jueves, 1 de diciembre de 2011

Los latinoamericanos 'abandonan' España por la crisis económica y el desempleo

MADRID.- En el tercer trimestre de 2011, el número de ecuatorianos, colombianos, peruanos, cubanos y argentinos, cinco de las principales nacionalidades de extranjeros residentes en España, se ha reducido, según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

El informe 'Extranjeros residentes en España. Principales resultados', dado a conocer por la citada Secretaría de Estado, señala que la cifra de ciudadanos de Ecuador, la segunda nacionalidad extracomunitaria (no perteneciente a la Unión Europea) con más residentes en España, se ha reducido en 3.234 personas.
Lo mismo ocurre con los colombianos, la tercera comunidad en importancia, que ha disminuido en 1.751, y los peruanos, que se ha reducido en 1.511 residentes.
El principal motivo de la marcha de los latinoamericanos es la elevada tasa de desempleo en España. En el tercer trimestre de 2011, la tasa de paro se situó en el 21,5%, con un número total de desempleados que casi llegó a cinco millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de desempleo es todavía mayor entre los extranjeros. En el tercer trimestre del año, el desempleo de este colectivo aumentó en 15.000 personas (el 1,32%) hasta situarse en 1.154.200, lo que elevó la tasa de paro de los extranjeros al 32,72%.
El informe 'Extranjeros residentes en España' habla de una "tendencia al equilibrio" entre la cifra de ciudadanos de procedencia comunitaria y los de terceros países, ya que a 30 de septiembre los primeros eran 2.517.268, el 48,46%, frente a las 2.677.622 personas del llamado Régimen General, que sumaban el 51,54% restante.
Madrid y Barcelona son las dos provincias donde viven más ciudadanos originarios de otros países de la Unión Europea (UE), con 398.433 y 257.215, respectivamente, seguidas por Alicante, Valencia, Málaga y Baleares.
En Barcelona, según el informe, es donde viven más extranjeros pertenecientes al Régimen General, 535.761, y por detrás están Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y Gerona.
El informe de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración destaca que la cifra de extranjeros de terceros países ha disminuido en 19 provincias.
Los datos trimestrales apuntan un predominio de autorizaciones de larga duración para residir en España, y representan dos de cada tres del Régimen General. En la actualidad, hay vigentes un total de 1.780.503 autorizaciones de larga duración, el 66,49%, lo que supone un incremento del 2,39% con relación al segundo trimestre. Por el contrario, desvela el informe, las autorizaciones de carácter temporal han descendido en 31.870, un 3,43%.
El Observatorio Permanente de la Inmigración confirma además la tendencia al equilibrio entre hombres y mujeres que se viene detectando en los últimos meses. De los residentes que pertenecen al Régimen Comunitario, el 51,60% son hombres y el 48,40% mujeres, mientras que en el General los hombres suman un 53,70 % y las mujeres el 46,30 %.
Entre los inmigrantes de origen africano, los hombres son mayoría, el 62,65%, mientras que entre los procedentes de América Central y del Sur son las mujeres, con un porcentaje que suma el 54,21%. Los hombres, según la misma fuente, son también mayoría entre los asiáticos, el 57,40%, y entre los procedentes de Oceanía, el 58,46%.
Por edades, más de la mitad de los residentes del Régimen General tienen entre 25 y 44 años, el 51,43 %, frente al 18,63 % de los menores de 16 años, 498.732 ciudadanos, y los 317.127 niños, menores de 10 años.
La edad media de estos inmigrantes, que es de 31,7 años, es cinco años inferior a la de los residentes de origen comunitario.

Cospedal llevará a los tribunales al Gobierno central por trasvasar "más" de lo que las normas fijan

TOLEDO.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) por autorizar un trasvase del Tajo-Segura en el segundo semestre de este año que, a su juicio, "contraviene las normas de explotación" y se ha trasvasado "más agua de la que las normas fijaban". 

