miércoles, 31 de octubre de 2012

Pavón pregunta a Castedo si dimitirá en caso de juicio y ésta replica si lo hará él si archivan la causa

ALICANTE.- El portavoz de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha preguntado este miércoles a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, durante el pleno municipal, si dimitirá en caso que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abra juicio oral contra ella por la pieza del 'caso Brugal' en la que está imputada, a lo que ésta ha replicado al edil si lo hará él en caso de que la causa sea archivada.

   Castedo se ha expresado en estos términos en respuesta a una cuestión de Pavón formulada durante la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre en la que ha preguntado a la dirigente municipal si presentará su dimisión en caso que el TSJCV abra juicio oral contra su persona por la pieza del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina, y en la que la primera edil está imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   "Me pregunta por un futurible, es como si yo le pregunto a usted, por hacer una pregunta blanca para que no haya ningún tipo de malinterpretación, si se va a duchar mañana", ha manifestado la alcaldesa durante su turno de palabra, quien, además, ha apuntado que "sobre futuribles" no puede contestar.
   "Cuando he tenido que contestar lo he hecho, usted lleva desde el principio negándome el derecho a la defensa. ¿Y si lo archivan? ¿Va a devolver usted el daño que me ha hecho su partido? ¿Se va a ir por haber estado acusando durante cuatro años a una persona? Ha dicho que no con la cabeza, tampoco lo espero", ha resaltado la primera edil dirigiéndose al portavoz de EU.
   Además, la alcaldesa le ha deseado a Pavón que "tenga que pasar exactamente por lo mismo, ni más ni menos", que ha pasado ella "durante cuatro años" 
. "Se lo deseo a usted y a toda su familia, y ojalá lo pueda ver", ha enfatizado.

El TSJCV investiga la presunta ilegalidad de unas escuchas ordenadas por una juez de Torrevieja

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado a la titular del juzgado de instrucción nº 1 de Torrevieja, donde ejerce la jueza Iris Valero, todas las resoluciones sobre las escuchas practicadas al abogado Luis Alabarce para investigar su posible ilegalidad, según ha informado el letrado y fuentes del TSJCV.

   Alabarce presentó una querella contra la jueza por un presunto delito de prevaricación, y ahora la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV --en la fase de deducción de testimonio de particulares-- ha reclamado todas las resoluciones, antecedentes y actuaciones al juzgado que guarden relación con el procedimiento de las supuestas escuchas ilegales al letrado. Una vez contrastada la documentación, la sala deberá decidir si hay indicios de delito y si admite a trámite la querella, según fuentes del TSJCV.
   El querellante acusa a la magistrada Iris Valero de un presunto delito de prevaricación por la intervención de dos líneas de teléfono que, según mantiene el afectado, "ha incidido en la vulneración de derechos fundamentales a la intimidad y defensa entre otros".
   Según la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la denuncia y queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial, la magistrada ordenó la intervención de dos líneas telefónicas del letrado querellante desde el mes de noviembre de 2009 hasta febrero de 2010.
   En la querella, Alabarce acusa a la magistrada de un "desprecio hacia la profesión de la abogacía, la intimidad de las personas y el derecho de defensa" dada la activación "consciente y voluntaria" de la intervención de sus terminales telefónicos.
   La jueza denunciada aprobó a instancias del equipo de delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil a través de sendos oficios la intervención de dos líneas de teléfono, "con la única finalidad de conocer los terminales telefónicos utilizados por quien los oficios policiales decían era su cliente y principal sospechoso en una investigación, que habitualmente se comunicaba con su letrado".
   Según el querellante, el documento además delató la presunta "falta de rigor" en la administración del juzgado en cuestiones como fundamentos jurídicos a la hora de aprobar medidas "tan sensibles" como la intervención de las línea y retrasos en la resolución de cuestiones relativas a medidas cautelares respecto de algunas partes.
   En este punto, hace hincapié en que incluso se incorporó a los autos los CD con sus conversaciones profesionales y personales, además de las trascripciones, "todo ello a pesar de que la única finalidad de las intervenciones acordadas respecto del mismo, lo era para conocer los teléfonos utilizados por su cliente y principal investigado".
   La acusación califica la intervención de la magistrada como una "injerencia sin fundamentar y una forma desproporcionada en la vida, intimidad y profesión de las personas".
   Además, supone como un "ataque a los valores mas básicos del Estado de Derecho y de la abogacía, ya que pone en peligro y riesgo el ejercicio de la profesión y en tela de juicio su crédito profesional y expone a todos sus clientes cuyas conversaciones han sido escuchadas sin limitación de ningún tipo ni pulcritud o control".

La Diputación y sus organismos autónomos cierran las cuentas de 2011 con un superávit de 30 millones


ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha dado el visto bueno este miércoles, con los votos mayoritarios del equipo de Gobierno del PP y la abstención del PSPV, de los resultados del presupuesto obtenidos por la Diputación y sus organismos autónomos del pasado año, que reflejan un superávit de 30 millones de euros, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   En el transcurso del pleno extraordinario celebrado para abordar la Cuenta General de la institución provincial relativa al 2011, el vicepresidente, portavoz del Gobierno y diputado de Economía y Hacienda, César Augusto Asencio, ha destacado que este superávit-remanente de tesorería de 30 millones de euros, supone un incremento de los recursos financieros.
   También ha resaltado que el remanente de tesorería disponible para gastos generales, que indica la liquidez con la que se cuenta, señala a fecha de 31 de diciembre de 2011 una cifra de 43 millones de euros.
   Al respecto, las mismas fuentes han detallado que, una vez deducidos una serie de elementos que no deben computarse, la cantidad es de 19,5 millones de euros, aproximadamente un 50 por ciento más que en 2010.
   Asencio ha explicado también que este paso culmina un procedimiento "complejo" que supone la aprobación global de toda la gestión económica y presupuestaria de la Diputación de Alicante durante el ejercicio 2011, tras los trámites preceptivos de notificación en la Comisión de Cuentas y tras su información pública.
   Las cifras a cierre del 2011 revelan que la Diputación de Alicante y sus organismos "han recortado las desequilibrios" de ejecución entre ingresos y gastos para acelerar el plan de ajuste y alcanzar la estabilidad.
   Además, los datos "positivos" obtenidos en 2011 indican que las necesidades financieras del Grupo Diputación han disminuido "más de lo previsto", dado que el citado plan apuntaba a 78 millones de euros y el dato final es de 56 millones.
   La reducción, según han explicado las mismas fuentes, se debe a los ahorros generados, al mayor equilibrio entre los capítulos iniciales de ingresos y gastos, así como a la mayor ejecución de las partidas presupuestadas.
   Al respecto, el vicepresidente ha indicado que "este importante" avance en las cuentas permite a la institución provincial asegurar que con el nuevo presupuesto de 2013 "alcanzará la estabilidad presupuestaria plena".
    A nivel contable, ya en 2011 la Diputación de Alicante ha aplicado la amortización del activo, lo que muestra que es "una de las pocas entidades que ha integrado en su actividad como un gasto contable la depreciación del activo".
   En esta línea, durante el presente ejercicio la institución provincial ha seguido aplicando políticas de ajuste y saneamiento que han permitido una reversión del estado de cuentas negativo a otro de equilibrio para los próximos presupuestos, ha recordado Asencio.
   Por otra parte, la auditoría interna llevada a cabo por la Diputación de Alicante ha generado nuevos procesos que implican un "mayor control en los gastos y, sobre todo, procedimientos más eficientes".
    Así, de las propuestas realizadas por los auditores, se han aplicado un 41 por ciento, entre ellas un proceso de control interno de los organismos provinciales al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
   El apartado de gastos refleja que, del total de obligaciones reconocidas, el grado de ejecución ha aumentado, pasando de un 76,67 a 77,73 por ciento en 2011, según han señalado las mismas fuentes.

Puig asegura que Fabra ha planteado unos presupuestos "a la griega" que traerán "fractura social"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera que los presupuestos planteados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, están hechos "a la griega" porque suponen "recortes sin límite, fractura social y recesión". En su opinión, estas cuentas demuestran la "incapacidad" del jefe del Consell para "ayudar a la Comunitat a salir de la crisis" y "van a traer más paro, más deuda y más fractura social". 

   Puig, que se ha expresado de esta manera en rueda de prensa, en relación a los presupuestos de la Generalitat para 2013, ha remarcado que la partida que más crece es la destinada a los bancos. "No son los presupuestos de las personas, son los presupuestos para pagar a los bancos", ha remarcado el líder socialista, quien ha apuntado que se "multiplican por dos los gastos" para entidades bancarias, pasando de 578 millones en 2012 a 1.160 millones en el próximo ejercicio.
   "Los bancos son los grandes beneficiarios de estos presupuestos, no las personas", ha remarcado el dirigente socialista, quien ha lamentado también que las políticas de grandes eventos "continúan por encima de las políticas para ayudar a dinamizar la Comunitat".
   Además, los presupuestos "atacan" los servicios públicos y desciende el gasto de sanidad un 21 por ciento el gasto de sanidad en relación a la anterior legislatura y un diez por ciento en educación, ha lamentado.
   Por ello, ha recordado que el grupo parlamentario socialista presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos en las Corts Valencianes para que "vuelvan a los corrales".
   En relación al corte de luz que este martes sufrieron algunas dependencias de la Generalitat, Puig ha destacado que "ayer se apagaron las pocas luces que les quedaban y es momento de superar el apagón y abrir una nueva etapa de esperanza".
   Además, ha señalado que si el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, está "indignado" por que le corten la luz, "entenderá la indignación" de aquellas personas que son desahuciadas por no poder pagar su casa.
   Así, Puig ha anunciado que plantearán una alternativa a estas cuentas que se fundamentarán en cinco puntos. En primer lugar, en el apartado de ingresos exigirán la "revisión urgente" del modelo de financiación y una "compensación a través de una inyección de recursos del Estado".
 "No es un segundo FLA", ha dicho, sino que se adelante "lo que se nos debe", ha precisado.
   En este apartado, también ha exigido la deuda histórica y, en este punto, ha dado "por buena" la cantidad de 11.000 millones que cifra el PP en esta materia. En el apartado fiscal, propone incrementar los impuestos de grandes patrimonios y gravar los bienes de lujo.
   Por lo que se refiere a los gastos, el PSPV propone mayores inversiones en política industrial y agraria, así como el plan de empleo con diputaciones que planteó en el Debate de Política General pero con 230 millones de euros, como cuarto punto. En quinto lugar, "poner más recursos" en educación y sanidad.
   Con este plan alternativo que se irá desgranando durante el proceso de tramitación de presupuestos, Puig ha querido transmitir a la sociedad que "hay otro camino" para salir de la crisis.
   Por otro lado, Ximo Puig ha criticado que el plan del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, en su opinión, los ha utilizado con fines "electoralistas" en Galicia y para "apoyar la estabilidad" de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí.

La Generalitat confirma pagos con el FLA de 114 millones a farmacias

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha explicado que este martes se realizó un pago de 114 millones para las farmacias de la Comunitat con el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha apuntado que este miércoles se repartirán 30 millones para bienestar social, que incluye al colectivo de los dependientes.

   Vela se ha expresado de esta manera en declaraciones a los medios tras salir de la reunión con el grupo parlamentario 'popular' para explicar los presupuestos de la Generalitat, al ser preguntado por los pagos realizados con el dinero del FLA.
   Así, inquirido por las protestas de las farmacias y los paros indefinidos anunciados hasta que se resuelva la deuda que tienen con ellos, el conseller ha indicado que intentarán "satisfacer esos pagos lo antes que podamos".
   En este punto, ha señalado que esa situación "está provocada por las dificultades de los gobiernos regionales para colocar su endeudamiento" y, "en el momento que se pueda colocar todo vía FLA o por otros procedimientos, cobrarán los farmacéuticos".
   De esta manera, ha remarcado que "todo depende de la colocación de ese endeudamiento y lo que no puedo es saber cuándo lo van a permitir los mercados".
 "El problema se resume a eso", ha apostillado.
   También a preguntas de los medios, ha señalado que desconoce si la Conselleria de Sanidad ha planteado una mesa de negociación con los farmacéuticos para evitar los cierres.

