“Fallamos: debemos absolver y absolvemos a Cesáreo Alierta Izuel y a Luis Javier Placer Mendoza, por haber prescrito, del delito de uso de información privilegiada de los artículos 285 y 286. 3º del Código Penal por el que venían siendo acusados, así como del resto de pretensiones deducidas en su contra, debiendo declarar de oficio las costas procesales causadas”. Es la cita textual del fallo, página 70 de 71, por el que la jueza Manuela Carmena absuelve al presidente de Telefónica del delito de utilización de información privilegiada. “Por haber prescrito”. Tres palabras malditas que convierten en hiel el néctar de ese “debemos absolver y absolvemos”. El ambiente en Telefónica retrataba ayer ese doble sentimiento: “Sentencia cojonuda de puertas afuera, pero cuando uno se encerraba en el despacho, joder qué putada de sentencia…!” Ante Cesáreo Alierta se abre un periodo de inevitable reflexión en torno a su continuidad en el cargo. Las señales de humo no habían sido positivas. La negativa de la jueza a aceptar la tesis del sobreseimiento en los lances previos a la vista oral, no hacía presagiar nada bueno. Su comunicado del 20 de mayo, anunciando que se tomaba “otros 40 días para decidir”, solo sirvió para aumentar las dudas, y la posterior prórroga “hasta finales de julio” ratificó la sospecha de que las cosas no le iban a ir bien al de Zaragoza. En contra de lo ocurrido con algunos altos prebostes de las finanzas hispanas, caso de Emilio Botín, que contó primero con el aval de Rodrigo Rato y después –tras el 14 de abril de 2004- de Pedro Solbes, el Gobierno Zapatero parece haber mantenido algo más que un simple principio de neutralidad: se ha lavado las manos –tan sucias por tantos casos que tienen que ver con la Justicia a la carta de los poderosos- cual Pilatos, en espera de poder recoger los frutos de un eventual traspié judicial del de Telefónica.
Se vuelve a repetir, calcada, la historia de los Albertos, Cortina y Alcocer, con el famoso caso Urbanor. El 2 de enero de 2001, La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que los famosos primos cometieron delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la venta al Grupo KIO de unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, pero determinó absolverlos al considerar prescrito el delito.
Tras el pertinente recurso del fiscal, el 14 de marzo de 2003 el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia condenándoles a 3 años y 4 meses de cárcel al considerar que los delitos no habían prescrito. Ambos recurrieron en amparo ante el Constitucional, pero solo la intervención del Rey y la posterior actuación de una Sala Segunda del TC digna de toda sospecha -que para la ocasión dio a luz una nueva doctrina sobre la prescripción-, impidió que los primos fueran a parar a la cárcel (sentencia de 20 de febrero de 2008).
La intrahistoria política de una sentencia
Si el fiscal optara por recurrir esta sentencia ante el Supremo, como parece probable, el maño podría verse obligado a repetir el viacrucis de los Albertos camino del Constitucional, teniendo en cuenta que la doctrina del pleno del Supremo sobre la prescripción, contraria a la del TC, sigue viva. La solución final, con todo, no se conocería antes de 6 o 7 años, dado el estado comatoso de la Justicia española. Para entonces Alierta ya no estaría en Telefónica, pero el proceso amargaría su despedida, empañando los magníficos registros alcanzados al frente de la operadora. “Más que otra cosa, me interesa la intrahistoria política de esta sentencia”, aseguraba ayer un notable madrileño. “Es evidente que el Gobierno, a través del FGE, ha tenido muy fácil el archivo de la causa. Podían haberlo hecho, y hay que preguntarse por qué no lo han hecho. La sentencia absuelve a Alierta, pero mancilla su honor. Le salva la cara, pero no lo suficiente, de modo que el Gobierno tiene ahora la oportunidad de felicitarle efusivamente, al tiempo que, con una palmadita en el hombro, le dice que ya va siendo hora de pensar en el relevo, para que vaya haciendo hueco a otros. Ahora nos toca a nosotros. De hecho me consta que ya se lo han dicho”.