   Así lo ha anunciado el consejero de Empleo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, donde ha explicado que se interpondrá este recurso "frente al silencio administrativo del MARM que no contestó al requerimiento que se le hizo desde la Consejería de Fomento" tras la aprobación del trasvase desde el Tajo "de 270,8 hectómetros" para la segunda mitad de este año.
   Según Esteban, se ha hecho "lo necesario", que ha sido en primer lugar "pedir explicaciones, y como el requerimiento no se ha atendido, acudir a los tribunales para defender los intereses de Castilla-La Mancha".
"Las leyes están para cumplirlas, y si no se cumplen hay que ir a los tribunales".
   Además, el portavoz ha asegurado que "existe un informe jurídico" solicitado por la Consejería de Fomento "en el que se habla de la alta posibilidad de que el recurso prospere en favor del Gobierno regional".
   En este sentido, Esteban ha subrayado que la postura del Gobierno de María Dolores de Cospedal para solucionar el problema del agua "es abordar desde una perspectiva integral, y solo desde una planificación nacional comprensiva de todas las regiones planteada de forma unitaria es posible resolverlo".
   "Hemos reclamado la propiedad de la cuenca cedente y que debe haber suficiencia para cubrir las necesidades presentes y futuras", ha agregado "Entendemos la solidaridad en este capítulo y nunca se negará desde la región agua para beber y agua para vivir".

La banca española ha asumido costes de hasta 9.000 millones por ejecuciones hipotecarias desde 2007

MADRID.- La banca española ha soportado costes de 6.000 millones de euros desde 2007 por el mantenimiento y comercialización de los inmuebles embargados a consecuencia de la crisis económica, una cifra que se elevaría hasta 9.000 millones de euros de tener en cuenta la gestión del patrimonio adquirido por vía judicial, según un informe de Alteba.

   En concreto, el informe apunta a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indican que desde 2007 hasta la primera mitad de 2011 se produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas, frente a las 10.000 registradas en 2006, una cifra que ha hecho que los bancos se hayan visto "desbordados" y que ha llevado a 125.000 familias a perder su casa.
   Asimismo, identifica los gastos, entre los que destacan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que supone entre el 6,5% y el 8% del valor de la adjudicación, junto con los costes judiciales, el mantenimiento de los inmuebles, su comercialización e incluso las empresas de recobro que contratan las entidades para recuperar la mora.
   "La banca está haciendo un esfuerzo enorme, para ella no es deseable soportar estos gastos. Prueba de su empeño es que, pese al incremento de la morosidad, el número de procedimientos ejecutivos ha disminuido frente a otros años", ha destacado el presidente de Alteba, Rafael Martín.
   Por todo ello, la compañía de gestión inmobiliaria ha desarrollado el proyecto "Viviremos", un plan basado en la mediación social como forma de entendimiento entre deudor y acreedor costeado por la banca que intentará buscar la solución "menos dramática" al problema.
   Así, equipos multidisciplinares integrados tanto por abogados como por psicólogos y asistentes sociales se encargarán de clasificar a los deudores y conocer su problemática particular.
   "Las relaciones entidad deudor son muy complicadas pero nuestra experiencia nos dice que los deudores asesorados normalmente llegan a un acuerdo con la banca", ha remarcado Martín.
   Además, el presidente de la compañía ha valorado que esta mediación social evitaría muchos de los procesos judiciales, y ha descartado la mediación arbitral al considerar que en muchas de las ocasiones "es demasiado tarde", ya que el daño social ya está hecho.
   Por otra parte, Martín ha insistido en que aunque el desembolso inicial del proyecto podría suponer a las entidades financieras entre el 5% y el 10% de lo que los costes actuales, podría permitirles ahorrar más del 30%.
   Asimismo, ha apelado a que el problema de los embargos de vivienda para las entidades financieras ha trascendido más allá de los costes suponiendo para la banca una erosión de su responsabilidad social corporativa, ya que la percepción social ha empeorado.
   Por ello, el dirigente de Alteba ha destacado la intención de poner en marcha un sello de responsabilidad social corporativa para la vivienda, de modo que el comprador pueda conocer si se han tenido en cuenta las circunstancias de los deudores, con el fin de marcar una distinción.
   Por último, ha asegurado que la compañía ya ha presentado el piloto a una veintena de entidades financieras y que la acogida ha sido "muy buena", a la vez que ha puntualizado que "alguna" entidad ya ha firmado y que hay varias interesadas en ponerlo en marcha.

