el
electorado le ha estado premiando y castigando no con mucha sutileza y,
salvo en Andalucía, ha ido perdiendo carácter e influencia.
¿Acaso los partidos tradicionales es verdad que tienen una forma anquilosada de hacer política? Posiblemente. Dejemos claro que si hacia algo está evolucionando la sociedad es hacia lo que se llama 'retail',
sí, incluso en política. Internet nos ha traído el comercio
electrónico, las redes sociales, los anuncios segmentados según pautas
de comportamiento, televisión a la carta o más canales de los que
podamos llegar a asimilar y cada vez más son temáticos y no
generalistas... Es decir, la economía (que mueve el mundo) hace ya
tiempo que se dio cuenta de que había puertas a las que llamar para encontrar clientes.
No estoy hablando de una forma de convencer al electorado aplicando estrategias o tácticas de campañas americanas o británicas. Hablo de ir al votante y esto es algo que la gente de Podemos ha sabido hacer.
No ya solo en la forma de comunicar, sino en quién les pide el voto y
dentro de qué ámbito están actuando. En Comú, Compromís o En Marea (por
muy mala pinta que tenga el experimento) han sabido dar con la tecla de la cercanía.
En
cambio, los partidos grandes aún no han sabido poner en práctica o
potenciar el hecho de que tiene impacto el mensaje segmentado al
votante, hablando de las preocupaciones de su entorno concreto y no del de la generalidad.
(*) Consultor
(*) Consultor
Puig aboga por "la reconquista del orgullo de los valencianos" y desvincular a la Comunitat de "la derrota moral" del PP
CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo
que el Consell va a tener como eje fundamental de su política "la
reconquista del orgullo real de los valencianos" porque "somos buena
gente, trabajadora, honesta, emprendedora, creativa y capaz", por lo que
ha considerado que ha llegado el momento de que se deje de asimilar la
Comunitat Valenciana como "la derrota moral y económica de lo que ha
hecho el Partido Popular".
Puig ha incidido en todos los valores que representan la
Comunitat y, en su visita a la Feria Gastronómica de la Alcachofa de
Benicarló, ha declarado que precisamente, la Comunitat "es
el trabajo de los agricultores para hacer los mejores productos, el
trabajo en todos los ámbitos que llevan a cabo los valencianos, y no
tiene nada que ver con el paradigma de corrupción que ha implantado el
Partido Popular".
En este sentido, ha lamentado la "hipoteca
reputacional" que tiene la Comunitat en estos momentos y que ahora "los
valencianos estamos intentando levantar". Por ello, ha asegurado que no
se puede consentir que "la Comunitat continúe sometida al resultado
final de una política nefasta del Partido Popular", que "ha abusado de
los valencianos, de la buena fe de mucha gente que les ha dado su
confianza y que finalmente han defraudado de una forma terrible", según
ha informado la Generalitat en un comunicado.
Asimismo, Puig ha
reivindicado que "no se va a permitir la discriminación masiva a la que
se le ha sometido a la Comunitat con la infrafinanciación" porque ha
habido "un cóctel letal entre corrupción, mala gestión e
infrafinanciación" y "una parte fundamental ha sido la falta de recursos
por parte del Estado", ha indicado.
Ximo Puig defiende la colaboración institucional para una sociedad más cohesionada
CASTELLÓN.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy
por la colaboración entre las instituciones, como herramienta principal
para conseguir "la mejora de la vida de las personas" en una sociedad
"más cohesionada", tras visitar el Ayuntamiento de Benicarló.
Puig ha asegurado asimismo ser un "convencido" del
municipalismo, ya que ha defendido que desde los ayuntamientos se pueden
llevar a cabo "muchas más acciones que influyan en los ciudadanos que
desde ámbitos más lejanos", informa la Generalitat en un comunicado.
El president ha asistido también a la inauguración de la
Feria Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló, donde ha destacado el
valor de la alcachofa como "símbolo del trabajo de la tierra" de esta
localidad.
"Tradición y modernidad es la esencia de Benicarló, una ciudad con
raíces profundas y la ambición de representar la mejor convivencia en un
espacio en el que todas las personas tengan la oportunidad de tener una
vida digna con trabajo y bienestar", ha manifestado.
Del mismo modo, Puig ha hecho hincapié en la necesidad de ayudar
al sector agrario a modernizarse de la mano de, entre otras acciones, la
creación de un plan agroalimentario valenciano, y ha asegurado la
voluntad de la Generalitat de aunar esfuerzos entre los sectores público
y privado.
Pro-AVE denuncia "la marginación" de la Comunitat en política ferroviaria
VALENCIA.- El presidente de la Fundación Pro-AVE y vicepresidente de FERRMED, Federico Félix,
lamenta que la Comunitat Valenciana sea "la gran marginada de la
política ferroviaria", una situación que "tanto desde la razón económica
como del interés nacional" considera "incomprensible".
Félix denuncia
que la Comunitat está siendo objeto de "serios agravios en proyectos
fundamentales" para su futuro, y cita la "sistemática posposición de la
conexión en alta velocidad entre Alicante y Valencia".
El
problema, añade el presidente de Pro-AVE, "es grave", pues se trata de
conectar dos de las principales áreas urbanas de España, "y lo único que
hay que hacer es finalizar un tramo de unos veinte kilómetros entre La
Encina y Xàtiva y ejecutar ciertas obras de electrificación", que sólo
requiere una asignación presupuestaria de unos 25 millones y
un endeudamiento de Adif de unos 125 millones. "Esta es una vieja
reivindicación de la sociedad civil valenciana, a la que el ministerio
de Fomento ha respondido con promesas siempre incumplidas", ha
lamentado.
Según Félix, el segundo gran agravio" en materia ferroviaria "es la siempre prometida y nunca ejecutada conexión en alta velocidad entre Castellón y Valencia",
un tramo relativamente corto que no sólo uniría a Valencia con el área
urbana de Castellón-Villarreal, sino que conectaría a ésta con el centro
de España, con el que mantiene una fuerte relación económica y
turística. Lamenta la "frustración" que estos incumplimientos genera, y
la "sensación de burla" que producen las dilaciones y la falta de
explicaciones, un agravio comparativo a su juicio con otras regiones.
"Resulta
inconcebible que Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla-la Mancha
tengan todas sus principales ciudades conectadas en alta velocidad, y
Galicia y Castilla-León una buena parte de ellas, y en la Comunidad
Valenciana, la cuarta región en importancia, aún no se visualice el tan
necesario AVE Regional que una las capitales de provincia", añade.
