Por su parte, los grupos de la oposición 
PSPV-PSOE y Compromís han pedido explicaciones al alcalde de Alicante, 
Luis Barcala, a quien han acusado de "no hacer nada" y han reclamado la 
implantación de la ZAS.
   Así se han pronunciado tras la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Alicante, que ha considerado probado que el ruido de los locales de ocio
 y hostelería de la calle Castaños, de Alicante, está "vulnerando los 
derechos fundamentales" de los vecinos y ha instado al Ayuntamiento 
alicantino a declarar la calle como ZAS.
   El vicealcalde de 
Alicante y portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Manuel 
Villar, ha señalado, al ser preguntado por los medios de comunicación 
por este asunto, que el consistorio está valorando si recurre o no la 
sentencia y ha afirmado que van a presentar un escrito de aclaración 
sobre cuestiones técnicas.
   No obstante, ha afirmado que "con 
independencia" de que recurran o no la sentencia, van a "seguir adelante
 en tomar medidas que pide la sentencia, para defender el derecho de los
 vecinos al descanso".
 "Vamos a tomar medidas tendentes a que ese 
descanso sea efectivo", ha sostenido.
   En este sentido, Villar 
no ha concretado medidas, pero ha apuntado que aprobarán la ordenanza de
 vía pública, así como un plan de ordenación para toda la zona del 
Centro Tradicional, ya que considera que "sería absurdo" centrarse 
únicamente en la calle Castaños.
   Asimismo, ha sostenido que el
 Ayuntamiento "no va de la mano con nadie, sino que defiende únicamente 
los intereses municipales".
 "Ahora mismo, la única preocupación es ver 
cómo solucionamos, cuanto antes mejor, el problema que tienen los 
vecinos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que tratarán de que "la
 actividad económica sea compatible con ese derecho" al descanso.
   Por su parte, el grupo socialista en el consistorio ha reclamado la 
comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en el marco de la Comisión de 
Servicios (que engloba Medio Ambiente) para dar cuenta de las 
actuaciones que prevé adoptar el Ayuntamiento para cumplir la sentencia.
   El concejal socialista Raúl Ruiz ha sostenido en un comunicado que el
 alcalde "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se vulneran 
derechos fundamentales de la ciudadanía".
 "Si hemos llegado a este punto
 ha sido porque Barcala está instalado en la pasividad, hasta el punto 
que ni siquiera ha tenido voluntad de aprobar la ordenanza del ruido. 
Lleva cinco años posponiendo cumplir la sentencia de la Zona Acústica 
Saturada. Ahora, la justicia lo ha puesto contra las cuerdas y tiene que
 actuar", ha recalcado.
   El concejal socialista ha defendido 
que el problema de la saturación acústica "no se circunscribe" a la 
calle Castaños, sino que afecta a diversas zonas de Alicante. 
"Es 
inadmisible que el gobierno del PP esté pleiteando contra las 
asociaciones vecinales que han presentado recursos en los tribunales 
para defender su derecho al descanso", ha reclamado.
    "Lo que 
debe de hacer Barcala es no seguir bloqueando la ordenanza de ruido, 
porque es una herramienta fundamental para poder regular las Zonas 
Acústicas de Saturación y para crear la mesa del ruido, de forma que 
estos problemas se puedan abordar garantizando la participación de los 
vecinos y del sector del ocio", ha subrayado, al tiempo que ha censurado
 que en los seis años que lleva el primer edil al frente del gobierno 
local "no ha hecho absolutamente nada".
   Por su lado, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, 
ha recalcado en un comunicado que llevan "mucho tiempo" advirtiendo la 
situación del ruido y ha denunciado que Alicante está "bajo el mando de 
un gobierno municipal que es un gobierno peligroso".
    
"Gobierna contra las personas, contra la gente, contra nuestros barrios,
 nuestro entorno, que vulnera derechos fundamentales. Hoy hemos conocido
 un nuevo varapalo judicial contra esta administración local, uno 
judicial que dice alto y claro que en esta ciudad, este gobierno, está 
vulnerando derechos fundamentales tan esenciales y recogidos en la 
Constitución, como el derecho a la igualdad, a la integridad física y 
moral a la intimidad a la salud, al descanso, al acceso a una vivienda 
digna", ha aseverado.
   En la misma línea, ha defendido que los 
vecinos y vecinas del Centro Tradicional y Casco Antiguo "tienen razón",
 porque considera que "no se puede vivir así con tanto ruido y con tanta
 degradación".
Por ello, ha pedido a Barcala que dé explicaciones, que no recurra la sentencia, que "no se posicione al lado del lobby empresarial y que actúe en favor de los vecinos y vecinas".
Igualmente, ha reclamado que "cese de forma fulminante" al concejal del área, Manuel Villar; así como que aplique el ZAS "tal y como marca la sentencia en este plazo de dos meses".

 
 
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