En el horizonte de la primera multinacional española se dibuja un futuro no exento de incertidumbre. “The mixed verdict raises questions about Mr. Alierta's future at Europe's largest telecom company”, afirmaba ayer la edición digital del WSJ. Como ocurriera tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, que significó la entronización de su compañero de pupitre Juan Villalonga en la dirección de la compañía, ahora parece llegado el turno de José Luis Rodríguez y el PSOE. Telefónica no es una empresa privada, o no lo es en el sentido anglosajón del término. Además de una gran empresa, es un gigantesco conglomerado de intereses en el que abrevan todo tipo de iniciativas culturales, deportivas o de simple caridad. Casi 1.500 millones de euros destinados a patrocinios de todo tipo –tal que dar acomodo en Washington al yerno de Su Majestad–, incluida la publicidad y las relaciones públicas.
Mucho dinero a ganar, en un horizonte político que para el señor Rodríguez se presenta más bien problemático por culpa de la crisis en curso, y sin hucha de ningún tipo, al menos que se sepa. Es el momento de colocar a un amigo. La descripción puede parecer exagerada, brutal incluso, pero así es como funcionan las cosas en la “democracia” española. Y el presidente del Gobierno tiene un amigo muy querido en el Consejo de Telefónica. Se llama Javier de Paz Mancho, 51, y tras esta sentencia (y la espantada de Manolo Pizarro en enero de 2008, abandonando la operadora incorporarse a las listas del PP) muchos ojos se volverán ansiosos hacia su discreta figura. Ex secretario general de las Juventudes Socialistas, ex miembro de la ejecutiva confederal de UGT, ex presidente de la pública Mercasa y más recientemente de la privada Panrico, De Paz procede de una familia vallisoletana muy humilde que, tras emigrar a Alemania en los sesenta, se vio forzada a dejar al hijo al cuidado de los abuelos, modestos jubilados en el no menos modesto barrio palentino de El Cristo, cuando en el Cristo todavía no había agua corriente.
Un año por delante para Alierta
Tímido, afable, discreto a más no poder, De Paz camina con pies de plomo tratando de evitar las trampas para elefantes que pueblan Telefónica, huyendo como alma en pena del acecho de quienes le señalan con el dedo como heredero. Desde las filas de la derecha se llevan las manos a la cabeza asegurando que “no da la talla”, afirmación un tanto exagerada si reparamos en las capacidades de la persona que hoy ocupa la presidencia del Gobierno. Para aumentar esa talla, o limar carencias, De Paz, que en junio invirtió 100.000 euros en la compra de 6.600 acciones de la operadora, ha pasado los últimos meses en Inglaterra aprendiendo el idioma a marchas forzadas. Y lleva muchos más por los pasillos de la monumental nueva sede de Las Tablas preguntando, visitando, estudiando su gran asignatura de futuro. Y sin mover un dedo que pueda ser interpretado por el jefe como señal de traición.
“Para Alierta era muy importante no terminar su carrera con una condena”, señalan en la operadora, “pero no está contento. Dice que su honra ha quedado manchada y que el tribunal no ha tenido en cuenta sus argumentos ni las pruebas presentadas por sus abogados”. Es evidente que el relevo no se producirá mañana, pero nadie cree que Moncloa deje pasar esta oportunidad para pillar cacho. Una fecha importante en lontananza: el 5 de mayo de 2010. Ese día Alierta cumplirá 65 años. “Hasta que no cumpla los 65 no me jubilo”. Cumpleaños en mayo y Junta General en junio. Casi un año por delante, el tiempo que resta para que De Paz pueda ser elegible. Habrá que ver lo qué dice y hace Isidro Fainé, un hombre con magníficas conexiones con todas las instancias terrenales, que tan importante papel jugó en la defenestración de Villalonga de Gran Vía 28.
Y una referencia final al tempo de esta sentencia. En Estados Unidos, un caso tan complejo como el Madoff ha sido juzgado y sentenciado en siete meses (la estafa estalló el 11 de diciembre pasado). El malandrín está en la cárcel para toda su vida. En España, los hechos ahora fallados tuvieron lugar en febrero de 1998, y la querella fue admitida a trámite en septiembre de 2003. La sentencia ha tardado, pues, 11 y 6 años, respectivamente. Con un tipo de Justicia como esta es imposible concebir no ya una democracia digna de tal nombre, sino siquiera una economía moderna, dotada de las imprescindibles garantías jurídicas, una de las cuales, y de las más importantes, es la rapidez a la hora de obtener una sentencia justa. ¿Hará alguna vez algo nuestra clase política para acabar con esta vergüenza?
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