Para Félix, donde más se evidencian estas carencias es en el Corredor Mediterráneo y en la línea Zaragoza-Sagunto,
ya que asegura que en estos casos, además, "es el interés nacional el
gran perjudicado".
"La modernización de la línea Zaragoza-Sagunto,
reivindicada reiteradamente por los gobiernos y el mundo empresarial
aragonés y valenciano, constituye una inversión moderada (inicialmente
de entorno a 50 millones) para su uso en el tráfico de mercancías entre
el Valle del Ebro y el puerto de Valencia, Sagunto", explica.
Esta
infraestructura "no sólo supone mejorar la conectividad entre dos
importantes ejes de desarrollo español (el Mediterráneo y el del Valle
del Ebro), sino un salto en la competitividad de importantes actividades
industriales, como la automovilística, y el refuerzo de la posición de
España en los mercados internacionales".
El
proyecto de mayor impacto, agrega, es el del Corredor Mediterráneo para
el tráfico de mercancías en ancho europeo, y aunque reconoce que a
corto plazo no puede ser una realidad por motivos presupuestarios,
defiende que la implantación del tercer carril, una solución
"provisional", por su coste y rapidez de ejecución, "permitiría disponer
ya de una salida a Europa por ferrocarril".
"La no
ejecución de esta obra constituye un serio quebranto para la economía
valenciana y nacional, al ser este estratégico para conectar en tiempo
récord la economía del Arco Mediterráneo con Europa", advierte.
Dada
la trascendencia de estos proyectos para el futuro de la Comunitat
Valenciana y España, así como la modesta inversión que su implantación
requiere, Pro-AVE exige su "rápida ejecución", y señala que será una
prioridad en sus reivindicaciones mediante una acción conjunta y
coordinada de sociedad civil, responsables públicos y actores
políticos.
Rechazan otra vez investigar por vía penal unas obras ilegales en la Playa de San Juan
ALICANTE.- Un juzgado ha rechazado de nuevo investigar por vía penal la supuesta
permisividad del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Alicante, del PP, con la construcción de un supermercado en la Playa de
San Juan, unas obras que la Justicia declaró ilegales en 2012.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante ha
desestimado el recurso de reforma planteado por los vecinos afectados
contra un auto anterior que decretaba el sobreseimiento provisional de
la causa.
Las diligencias se incoaron a raíz de una querella por prevaricación
presentada por la comunidad de propietarios del edificio Torre Don Juan
contra la exedil de Urbanismo, Marta García Romeu (PP) y un técnico
municipal.
La magistrada ya archivó la investigación el pasado julio en un auto en
el que invocaba el «principio de intervención mínima del Derecho Penal»,
al considerar que «la irregularidad denunciable es corregible en vía
administrativa». Los querellantes recurrirán el nuevo fallo ante la
Audiencia Provincial.
Juzgan al exalcalde de Orxeta (PSPV) por no actuar contra una fábrica ilegal
ALICANTE.- El excalcalde de la localidad alicantina de Orxeta Vicente Llinares
(PSPV) será juzgado el próximo jueves en Alicante por supuestamente
permitir en esta población la instalación y actividad de una fábrica
ilegal de hormigón en una parcela que él mismo había vendido a la
empresa.
La fiscalía solicita provisionalmente para él, por un delito de
prevaricación, un año de cárcel y diez de inhabilitación para cargo
público por unos hechos que se remontan a finales de 1999, cuando el
procesado presidía la corporación municipal.
El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal nº6 de Alicante,
después de que tuviera que suspenderse a mediados de noviembre debido a
la enfermedad de un abogado de la acusación particular.
Además del antiguo primer edil, en el banquillo de los acusados se
sentará el administrador de la empresa, para el que la Fiscalía reclama
dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
Según la calificación provisional del Ministerio Público, el administrador de la firma Hormigones Orxeta SL
instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la
transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.
El terreno consistía en dos parcelas que estaban calificadas como
suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario
carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque
esperaba obtenerla en un futuro próximo "de acuerdo con el alcalde",
relata el fiscal.
De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer
edil por diez millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó
dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.
Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de
mil habitantes ubicada en la comarca de La Marina Baixa entre 1983 y
2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e
incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin
licencia.
Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después
medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que
"incumplió su deber de garante" de la misma y consintió por tanto "las
obras de construcción y la actividad industrial", según el escrito
fiscal.
Un vecino afectado por los trabajos los denunció de forma reiterada,
pero el entonces regidor lo ignoró y, en cambio, promovió un expediente
para reclasificar el terreno a suelo industrial que fue aprobado
provisionalmente por el pleno municipal el 21 de junio de 2000, pero
rechazado después por la Generalitat.
En abril de 2002, Llinares suscribió un convenio con Hormigones
Orxeta SL en el que autorizaba la actividad, que el pleno ratificó en
julio de ese año, pese a que la aprobación definitiva de la
recalificación de suelo se estaba demorando.
La planta de hormigón funcionaba "a pleno rendimiento" a 4 de
diciembre de 2007, fecha en la que un juzgado ordenó su paralización, y,
un año después, el 30 de enero de 2009, seguía en la misma ubicación,
añade la acusación pública.
La Diputación de Alicante dedicará 100.000 euros a huertos urbanos públicos en 2016
ALICANTE.- La Diputación de Alicante dedicará durante 2016 un total de 100.000
euros a crear y mantener huertos urbanos públicos, un fenómeno ya
presente en casi la mitad de los municipios de la provincia.
Desde 2013 la
Diputación ha invertido 300.000 euros a este tipo de huertos, a los que
se suman ahora 100.000 más.
Ubicados en pleno corazón de las
ciudades, estos espacios están destinados al cultivo individual o
familiar y constituyen una nueva dotación pública para los ayuntamientos
contribuyendo no sólo a la plantación ecológica de frutas y hortalizas
sino también al fomento de las relaciones sociales y educativas.
Estos
huertos también suponen un banco de pruebas "idóneo" para aquellos
emprendedores que quieran hacer de la agricultura su modo de vida, por
lo que se configura como un elemento potencial de desarrollo económico y
de generación de empleo.
"Los beneficios de los huertos urbanos
son múltiples tanto desde el punto de vista alimenticio como
medioambiental, social y económico", en palabras del presidente del
gobierno provincial, César Sánchez, del PP, puesto que la agricultura
ecológica que desarrollan es sumamente respetuosa tanto con la
producción de alimentos como con el medio ambiente, la biodiversidad y
la conservación de los recursos naturales.
