VALENCIA.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iba a debatir y votar al sustituto de Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el próximo jueves 17; pero la confrontación entre los sectores progresistas y conservadores del CGPJ es de tal magnitud que ni siquiera se incluirá ese punto en el orden del día, según 'El País'.
El bloqueo posibilitará que De la Rúa ("el más que amigo" de Francisco Camps, según propia definición del presidente del Consell) se mantenga al frente del TSJ sine die.
La pregunta ahora es: ¿Cuánto tiempo se puede perpetuar De la Rúa al frente del TSJ? Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, avisó la semana pasada: "Todo el tiempo del mundo".
El ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana sabe lo que se dice. El acuerdo entre los dos sectores del CGPJ es, hoy por hoy, imposible, según confirmaron varios vocales del Consejo.
Los conservadores se mantienen inalterables en su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, en funciones en su cargo como De la Rúa. Y si no se le acepta no pasa nada. Están encantados de que las cosas sigan como están.
Frente al bloque monolítico conservador, el progresista presenta fisuras. Coincide en considerar urgente una renovación que vaya más allá de la cuestión nominal para el TSJ valenciano, pero no está tan claro que su rechazo a Pedro Castellano sea tan firme.
De hecho, una parte de los vocales de este sector podría aceptarle si los conservadores cedieran en el País Vasco y en Cataluña. Y ahí es donde radica la discrepancia. Algunos miembros progresistas casi prefieren que De la Rúa siga en su puesto antes que aceptar a Pedro Castellano.
La vocal Concha Espejel, de la APM, ex presidenta de la Audiencia de Guadalajara, firma la presentación de Juan Luis de la Rúa como cuarto candidato para que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo incluya cuando el asunto entre en el orden del día. Se suma así a los tres candidatos firmados por la comisión de calificación: Mercedes Boronat, Pedro Castellano y José María Tomás y Tío. Lo hace por el artículo 74 del Reglamento de funcionamiento del CGPJ, en el que se prevé esa circunstancia.
Si fuera elegido De la Rúa, precisamente por haber ido por ese procedimiento, sería impugnable por no contar con el aval de la comisión y los trámites que ello exige. Entre algunos de los vocales la explicación de que esta situación se haya dado obedece a las presiones realizadas por el propio De la Rúa, directa e indirectamente. El presidente interino no está dispuesto a ceder su plaza fácilmente. Lo hubiera hecho a otro sucesor, pero no a Pedro Castellano.
Incluso de esa polémica sacan ventaja los conservadores: su objetivo es Castellano, y en tanto no consigan el voto de los progresistas inmovilizarán el cambio porque tienen a De la Rúa. El presidente interino no cuenta con el respaldo de su asociación, la APM, que públicamente respalda a Castellano, pero es un mal menor en este entramado con objetivos mayores.
La APM ha conseguido durante los últimos diez años todas las jefaturas excepto en tres TSJ, ninguno de primera fila. Jueces por la Democracia (JpD) entiende razonable que haya alternancia, y de forma excepcional a tenor del deterioro de la imagen de la Justicia, en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la negociación es complicada.
El TSJ del País Vasco está presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, quien sentó en el banquillo al actual lehendakari, a Patxi López. El nuevo escenario político en Euskadi y la prórroga de su mandato -en febrero no prosperó la terna presentada y se ha mantenido al frente de la institución porque durante todo este tiempo las negociaciones no avanzaban- han hecho que se produzca un cierto acercamiento y que haya voluntad de dejar atrás las diferencias. Es difícil que Jaime Tapia, el candidato de JpD, pueda salir vencedor de esa lucha.
A esa situación se suma la de la presidenta del TSJ de Cataluña, única mujer en ese cargo, con un solo mandato a sus espaldas, María Eugenia Alegret, del sector más liberal de la APM, con buenas relaciones con José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, no presenta razones objetivas por las que empujar a favor del cambio.
Es decir, los progresistas deberían renunciar expresamente a Cataluña y al País Vasco para lograr, como mínimo, sentarse a hablar. Pero es que los conservadores tienen sus propios objetivos: mantener a Alegret (aunque para muchos sea excesivamente próxima a la Generalitat catalana) no cuesta nada, porque si no se ponen de acuerdo sería interina. De renunciar a Piñeiro en el País Vasco, ni se fabula, y Castellano es innegociable, sin dolor porque la alternativa es De la Rúa.
Son los progresistas los que tienen el papel más complicado. Y además no es unánime. El sector más político está dispuesto a ceder Valencia a cambio del País Vasco y Cataluña. Considera que la Comunidad Valenciana, frente a esas dos plazas, es sacrificable. El sector progresista más técnico no está dispuesto a renunciar a entrar en una institución que necesita, dicen, "ser rescatada".
Entre tanto, De la Rúa, sin apoyos en la asociación, sin plaza a medida en el Supremo, sin respaldo en la comisión de calificación y con su responsabilidad criticada por su actuación en el caso Gürtel sigue al frente del Tribunal Superior del Justicia.
Y todo parece indicar que así será en los próximos meses, en los que, entre otras cosas, el Tribunal Supremo debe decir si respalda o rechaza el archivo que hizo De la Rúa de la causa abierta contra Camps por supuesto cohecho pasivo impropio en relación con la trama Gürtel.