El presidente de Cajamar, expectante a una fusión con Ruralcaja pese no haber conversaciones 'institucionales'

ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, se ha mostrado expectante ante la  reunión hoy de la junta directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales, en la que se abordará la propuesta del presidente del grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo y de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, sobre la unión de las asociadas  en un ente colectivo, ya que si esta opción es rechazada podría abrirse un proceso de fusión con la caja almeriense, si bien Pérez Lao ha rechazado que hasta el momento se hayan producido conversaciones "institucionales" en este sentido. 

   El presidente de la rural almeriense ha señalado que Cajamar no pertenece a la Asociación Española de Cajas Rurales, por lo que, sobre lo que pueda trascender en la reunión de este jueves solo espera conseguir "algún dato de forma indirecta", pese a lo que es consciente de que del resultado de la misma "pueda haber algo" en los próximos días.
   Pérez Lao, que ha achacado a "rumores externos" y "conservaciones de pasillo" la posible fusión, ha manifestado que conoce la existencia de una propuesta de Ruralcaja para potenciar un grupo de más de 40 cajas rurales aunque desconoce la determinación que se tomará finalmente. No obstante, asegura que la ambición de Cajamar "no está en que Ruralcaja se venga o se deje de venir" sino que "queremos que se vengan aquellas que están convencidas".
   "Nuestro deseo está en que todas las entidades financieras, sobre todo las rurales, resuelvan los problemas y sepan adaptarse a la realidad actual", ha dicho antes de mostrar su interés en potenciar el Grupo Cooperativo Cajamar, sentido en el que ha indicado que solo queda la ratificación de las asambleas para aprobar la entrada de la Caja Rural de Canarias.

La Kutxa exige al Banco de España que no "prolongue la agonía" de las entidades inviables

MADRID.- El presidente de la Kutxa, Xabier Iturbe, ha exigido al Banco de España que actúe para culminar la reestructuración del sector financiero y "no prolongar la agonía de las entidades que no aguantarán" los problemas en los que lleva inmerso el sector desde hace tres años y que amenazan con convertirse en una "tormenta perfecta en 2012". 

   Es el tiempo de distinguir entre quienes lo han hecho mejor y peor y que el regulador actúe en consecuencia", ha pedido Iturbe durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Funcas y CECA.
   "No podemos perder más tiempo en esta carrera de obstáculos", ha remarcado Iturbe, quien ha denunciado también el actual "caos normativo", que lastra las decisiones de las entidades.
   Iturbe ha destacado la deuda privada y pública como primer problema del sector, que ha achacado a la falta de confianza desatada en los mercados, "asustados" ante la "falta de acuerdo" de los políticos, que se han mostrado incapaces de alcanzar una "visión común" de Europa, "o por lo menos coordinada".
   Esta situación, añadida a falta de liquidez, aboca al sector a un "gravísimo problema de caída de los márgenes" de todas las entidadades que, de continuar, abocará al sector a un "inminente colapso" del sistema por falta de rentabilidad del negocio.
   Por otro lado, ha advertido de que es necesario que las medidas de ajsute son necesarias, pero si no se incentiva al tiempo el emprendimiento se producirá una "jibarización" de la economía española.