Las ayudas de la
institución están orientadas a dar apoyo económico a los ayuntamientos
para que puedan asumir tanto el gasto corriente generado por estas áreas
agrícolas como las inversiones necesarias para su desarrollo y
mantenimiento.
La Diputación apoya económicamente la organización
de actividades formativas para los usuarios, así como la compra de
herramientas y la colocación de elementos de señalización para las
dotaciones.
De esta manera, las ayudas de la institución
provincial se traducen en vallados perimetrales y separaciones de
parcelas, en la instalación de acometidas de luz, agua y sistemas de
riego localizado, así como en la construcción e instalación de casetas
de aperos, entre otros fines.
Sánchez ha insistido en que estas
áreas verdes mejoran y vivifican el paisaje de los municipios, y se
convierten en "bellos elementos estéticos que contribuyen también a
reducir la huella del carbono".
Del mismo modo, los huertos
urbanos favorecen la sostenibilidad en las ciudades y suponen un gran
recurso pedagógico para la educación y sensibilización ambiental y
nutricional de los ciudadanos, además de ser lugares de encuentro y
convivencia.
"Los huertos urbanos constituyen una alternativa de
ocio que mejora la salud y la calidad de vida de las personas, aportando
grandes beneficios físicos y mentales, así como la integración social
de personas mayores, y colectivos en riesgo de exclusión", ha incidido
Sánchez.
El PSPV critica la falta de "lealtad institucional" de Montoro por un recorte de 63 millones de euros a la Generalitat
VALENCIA.- El portavoz de Hacienda de los socialistas en las Corts, José Muñoz, ha
denunciado la "ausencia total de lealtad institucional y la manía
manifiesta hacia los valencianos" del ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, tras anunciar el recorte de 63 millones de euros de los
ingresos que su ministerio debe transferir a la Generalitat en
compensación por la deuda generada por el anterior gobierno autonómico
al no aportar a Hacienda las retenciones de los funcionarios de la
Comunitat, según ha informado el PSPV en un comunicado.
En este sentido, Muñoz ha indicado que es "clave y fundamental
para la supervivencia de la Generalitat que tanto Montoro como Rajoy
salgan del Gobierno de España, puesto que están ahogándonos financiera y
económicamente a los valencianos", al tiempo que ha incidido en la
necesidad de conformar un nuevo gobierno de progreso "que permita que
las relaciones entre el Gobierno Central y la Generalitat se vuelvan a
normalizar".
"La larga lista de atropellos a los derechos de los valencianos no hará más que aumentar si permitimos que el PP siga al frente del gobierno", ha manifestado Muñoz, quien ha añadido que esta decisión de Montoro "es la última de una serie de agravíos intolerables hacia la Comunitat que desde el PSPV no vamos a seguir tolerando".
El dirigente socialista ha señalado además que "Montoro debería de ser declarado de forma inmediata persona 'non grata' en la Comunitat" y le ha instado a que "explique a los ciudadanos cómo vamos a pagar a los proveedores o a garantizar la supervivencia de las PYMES valencianas si sus decisiones van únicamente encaminadas a hundir al gobierno de Ximo Puig y a los valencianos por intereses puramente partidistas".
En esta línea, Muñoz ha señalado que la deuda que ahora reclama al nuevo gobierno "fue generada por las irregularidades de Moragues y Fabra, al quedarse las retenciones de IRPF de los funcionarios de la Generalitat que deberían de haber sido remitidas a Hacienda" y le ha recriminado que "mientras a los gobiernos del PP les permitía desarrollar todo tipo de irregularidades financieras y les eximía del pago de las mismas, ahora quiera cobrar todas las deudas del PP al nuevo gobierno por el mero hecho de izquierdas".
"Montoro quiere terminar de ahogar a la Comunitat para responsabilizar a un gobierno de progreso de la ruina cuando el partido que ha dejado una deuda de más de 40.000 millones y quien ha permitido que los valencianos recibamos 200 euros menos per capita que el resto de españoles para servicios básicos ha sido su propio partido con el despilfarro del PPCV; la ineptitud de Rajoy y su complicidad para permitir el saqueo sin exigir explicaciones", ha denunciado.
Muñoz ha dicho también que esta decisión se une a la "persecución constante de Hacienda hacia el gobierno de Ximo Puig" y ha puesto de manifiesto "los innumerables recortes de fondos y exigencias de pago" que ha trasladado al gobierno de la Generalitat desde su llegada a la presidencia el pasado mes de mayo.
"Montoro obligó nada más llegar al poder Ximo Puig a modificar unos presupuestos que había autorizado seis meses antes a Fabra; ha congelado durante meses el pago del FLA que agilizaba al PP y, además, ahora nos pide el pago de 246 millones de euros en concepto de intereses cuando a Fabra le prestaba dinero a tipo cero por ciento", ha apuntado el portavoz socialista, quien también ha indicado que "a ello hay que añadir la intención de Rajoy y de Montoro de que los valencianos asumamos ahora la multa de 18 millones impuesta a España por la manipulación del déficit y por la ocultación de facturas que llevaron a cabo los gobiernos de Camps y Fabra".
"No vamos a tolerar que los valencianos paguemos de nuestro bolsillo más desmanes del PP, puesto que no es nuestra responsabilidad", ha incidido Muñoz, que ha asegurado que "si no es Montoro quien asume el pago de la misma, deberá de ser el PPCV y los responsables de los gobieros de Fabra quienes asuman sus irregularidades".
"La larga lista de atropellos a los derechos de los valencianos no hará más que aumentar si permitimos que el PP siga al frente del gobierno", ha manifestado Muñoz, quien ha añadido que esta decisión de Montoro "es la última de una serie de agravíos intolerables hacia la Comunitat que desde el PSPV no vamos a seguir tolerando".
El dirigente socialista ha señalado además que "Montoro debería de ser declarado de forma inmediata persona 'non grata' en la Comunitat" y le ha instado a que "explique a los ciudadanos cómo vamos a pagar a los proveedores o a garantizar la supervivencia de las PYMES valencianas si sus decisiones van únicamente encaminadas a hundir al gobierno de Ximo Puig y a los valencianos por intereses puramente partidistas".
