ORIHUELA.- Agentes de la Guardia Civil, en el marco de las labores de control de
las explotaciones agrícolas y ganaderas, ha localizado una explotación
ovino-caprina clandestina en la comarca alicantina de la Vega Baja y ha
levantado acta al responsable, que puede enfrentarse a sanciones de
hasta 1.200.000 euros.
A finales del año pasado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar fueron informados sobre el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio, hacia la desembocadura del Río Segura, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.
Los investigadores comprobaron la información y observaron que los animales carecían de crotal (elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal), por lo que iniciaron la investigación para esclarecer la proveniencia de estos animales y sospecharon de la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Tras realizar diversas inspecciones en explotaciones de la zona, los agentes localizaron una explotación ilegal de ganado ovino-caprino, oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas dedicadas al ganado porcino, y consiguieron identificar al responsable de la explotación.
Una vez realizada la inspección, los agentes observaron que el ganado carecía de control zoosanitario, por lo que su consumo podría conllevar "un grave riesgo para la salud humana". Además, los restos de los animales hallados en la cuenca del río se pudieron relacionar con la explotación.
Por estos motivos los agentes levantaron acta y dieron cuenta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunitat Valenciana. Los animales quedaron en depósito a su disposición.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves por la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente y ausencia de la documentación sanitaria.
También pueden suponer faltas muy graves por dar a los animales destino para consumo humano y por omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a consumo humano. Todas estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de 3.001 a 1.200.000 euros.
A finales del año pasado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar fueron informados sobre el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio, hacia la desembocadura del Río Segura, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.
Los investigadores comprobaron la información y observaron que los animales carecían de crotal (elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal), por lo que iniciaron la investigación para esclarecer la proveniencia de estos animales y sospecharon de la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Tras realizar diversas inspecciones en explotaciones de la zona, los agentes localizaron una explotación ilegal de ganado ovino-caprino, oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas dedicadas al ganado porcino, y consiguieron identificar al responsable de la explotación.
Una vez realizada la inspección, los agentes observaron que el ganado carecía de control zoosanitario, por lo que su consumo podría conllevar "un grave riesgo para la salud humana". Además, los restos de los animales hallados en la cuenca del río se pudieron relacionar con la explotación.
Por estos motivos los agentes levantaron acta y dieron cuenta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunitat Valenciana. Los animales quedaron en depósito a su disposición.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves por la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente y ausencia de la documentación sanitaria.
También pueden suponer faltas muy graves por dar a los animales destino para consumo humano y por omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a consumo humano. Todas estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de 3.001 a 1.200.000 euros.
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