En concreto, Bruselas envió una carta de emplazamiento -que es el primer paso en el procedimiento de infracción de la Unión Europea (UE)- a España, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.
Según informó la Comisión Europea, estos países no comunicaron la plena transposición a su legislación nacional de las nuevas normas revisadas en la materia antes de la fecha límite, que fue el pasado 25 de marzo.
La directiva, que se adoptó originalmente en 1999, establece normas comunes sobre el pago de tasas basado en los peajes (tasa que se basa en la distancia) y viñetas (que se basa en el tiempo) por la circulación de vehículos en las carreteras.
Estas normas estipulan que los costes de construcción, explotación y
mantenimiento de las infraestructuras pueden recuperarse mediante peajes
y viñetas.
En 2022, las normas se modificaron para incluir
a los turismos y los pequeños vehículos pesados, y para ordenar la
internacionalización de los costes externos ligados a la contaminación
atmosférica.
Así, la directiva introdujo un nuevo sistema que obliga a los Estados miembros a imponer pagos basados en las emisiones de CO2
de los vehículos pesados, una medida encaminada a descarbonizar el
transporte de mercancías por carretera fomentando el despliegue de
vehículos pesados con menores emisiones.
Los dieciséis
países expedientados tienen ahora dos meses para responder a la carta de
emplazamiento del Ejecutivo comunitario y completar la transposición de
la directiva revisada.
De lo contrario, la Comisión puede
decidir emitir un dictamen motivado, que es el segundo paso en el
procedimiento de infracción comunitario.
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