En esta línea, Muñoz ha señalado que la deuda que ahora reclama al nuevo gobierno "fue generada por las irregularidades de Moragues y Fabra, al quedarse las retenciones de IRPF de los funcionarios de la Generalitat que deberían de haber sido remitidas a Hacienda" y le ha recriminado que "mientras a los gobiernos del PP les permitía desarrollar todo tipo de irregularidades financieras y les eximía del pago de las mismas, ahora quiera cobrar todas las deudas del PP al nuevo gobierno por el mero hecho de izquierdas".
"Montoro quiere terminar de ahogar a la Comunitat para responsabilizar a un gobierno de progreso de la ruina cuando el partido que ha dejado una deuda de más de 40.000 millones y quien ha permitido que los valencianos recibamos 200 euros menos per capita que el resto de españoles para servicios básicos ha sido su propio partido con el despilfarro del PPCV; la ineptitud de Rajoy y su complicidad para permitir el saqueo sin exigir explicaciones", ha denunciado.
Muñoz ha dicho también que esta decisión se une a la "persecución constante de Hacienda hacia el gobierno de Ximo Puig" y ha puesto de manifiesto "los innumerables recortes de fondos y exigencias de pago" que ha trasladado al gobierno de la Generalitat desde su llegada a la presidencia el pasado mes de mayo.
"Montoro obligó nada más llegar al poder Ximo Puig a modificar unos presupuestos que había autorizado seis meses antes a Fabra; ha congelado durante meses el pago del FLA que agilizaba al PP y, además, ahora nos pide el pago de 246 millones de euros en concepto de intereses cuando a Fabra le prestaba dinero a tipo cero por ciento", ha apuntado el portavoz socialista, quien también ha indicado que "a ello hay que añadir la intención de Rajoy y de Montoro de que los valencianos asumamos ahora la multa de 18 millones impuesta a España por la manipulación del déficit y por la ocultación de facturas que llevaron a cabo los gobiernos de Camps y Fabra".
"No vamos a tolerar que los valencianos paguemos de nuestro bolsillo más desmanes del PP, puesto que no es nuestra responsabilidad", ha incidido Muñoz, que ha asegurado que "si no es Montoro quien asume el pago de la misma, deberá de ser el PPCV y los responsables de los gobieros de Fabra quienes asuman sus irregularidades".
EU dice que el PPCV "ha tenido un comportamiento de comando corrupto al frente de las instituciones públicas"
ALICANTE.- Esquerra Unida Alacant ha señalado este domingo que el PPCV "ha tenido
un comportamiento de comando corrupto al frente de las instituciones
públicas en las que ha gobernado", según ha indicado a través de un
comunicado.
Esta formación, que ejerce como acusación popular en el caso
Brugal en las ramificaciones de Alicante, ha expresado su "repulsa ante
las nuevas informaciones aparecidas en medios de comunicación", en
referencia a la Operación Taula, y ha mostrado su "satisfacción al
ponerse al descubierto la trama corrupta generalizada del PP en la
Comunitat Valenciana".
"En los últimos días están aflorando en
multitud de medios y en investigaciones policiales lo que esta
organización política venía denunciando desde hace años, que el Partido
Popular de la Comunitat Valenciana ha tenido un comportamiento de
comando corrupto al frente de las instituciones públicas en las que ha
gobernado", han apuntado.
En este sentido, han destacado que la
diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, fue quien
denunció en Fiscalía "la trama que desencadenó la investigación judicial
y por la que se ha detenido a 24 personas, muchas de las cuales se
encontraban en la dirección del Partido Popular de Valencia, hoy por
hoy, desmantelado desde la dirección de Madrid". "Un sistema instaurado
por el PP en esta Comunidad que desde EU tachamos de puro latrocinio",
han apostillado.
La confianza de los inversores en la Comunidad Valenciana se mantuvo estable en 2015
MADRID.- La confianza del
inversor español ha bajado en el último trimestre de 2015 debido a las
dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica, y el 53 % de los
inversores prevé que la crisis no termine hasta el 2020, según el índice
de confianza que elabora J.P. Morgan Asset Management.
Ese indicador sitúa la confianza de los inversores españoles en 0,14
puntos entre octubre y diciembre del año pasado, y suma así dos
trimestres consecutivos de descensos.
No obstante, el índice se encuentra en terreno positivo desde el
cuarto trimestre de 2014, casi dos años y medio después de haberse
situado en negativo durante toda la crisis.
La incertidumbre de los inversores españoles se refleja sobre todo en
el enfriamiento de las expectativas en torno a la mejora de la economía
y su fortaleza, así como en la volatilidad de los mercados.
El 53 % de los encuestados todavía considera que el fin de la crisis
se producirá dentro de más de cuatro años, y el 27 % estima que el PIB
bajará en los próximos seis meses, un porcentaje que es cinco puntos
superior al que se registró en el tercer trimestre.
Sin embargo, las señales que refleja este índice son variadas, ya que
por otro lado hay un mayor optimismo sobre la evolución de la bolsa
española y el 30 % de los encuestados cree que subirá en los próximos
seis meses, frente al 27 % que mantiene su fe en las bolsas europeas.
Los mercados emergentes y la Bolsa japonesa son los que suscitan menos optimismo sobre futuros avances.
En cuanto a los productos donde piensan invertir los españoles en el
próximo semestre, continúa el avance de los activos de ahorro a largo
plazo, frente a los depósitos o libretas de ahorro.
El indicador señala que ha aumentado en casi cuatro puntos los
inversores que centran su atención en los fondos de inversión, renta
variable o fija y planes de pensiones, que suponen el 21 % del total.
Por otra parte, el índice de confianza de J.P. Morgan también mide de
forma semestral las expectativas de los inversores en las siete
comunidades autónomas más representativas y señala que Andalucía y
Aragón fueron las más optimistas entre julio y diciembre del 2015 y
Cataluña y Castilla y León, las más pesimistas.
En Andalucía, la confianza de los inversores mejoró en el segundo
semestre del año pasado y el indicador se situó en 1,6 puntos, cuatro
más que en la primera mitad del año.
En sentido contrario, en Castilla y León se registró un gran
deterioro y la confianza retrocedió 3,2 puntos y cayó hasta el -1
situándose en niveles de hace tres años.
También en Cataluña, el índice de confianza se situó en terreno
negativo entre julio y diciembre de 2015, después de haberse mantenido
un año y medio en positivo.
Por otra parte, mientras en la Comunidad Valenciana y en Madrid la
confianza de los inversores se mantuvo estable, en el País Vasco bajó
hasta 0,1 puntos, frente a los 2,8 que registro en el primer semestre
del año pasado.
La confianza de los inversores vascos supone el mayor retroceso de las comunidades consideradas en el estudio.
