Según EU, los dirigentes del puerto "han desechado las alegaciones de forma infundada" y, por ello, barajan recurrir en reposición la aprobación de los nuevos proyectos.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOPA) publicó ya un edicto de la Autoridad Portuaria en el que se contestan las 174 alegaciones presentadas el pasado verano contra los nueve silos y las tres plantas de ensacado de cemento que se pretenden construir en los muelles 19 y 21 del Puerto de Alicante.
Entre las alegaciones, se encuentran las ocho presentadas por el portavoz local de EU, Miguel Ángel Pavón, que cuestionan los proyectos por incumplir el propio régimen de usos establecido en la concesión portuaria, el reglamento valenciano de paisaje y la máxima altura de 12 metros que define el Plan Especial del Puerto.
Asimismo, Pavón alegó que el plan "infringe la ley estatal de calidad del aire o directivas europeas que velan por la calidad y seguridad ambiental, como la Directiva SEVESO II o las directivas de Hábitats y de Evaluación de Impacto Ambiental", además "de incumplir la comunicación de la Comisión Europea de octubre de 2007 sobre política portuaria".
Así, Pavón señaló que varios de esos incumplimientos han sido esgrimidos por EU y los colectivos vecinales del entorno portuario en los recursos judiciales que mantienen contra las licencias ambientales otorgadas por el ayuntamiento para construir los silos y las plantas ensacadoras.
La Autoridad Portuaria "desestima todas las alegaciones de forma infundada", incluyendo la alegación planteada tanto por EU como por diversos colectivos sociales, para que los silos de cemento se trasladen a la plataforma logística de Alicante.
La plataforma se sitúa a unos cinco kilómetros del puerto, "con el que quedarían unidos bien mediante una instalación neumática o bien mediante el trazado ferroviario de mercancías previsto, de modo que el cemento que se desembarque se traslade a la plataforma de forma neumática o mediante ferrocarril".
La propuesta, "que permitiría compatibilizar el desarrollo portuario con el derecho de los vecinos a un medio ambiente saludable y a un paisaje digno", fue "literalmente ignorada por la Autoridad Portuaria en su contestación, no entrando siquiera a valorarla".
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