ALICANTE.- El Tribunal Supremo (TS) conmina
al Ayuntamiento de Alicante a resolver otro entuerto heredado de los
mandatos de la popular Sonia Castedo y obliga a
devolver la fianza incautada por la construcción de un aparcamiento
subterráneo en la Plaza de Séneca que nunca llegó a ejecutarse. La
consecuencia: el actual equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs,
tendrá que reintegrar 100.000 euros por un proyecto fallido ocho años
después de que se iniciase el conflicto con la empresa que teóricamente
debía construir el aparcamiento, según publica Alicante Plaza.
La
disputa se remonta al año 2012, cuando el equipo de Gobierno, del PP,
acordó licitar la construcción y explotación de la infraestructura. El
concurso partía con un presupuesto de 2,2 millones y un plazo de
concesión de 40 años, a cambio un canon de 55.000 euros anuales. La
primera convocatoria quedó desierta. Pero la segunda sí atrajo, al
menos, a un licitador: la empresa New Capital 2000.
El Ayuntamiento
aprobó la clasificación de esa única oferta presentada, aunque la propia
empresa decidió recurrir el acuerdo al disentir sobre sus términos,
pese a que habían quedado regulados en el pliego de condiciones. Acto
seguido, la Junta de Gobierno desestimó ese recurso, decidió no
adjudicar la construcción del aparcamiento e inició el expediente para
incautarse de la fianza depositada por la compañía.
A
partir de ahí, New Capital 2000 presentó un recurso especial en materia
de contratación ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos
Contractuales (TCARC) dependiente del Ministerio de Hacienda, al que la
Junta de Gobierno acordó no dar curso. Así que la empresa acudió a los
juzgados de lo Contencioso y, en 2015, logró una sentencia favorable que
forzó al ayuntamiento a tramitar ese recurso. En él, la compañía pedía
que le adjudicase la obra o, en caso contrario, que se le indemnizase
con un 3% del importe del contrato no ejecutado.
La resolución del Tribunal de Contratación
llegó en septiembre de 2015 estimando solo parcialmente las
pretensiones de New Capital. En concreto, el órgano adscrito a Hacienda
consideró correcta la no adjudicación del contrato a la empresa, puesto
que había tratado de modificar las obligaciones previstas en el pliego
de condiciones del concurso para acordar otras relacionadas con la
financiación de las obras y el plazo para iniciarlas. No obstante, sí
estimó necesaria la devolución de la fianza.
Pero
el asunto no quedó ahí: el ayuntamiento recurrió esa resolución ante el
TSJCV que, validó el acuerdo del tribunal de contratación en febrero de
2019. El ayuntamiento volvió a recurrir ante el TS. Sin embargo, en
sentencia dictada el pasado noviembre, el alto tribunal rechaza el
recurso municipal y confirma la decisión del TSJCV en la que, en último
extremo, se obliga a devolver el aval incautado a la empresa de manera
indebida.
Así, el bipartito asumió la
ejecución de sentencia a través de un acuerdo de Junta de Gobierno
aprobado este martes. Además de devolver los citados 100.000 euros, PP y
Cs tuvieron que revisar el expediente de contratación de 2012 para
rechazar expresamente la propuesta de New Capital 2.000 al no cumplir
los requisitos en el pliego de condiciones.
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