En Galicia, el índice baja hasta 0,5 puntos pero la confianza
continúa en valores positivos y completa dos años por encima de cero.
La encuesta de confianza de J.P. Morgan se ha realizado sobre una
muestra de 1.421 entrevistas a inversores españoles de más de 30 años y
que son consumidores de productos de ahorro e inversión como acciones,
fondos, letras del Tesoro, Bonos del Estado o depósitos.
La abrupta caída del petróleo ensombrece Argelia
ARGEL.- La abrupta caída de los precios del crudo y sobre todo la perspectiva de que no se van recuperar a corto y medio plazo los niveles anteriores ha dibujado un halo de pesimismo en el rostro de los argelinos, cada día más preocupados por el futuro del un país.
Tras décadas acostumbrados a las generosas y casi omnipresentes
subvenciones estatales, las políticas de austeridad adoptadas por el
actual gobierno y la subida de los precios de productos básicos, como
los carburantes, hacen cada día más difícil a las familias llegar a fin
de mes.
Y también al actual régimen mantener una economía paternalista
plenamente dependiente del petróleo, que supone más del 97 por ciento de
los exportaciones de un país que apenas produce nada y que se ha
acostumbrado a consumir productos extranjeros, ahora cada vez más caros.
Expertos apuntan a que esta es solo la punta del iceberg de un
problema que probablemente será mayor en un par de años, cuando de
verdad se vean los efectos en la recaudación estatal de la bajada del
petróleo y se dispare el déficit.
Citados por medios locales, esos analistas subrayan que 2016 ya va
ser especialmente duro para los argelinos, afectados por el nuevo
presupuesto general del Estado, elaborado sobre la base de un precio de
referencia del barril de petróleo de 37 dólares.
Los citados presupuestos, aprobados el pasado 30 de diciembre, prevén
el aumento de los precios en diferentes carburantes entorno a un 40 por
ciento.
Para los argelinos, los taxis y otros transportes son ahora mucho más
caros, pese a que el Gobierno había asegurado que los precios se
mantendrían.
Sentado dentro de su coche, Said espera a los clientes y explica que
antes solía llenar el tanque por 1.300 dinares (11,18 euros), un precio
que ahora se eleva a 1.700 (14,62 euros).
También otros servicios básicos como el agua y la electricidad se han
encarecido en torno a un 7 por ciento en el primer caso y entorno al 17
por ciento cuando el consumo se eleva por encima de los 125
Kilowatios/Hora (KWH).
"Creo que la gente va a protestar cuando pase un trimestre, en ese
momento va descubrir la diferencia del precio respecto a facturas
anteriores", auguró un economista que prefirió no ser
identificado.
Argelia ya sufrió un conato de protestas sociales en 2011, al rebufo
de las revueltas similares que estallaron en países vecinos como Túnez o
Egipto.
Pero entonces el gobierno pudo "comprar la paz social" con una mezcla
de cierta represión policial y un programa de desarrollo económico, con
aumento de los salarios y otras medidas parecidas que pudo poner en
marcha gracias a la robustez del mercado petrolero.
Una táctica que los expertos creen que ahora tiene más difícil
repetir en caso de que el malestar y las protestas vuelvan a las calles.
El propio gobernador del Banco de Argelia, Mohamed Laksaci, ha
advertido del fuerte deterioro de las finanzas públicas, sobre todo de
la reserva de divisas, que han descendido en 32 millones de dólares
entre septiembre de 2014 y julio de 2015, pasando de 185.000 millones de
dólares a 152.000.
Además, la balanza comercial aumentó su déficit desde el principio
del año pasado porque el país importa prácticamente todo lo que consume.
Expertos en economía local calculan que el país puede sostenerse en
sus actuales reservas tres o cuatro años, un tiempo durante el cual
Argelia debe aprovechar para diversificar las inversiones y reformar el
mercado de trabajo, en el que el gobierno es aún el principal empleador.
En este ambiente, el Ejecutivo ya ha empezado a tomar algunas medidas
de cara a un futuro que se pronostica agitado, como el lanzamiento de
una nueva campaña de reclutamiento en el seno de la Policía Nacional.
Una decisión adoptada poco después de que estallaran las primeras
protestas en ciudades orientales como Tigzirt, Setif y Batna, donde
cientos de ciudadanos salieron días atrás para exigir la mejora de sus
condiciones de vida y poder adquisitivo.
La última de estas ciudades ya fue escenario de los primeros
disturbios y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los
que murió una anciana a causa de inhalación de gases lacrimógenos
mientras que otras 71 personas resultaron heridas.
La institución Ferial Alicantina (IFA) podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat
VALENCIA.- Feria Valencia podría convertirse en el mayor escándalo de
corrupción del PP en la Comunitat. Así lo ha anunciado el portavoz de
Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, así como las
diputadas Concha Andrés y David Cerdán, que han comenzado a elaborar el
plan de trabajo de la Comisión de Investigación solicitada por el PSPV
sobre las instituciones feriales valencianas “y los numerosos indicios
de malversación de fondos públicos, sobrecostes y corrupción que
envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina
(IFA)”.
En este sentido, Muñoz ha indicado que “todavía no se ha
conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat”. En
este sentido, el portavoz en la comisión, José Muñoz, ha señalado que
todavía no se ha conocido “el mayor escándalo de corrupción del PP en la
Comunitat, puesto que todos los incididos apuntan a que de nuevo
volveremos a ser noticia por otro caso de saqueo de fondos públicos por
parte de los dirigentes del PPCV”, según ha informado el PSPV en un
comunicado.
Además, ha insistido en “la necesidad de que esta comisión sirva para
conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en
Feria Valencia como en IFA, así como depurar las responsabilidades de
quienes ordenaron y encabezaron un entramado que ha dejado más de mil
millones de deuda para las arcas valencianas”. Así mismo, Muñoz ha
lamentado que “tal y como aseguraban algunos dirigentes ‘populares’, la
fiesta de la corrupción en el PP no se acabe nunca” y ha puesto en
valor las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros
socialistas “que durante años denunciaron los sobrecostes y las
irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita
Barberá, estaba llevando a cabo”.