Los ayuntamientos podrían ahorrar 2.700 millones anuales al externalizar los servicios de urbanismo y residuos

MADRID.- Los ayuntamientos españoles podrían ahorrar casi 2.700 millones de euros anuales al externalizar la gestión de las áreas de urbanismo y residuos, lo que supone al menos un 20% sobre el presupuesto de cada partida a través de ciertas deducciones fiscales y del control del gasto. 

   Según los datos de la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, estos dos servicios suponen casi la cuarta parte de los gastos de los municipios españoles y con su externalización se podría aliviar gran parte de los problemas financieros que "exprimen" a muchos consistorios.
   De los 59.000 millones de euros que los municipios gastan al año, más de 9.700 millones se dedican a urbanismo y 3.761 millones a la gestión de residuos. Por este motivo, estas son, según Russell Bedford, las áreas principales en las que los ayuntamientos pueden obtener un considerable ahorro a través de su externalización.
   La externalización de servicios municipales permitiría además sanear sus cuentas, ya que el déficit de los consistorios se ha disparado un 103% desde 2007, al pasar de los 3.200 millones a los 6.500 millones, aunque la participación de la iniciativa privada en las áreas de urbanismo y residuos podría reducir ese nivel de déficit un 40%, hasta los 3.800 millones.
   Según Russell Bedford, la situación actual de las administraciones públicas y la escasez generalizada de recursos obliga al planteamiento de "nuevas formas de gestión innovadoras" en la prestación de los servicios públicos que mantengan inalterada su calidad pero que a la vez consigan mejoras en los costes.
   Las fórmulas de colaboración público-privada, las empresas mixtas previstas en el ordenamiento jurídico o las diversas fórmulas de gestión pública que la ley permite a la propia administración pueden ser "uno de los elementos clave a explorar en esta nueva situación".
   Además, el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, considera que la gestión privada es "conveniente" porque es el elemento clave para asegurar la obtención de un coste adecuado, así como el cumplimiento de unos estándares de calidad mínimos. "Los costes de personal se racionalizan en función del mercado laboral y la eficiencia se logra con un dimensionamiento óptimo de las plantillas", añade.
   Aunque urbanismo y residuos son los dos servicios con mayores recursos susceptibles de ser externalizados, Russell Bedford identifica otras áreas en las que se suele tener la posibilidad de obtener mejoras importantes en la eficiencia, como los proyectos medioambientales, la limpieza y mantenimiento de edificios públicos, la limpieza viaria y la conservación de parques y jardines y los servicios de apoyo a la corporación.
   En el área de inversiones, destaca la construcción y explotación de determinadas infraestructuras públicas, equipamientos o inversiones (aparcamientos públicos o techos de edificios públicos para producción de energía fotovoltaica). Incluso considera factible "desinvertir" en obra civil y aportar parte de esa inversión a sociedades mixtas para procurar tesorería a los ayuntamientos.

Cuatro de cada diez padres gastarán más de 100 euros en juguetes, los más generosos de Europa

MADRID.- Cuatro de cada diez padres españoles, el 40% del total, destinará más de cien euros por niño en juguetes estas Navidades pese al escenario de crisis económica, caracterizado por el enfriamiento del consumo, según un estudio sociológico de Imaginarium sobre hábitos de juegos y juguetes en seis países.

   En concreto, los padres españoles serán los más generosos de Europa a la hora de comprar juguetes, frente a los portugueses, que estas Navidades serán los más austeros, ya que el 85% se mantendrá por debajo de los cien euros.
   Por detrás de los españoles se situarán los hongkoneses, de los que el 35% gastará más de cien euros, seguidos de Italia y Alemania, donde sólo el 20% de los padres gastará más de cien euros por niño.
   Según el estudio, el presupuesto medio en juguetes estas Navidades se sitúa entre 50 y 100 euros por niño, franja en la que se posicionan el 51% de los padres españoles, el 54% de los italianos, y el 60% de los alemanes.

