MADRID.- El real decreto ley que permitirá a las
comunidades autónomas de régimen común (todas salvo el País Vasco y
Navarra) y a los ayuntamientos disponer de más de 5.500 millones de euros, por las entregas a cuenta,
ha sido aprobado este martes casi por unanimidad de la Diputación
Permanente. Todos los grupos han votado a favor de la convalidación,
menos Bildu, que se ha abstenido.
La
aprobación del decreto ley en el último trimestre del año y en
precampaña ha conllevado duras críticas de la oposición, que ha acusado
al Gobierno de "tirar la casa por la ventana" ante el
nerviosismo electoral, si bien han explicado el voto a favor en la
necesidad de acabar con el "secuestro de recursos" a comunidades (4.682
millones, les tocan en este reparto) y ayuntamientos (821).
Ante
estos reproches, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
asegurado que ante "la parálisis", el Gobierno ha dado respuestas "en el
momento en que ha sido posible" y lo ha hecho de manera "responsable" y
ante una situación "inédita" como es "la no aprobación de unos
Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un gobierno en
funciones".
Montero
ha dejado claro que en ningún momento la prestación de servicios
públicos en comunidades autónomas ha estado comprometida ni la
actualización de las entregas a cuenta está vinculada "a ningún tipo de
chantaje, como algunos quieren trasladar".
En
el debate, el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha considerado
que el real decreto ley es el "colofón de una tragedia" en varios actos y
ha acusado al Gobierno de recurrir en este asunto a "la manipulación y las medias verdades".
Garcés
ha señalado que el "primer acto" va desde el 1 de enero hasta las
elecciones del 28A, período en el que, según el PP, ya se podía haber
aprobado y el "segundo acto", con un Gobierno constituido hasta la
convocatoria del 10N cuando el Ejecutivo se escudó en un informe de la
Abogacía del Estado "que no aparecía, y no tenemos".
Por su parte, el portavoz económico de Cs, Marcos de Quinto, ha
asegurado que el decreto "no es una solución si no un mero parche"
y ha reprochado al Gobierno la "bochornosa gestión" que ha puesto de
relieve su "hipocresía" con cambios de criterio "según les convenía" y
el "ventajismo político" exigiendo una investidura gratis a cambio de
desbloquear los fondos.
Desde Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez Reino ha acusado al
Gobierno de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo",
si bien ha justificado el voto a favor de su grupo en la necesidad de
acabar con el "secuestro" de recursos a las comunidades autónomas y los
ayuntamientos.
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