ALICANTE.- La Sección Tercera de
la Audiencia de Alicante ha condenado a ocho años y medio de
inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al exalcalde
socialista de Alicante, por un delito de prevaricación continuada. El alto tribunal considera probado el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio que
él mismo dirigía en el pasado mandato, según ha publicado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a través de su
cuenta de Twitter.
Los magistrados indican que tanto Echávarri como sus dos asesores, su jefe de gabinete Lalo Díez y el asesor de Comercio Pedro de Gea,
contravinieron conscientemente los principios de la contratación
relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, entre otros, por
el pago de nueve facturas para publicitar la Gala de los Premios de
Comercio de 2016.
La Sala impone, como cooperadores necesarios
del mismo delito, ocho años y medio de inhabilitación a De Gea y siete
años de inhabilitación a Díez. Contra la decisión cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un plazo de diez días.
El denominado caso Comercio saltó en abril de 2017, cuando se hizo público un informe de Intervención que alertaba de contratos fragmentados en el área de Comercio. Realmente fue el jefe de los técnicos de la Concejalía, Diego Agulló, quien
alertó de que los contratos se habían tramitado al margen de los
funcionarios.
Este proceso judicial fue lo que inició la descomposición del tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís),
que entró a gobernar en 2015 tras 20 años de victorias ininterrumpidas
del PP.
La negativa de Echávarri a dejar la vara de mando forzó la
marcha de sus dos socios, y los socialistas se quedaron gobernando con
seis concejales un pleno de 29.
Finalmente el PSPV obligó al primer edil
a apartarse, y en la votación de la nueva investidura Nerea Belmonte,
la tránsfuga de Guanyar (una plataforma creada por EU para aglutinar el
voto de Podemos) entregó la vara de mando a los 'populares'.
El fraccionamiento de contratos en el área de Comercio no es el único caso que Echávarri tiene pendiente en los tribunales.
Existe otra derivada, producida precisamente a raíz del caso Comercio,
que también está pendiente de valoración por parte del juez: el despido
de la cuñada del actual alcalde, Luis Barcala (PP).
Resulta que Echávarri decidió despedir a la pariente de Barcala,
una trabajadora interina del Ayuntamiento, días después de que éste,
como portavoz del PP, instase a Fiscalía a investigar el fraccionamiento
de contratos.
El asunto provocó el rechazo inmediato de sus dos socios
en el consistorio, quienes de hecho apoyaron una declaración plenaria
para que se volviese a contratar a la afectada.
Posteriormente,
en una declaración colgada en su muro de Facebook Echávarri aseguraba
que la decisión "estaba ya tomada" y que su único error había sido
cesarla en este momento para dar munición al PP.
"La decisión del Sr.
Barcala de interponer la citada denuncia no ha influido más que en la aceleración de algo determinado".
"A
veces el corazón vence a la razón y hace saltar los planes y los
plazos, sobre todo cuando ves que una persona interpone una denuncia (a
mi entender falsa y ya se verá), y alardea de ello diciendo «sé que no
hay nada, pero esto va a hundir al alcalde y a su familia», o «a ver si
ahora tiene cojones el alcalde de pasear por el centro de Alicante con
sus hijos como si nada», pues te replanteas tu prudencia y decides empezar a mover ese expediente que lleva en tu mesa varios meses y que por una cosa u otra (...) no habías hecho", se justificaba.
Finalmente
un particular decidió denunciar el caso en Fiscalía, al comprobar que
la decisión del primer edil alicantino solo había afectado a una
interina y no al resto que seguía trabajando el Ayuntamiento. El juicio por este tema se celebrará a principios de 2020.
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