Compromís considera que la dimisión de la gerente de FGV "no la libra de responsabilidades"

VALENCIA.- El diputado de Compromís en las Corts Juan Ponce ha señalado este miércoles que la dimisión de la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, "no la libra de responsabilidades".

   Ponce, en un comunicado, ha asegurado que desde el accidente en la línea 1 del metro el 3 de julio de 2006 --que acabó con la vida de 43 personas--, Compromís ha llevado a cabo varias iniciativas "para esclarecer una de las gestiones más oscuras y siniestras del PP y que todavía está pendiente de responsables técnicos y políticos".
   "El que fue uno de los episodios más trágicos del país en los últimos años, se convirtió en un circo de mentiras obscenas, realidades ficticias y compra de silencios", ha denunciado el parlamentario de la coalición.
   Al respecto, ha indicado que "todavía hoy la asociación de víctimas continúa manifestándose periódicamente y varios medios de comunicación a nivel estatal continúan denunciando los claroscuros de uno de los capítulos más vergonzosos de la gestión del PP en el País Valenciano".
   Para Juan Ponce, el anuncio de dimisión de Marisa Gracia, que tuvo lugar en plena reunión del consejo de administración de FGV, "llega tarde y con el mismo oscurantismo que todos los procesos delicados por los que ha pasado la empresa: desde la comisión de investigación que resultó ser una farsa total, hasta la configuración de una directiva injustamente sobredimensionada".
   Según Ponce, "no podemos olvidar que Gracia organizó una comilona en una marisquería de Picanya para celebrar el triunfo de la mentira, de la falsedad, de la humillación a las víctimas del accidente del Metro y de sus familiares, y esto, es totalmente imperdonable para nosotros".
   "No olvidaremos a Gracia por esas acciones, como tampoco podemos olvidar que los presidentes que han permitido que Gracia fuera la gerente, Camps y Fabra, han demostrado una falta total de humanidad, por un lado, y de grande debilidad por otro", ha denunciado el diputado autonómico.
   Además, desde Compromís consideran que la exgerente de FGV, "no es ni será ningún referente positivo para el sector ferroviario público por más que lo diga la señora Bonig  ya que el ente adeuda cerca de 1.000 millones de euros y durante el mandato de Gracia la directiva de la empresa pasó de 17 a 70 miembros".
   "La consellera Bonig, después de hacer esas declaraciones, lo primero que tendría que hacer es pedir disculpas y rectificar por esas afirmaciones que no son otra cosa que insultantes para muchísimas familias valencianas", ha concluido Ponce.

Parece que se salva la SGR de la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- La salvación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana se acerca. SabadellCAM aseguró al diario Las Provincias:«la negociación sigue abierta, y esperamos que en breve plazo haya un resultado positivo porque ha habido avances en ese sentido». El acuerdo que permitiría la continuidad de esta sociedad consiste un crédito participativo en el que están las principales entidades financieras del país y, con especial relevancia, SabadellCAM, Bankia y Banco de Valencia. 

El próximo 9 de noviembre se celebrará la junta general de la entidad en la que se tendrá que poner encima de la mesa una solución para el agujero de, aproximadamente, 90 millones de euros que aún queda pese a la inyección de 60 millones de euros que inyectó la Generalitat el pasado mes de mayo.
Fuentes del consejo de la SGR, que hoy se reúne para preparar la junta de dentro de dos semanas, explicaron que el crédito participativo que espera la sociedad está «próximo» y que existe el convencimiento dentro del organismo de que se logrará desencallar la falta de recursos propios de los que adolece la SGR.
Aunque la opción propuesta es una reducción de capital que aleje la causa de disolución en la que se encuentra la SGR, fuentes de este mismo órgano aseguraron que se podría llegar incluso a una solución en la que no se tuviera que acudir a este mecanismo. El problema que implica la reducción de capital, mecanismo que sería habitual en una empresa privada con problemas similares a los de la SGR, es que hace sólo cinco meses la Generalitat realizó una aportación de capital de 60 millones de euros. Si se realizara la reducción de capital, el dinero aportado por la Generalitat habría sido a fondo perdido. Sin embargo, el hecho de no acudir a este mecanismo obliga a que el préstamo que tiene que otorgar la banca sea mayor sin que exista una mayor garantía para la operación. 
Fugas en el consejo
Mientras el acuerdo para salvar la SGR, la fuga de consejeros de la sociedad no cesa. Siete consejeros han presentado su dimisión pese a que fueron nombrados hace sólo seis meses. Todos han aludido el mismo motivo. El arduo trabajo que requiere la sociedad para solucionar sus graves problemas económicos obligan a una implicación que no es compatible con las otras responsabilidades que tienen ya sea a nivel empresarial o por representación en federaciones empresariales. «Prácticamente no hay retribución y el consejo de la SGRaunque requiere de mucho tiempo. Además, hay gente que entró y que no sabía exactamente dónde se había metido», dice uno de los consejeros de la SGR.
Los últimos en salir del consejo han sido Jesús Navarro y Joaquín Farnós, Antes se fueron Aldolfo Porcar, Joaquín Maldonado, Isabel Cosme, Salvador Lluch, y Manuel García Portillo. En el consejo siguen presentes Dolores Cortes, Santiago Santos, Fernando Díaz, Enrique Montes, Carlos Cabrera, Rafael Montero, Salvador Navarro, Juan Eloy Durá, Antonio Martínez, Antonio Alonso y Cristóbal Navarro.
40 despidos efectuará la SGR después del acuerdo con el que llegó con los trabajadores hace dos semanas. El acuerdo de indemnizaciones fue de 30 días por año trabajado hasta un máximo de catorce mensualidades.
60 millones de euros recibio la SGR de la Generalitat el pasado mes de mayo para evitar la quiebra de la entidad. Desde entonces se trabaja con varios bancos para la firma de un crédito participativo que sanée las cuentas.
90 millones de euros es la cantidad aproximada que se calcula que la SGR podría necesitar para reestablecer sus fondos propios y salir de la causa de disolución en la que se encuentra en estos momentos

Aena pacta con los sindicatos un ERE para un máximo de 1.600 trabajadores

MADRID.- Aena ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO un plan de viabilidad que recoge importantes medidas de flexibilidad interna, así como desvinculaciones voluntarias, al que podrán acogerse, hasta el próximo 31 de diciembre, todos los trabajadores del gestor aeroportuario hasta un máximo de 1.600.

