martes, 29 de octubre de 2019

El TSJ anula el veto de Alicante al 'macrocentro' comercial de Ikea


ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Alicante a anular parte del cambio introducido en 2017 en el Plan General que prohibía la instalación de hipermercados en suelos que no fuesen urbanizables, lo que en la práctica impedía la llegada de nuevos centros comerciales a la ciudad, recoge hoy El Mundo

Con este cambio urbanístico se invalidó el proyecto que la multinacional Ikea promovía en el suelo de Rabasa (no urbanizable), y que incluía un macrocentro comercial anexo a su tienda. La modificación del Plan General se empezó a tramitar en 2016, a instancias de la Concejalía de Comercio que dirigía el socialista Gabriel Echávarri, y fue ejecutada por el departamento de Urbanismo bajo el mandato de Miguel Ángel Pavón (Guanyar).
Tal como reveló El Mundo, los propietarios de 85.000 metros cuadrados de suelo de Rabasa donde tenía previsto instalarse la multinacional llevaron al consistorio a los tribunales para manifestar su «disconformidad» con esta modificación, aprobada definitivamente por el pleno el 27 de julio de 2017.
Ahora el alto tribunal estima parcialmente su demanda al considerar que, tal como está redactada la modificación, es «contraria a derecho», ya que especifica que los hipermercados «solo» podrían instalarse en suelo urbanizable. 
Para el TSJ, el uso del adverbio «solo» en esa norma hace que el acuerdo sea «ilegítimo», no por lo que dice «sino por lo que implícitamente prohíbe, en la medida en que impide el establecimiento de estas superficies comerciales, a priori y sin más justificación, en los suelos no urbanizables y en los suelos urbanizables no programados».
«No existen razones aportadas por la Administración que excluyan la viabilidad de la implantación de centros comerciales en estos tipos de suelo», continúa el fallo, «siempre y cuando se den oportunas razones para su implantación». 
Esto, prosigue el TSJ, deberá determinarse «por medio de la Declaración de Interés Comunitario (DIC)» en un caso y «por medio de la adecuada programación» por otro.
«Será la Administración, en definitiva, quien decida la viabilidad de la implantación que se pretenda, de acuerdo con el resto de los parámetros urbanísticos vigentes», algo que no es posible cuando la normativa urbanística cierra directamente la puerta a ese tipo de formatos en suelos que no sean urbanizables. 
Lo que también dice el TSJ es que no puede decir al Ayuntamiento cómo deben «quedar redactados los preceptos que se aprueben en sustitución», pero sí le obliga a anular «única y exclusivamente el adverbio solo del precepto que se menciona». Contra la decisión cabe recurso en el Supremo.

Un acuerdo "contra la competencia"

En su demanda, los dueños del suelo consideraban que el cambio iba en contra de los criterios de promoción de la ciudad y «mejora de la competitividad» fijados por el Consejo Local de Comercio de 21 de octubre de 2015; también argumentaba que no se podían tomar decisiones basadas en los dictámenes de este organismo, al considerar que «está controlado por asociaciones de comerciantes de la zona centro, que en modo alguno, como han demostrado los últimos acontecimientos, reflejan el sentir de la mayor parte de los comerciantes, sino el de los privilegiados del centro, mientras que las asociaciones vecinales y de comerciantes de la zona Norte, que son mayoritarias, se han posicionado a favor de la negociación y del desarrollo comercial en la zona de Rabasa». 
«Los objetivos de carácter meramente económicos de un sector de comerciantes no pueden constituir una razón imperiosa de interés general», agregaban los propietarios. 
Otro de los puntos en los que incidían los dueños de los terrenos es que, en su opinión, la modificación del Plan General se introdujo para perjudicar al promotor Enrique Ortiz, principal impulsor del plan inicial para la llegada de Ikea. Los problemas judiciales de Ortiz con el PP, al cual confesó haber financiado ilegalmente, complicaron mucho la tramitación del proyecto.

De 'megaproyecto' a tienda

La historia de Ikea en Alicante es la del fallido Plan Rabasa, el proyecto urbanístico vinculado al promotor Enrique Ortiz que pretendía construir 13.500 viviendas en el norte de la ciudad. 
Después de que TSJ y el Supremo anulasen Rabasa, Ortiz y sus socios impulsaron un cambio para promover la llegada de Ikea en ese suelo, lagunas incluidas, y crear un espacio de casi dos millones de metros cuadrados con una tienda y un 'megacentro' comercial. 
 Primero se intentó encajar a través de modificaciones del Plan General, y después con una Actuación Territorial Estratégica (ATE), la figura urbanística exprés promovida por el Consell de Alberto Fabra (PP) para proyectos estratégicos de gran impacto económico en el ámbito provincial.
Cualquier aspiración, sin embargo, se dio por finiquitada con los cambios introducidos en el Plan General por el tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) que gobernó Alicante entre 2015 y 2018, y que básicamente consistía en prohibir la instalación de nuevos hipermercados fuera del sueño urbanizable. 
Ese movimiento prácticamente anulaba la intención de cualquier operador de crear un nuevo centro comercial en Alicante, ya que este formato exige tener al menos un hipermercado.
El tripartito atendía así a las críticas del pequeño comercio del centro, que consideraba que una instalación como la de Ikea en la periferia de la ciudad podía desplazar los hábitos de consumo de los alicantinos, mientras que los propietarios de suelo donde iba a instalarse la tienda -y que no pertenecían a Ortiz- recurrían la decisión municipal al considerar que iba en contra de los objetivos de promoción comercial de la ciudad. 
En medio de esta guerra Ikea parece que ha tirado la toalla con Alicante, y se ha contentado con abrir una pequeña tienda en el centro comercial Gran Vía, que sirve tanto de punto de recogida como para hacer proyectos.

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