Guerra apela a la regeneración de "la clase política conservadora valenciana"

ALICANTE.- El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, ha abogado por "una regeneración no sólo de la clase política conservadora valenciana", sino también de la sociedad para que "sea capaz de sancionar con dureza conductas completamente inmorales".
 
Guerra hizo estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la exposición sobre la transición política en España, en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), al ser preguntado por los casos de presunta corrupción política en la Comunitat y la situación de Caja Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia, intervenidas por el Banco de España.
El político socialista ha manifestado que tiene "la impresión de que la elite regional conservadora se ha comportado como nuevos ricos a los que les dan una chequera de la que se puede tirar para cualquier cosa".
"Desde el punto de vista moral, me avergüenza esta situación que hay en la Comunidad Valenciana y la insensibilidad de la población, que no es capaz de sancionar duramente estos comportamientos", que "me causan un escalofrío terrible", ha dicho.
A su juicio, esas conductas son "una falta de ética absoluta, lo contrario de lo que debe ser la política".
Por otra parte, ha considerado que para que el PSPV-PSOE se convierta en una alternativa real al poder tiene que "trabajar, hay que trabajar mucho".
"La mayoría de las personas cree que con la revolución de los medios de comunicación todo es fácil y que desde un despacho se puede hacer todo, pero no es verdad", ha opinado.
Guerra ha indicado que cuando habla con los militantes socialistas les dice que "tienen que gastar dos cosas: zapatos y saliva".
"Hay que moverse mucho y hablar mucho. Si se hace de una manera continuada, el fruto se consigue, y es lo que hay que hacer en todas partes, también en el partido socialista valenciano", ha subrayado.
Preguntado sobre si el nuevo Gobierno popular será capaz de sacar a España de la crisis, ha estimado que "será muy difícil", pero ha manifestado que "ojalá acertara" en sus decisiones.
"Me gustaría que lo lograra, que acertará en las decisiones", aunque "todavía no puedo calificar lo que van hacer, porque no lo han dicho", ha expuesto Guerra, quien ha lamentado que "hasta ahora no tenemos ninguna idea de cuál es su proyecto. Cuando se sepa, podremos enjuiciarlo", ha apostillado.
"Guste o no guste, y a mi no me gusta mucho, es el Gobierno de todos los españoles", ha agregado.
Guerra ha explicado que, si se analiza lo que está pasando en el mundo, "la teoría que desde el grupo popular han dicho en la campaña de que con llegar ellos, con cambiar el Gobierno, esto se iba a resolver resulta difícil de aceptar, porque en el mundo está habiendo transformaciones muy fuertes".
En este sentido, ha afirmado que "cada día se genera en los movimientos de Bolsa un beneficio equivalente a 70 veces el que se obtiene con la economía productiva", lo que revela que el capitalismo ya "no está interesado en la producción", sino en "los movimientos financieros, y eso ahoga a todos los países del mundo".
Dicho problema, según Guerra, "está incidiendo especialmente en Europa, porque las autoridades europeas no han tenido el suficiente coraje de negarse a aceptar que grupos como las agencias de calificación" -que, a su juicio, son "agencias mafiosas"- están "estafando al mundo".
Para el político socialista, las agencias de calificación "rebajan la categoría de un país porque han comprado en ese país" para luego "vender más caro", por lo que "están haciendo unas fortunas inmensas engañando a la gente".
En su opinión, "las autoridades europeas no han sabido independizarse" de esos grupos, y actitudes como la de Alemania, que "se está comportando muy insolidariamente" con ellos mismos y, por tanto, con Europa, perjudican al futuro económico de los restantes países.

martes, 29 de noviembre de 2011

Las Cortes Valencianas ya no tienen dinero para pagar las nóminas a los diputados


VALENCIA.- La obligación de pagar las deudas pendientes con los proveedores ha dejado a las Cortes Valencianas sin dinero para cumplir con las nóminas y las pagas extra de diciembre de los diputados y los funcionarios del parlamento valenciano, según revela 'El Mundo'.

