ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Alicante a anular parte del cambio introducido en 2017 en el Plan General que prohibía la instalación de hipermercados en suelos que no fuesen urbanizables,
lo que en la práctica impedía la llegada de nuevos centros comerciales a
la ciudad, recoge hoy El Mundo.
Con este cambio urbanístico se invalidó el proyecto que la
multinacional Ikea promovía en el suelo de Rabasa (no urbanizable), y que incluía un macrocentro comercial anexo a su tienda.
La modificación del Plan General se empezó a tramitar en 2016, a
instancias de la Concejalía de Comercio que dirigía el socialista Gabriel Echávarri, y fue ejecutada por el departamento de Urbanismo bajo el mandato de Miguel Ángel Pavón (Guanyar).
Tal como reveló El Mundo, los propietarios de 85.000 metros cuadrados
de suelo de Rabasa donde tenía previsto instalarse la multinacional llevaron al consistorio a los tribunales para manifestar su «disconformidad» con esta modificación, aprobada definitivamente por el pleno el 27 de julio de 2017.
Ahora
el alto tribunal estima parcialmente su demanda al considerar que, tal
como está redactada la modificación, es «contraria a derecho», ya que
especifica que los hipermercados «solo» podrían instalarse en suelo
urbanizable.
Para el TSJ, el uso del adverbio «solo» en esa norma hace que el acuerdo sea «ilegítimo»,
no por lo que dice «sino por lo que implícitamente prohíbe, en la
medida en que impide el establecimiento de estas superficies
comerciales, a priori y sin más justificación, en los suelos no
urbanizables y en los suelos urbanizables no programados».
«No
existen razones aportadas por la Administración que excluyan la
viabilidad de la implantación de centros comerciales en estos tipos de
suelo», continúa el fallo, «siempre y cuando se den oportunas
razones para su implantación».
Esto, prosigue el TSJ, deberá
determinarse «por medio de la Declaración de Interés Comunitario (DIC)»
en un caso y «por medio de la adecuada programación» por otro.
«Será la Administración, en definitiva, quien decida la viabilidad de la implantación que se pretenda, de acuerdo con el resto de los parámetros urbanísticos vigentes»,
algo que no es posible cuando la normativa urbanística cierra
directamente la puerta a ese tipo de formatos en suelos que no sean
urbanizables.
Lo que también dice el TSJ es que no puede decir al
Ayuntamiento cómo deben «quedar redactados los preceptos que se aprueben
en sustitución», pero sí le obliga a anular «única y exclusivamente el
adverbio solo del precepto que se menciona». Contra la decisión cabe recurso en el Supremo.
Un acuerdo "contra la competencia"
En su demanda, los dueños del suelo consideraban que el cambio iba en contra de los criterios de promoción de la ciudad y «mejora de la competitividad» fijados por el Consejo Local de Comercio de 21 de octubre de 2015;
también argumentaba que no se podían tomar decisiones basadas en los
dictámenes de este organismo, al considerar que «está controlado por
asociaciones de comerciantes de la zona centro, que en modo alguno, como
han demostrado los últimos acontecimientos, reflejan el sentir de la
mayor parte de los comerciantes, sino el de los privilegiados del
centro, mientras que las asociaciones vecinales y de comerciantes de la
zona Norte, que son mayoritarias, se han posicionado a favor de la negociación y del desarrollo comercial en la zona de Rabasa».
«Los
objetivos de carácter meramente económicos de un sector de comerciantes
no pueden constituir una razón imperiosa de interés general», agregaban
los propietarios.
Otro de los puntos en los que incidían los dueños de los terrenos es
que, en su opinión, la modificación del Plan General se introdujo para
perjudicar al promotor Enrique Ortiz, principal
impulsor del plan inicial para la llegada de Ikea. Los problemas
judiciales de Ortiz con el PP, al cual confesó haber financiado
ilegalmente, complicaron mucho la tramitación del proyecto.
De 'megaproyecto' a tienda
La
historia de Ikea en Alicante es la del fallido Plan Rabasa, el proyecto
urbanístico vinculado al promotor Enrique Ortiz que pretendía construir
13.500 viviendas en el norte de la ciudad.
Después de que TSJ y el Supremo anulasen Rabasa,
Ortiz y sus socios impulsaron un cambio para promover la llegada de
Ikea en ese suelo, lagunas incluidas, y crear un espacio de casi dos
millones de metros cuadrados con una tienda y un 'megacentro' comercial.
Primero se intentó encajar a través de modificaciones del Plan General,
y después con una Actuación Territorial Estratégica (ATE), la figura
urbanística exprés promovida por el Consell de Alberto Fabra (PP) para proyectos estratégicos de gran impacto económico en el ámbito provincial.
Cualquier
aspiración, sin embargo, se dio por finiquitada con los cambios
introducidos en el Plan General por el tripartito de izquierdas (PSOE,
Guanyar y Compromís) que gobernó Alicante entre 2015 y 2018, y que
básicamente consistía en prohibir la instalación de nuevos hipermercados
fuera del sueño urbanizable.
Ese movimiento prácticamente anulaba la
intención de cualquier operador de crear un nuevo centro comercial en
Alicante, ya que este formato exige tener al menos un hipermercado.
El
tripartito atendía así a las críticas del pequeño comercio del centro,
que consideraba que una instalación como la de Ikea en la periferia de
la ciudad podía desplazar los hábitos de consumo de los alicantinos,
mientras que los propietarios de suelo donde iba a instalarse la tienda -y que no pertenecían a Ortiz-
recurrían la decisión municipal al considerar que iba en contra de los
objetivos de promoción comercial de la ciudad.
En medio de esta guerra
Ikea parece que ha tirado la toalla con Alicante, y se ha contentado con
abrir una pequeña tienda en el centro comercial Gran Vía, que sirve
tanto de punto de recogida como para hacer proyectos.
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