En este sentido, ha insistido en “lo sorprendente y lamentable que es
tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las
administraciones y entidades que presidía o controlaba” y se ha referido
a “los numerosos escándalos” que envuelven a dos entidades “que se
nutrieron de dinero de todos los valencianos, pero que se sirvieron de
su naturaleza jurídica privada para evitar los controles públicos
durante años, dilapidar las arcas públicas, y que emplearon su
connivencia con los dirigentes del PP para ocultar y perpetuar su
entramado corrupto”, ha destacado. Muñoz y los diputados Concha Andrés y
David Cerdán han denunciado que “la cueva oscura en la que se
convirtieron las instituciones feriales ha dejado en total 1.097
millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que
pagar entre todos”.
Además, han incidido en que su trabajo se centrará en descubrir y
depurar responsabilidades de las personas que “al tiempo que saqueaban
las arcas públicas y dejaban en la calle a más de 100 trabajadores en un
ERE, aprobaron una macroampliación con 300 millones de sobrecostes -86
por ciento más- sin justificación o camuflados en facturas falsas; o que
gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la alcaldesa entre
los que se encuentran bolsos, fulares o cheques regalos de importantes
marcas y boutiques”.
“La gestión en las entidades feriales es el anti-ejemplo de una
gestión eficaz y honrada”, ha apuntado Muñoz, quien además ha recordado
que “la Fiscalía Anticorrupción también investiga a Feria Valencia por
su vinculación con la red Gürtel y la financiación ilegal del PPCV a
través de dos facturas por valor de 1’2 millones a Orange Market; así
como por el uso indiscriminado de cuatro tarjetas ‘black’ por parte de
sus principales dirigentes con las que se pagaron inusuales viajes a
Costa Rica, Shangai, Zurich o el Moulin Rouge”.
“Quizás el PP insistió tanto en negar hasta tres comisiones de
investigación en las entidades feriales porque sabía que lo que ellos
defendían como conjeturas y condicionales eran auténticos casos de
corrupción de dimensiones hasta ahora desconocidas”, ha reiterado el
dirigente socialista, quien ha recordado que la investigación también se
extenderá a la deuda de hasta 70 millones de IFA, así como al
incremento de hasta un 600% en los gastos de mobiliario; las
sorprendentes facturas de hasta 118 millones en publicidad o los 22
millones que se destinaron a viajes “que curiosamente coinciden con
Navidad o puentes festivos”. Por todo ello, el grupo socialista ya está
elaborando un plan de trabajo en el que exigirán la comparecencia tanto
de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta del
patronato; así como de los presidentes de las entidades, o la
exdirectora general de Feria Valencia Belén Juste entre otros. “No vamos
a permitir que sigan quedando indemnes quienes autorizaron y se
lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los valencianos para
llenar los bolsillos de unos pocos”, ha sentenciado Muñoz antes de
lamentar que “en lugar de favorecer las relaciones empresariales
valencianas y alicantinas, las ferias se hayan utilizado para manchar y
lastrar todavía más nuestra imagen”.
Desde el PSPV también han lamentado la “connivencia” manifiesta entre
los dirigentes de Feria Valencia con el PP y han señalado que “mientras
este saqueo se llevaba a cabo y se saqueaban las arcas públicas, desde
la entidad ferial se permitió que el PP dejase sin abonar el pago de más
de medio millón de euros por la celebración del Congreso Nacional de
2008 en el que Mariano Rajoy fue elegido presidente y que fue gestionado
por el propio Bárcenas”.
El PSPV advierte: "Todavía no se ha conocido el mayor escándalo del PP"
VALENCIA.- El portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz,
advierte de que "todavía no se ha conocido el mayor escándalo de
corrupción del PP en la Comunitat", a la espera del resultado de la
comisión de investigación de las Instituciones Feriales.
Muñoz, junto a las diputadas Concha Andrés y David Cerdán,
ha comenzado a elaborar ya el plan de trabajo de la Comisión de
Investigación solicitada por el PSPV sobre las instituciones feriales
valencianas, ante los "indicios de malversación de fondos públicos,
sobrecostes y corrupción que envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina (IFA)".
En
un comunicado, Muñoz se muestra convencido de que "todavía no hemos
conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat, puesto
que todos los incididos apuntan a que de nuevo volveremos a ser noticia
por otro caso de saqueo de fondos públicos por parte de los dirigentes
del PPCV".
Ha insistido asimismo en la necesidad de que esta comisión sirva para "conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en Feria Valencia como en IFA",
así como "depurar las responsabilidades de quienes ordenaron y
encabezaron un entramado que ha dejado más de mil millones de deuda para
las arcas valencianas".
El diputado
socialista ha lamentado que "tal y como aseguraban algunos dirigentes
populares, la fiesta de la corrupción en el PP no se acaba nunca", y ha
destacado las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros de
partido "que durante años denunciaron los sobrecostes y las
irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita
Barberá, estaba llevando a cabo".
En
este sentido, Muñoz ha insistido en "lo sorprendente y lamentable que
es tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las
administraciones y entidades que presidía o controlaba". Según señala,
"la cueva oscura en la que se convirtieron las instituciones feriales ha
dejado en total 1.097 millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que pagar entre todos".
Ha
incidido además en que su trabajo se centrará en descubrir y depurar
responsabilidades de las personas que además de "saquear las arcas
públicas y dejar en la calle a más de 100 trabajadores en un ERE,
aprobaron una macroampliación con 300 millones de
sobrecostes (86 % más) sin justificación o camuflados en facturas
falsas; o gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la
alcaldesa de importantes marcas y boutiques".
El
grupo socialista ya está elaborando un plan de trabajo en el que
exigirán la comparecencia tanto de la exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, como presidenta del patronato; así como de los presidentes de
las entidades, o la exdirectora general de Feria Valencia, Belén Juste,
entre otros. "No vamos a permitir que sigan quedando indemnes quienes
autorizaron y se lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los
valencianos para llenar los bolsillos de unos pocos", ha sentenciado
Muñoz.
Los juzgados de la Comunitat tienen "en juego" 1.300 millones de euros
VALENCIA.- Los juzgados españoles tienen "en juego"
más de 40.000 millones de euros, según ha explicado el decano de los
jueces valencianos, Pedro Viguer, quien advierte de la
trascendencia de la eficiencia judicial sobre el sistema económico, como
responsable de posibles "nudos en la tubería del flujo económico".
Viguer explica que sólo en las
cuentas de consignación de la Comunitat Valenciana se registraron el año
pasado movimientos cercanos a los 1.300 millones de euros,
la mitad de ingresos y otro tanto en salidas, todo ello a pesar de que
en estas cuentas se ingresan porcentajes mínimos de los importes que son
objeto de litigio.