Hace solo un mes, la liquidez de las Cortes parecía garantizada -así lo aseguraban desde la institución- pese a que el enorme gasto de los últimos años había dejado los ahorros bajo mínimos, sin embargo la congelación de los ingresos que la Generalitat Valenciana dedica en sus presupuestos al parlamento autonómico ha vaciado definitivamente las arcas de la institución. Hasta ahora, las Cortes sobrevivían gracias al superávit de años anteriores, lo que se conoce como los "ahorrillos" de las Cortes, sin embargo en una reciente reunión se decidió dar prioridad al pago a los pequeños proveedores del parlamento y se aprobó abonar cerca de 500.000 euros pendientes desde el pasado mes de junio.
La actual situación económica de la institución hace inviable ahora mismo asumir el pago de las nóminas del próximo mes, que ascendería a casi 1,6 millones de euros contando con las extras de Navidad.
Pese a que las Cortes se han apresurado a garantizar que se pagará "con normalidad en el mes de diciembre la nómina tanto a los diputados como a los trabajadores", lo cierto es que la Mesa de la cámara ha tratado su crisis económica este martes y ya se han iniciado los contactos con la Conselleria de Economía para buscar una solución.
Las Cortes han trasladado esta mañana a los diputados que ante la falta de liquidez será el gobierno valenciano quien garantice el pago de las nóminas.
En esta línea, el portavoz del PP, Rafael Blasco, ha hecho hincapié en que este extremo del impago es "imposible".
"Las Cortes no van a encontrarse en una situación que haga imposible el pago de las nóminas", ha destacado Blasco, quien ha recordado que el pago de la nómina de diciembre se hace efectivo a partir del 20 de ese mes.
Asimismo, ha hecho hincapié en que las Cortes, los grupos y los diputados valencianos "han hecho un ejemplo de austeridad". En esta misma línea, el síndic del PP ha incidido en que estos parlamentarios "han dado ejemplo al apretarse el cinturón y bajarse los sueldos".
Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, que ha comparecido acompañada por la diputada socialista Carmen Ninet, ha destacado que su partido todos los días lleva a cabo iniciativas para que cobren "todos a los que la Generalitat les debe".
Preguntada por si los parlamentarios socialistas estarían dispuestos a no cobrar la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad para que hubiera dinero para otras institucions, Moreno ha respondido que el presupuesto de las Cortes "nada tiene que ver con el de otras instituciones", y ha añadido que la cámara valenciana es "soberana".
También se ha referido a este tema la síndica adjunta de Compromís, Mònica Oltra, quien ha incidido en que "con el dinero que va al poder legislativo deberíamos ser extremadamente cuidadadosos". En su opinión, "lo de menos" es la nómina de los diputados.
La portavoz del grupo parlamentario de EUPV, Marga Sanz, en su intervención, ha dicho que no han preguntado en la Junta de Síndics sobre este tema.

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".

Diego de Ramón reclama al Banco de España que investigue a la CAM y al Banco de Valencia o pedirá su responsabilidad

MADRID.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad y por los del Banco de Valencia, según el escrito enviado al organismo.