En un comunicado, la compañía pública indicó que el plan suscrito con los sindicatos es un expediente de regulación de empleo (ERE) "en una empresa actualmente en pérdidas".

El gestor aeroportuario, que cuenta actualmente con una plantilla que ronda los 15.000 empleados, indicó que la medida "forma parte de las numerosas actuaciones contenidas en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria para garantizar su futuro, entre las que destacan una significativa reducción de gastos de explotación, disminución de horarios operativos, rentabilización y optimización de las actuales infraestructuras, así como la fusión de sociedades para evitar duplicidad de costes".

En concreto, se trata de extinciones voluntarias de contrato a las que podrán acogerse todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo. La preferencia a la hora de aceptar las solicitudes de bajas las tendrán los empleados de los aeropuertos deficitarios, después los de los Servicios Centrales y finalmente los trabajadores del resto de los centros.

La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.

Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.

La compañía indicó que "en ningún caso" se contempla la realización de nuevas contrataciones para la cobertura de las vacantes producidas por la aplicación del plan y que el coste de estas salidas no supondrá la utilización de dinero de los contribuyentes, sino que se asume íntegramente por Aena, toda vez que ésta "no percibe aportación económica alguna de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, Aena se ha comprometido con el Ministerio de Empleo a hacerse cargo, cuando entre en beneficios, de las prestaciones por desempleo y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 50 años acogidos a este plan según lo dispuesto en el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. 

El gestor aeroportuario es la primera empresa de España que aplicará esta reciente normativa laboral.

En el ámbito de este plan no se producirán jubilaciones anticipadas previstas legalmente para los trabajadores de 61 o 63 años. Así, la empresa financiará los Convenios Especiales con la Seguridad Social a partir de la extinción del contrato de los trabajadores y hasta su jubilación.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras de CAM

MADRID.- La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras que realizó Caja Mediterráneo (CAM) a través de la sociedad Valfensal, participada en un 30 % por la entidad financiera y en un 70 % por los empresarios Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha llevado a cabo registros en Benidorm y Altea con el objetivo de obtener documentación de los domicilios particulares de los dos empresarios y de la principal oficina de Vanfensal, cuya sede social se encuentra sin embargo en Madrid.
La investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez se inició a raíz del informe encargado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Deloitte sobre las operaciones de CAM con Valfensal, que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, entre otros.
Según Deloitte, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, algunas de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en buena medida a la financiación sin condiciones de CAM, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad.
De hecho, en la documentación anexa al informe, CAM señala que el ex director general conocía a los propietarios mayoritarios de Valfensal desde la crisis de 1992 y que en 2004, cuando la entidad financiera creó TI Participaciones, "los clientes establecen contacto con Roberto López, Daniel Gil y Agustín Llorca para ofrecernos en (sic) los proyectos que van a desarrollar en América".
Entre 2004 y 2009, CAM financió con 194,56 millones de dólares a Valfensal para comprar en el Caribe el Hotel Sandos Caracol, el Hotel Playacar (antiguo Hotel Gala) y el Hotel Rivera, así como varias parcelas en Rivera Maya y República Dominicana.
Tras la concesión de los préstamos, CAM y Valfensal renegociaron la ampliación del período de carencia del capital, que quedó fijado hasta febrero de 2014, aunque el vencimiento se mantuvo en 2018.
Los registros fueron realizados el pasado 16 de octubre por la Guardia Civil sin que de momento el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, que lidera la investigación sobre las irregularidades cometidas por los antiguos gestores de CAM, haya imputado a los dos empresarios.

martes, 30 de octubre de 2012

Los presupuestos de la Generalitat para 2013 caen un 9,08%, hasta los 13.940,45 millones, y la inversión baja un 42%


VALENCIA.-   Los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2013 a nivel consolidado --administración general, empresas y demás organismos dependientes-- caen un 9,08 por ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45 millones de euros, mientras que la inversión se reduce en un 42,1 por ciento.

   Así lo ha indicado el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos. Vela ha destacado que son unos presupuestos "elaborados para salir de la crisis", marcados por la "austeridad", así como "realistas y responsables" y, sobre todo, "sociales y comprometidos con las personas, que mantienen todas las prestaciones sociales".
   En el apartado de gasto, el capítulo I --personal-- cae "algo más del 6,6 por ciento", aunque aumenta su peso relativo en el presupuesto, y el II --gastos de funcionamiento--, con un 91,5 por ciento para políticas sociales, desciende un 1,64 por ciento.
   Los gastos financieros --capítulo III-- aumentan un 55,3 por ciento debido al "aumento de estos gastos por la situacion de los mercados de deuda, al mecanismo extraordinario previsto por el Gobierno central de pago a proveedores y, por último, causado por la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica".
   Por su parte, las transferencias corrientes --IV-- caen un 20,5 por ciento gracias a la "política de austeridad emprendida desde la Generalitat" y a su "política muy conservadora, pero que al mismo tiempo persigue la eficacia, en la concesión de subvenciones", mientras que las operaciones de capital --capítulos VI y VII-- caen un 20,6 por ciento.
   Por áreas, el gasto social representa el 88,9 por ciento del gasto total no financiero de las cuentas y, en concreto, Sanidad aglutina el 38,8 por ciento, Educación un 32,1 por ciento y Justicia y Bienestar Social un 7,4 por ciento.
   Según ha apuntado Vela, la mayor disminución corresponde a la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y el aumento a Gobernación, único departamento que crece.

