MURCIA.- La Región de Murcia se sitúa a la cabeza de España en número de personas físicas acusadas de corrupción,
con 56, así como a 28 personas jurídicas, en el segundo trimestre del
año, según datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), que señala que el 83 por ciento de las sentencias dictadas por
juzgados y tribunales españoles son condenatorias.
Concretamente,
entre los pasados 1 de abril y 30 de junio dictaron treinta sentencias
en procedimientos por corrupción, de las que veinticinco fueron total o
parcialmente condenatorias.
Además,
en ese período los órganos judiciales concluyeron un total de quince
procedimientos por este tipo de hechos y abrieron juicio oral o
procesaron por delitos de corrupción a 92 personas. El repositorio de
datos sobre procedimientos de corrupción del CGPJ revela también que se
dictaron autos de apertura de juicio oral en ese periodo a quince
personas jurídicas.
La
información que ofrece el repositorio
corresponde a la denominada corrupción pública, al entender el CGPJ que
es la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De
este modo los datos que refleja tiene como sujetos activos a
funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus
cargos
y como uno de los elementos delictivos la afectación de dinero público,
abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.
Se
trata de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación
administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de
secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y
exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y
corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Por comunidades, Murcia encabeza el número de personas físicas acusadas, 56, y jurídicas, 28,
seguida de la Comunidad Valenciana, con 21 y seis, respectivamente en
el segundo trimestre del año. En Andalucía fueron acusadas seis
personas, tres en Cataluña, dos en Asturias, otras tantas en Galicia y
una en Castilla y León y otra por la Audiencia Nacional.
En cuanto
a las sentencias condenatorias se dictaron siete en Andalucía, cuatro
en la Comunidad Valenciana, tres en la Audiencia Nacional, dos en
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña y una en
Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia.
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