ALICANTE.- El Colegio Oficial de Abogados de Alicante (ICALI) denuncia la "lentitud demostrada" por la Administración para poner en marcha "de nuevo" la actividad judicial en esta crisis sanitaria, según ha dicho su vicedecano y miembro de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 para la Justicia, Ignacio Gally, a Radio Alicante.
Gally también ve "inaceptable" que en la segunda quincena de mayo aún desconozcan qué va a pasar con los juicios previstos en las próximas semanas
si finalmente, en las próximas semanas, "se alza la suspensión de los
trámites o plazos procesales" y le parece "inaceptable" que la
administración regule la apertura de "todo tipo de establecimientos"
pero que esté "dormida" en lo que compete a la Justicia".
No obstante, reconoce la labor que se está realizando desde esta
Comisión a pesar de esté sujeta a las "decisiones impuestas" del
ministerio, el CGPJ y la conselleria en las materias que tiene
transferidas.
Asegura que de ella emanan propuestas "ilusorias imposibles de realizar como consecuencia de la escasez de medios tecnológicos, humanos y materiales". La administración regula "ajena a la realidad", mantiene, con "pretensiones normativas irrealizables en la práctica".
Esta crisis que ha traído el coronavirus ha "dejado al descubierto el
problema de fondo" de la Justicia que no es otro que su "deficiente
estado" y que genera"la falta de medios que no se quiere asumir. Es vergonzoso que esté como está", destaca Gally.
También vaticina el vicedecano un aumento de procesos judiciales relacionados con la COVID-19
tales como "despidos, concursos de acreedores, reclamaciones de impagos
de alquileres o rupturas matrimoniales", entre otros.
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