El Consell augura un 2013 "de recesión" aunque "más suave" que la experimentada este año

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha manifestado este martes que "2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque será una recesión más suave que la experimentada en el ejercicio actual". 

   Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos, que caen un 9,08 por ciento a nivel consolidado, hasta los 13.940,45 millones de euros, y un 42,1 por ciento en inversiones.
   Vela ha destacado que los presupuestos para el próximo año "ponen los medios para contribuir a salir de la crisis, para que se abra la puerta al crecimiento económico y a la creación de empleo y, en definitiva, para que se abra también la puerta de la confianza de los ciudadanos, pese a que 2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque más suave que la experimentada en el ejercicio actual", ha dicho.
   El conseller ha repasado la coyuntura económica y las previsiones macroeconómicas a nivel internacional y europeo y, sobre la economía española, ha indicado que el Ministerio de Economía sitúa la tasa de variación interanual del PIB real en 2012 en -1,5% y en -0,5% en 2013, mientras que otros organismos auguran una contracción "algo más acentuada" del PIB español, del 1,8% en 2012 según la Comisión Europea, y del 1,6% y 1,5% según la OCDE y el FMI, respectivamente.
   Respecto a la economía de la Comunitat Valenciana, ha apuntado que, de acuerdo con el escenario previsto por la Dirección General de Economía y de la Universitat de València, "en términos reales, mostrará una contracción del 1,8% en 2012 y del 0,6% en 2013", con una aportación del sector exterior a ese crecimiento "positiva en 2012 y más aun en 2013, y superior a la de España".
   "Se espera que el pulso de la economía se recupere en la segunda mitad del 2013, como consecuencia de la capitalización del sector bancario", ha subrayado Vela, quien ha agregado que "se prevé que las medidas de política económica encaminadas en este sentido se llevarán a cabo entre finales de este año y principios de 2013".
   En ese contexto, la Generalitat ha elaborado unos presupuestos "para salir de la crisis, austeros", y en los que "las prestaciones sociales siguen siendo una prioridad para el Gobierno valenciano y se mantienen absolutamente todas ellas", en palabras del conseller, quien ha apuntado que "lógicamente, se enmarcan en el marco del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat".
   El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado que esas cuentas plasman su voluntad de "afrontar la complicada coyuntura actual con las medidas necesarias para cumplir con el objetivo del déficit, garantizar al mismo tiempo actuaciones que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y preservar las políticas sociales que todos los valencianos merecen".
   A su juicio, las administraciones públicas deben "ser sostenibles con el nivel actual de ingresos, que es mucho menor que el de hace unos pocos años, para poder contribuir a la salida de la crisis". 
"No se puede gastar lo que no se tiene, y a esa máxima se someten estos presupuestos", ha sentenciado Císcar, quien sostiene que cumplir el déficit "es garantía de sostenibilidad económica y financiera".
   Preguntado por si es partidario de continuar con la política de austeridad o considera que se debería relajar, Vela ha subrayado que "la austeridad no tiene por qué ser desfavorable al crecimiento económico" y que, ante la caída de ingresos, "se disminuye o se quita lo que se considera menos prioritario".
   No obstante, ha apuntado que "la austeridad tiene un límite" y que "a poco que se recupere la economía, los presupuestos de la Generalitat lo notarán". De hecho, no descarta que, en dos años, las cuentas del Consell puedan crecer en 1.500 millones de euros.
   Por otro lado, a preguntas por la recepción de las primeras cantidades del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha confirmado que efectivamente "llegaron ayer y hoy se efectúan ya los pagos", y que "todavía tiene que llegar una entrega en noviembre y otra entrega en el mes de diciembre" y que en 2013 se abrirá "un nuevo FLA".
   En cuanto al reparto de fondos de ese mecanismo, ha indicado que una vez descontada la cantidad para los vencimientos de comunidades autónomas, el montante restante se dedica a la segunda línea de liquidez y se reparte entre las autonomías adheridas al FLA.
   Además, ha explicado que esa cantidad a repartir se ve incrementada cada vez que se producen vencimientos de autonomías que no se han acogido al FLA y que, por tanto, no hacen uso de los fondos reservados a tal efecto. "A las comunidades autónomas del FLA les interesa que cuantos menos se acojan, mejor, porque la base a repartir será mayor para poder atender pagos", ha admitido Vela.
   En cuanto a la reivindicación de obtener más inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Císcar ha reiterado que hablan "continuamente y constantemente" con miembros del Gobierno central, incluido su presidente, al tiempo que ha remarcado que Mariano Rajoy "tiene sensibilidad con la Comunitat" y que, de hecho, "en menos de un año, ha hecho más que el otro en siete años".
   "Los presupuestos no nos gustan nada, pero los porcentajes no son equiparables porque la circunstancia era diferente", ha recalcado el vicepresidente, quien apunta que "si se hubieran tomado las medidas adecuadas, seguramente hoy habría más recursos".