"Si no somos
capaces de resolver estos litigios en un plazo razonable la Justicia se
convierte en un obstáculo para la economía, y eso es algo que obviamente
tienen muy en cuenta los inversores extranjeros", señala
Viguer. Además, añade, "el retraso excesivo puede provocar incluso el
hundimiento o la desaparición de una empresa, por lo que una reclamación
en vía civil puede derivar en concurso de acreedores o reclamaciones en
los juzgados de lo social".
Por este
motivo, considera necesaria "una apuesta verdadera por la justicia en
este país", y señala a la cifra de jueces en España como uno de los
puntos clave. "Si en Europa hay unos 21 jueces por cada 100.000
habitantes de media, en España tenemos unos 11, y en la Comunitat Valenciana entre 9 y 10, de modo que estamos por debajo incluso de la media nacional", explica.
Por
otra parte, Viguer lamenta el "escaso recorrido" de las 58 medidas
contra la corrupción que medio centenar de jueces decanos plasmaron el
pasado mes de diciembre en el documento "Reflexiones para la reforma del
proceso penal y la lucha contra la corrupción". Ante la "sospecha
generalizada sobre la gestión de lo público", los jueces decanos
reclamaron la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de
corrupción, agravar las penas de delitos como tráfico de influencias o
prevaricación o la revisión de la figura del aforado.
"Eran medidas concretas,
algunas de ellas no requerían más que ligeras modificaciones en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, pero al contrario de lo que esperábamos, se
han planteado otras medidas que obstaculizan el trabajo judicial, como
la limitación de los plazos de instrucción, que no se comprenden entre
quienes conocemos los procedimientos en el día a día", señala
Viguer. "Esta reducción de plazos no tiene sentido cuando determinados
trámites, como una comisión rogatoria o la solicitud de un análisis de
ADN, pueden demorarse durante meses", agrega.
Sin
embargo, el decano de los jueces valencianos subraya el "papel
relevante" que el poder judicial ha tenido en los últimos años a la hora
de "llamar la atención sobre determinadas prácticas que no estaban
siendo muy adecuadas" en relación a deudas, procesos hipotecarios o
productos financieros complejos. "Desde 2013 han entrado en los juzgados
de Valencia unos 13.500 asuntos relacionados con productos financieros,
alrededor de 9.500 sobre acciones y 4.000 sobre preferentes, lo cual ha
supuesto un contratiempo enorme para los juzgados", explica Viguer.
Así,
los juzgados de Primera Instancia se han reforzado con cinco jueces,
que en el último trimestre de 2015 han emitido 500 sentencias. "Es
cuestión de meses que podamos dar una salida razonable a esta
acumulación de asuntos. En un año se han emitido aproximadamente unas
5.000 sentencias entre los 22 jueces de Primera Instancia y los cinco
refuerzos, y el volumen de trabajo ha quedado reducido a menos de la
mitad", reconoce el juez decano.
En este sentido, Viguer considera necesario "dar un impulso a la Ley de Segunda Oportunidad" que "juega un papel importante en países vecinos" desde la perspectiva del control judicial como garante de la buena fe.
En
los últimos meses, el Decanato de los jueces de Valencia ha elaborado
la primera guía nacional para la aplicación del Estatuto de la Víctima
-que entró en vigor el pasado mes de octubre- para delimitar las
funciones de todos los profesionales que intervienen en la atención a
las víctimas y lograr que "los órganos judiciales sean de acogida,
asesoramiento, protección y asistencia".
"Estamos satisfechos con la acogida de este tipo de iniciativas. Los juzgados de Valencia fueron pioneros en
julio de 2014 en la implantación de un sistema para evitar
confrontaciones visuales entre víctimas y acusados que posteriormente ha
quedado reconocido como un derecho explícito para las víctimas", en el
citado Estatuto, concluye.
No quito ni pongo rey, pero... / Ramón Cotarelo *
...ayudo a mi señor."
La
complejidad alcanzada por el sistema de partidos tras las elecciones de
20D va a dar para mucha cábala. Mucho fino análisis. Mucha sardina
arrimada a la propia ascua. Mucho sondeo interpretado con cándida
intencionalidad. En fin, algún contertulio saldrá del programa en una
camisa de fuerza.
Como en los graves momentos de la historia patria, El País
interviene con un editorial producto de su profunda identificación con
la estabilidad de esta monarquía parlamentaria, y con formulaciones
verdaderamente audaces: El PSOE no es la CUP.
La idea del diario parece ser advertir de ello a Pedro Sánchez que, si
lo ignora, debe de ser el único en todo el país. La advertencia se
estructura en una cadena de razonamientos, sentados como verdades
incuestionables pero que son altamente cuestionables. Se parte del
supuesto de que el propósito de Sánchez de someter a consulta a las
bases del partido la posible coalición es un disparate producto de sus
lamentables errores que el diario refuta minuciosamente.
El
primero es tratar de imitar a Podemos. Un error, no porque consultar
esté mal, sino porque, según el editorialista, Podemos lo dice, pero no
lo hace, sino que recurre a unos rituales controlados por la dirección
leninista. Esto no es un error; es un juicio de intenciones del
editorialista.
El
segundo es que se trata de un golpe de efecto y un intento de vencer a
los barones. Que sea un golpe de efecto o no, no quiere decir nada
respecto a la justificación de la medida considerada errónea, y que
Sánchez quiera ganar por la mano a los barones es lógico. O ¿ha de
entenderse que, como son los barones, él debe dejarse gobernar y
adaptar su criterio a lo que se le imponga?
Error
es también por cuanto el recurso a las bases, populista por definición,
revela problemas de liderazgo dentro de la categoría de "políticos
mediocres". Ni se le ocurre al editorialista que quizá los problemas de
liderazgo sean mejores para el interés general que el liderazgo sin
problemas. Un ejemplo bien a mano, el sólido liderazgo de los cuatro
inenarrables años de Rajoy. Y en cuanto a la categoría de "políticos
mediocres" pues, en fin, el mismo caso viene al pelo.
Igualmente
erróneo es ocultar estos planes a los barones y saltarse, dice el
editorial, "a la torera" las reglas del juego democrático del partido.
Suponiendo que la idea no se le haya ocurrido en el último momento (sin
que ello vaya en detrimento de su calidad), lo que haría irrelevante la
intervención de los barones, lo de saltarse "a la torera" las reglas de
juego es afirmación cuyo contenido de verdad descansa exclusivamente en
el empleo del sintagma "a la torera". Las tales reglas del juego vienen
en los estatutos y estos son susceptibles de tantas interpretaciones
como personas ocupen los cargos.
