MADRID.- El abogado responsable de la querella presentada contra la antigua cúpula de Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), Diego de Ramón, ha solicitado al Banco de España que remita a la Audiencia Nacional todos los expedientes disciplinarios abiertos contra los exdirectivos de la entidad por los presuntos delitos penales que podrían derivarse.
En su escrito, el citado abogado pide al organismo supervisor que traslade "todas las actuaciones" realizadas contra los directivos de la caja alicantina desde 2008 al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, que tramita la querella contra ellos desde el pasado mes de noviembre.
El abogado indica que de los 49 expedientes sancionadores abiertos contra la cúpula y los miembros del consejo de administración y control de la CAM se derivan "graves irregularidades" que ocasionaron pérdidas de 2.713 millones de euros, entre las que se encuentran la concesión de 1.687 millones de euros en créditos sin garantías.
El letrado advierte al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al director general de Supervisión del organismo, Jerónimo Martínez, que como funcionarios públicos están obligados por ley a denunciar ante la Justicia los presuntos hechos delictivos derivados de sus investigaciones.
La pasada semana, el Banco de España abrió un expediente disciplinario a la cúpula de la CAM, que podría afectar tanto a los exdirectores generales como al consejo de administración. El organismo intervino la caja alicantina por sus graves problemas de solvencia el pasado 22 de julio, y cesó a su consejo de administración. Posteriormente, destituyó a la directora general, María Dolores Amorós.
De Ramón pide así al Banco de España que solicite al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que llame a declarar a Amorós, así como al entonces presidente, Modesto Crespo, y al resto de miembros de consejo de administración de la caja alicantina.
El abogado recuerda que los directivos de la entidad intervenida por el Banco de España incurrieron en una presunta estafa al comunicar beneficios cuando presentaban pérdidas de 2.713 millones de euros al cierre de 2011. El querellante recuerda que "de haber dicho la verdad" los clientes de la caja no habrían invertido su dinero en las cuotas participativas, que ahora carecen de valor.
Además, el abogado considera que incurrieron en un presunto delito de falsedad documental al no reflejar las pérdidas en los informes de cuentas presentados ante el Banco de España, así como en un presunto delito societario al ocultar estos resultados a parte de los órganos constitutivos de la CAM.
Por otro lado, en el escrito se acusa a los antiguos directivos de la entidad de presunto abuso de poder y apropiación indebida por los sueldos millonarios y las pensión vitalicias que se otorgaron.
Además, el abogado considera que se produjo dejación de funciones en el control de la CAM por parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Finanzas Valenciano y la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana.
Los siete directivos que permanecieron al frente de la CAM tras la intervención de la entidad percibieron 2,372 millones de euros brutos en metálico durante 2011, incluyendo a la exdirectora general, que fue despedida el pasado 28 de septiembre. Estos directivos recibieron un sueldo de 2,332 millones de euros, más 15.470 euros que percibieron en dietas y 14.400 euros en otros conceptos. El supervisor adjudicó la caja a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.
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