Las farmacias de Valencia y Alicante cerrarán indefinidamente a partir del 5 de noviembre por los impagos del Consell

VALENCIA.- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y Alicante han aprobado por votación en sus respectivas asambleas el cierre indefinido a partir del lunes, 5 de noviembre, en el que cada día solamente abrirá al público una de cada tres farmacias, en turnos rotatorios, según han indicado fuentes del colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   Este cierre indefinido viene provocado por la situación de impagos por parte del Consell hacia las farmacias, que las han situado en una "dramática situación que les ha forzado al cierre indefinido", según han indicado estas mismas fuentes.
   El Consell adeuda a los farmacéuticos cinco meses y medio después de abonar medio mes de abril y otro medio mes de mayo con los fondos del FLA. Un hecho que según interpretan desde el Colegio de Farmacéuticos "nos deja igual que estábamos, ya que este miércoles se sumará otro mes a la deuda".
   Este lunes los farmacéuticos ya se reunieron ante la "situación extrema de liquidez" que afrontan estos establecimientos que "hace imposible el normal abastecimiento de medicamentos para atender a la población" y que califican de "auténtica emergencia", según indicaron en un comunicado.
   Los farmacéuticos han calificado de "incompresible" que la Generalitat valenciana haya incluido en el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "sólo una factura de las cinco y media que adeuda a las oficinas de farmacia", a las que este mismo miércoles "debe añadirse otra correspondiente a las recetas dispensadas en septiembre".
   Por ello, ante una situación "de auténtica emergencia", y para evitar el "colapso total" de la prestación farmacéutica en la Comunitat, el Consejo de colegios y Confar han decidido proponer los cierres indefinidos, que se realizarán "hasta que abone el importe total de la deuda de la Generalitat, o cuando una nueva asamblea decida suspender o cancelar la medida".

Castedo resalta que el proceso por su imputación no le quita trabajo ni dedicación hacia Alicante

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica del PP, Sonia Castedo, ha resaltado que el proceso abierto por su imputación en la pieza del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina no le quita trabajo ni dedicación hacia la ciudad, y ha subrayado que "nadie puede dudar" del tiempo que "dedica" al municipio.

   Castedo se ha expresado en estos términos tras la inauguración de una calle en honor al exobispo de Orihuela-Alicante Victorio Oliver y al ser preguntada sobre si la declaración de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, prevista para la próxima semana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su imputación en esta causa impide la "vuelta a la normalidad".
   En este sentido, la primera edil ha manifestado que ella vive "en la normalidad desde siempre", y ha incidido en que el proceso por su imputación --por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho-- no le quita "en absoluto trabajo".
   "Sigo con mi dedicación 16 horas diarias a esta ciudad y 24 horas si es necesario, y puedo asegurar que, por capacidad de trabajo, no tengo el más mínimo problema. Se pueden poner en duda muchas cosas, puedo gustar más o menos, pero nadie puede dudar del trabajo que hago en esta ciudad y de la capacidad y del tiempo que le dedico", ha subrayado.
   Así, ha recalcado que el pasado viernes, mientras asistía a un acto organizado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea) en la plaza del consistorio de la ciudad, varios miembros de la oposición estaban en una terraza de un establecimiento cercano. "Solamente tenían que girar las cámaras --dirigiéndose a los periodistas-- para ver donde estaba yo y donde se encontraba la oposición. Hay veces que una imagen vale más que mil palabras", ha señalado.
   En relación a la pregunta que el grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante trasladará al pleno de este miércoles sobre la posibilidad de que la primera edil presente su dimisión en caso de la apertura de juicio oral, Castedo ha indicado, en tono irónico, que desconocía qué contestar.
   "Nunca me habían hecho esa pregunta por parte de EU, no me lo habían preguntado nunca, tengo que meditar, mañana veré a ver qué contesto. Imagino que vosotros --refiriéndose a los medios de comunicación-- tampoco tendréis la contestación, como nunca lo he dicho. Podéis coger desde hace dos años hasta hoy y me imagino que podéis sacarlo en distintas modalidades", ha agregado.
   Igualmente, ha insistido en que no va a entrar en ese tema, y ha añadido que tiene "muchos problemas en la ciudad".
 "Estoy continuamente intentando sacar adelante proyectos y que la gente pueda ir consiguiendo poco a poco trabajo, y eso es lo que me importa a mí, al equipo de Gobierno y eso es lo que le importa a esta ciudad", ha destacado.
   "Los demás, los pajaritos cantan y las nubes se levantan, se lo dejo a quienes evidentemente ni tan siquiera son capaces de venir a rendir homenaje a una persona entrañable y que trabajó por los más desfavorecidos de esta ciudad y de esta provincia --en alusión al exobispo Oliver--. Estarán sentados en la plaza, en alguna cafetería", ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Alicante hará "toda la presión" que tenga que hacer para la activación de la Línea 2 del TRAM

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado este martes que el Ayuntamiento hará "toda" la presión que "tenga que hacer y más" para la puesta en marcha de la Línea 2 del servicio tranviario TRAM de la ciudad, que conectará el centro de la capital alicantina con la localidad de San Vicente del Raspeig.

   Castedo se ha expresado en estos términos tras la inauguración de una calle en honor al exobispo de Orihuela-Alicante, Victorio Oliver, y al ser preguntada por la citada infraestructura, y si por parte del consistorio se presionará para su activación.
   Así, ha indicado que mantiene conversaciones "de manera más que habitual" con la Conselleria de Infraestructuras, y ha apuntado que está "a la espera" de que le digan "definitivamente" fechas de puesta en funcionamiento del servicio.
   "¿Presión? Toda la que tengamos que hacer y más, pero porque tenemos muy claro que es la línea más importante, sin ninguna duda, y también la más rentable, por las conexiones que tiene", ha enfatizado, al tiempo que ha señalado que "por ahora" no dispone de ninguna novedad al respecto, si bien ha mostrado su esperanza en "tenerla en breve".
   "Estoy pidiendo todas las explicaciones que llevo pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no tengo ninguna última novedad. Además, no pienso decir nada de la Línea 2 hasta que no lo digan oficialmente y se diga desde donde se tiene que decir, porque ya van varias veces en las que se dieron fechas y no se cumplieron, por lo que evidentemente no voy a volver a dar ninguna fecha, y me imagino que cuando la dé será porque la línea estará en funcionamiento", ha manifestado.
   En relación a si opina que la Conselleria está haciendo todos los esfuerzos necesarios para esa apertura, ha resaltado que espera a recibir la respuesta y entonces dirá si "realmente" considera "que está haciendo todo lo que puede hacer o podría hacer más, pero primero quiero las contestaciones".
   Igualmente, ha explicado que hay un gasto por el mantenimiento de la infraestructura existente "que se tiene que estar llevando adelante", por lo que ha subrayado que el deseo municipal "es que se ponga en funcionamiento cuanto antes, si puede ser mañana que sea mañana".