Sánchez
reincide en el error por ignorar un hecho que el editorialista enuncia
como incontrovertible, esto es, que el PSOE es más un partido de
electores que de militantes. Por supuesto, la distinción no quiere decir
nada a nuestros efectos. Desde el momento en que los partidos se
mantienen gracias a la financiación pública cuya cuantía se mide por la
cantidad de votos y no de afiliados, lo que los partidos quieren son
electores, no militantes. Pero mientras los electores no puedan
identificarse como electores de un partido, las decisiones sobre este
las tomarán los militantes, lógicamente. Consultarlos no es una demasía.
Lo
errores se trasladan del orden teórico al práctico. Sánchez, según
parece, no se ha enterado de que las elecciones del 20D no han dado una
mayoría clara de izquierdas ni de derechas. Como con los errores, si no
se ha enterado, debe de ser el único del país y es de suponer que
alguien le habrá informado. Un tertuliano, por ejemplo, siempre en la
pomada.
Error es igualmente pasarse de simpático en la vida. A El País
le parece irresponsable ese propósito de ir tendiendo la mano "a
derecha y a izquierda". En fin, supongo que para eso tiene dos. El
diario, sin embargo, insiste en que es un error porque Iglesias y Rivera
no se tragan. Cada vez las reflexiones son más profundas. Yo no sé si
alguien habrá encontrado alguna vez en la naturaleza un animal con unas
tragaderas más grandes que las de los políticos.
Pero
el error definitivo, el que llevará al suicidio a Sánchez si lo comete,
es no seguir los sabios consejos de Felipe González, dios menor tutelar
del diario que le dio hace poco cancha en una entrevista para exponer
su pensamiento. Un juicio salomónico: que ninguno de los partidos
dinásticos sea un obstáculo para que el otro gobierne. Así, sin más,
tercera vía de concordia.
Ignoro
qué entenderá González por "gobernar". Apuesto algo a que el resto de
los mortales entendemos "aplicar un programa". Corresponde a los
socialistas demostrar a su antiguo secretario chino y actual jarrón
general por qué deben gobernar ellos y aplicar su programa. No es mi
tarea.
Mi tarea es poreguntar González, como ha hecho, Iñaki Gabilondo
si él cree que se debe dejar gobernar otros cuatro años al Rajoy de los
sobresueldos y el partido imputado en un proceso penal. Y preguntar,
algo más allá, si cree que el gobierno del PP es un gobierno y el PP un
partido. O son otra cosa, procesalmente hablando. Y, aun más allá: si
conoce cómo las está pasando la gente, si tiene idea de los indicadores
de desigualdad, pobreza, miseria, emigración, etc.
Propiciar
que este gobierno arbitrario, injusto, abusivo, autoritario, corrupto,
expoliador siga campando por sus respetos otros cuatro años sí que es un
error. No hace falta un editorial para verlo. Basta con abrir los ojos.
El Tribunal Constitucional,
ministerio del gobierno español
El
gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo
con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu,
su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del
ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a
anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una
declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal
declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus
consecuencias han de ser nulas.
En
efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en
principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia,
como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo
catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el
marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según
inveterado proceder imperial.
Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.
Alguien
podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un
problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a
los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden
solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos
en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años
80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal
Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y
los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de
resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.
Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.
Y
era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional
no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los
problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una
estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto
por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su
actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del
gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función
es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es
quien lo puso en donde está.
O
sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso
político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la
Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la
competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad
hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la
parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias,
etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela
autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino
solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio:
por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los
catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir
este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan
alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino,
simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un
sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a
nadie un ápice de sentimiento nacional.
Por
tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir
por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un
engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción
judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como
magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como
podrían hacer los militares o la guardia civil.
Y
eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y
hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el
extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar”
falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función
del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como
“tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.
Quede
claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una
decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno
de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del
Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso
a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y
eso es lo que hay que denunciar.
Nada nuevo bajo el sol valenciano / La mirada del almogavar
Lo vivido esta semana en Valencia no suena a nuevo, en absoluto. La corrupción rampante
en el PP era cosa más que sabida. Otra cosa es la oportunidad política
de su revival mientras se negocia la formación de un nuevo gobierno a
nivel nacional. Todo esto ha sido necesario para recordar a Albert
Rivera y Ciudadanos que el PP de Rajoy es una estructura corrupta
tanto en Madrid como en Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana.
Es
decir, casi en toda España y con pocas excepciones. Sólo así, el joven
catalán tendrá muy difícil cambiar su mensaje de campaña y apoyar ahora
un nuevo gobierno con Rajoy a la cabeza. Las encuestas comienzan a
pasarle factura por decir diego donde dije digo mientras el riesgo de su
desaparición se acentúa en caso de nuevas elecciones.
Quien
es Rus se sabía. Que la jefa es Rita se sabía. Que la estructura del PP
de Valencia es tan corrupta, o más, que las de Castellón o Alicante, se
sabía. Que el PP en la Comunidad Valenciana ha quedado reducido
prácticamente a una banda mafiosa de poca monta tras su impresionande
derrota electoral del pasado mayo, se sabía.
Ahora sólo queda que la
Judicatura asuma su papel constitucional y deje fuera de la Ley una
estructura que choca con el Estado de derecho y con el sistema
democrático. Sólo así obligará a su refundación -que no refundición- y
dejará a quienes han conducido el PP valenciano a esta situación inermes
ante los tribunales de justicia, que ahora tienen que jugar su papel en
defensa de toda la sociedad valenciana.
Es
ésta una oportunidad, no para la vendetta política, y sí para la
regeneración de la democracia regional tras el paso por ella de
indeseables como Rus, Camps, Blasco, Consuelo Císcar... y toda la
cohorte que les ha jaleado y seguido. Nunca más esta clase de gentuza en
la vida pública valenciana. Y es la hora de que los aforados también
sean desenmascarados y renuncien a sus escaños en favor de esa
regeneración pública que es tan urgente como necesaria e indispensable.
Rita
Barberá y Gerardo Camps no deben parapetarse ni un minuto más en su
condición de privilegio ni el juez de guardia actuar cohibido ante la
envegadura de lo que tiene delante, después del esfuerzo y valentía de
los fiscales anticorrupción y de la Guardia Civil. La operación ni puede
abortarse ni quedar inconclusa por pura exigencia de esa sociedad
valenciana que ya no admite más contemplaciones.
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