VALENCIA.- El abogado que montó en 2001, junto a la sobrina del exespía Francisco Paesa, la estructura offshore (opaca)
de Eduardo Zaplana y de la familia Cotino en Luxemburgo fue condenado
por la justicia italiana a cuatro años y medio de prisión por una trama
que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, según recuerda https://www.eldiario.es/cv/.
El Tribunal de Torre Annunziata (Nápoles) condenó en 2017 al abogado Federico
Cannizzaro di Balmontino a cuatro años y medio a pesar de que la
Fiscalía había solicitado sólo tres años de reclusión, según el diario italiano Il Mattino.
La trama italiana usó sociedades offshore en Luxemburgo y Uruguay, los dos países que utilizó la banda de Zaplana
para blanquear cantidades millonarias de dinero negro, según la
confesión del abogado uruguayo Fernando Belhot.
Beatriz García Paesa,
sobrina del espía Francisco Paesa (relacionado con los conocidos
"papeles de Laos" del caso Roldán), figura, junto al abogado Federico Cannizzaro di Balmontino y al consul honorario de Uruguay Alexis Kamarowsky, en los documentos mercantiles del Gran Ducado de Luxemburgo como administradora de las empresas que usó la trama.
Los
tres están vinculados, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, al despacho de abogados luxemburgués Interconsult, una
mercantil "constituida por un grupo de bancos" y especializada en
"funciones de fiduciario".
Los testaferros (mariachis en la jerga del arte de la evasión de capitales) de la otra derivada del caso Erial en Panamá, según informó este diario, también participaron en otras nueve tramas de blanqueo internacional.
Este diario ha intentado localizar al abogado Federico
Cannizzaro a través de su secretaria que atiende el número de teléfono
corporativo pero el letrado no ha contestado la llamada.
Cannizzaro,
licenciado por la Universidad de Roma, se incorporó a Interconsult en
1993 y es citado en algunas publicaciones luxemburguesas como barón.
También forma parte del comité organizador del baile de la Cruz Roja de
Luxemburgo, una gala benéfica que reúne cada año a la alta sociedad del
ducado.
La
UCO ha trazado el viaje de 8,5 millones de euros de la empresa Sedesa
(perteneciente a la familia Cotino) a dos empresas luxemburguesas
—Imision Internacional y Fenix Investments— montadas por Beatriz García Paesa, coprotagonista del thriller El hombre de las mil caras del director Alberto Rodríguez, en el año 2001.
La abogada, nacida en Madrid en 1966, declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el caso Erial que
Juan Cotino, siendo director general de la Policía durante el Gobierno
de José María Aznar, llevó personalmente a Luxemburgo más de
640.000 euros para la creación de las dos sociedades.
Cotino, según
concluye la investigación, cobró 11,3 millones de euros de la empresa de su sobrino, adjudicataria del ejecutivo autonómico de Francisco Camps, del que era conseller. Zaplana, por su parte, en esos días era presidente de la Generalitat.
La
mecánica de la trama les resultó familiar a los investigadores de la
UCO. Las presuntas comisiones salen de España y son acogidas en
Luxemburgo, considerado en aquella época como un paraíso fiscal.
Luego
son repatriadas a través de empresas de varios de los investigados en el
caso Erial, como el presunto testaferro del
exministro, Joaquín Barceló, o directamente al exjefe de gabinete de
Zaplana, Juan Francisco García.
Con estas offshore,
señala la UCO, "se podría haber pretendido ocultar la identidad de los
verdaderos dueños por medio de los representantes que figuran en el país
luxemburgués". Las empresas estaban administradas por la abogada
Beatriz García Paesa, imputada también en el caso Defex que investiga la Audiencia Nacional
y que "en el desarrollo de otras investigaciones judiciales en las que
figura relacionada (...) ejerce funciones de fideicomisario o
fiduciario".
Sedesa transfirió 6,4 millones de euros a Imision Internacional mientras que Fenix Investments recibió
2,1 millones. Para justificar estas salidas de fondos a Luxemburgo los
investigados llevaron a cabo "dos inusuales compraventas de
participaciones" de sendas empresas del grupo Sedesa: Inversiones
Imision para Imision Internacional e Inversiones Impega en el caso de
Fenix Investments.
"Resulta
que a través de estas operaciones, que precisamente se materializan el
mismo día y por los mismos actores, se compran las mismas
participaciones sociales que años antes había vendido la propia Sedesa a
las luxemburguesas pero abonándose por ellas una cuantía muy superior",
explica la UCO en un informe entregado a la jueza del caso Erial.
La Guardia Civil sospecha que estos fondos serían comisiones por la adjudicación de las ITV por parte del Gobierno autonómico presidido por Zaplana.
Las compra-ventas, destaca la UCO, se efectuaron el mismo día (el 5 de
septiembre de 2005) ante el mismo notario (Ángel López-Amo Calatayud) y
por los mismos intervinientes (Vicente y José Cotino Escrivá).
Los
fondos de Imision International volvieron a España a través de la
participación en varias mercantiles del matrimonio formado por Joaquín
Barceló (alias Pachano) y Felisa López, presuntos
testaferros del exministro Eduardo Zaplana.
Una de estas empresas
—Gesdesarrollos Integrales SL— fue creada por María de la Paloma
Domínguez Pérez, esposa de Francisco Grau, el asesor fiscal de Zaplana
que el expresidente de la Generalitat nombró directivo en Terra Mítica.
La UCO recuerda que en una de las conversaciones telefónicas
intervenidas, el presunto testaferro Joaquín Barceló se refirió a
Grau como el "artífice de toda esta ingeniería".
Las
empresas, con el dinero repatriado de Luxemburgo, adquirieron terrenos y
bienes inmuebles en la provincia de Alicante.
Una de las
mercantiles, Costera del Glorio SL, también compró una vivienda en la
calle Núñez de Balboa de Madrid de la que Eduardo Zaplana "podría haber
sido el propietario real —o uno de ellos—", apunta la Guardia Civil.
La otra sociedad luxemburguesa (Fenix Investments SA) era propiedad de
Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana y también
investigado en la causa. La UCO localizó el acto de disolución de la
empresa ante una notaria de Luxemburgo en el
que García figura como "titular de la totalidad del capital de Fenix
Investments".
El documento mercantil indica incluso su domicilio en
Valencia. García se acogió a la amnistía fiscal y repatrió 2,3 millones de euros de Luxemburgo.
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