   El letrado Diego de Ramón reclama al Banco de España "la apertura de una nueva inspección de control, vigilancia rigurosa y exhaustiva" y advierte al organismo de que pedirá su responsabilidad patrimonial ante los tribunales en caso de que no cumpla con sus obligaciones y remita los resultados a la Justicia.
   En concreto, el abogado considera que los responsables de estas dos entidades intervenidas por el Banco de España ocultaron datos contables, realizaron favores políticos, concedieron créditos sin garantías y cobraron comisiones ilícitas, entre otras irregularidades.
   De Ramón acusa al organismo supervisor bancario de "dejadez" en su obligación de inspeccionar a las entidades financieras, al quedar acreditadas en sus informes de intervención las irregularidades contables, las indemnizaciones millonarias a sus directivos y la concesión de créditos sin garantía.  
   El abogado también ha enviado una carta al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que "depure" a los responsables políticos del PP en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, que han mediado en las dos entidades y cifra en 6.000 millones de euros y entre 600 y 1.000 millones de euros las pérdidas provocadas en las dos comunidades, respectivamente.
   En este sentido, el letrado denuncia que "existe un fuerte paralelismo geopolítico" entre la CAM y el Banco de Valencia en la relación mantenida entre sus antiguos gestores y los responsables políticos de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
   En este sentido, De Ramón explica que los últimos presidentes de la CAM y Banco de Valencia, Modesto Crespo y José Luis Olivas, respectivamente, "salieron de la misma cocina política de designación y sin ninguna experiencia financiera".
   Además, denuncia que ambas entidades participaron en los mismos proyectos inmobiliarios concediendo "macrocréditos" con "dudosas garantías" a promotoras como Grupo Polaris (1.000 millones de euros), Hansa Urbana (300 millones de euros) y a Francisco Hernando 'El Pocero' (100 millones de euros). El abogado alerta del posible tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos.
   Además, De Ramón pide que se investigue a las entidades tasadoras de los inmuebles, cuyos dictámines permitieron a las entidades "duplicar el volumen de negocio" como se demostró en la CAM, al crecer un 370% su cartera crediticia entre 2000 y 2008.
   Por último, el abogado pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que asuma la responsabilidad de las cuotas participativas que la CAM vendía a sus clientes como si fueran un depósito, así como las elevadas comisiones que les imponían.

La deuda de la Generalitat con las farmacias cerrará el año en 360 millones de euros

MADRID.-   La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra se eleva a 360 millones, con lo que se convierte en la región con más deuda.

   Así se desprende de las previsiones recogidas por esta entidad en su último Observatorio del Medicamento, relativo al mes de octubre, donde urgen al Estado a avalar dicha deuda a fin de evitar "desabastecimientos generalizados", con el consiguiente "riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
   Actualmente ya hay 12 comunidades autónomas que han publicado los resúmenes de sus programas de austeridad para cumplir con los objetivos de déficit de 2011 fijados por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre los que incluyen 855 millones de ahorro en medicamentos.
   Esto está generando una situación generalizada de impagos que va en aumento aunque, no obstante, afecta en mayor o menor medida a unas comunidades y otras.
   De este modo, y según las previsiones de FEFE, la región más endeudada a finales de año con las farmacias será Comunidad Valenciana (360 millones), seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias y Murcia (150, en ambos casos).
   En situaciones de normalidad, recuerdan las farmacias, el pago de los medicamentos dispensados se producía en un plazo medio de 45 días, los mismos en los que las farmacias pagan a los proveedores (almacenes de distribución y laboratorios), a quienes corresponde un 78 por ciento de lo ingresado.
   Con el 22 por ciento restante, la farmacia tiene que hacer frente a sus gastos generales, nóminas, pago de seguros sociales e impuestos. Sin embargo, según reconocen, en el momento actual su capacidad de endeudamiento es muy limitada, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de deuda a corto plazo (pólizas y préstamos), agravada por la situación de crisis económica global.
   Sobre todo teniendo en cuenta que el retraso en el pago a proveedores, en caso de que el farmacéutico no se encuentre ya en el máximo, llegando a los 120 días, lo que conlleva un alto coste financiero.
   Por ello, y ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas, FEFE teme un "importante desabastecimiento" y que, en algunos casos, haya farmacias que tengan que entrar en concurso de acreedores, particularmente las adquiridas en los cinco últimos años con créditos.
   "En ningún caso, ya que ni los colegios ni las patronales lo recomiendan, se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios", aseguran las oficinas de farmacia, que no obstante advierten que "pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia".
   Sin embargo, advierten, "el pago a proveedores puede verse afectado". Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que instan al nuevo Gobierno a tomar "importantes" decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema.
   "El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis", reconocen.
   Asimismo, en este observatorio también se recogen los impagos de los hospitales por las compras que realizan directamente a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria, representadas por Farmaindustria y Fenin.
   Estos impagos por la compra de medicamentos a hospitales ascendían a 30 de septiembre pasado a 5.826 millones de euros con un plazo de pago medio de 432 días. En el caso de los productos sanitarios y de tecnología conexa la deuda a la misma fecha era de 4.740 millones de euros y el plazo medio de pago de 431 días.