El PSPV propone enmiendas a los PGE por 82 millones para mejorar los sectores económicos alicantinos

ALICANTE.-   Los diputados socialistas por Alicante en el Congreso, Herick Campos y Patricia Blanquer, han hecho públicas este lunes las enmiendas que realizarán a los Presupuestos Generales del Estado, de las que han destacado dos partidas que suman 82 millones de euros en beneficio de "los sectores económicos" de la provincia y a través del programa del Imserso, según ha informado en un comunicado la formación. 

   Campos y Blanquer han ofrecido este lunes una comparecencia, junto a la senadora del PSOE por Alicante, Encarna Llinares, en la que han calificado los presupuestos de Rajoy de "ineficaces para salir de la crisis, injustos e insolidarios", y han afirmado que las enmiendas que proponen desde el PSOE "evidencian" que el presupuesto de Rajoy es "malo para los sectores productivos".
   Al respecto, se han referido a una enmienda de 52 millones que "tendrían sus beneficios para los sectores económicos de las provincia", algunos de ellos basados en "convenios planteados con el gobierno socialista con financiación vía presupuestos generales", ha puntualizado Campos.
   También han aludido a otra enmienda de 30 millones para el Imserso con el fin de incrementar la partida "para aumentar y llegar a los niveles de oferta de plazas de antes de que el PP pasara de ser el defensor del turismo, a recortar por todos los lados".
   Del mismo modo, los diputados socialistas han propuesto recuperar los fondos de ayudas en agricultura, cuya eliminación ha supuesto que el Plan Zonal en la comarca alicantina de La Muntanya "se haya quedado sin fondos".
   El diputado socialista ha considerado que los presupuestos "en lugar de apoyar en industria, o al sector agroalimentario, o el turismo, lo que hacen es todo lo contrario: reducir ayudas, reducir impulso a estos sectores, algo ineficaz para salir de la crisis".
   Por otra parte, Campos ha invitado al presidente y vicepresidente de la Generalitat, Alberto Fabra y José Císcar respectivamente, a que "voten a favor de los 159 millones en infraestructuras, a favor de más de 1.000 millones de euros de forma extraordinaria gracias a las enmiendas socialistas".
   En ese sentido ha calificado como "bochornoso papelón" la actuación de Fabra y de Císcar en esta cuestión, y ha considerado que ambos dirigentes "han dicho que iban a presentar las enmiendas y, o no pintan nada o es que están de acuerdo con los presupuestos".
   La diputada Blanquer ha afirmado que el PSOE "piensa en las personas, en una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que sufren estos recortes", y por ello, presenta estas enmiendas. En este sentido, ha señalado que los presupuestos "son personas que sufren los recortes, los padecen en sanidad, en educación".
   Por ello, la diputada Patricia Blanquer ha insistido en pedirles a los diputados del PP "que sean valientes y que aprueben las enmiendas" que han presentado los socialistas, "porque son viables, y se plantean diciendo dónde quitar y dónde poner", ha señalado.
   Por su parte, la senadora socialista por Alicante, Encarna Llinares, ha afirmado que los presupuestos del PP "son totalmente injustos, no sirven para crear empleo y machacan de forma terrible a las personas que más necesidades tienen, a las personas más vulnerables, son los presupuestos de la desesperanza".
   Llinares ha subrayado las áreas de sanidad, servicios sociales e igualdad, sobre las que los socialistas han presentado 46 enmiendas por un importe de 1.545 millones de euros para toda España. No obstante, Llinares ha puntualizado que si se tiene "en cuenta" que la Comunitat representa "el diez por ciento del peso de población", le corresponderían "169 millones de euros y a la provincia de Alicante 62 millones".

Los afectados por las cuotas participativas piden al juez Bermúdez el embargo del patrimonio de la Obra Social CAM

MADRID.-   La Plataforma de Afectados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que representa a los titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el embargo del patrimonio de la Obra Social de la entidad y de su oficina en Miami (Estados Unidos) para garantizar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento. 

   El abogado del colectivo, Diego de Ramón, ha realizado esta petición en el marco de la pieza separada en la que el juez Gómez Bermúdez investiga a los exdirectivos de la entidad por la venta de participaciones preferentes y en la que, según apuntó en septiembre pasado, la entidad podía ser responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron estos productos financieros.
   En un escrito, el letrado solicita al juez instructor que bloquee bienes de la entidad por valor de 17,10 millones de euros, al ser la cuantía que los miembros de la asociación habrían invertido en estos productos, y pide que se haga antes de que la obra social se liquide y disuelva.
   La Plataforma de Afectados, que ejerce la acusación particular, sostiene que sus representados fueron "estafados en los mercados bursátiles", ya que los balances de la CAM desde 2007 reflejaban "una apariencia de beneficios" que resultaron ser pérdidas cuando se produjo la intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.
    Esta parte justifica el embargo apuntando que el juez Gómez Bermúdez señaló en un auto dictado en septiembre pasado que la CAM sería "responsable civil subsidiaria" del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas".
   La entidad, que pertenece actualmente al Banco Sabadell después de que la adquiriera en subasta pública por un euro, es la perjudicada en lo relativo a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal que se imputan a sus gestores, según el citado auto del juez.
   El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, explicó el pasado 4 de octubre tras una manifestación celebrada en Alicante, que la Obra Social de la caja alicantina cuenta con un patrimonio de 80 millones de euros y señaló que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del que depende este organismo desde la intervención, pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".
   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".
   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

lunes, 29 de octubre de 2012

La Oficial de Torrevieja atribuye al exalcalde las instrucciones sobre el informe de contrata de residuos

VALENCIA.- La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja ha atribuido al exalcalde de la localidad y diputado en las Corts Valencianes, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.

   La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
   Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.
   Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".
   La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.
   Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.
   "Me llamó --el exalcalde-- y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.
   La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuloso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.
   A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.
   Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".
   Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.
   También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.
   Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".
   Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torrevieja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.
   Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.
   Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.

