100 días para cambiar de estrategia

ALICANTE.- El pasado 19 de julio, hace 100 días, el recién elegido presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, aprovechó su discurso de investidura para tender la mano al Consell tripartito de izquierdas con el lema acuñado por la propia Generalitat: «Tots a una veu», recuerda hoy El Mundo. 

Después de cuatro años en los que el anterior presidente, César Sánchez (también del PP), optó por la confrontación en los juzgado que tan buenos réditos le dio, Mazón cambió de estrategia: «Mi mano alicantina será firme en la defensa de los intereses de la provincia pero mi mano valenciana queda oficialmente tendida para hacer más Comunidad», le dijo a Ximo Puig.

Mazón pidió ala presidente de la Generalitat un «cambio de dirección» con la retirada de «las armas que hay encima de la mesa» -las leyes autonómicas «contrarias a la provincia de Alicante» como los decretos sobre Turismo, las Mancomunidades, los servicios sociales o los relativos a la imposición lingüística- para sentarse hablar. Pero a su vez, y a cambio, le pedía que se fijase fecha y hora para hablar. Y así fue. El 5 de agosto se reunió con Mónica Oltra, el 3 de septiembre con Puig y 1 de octubre con Rubén Dalmau. Las cartas ya están encima de la mesa.

El Tribunal Constitucional da vía libre a la Ley de Mancomunidades

A finales de septiembre el pleno del Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana al entender que no vulnera la autonomía provincial al no excluir la colaboración con otros entes locales. Caía así una de las armas sobre la mesa a las que se refería Mazón, pero precisamente en contra de lo vaticinado por el PP que interpuso el recurso en el alto tribunal. Según la sentencia, la Generalitat ostenta la competencia en el ámbito local y da prioridad a la colaboración entre diputaciones provinciales y mancomunidades de ámbito comarcal. La lectura del propio Mazón en una entrevista concedida a EL MUNDO fue que el TC había reforzado el papel de las diputaciones: «El objetivo de esa acción judicial era doble. Primero aclarar si esos artículos eran constitucionales o no, pero en cualquier caso, el fundamental, salvaguardar las competencias de la Diputación y el principio constitucional de la autonomía provincial. Y en ese sentido, en el cuerpo del auto, sale reforzada la posición de la Diputación», dijo. 

Competencias impropias en Salud Mental. Primeros cimientos.

El primero de los encuentros con la Generalitat, en este caso con la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), versó sobre las competencias impropias que desarrolla la Diputación (con su dinero) en materia de Salud Mental.Tras 45 minutos, se acordó que el Consell se haga cargo progresivamente de las competencias impropias que el ente provincial viene asumiendo desde hace décadas y que suponen un perjuicio para las arcas provinciales en casi 200 millones de euros desde entonces por los pagos los servicios de teleasistencia, el Hogar Provincial y el Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo. A cambio, la Diputación se comprometía a asumir atribuciones de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos que supone, entre otras cosas, que el ente provincial financie los servicios sociales de base en municipios con una población menor a los 20.000 habitantes, lo que viene a suponer un 21 o 22 % de la población.

Una comisión mixta para tratar todos los puntos de fricción entre ambas administraciones que todavía no se ha creado.

En la reunión bilateral con Ximo Puig a principios de septiembre, Mazón consiguió que ambas administraciones creasen una «comisión mixta, con carácter permanente y transversal, que se creará para abordar y consensuar este mandato asuntos de interés común entre ambas instituciones, proyectos de ley, iniciativas y líneas de trabajo de las diferentes consellerias en materias como bienestar social, sanidad o infraestructuras». Era el modo de quitar de la mesa el resto de las «armas» de las que habló en su discurso de investidura. Por el momento no se ha creado dicha comisión pero fuentes de la Diputación afirman que ya ha habido contactos para su configuración. Puig, como contrapartida, anunció que impulsará una iniciativa legislativa que permita otorgar rango de ley al Fondo de Cooperación Municipal, con el fin de consolidar este mecanismo de financiación de la administración local para todos los ayuntamientos y garantizar la concesión con criterios objetivos. Un fondo que el antecesor de Mazón soslayó mediante el uso de los remanentes para la adjudicación inversiones financieramente sostenibles. Era el modo de proceder a la inversión y mantener contentos a los ayuntamientos propios y ajenos pero no como quería el Consell, que desde el inicio de la legislatura anterior había anunciado el derribo progresivo y controlado de las diputaciones provinciales. 

Turismo, campo de pruebas de la nueva colaboración.

Si Mazón se guardó para su gestión directa la competencia de Turismo, este es el campo de pruebas de la futura colaboración entre Generalitat y Diputación. La semana pasada ambas administraciones pusieron en marcha la mesa de coordinación turística que, en torno a cuatro ejes, «tiene el objetivo de compartir estrategias y metodologías y de aunar esfuerzos en la promoción y defensa del sector turístico de la provincia».

La gran emergencia: La DANA de septiembre.

El mayor problema con el que se ha encontrado el nuevo equipo de Gobierno durante estos 100 días fue la gestión de los daños producidos por la DANA de septiembre, donde la institución provincial acaparó todo tipo de elogios por su rápida y contundente respuesta. Otra cosa fue la gestión política de lo sucedido. Los agricultores y regantes de la Vega Baja pidieron ayuda a Mazón ante la actuación de la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura y éste les prometió dinero para llevarla a juicio e investigarla en las Cortes Valencianas. Se de la circunstancia de que son cargos nombrados por el PSOE y resultó muy difícil que socialistas y nacionalistas se adhiriesen a la petición se investigación, peso se logró, aunque luego se ralentizase el proceso en las Cortes Valencianas.

Las relaciones con el socio preferente

Fue en aquel pleno de la DANA en el que se vislumbro una primera fisura entre los 14 diputados populares y los dos de su socio preferente, Ciudadanos (Cs). El portavoz del partido naranja se posicionó con los socialistas a la hora de afear a Mazón que tuviese en su poder un email del presidente de la CHS de cuya existencia no había hablado con ellos. Fue la primera pero no la última. En pleno periodo preelectoral Cs aprovechó una nota de prensa hace dos semanas para arrogarse un cambio de modelo en la petición de sus ayudas para Planes de Obras directamente apuntando contar tres diputados populares, sus socios. 

Al final se demostró que los Planes de Obras que se van a aprobar previsiblemente este mes siguen los mismos criterios que desde hace décadas y que todos los que pidan ahora no podrán hacer en años venideros. Anticipándose al anuncio institución el, el portavoz de Cs y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, en un acto de partido anunció públicamente el plan «Planifica», con un cambio de modelo en la petición de ayudas a cuatro años. En esa comparecencia aseguró que a ellos les gusta más «correr y el PP prefiere ir más despacio». En el PP no se han dado por aludidos.