Fabra afirma sentirse "agraviado" después de que se hayan rechazado las enmiendas al PGE por 144 millones de euros

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reconocido sentirse "agraviado" después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas de los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013.

   Fabra ha realizado estas manifestaciones tras inaugurar las jornadas culturales y de convivencia de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA) en Valencia. El presidente ha indicado que entiende la situación del Gobierno "en cuanto a las dificultades económicas".
   El jefe del Consell ha explicado que estas dificultades se deben a la "herencia" que les dejó el PSOE. Por este motivo, estos presupuestos "no puedan ser ni expansivos, ni puedan cubrir todas las necesidades" de las comunidades autónomas, pero la Comunitat "se siente agraviada en cuanto a que no han respondido, al igual que en otras comunidades, a las necesidades que se podían tener".
   Fabra ha reconocido que estos presupuestos "no mejoran la situación" de la Comunitat Valenciana y ha anunciado que el Consell "seguirá trabajando con los distintos ministerios para ir resolviendo. a lo largo del año. esas carencias que creemos que tienen los presupuestos".
   El presidente cree que la clave es "seguir trabajando, esforzándose y llevar el mensaje y la reivindicación al Gobierno" para que durante el año "se sigan corrigiendo estas situaciones y puedan verse muchas de las cuestiones que estamos reclamando". Además ha destacado que desde la Generalitat se seguirá "en permanente contacto" con los distintos ministerios y la vicepresidencia para "reclamar aquello que consideramos justo para los valencianos".
   Fabra ha sido preguntado por su ha mantenido alguna conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que se hayan rechazado las enmienda. "He hablado con vicepresidencia y ministros, pero no con Rajoy", ha indicado. Al mismo tiempo ha adelantado que "se trabajará desde la compresión económica que tiene el país, pero también desde las necesidades que se tienen en la Comunitat para seguir generando confianza, posibilidades y oportunidades a nuestro pueblo".
   El presidente de la Generalitat ha instado al Consell a "trabajar con honestidad" y por eso se anunciaron enmiendas por valor de 144 millones de euros porque que "lo que tenemos que defender lo tenemos que decir". "Pretendíamos que se reflejara en los Presupuestos y además con mucho sentido común en aquellas cuestiones que se tenían que reflejar", ha añadido.
   Sin embargo, por parte del Gobierno ha habido un acuerdo de no modificarlo ante las dificultades del momento, pero hay que "seguir trabajando y reclamando ese dinero para corregir situaciones en las que creemos que nos tratan de forma injusta" a la Comunidad Valenciana. "Lo haremos todos los días y a todos los ministerios", ha agregado.
   Fabra considera que el camino para reclamar es "mantener los cauces establecidos para luchar por lo que se considere ante los ministerios".
 "Hay que decirlo y luego trabajar para que esos cambios se produzcan a lo largo del año", ha finalizado.

Ximo Puig afirma que el rechazo a las enmiendas a los PGE muestra la "absoluta incapacidad" y "nula influencia" de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que el rechazo en el Congreso de las enmiendas los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013, demuestra la "absoluta incapacidad" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su "nula influencia" en el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que "no solo no ha incorporado ninguna enmienda para aumentar las inversiones en la Comunitat, sino que incluso ha presentado propuestas que nos quitan dinero". 

   Puig, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con el secretariado de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, ha lamentado que los dirigentes populares "incluso se han atrevido a quitar más inversiones de un presupuesto ya ridículo". "El PP de Fabra nos ha arruinado y el de Rajoy está intentando dejar caer a la Comunitat de una manera definitiva".
   En este sentido, ha llamado la atención sobre una enmienda para la A-33 a su paso por Murcia, en el tramo Jumilla-Yecla, "que se refuerza mediante lo que se quita de la N-334, a su paso por Peñíscola-Benicarló-Vinarós, ya que, ésta pierde 4 millones de euros para 2014 y 10 para 2015", ha alertado.
   Ante esta situación, ha anunciado que el PSPV se dirigirá a todos los diputados y senadores del PP para que apoyen las enmiendas socialistas que buscan "mejorar las inversiones para la Comunitat". En concreto quiere aumentar el apoyo a infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, dar impulso a la reindustrialización de la región, la regeneración de las costas e iniciativas culturales.
   En su momento, los socialistas valencianos "apoyamos" las enmiendas del PPCV, "ahora les pedimos que hagan los mismo "si quieren defender los intereses de la Comunitat", ha instado Puig.
   Para el dirigente socialista, el Gobierno de Fabra es "el gobierno del despropósito". Tanto "la sociedad civil valenciana como los partidos políticos hemos coincidido en denunciar que son los peores presupuestos de la historia para nuestra Comunitat" y sin embargo, "lo único que se evidencia es que los presupuestos que está preparando (el ministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro serán aún peores que los del Estado".
   Además, se espera el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "como si fuera el Gordo de Navidad", cuando la realidad, "supondrá una hipoteca de casi 1000 millones de intereses" a partir del segundo año. Así, tras dos años de carencia, a partir de 2015 la Comunitat tendrá que pagar cerca de mil millones en intereses.
   A preguntas de los medios de comunicación, el líder de los socialistas valencianos se ha referido también a las declaraciones del secretario general del PPCV, Serafín Castellano, que este mismo lunes ha asegurado que "hay otras vías alternativas que no pasan por presentar enmiendas a los presupuestos". Al respecto, Puig ha señalado que espera que Castellano "crea en el sistema. Las vías de conseguir cambiar los presupuestos son a través de las enmiendas y la vía legislativa, no hay otro camino".
   A su juicio, si Fabra "tuviera vergüenza hubiera comparecido ante los ciudadanos y se hubiera rebelado ante la situación con la que ha dejado Rajoy a la Comunitat". Por ello, ha lamentado el "desnorte absoluto del PP" y ha advertido de que "no pueden plantear estos mensajes que lo único que hacen es debilitar el funcionamiento de las instituciones".