El sector del acabado textil prevé incrementos de costes en sus tarifas de entre el 6 y 8%

VALENCIA.- El subsector del acabado textil de la Comunitat Valenciana ha asegurado que no tendrá "más remedio" que afectar incrementos de costes en sus tarifas de entre el 6 y 8 por ciento a sus clientes para el próximo ejercicio, que generarán a su vez repercusiones en los precios finales de los productos textiles al consumidor ante la situación de crisis por la que atraviesa, y que en los últimos años ha llevado al cierre al 40 por ciento de las empresas.

   Según ha informado la asociación Ateval en un comunicado, éste es un subsector "intensivo" en mano de obra que, de acuerdo con los últimos datos estimados, emplea a 1.861 trabajadores en 111 empresas  con un volumen de negocio de más de 196,5 millones de euros.
   Durante los últimos cinco años, el subsector del acabado ha perdido un 37 por ciento de la facturación, un 52 por ciento de sus empleos y un 40 por ciento de sus empresas. En los dos últimos ejercicios se ha agudizado la pérdida de actividad, con una bajada del 30 por ciento en su cifra de negocios.
   Ateval ha apuntado que la situación se "complica" de nuevo para el sector de los acabados, con las recientes alzas de precios de las materias primas y la energía, que afectan a los costes industriales de una industria de servicios a terceros "haciendo frente con no pocas dificultades al reto de seguir siendo competitivo en el mercado".
   La asociación ha destacado la importancia del subsector de los acabados dentro de la cadena de valor del sector textil, ya que "se trata de un eslabón vital" dentro de esta industria, "especialmente en el territorio valenciano, por la importancia de la producción del textil hogar que representa el 80 por ciento de la producción española, y que es necesario para garantizar su viabilidad, un sector muy importante para la economía valenciana y para el clúster de las comarcas textiles de l'Alcoia, el Comtat y la Vall d'Albaida".

El presupuesto de la Universidad estará "marcado por la crisis" y por la disminución de transferencias del Consell

ALICANTE.- El presupuesto de la Universidad de Alicante estará marcado por la por la situación internacional de crisis, así como por la "disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto" de cuentas y por los "problemas derivados de tesorería" por demoras en pagos de las anualidades anteriores, según ha informado la institución académica en un comunicado.

   La Universidad de Alicante ha presentado al Consejo Social los criterios que guiarán la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012.
   Según la institución docente, el presupuesto estará marcado, además de por la situación global de crisis económica, "por la disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto de presupuestos, los problemas de tesorería derivados de las demoras en los pagos procedentes de la Generalitat y el nuevo aplazamiento de las anualidades 2011 y 2012, correspondientes al Convenio de Colaboración subscrito entre la Conselleria de Educación y la Universidad de Alicante en mayo de 2008".
   "Los importantes recortes que respecto a las transferencias comprometidas, según el Plan Plurianual de Financiación de 2010, contempla el Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno valenciano, conllevan una importante disminución en los ingresos de la UA previstos para 2012 y supone una reducción de aproximadamente un 12 por ciento sobre lo que estaba acordado", ha explicado.
   Ante esta" difícil situación económica", la Universidad de Alicante propondrá "unos presupuestos que supondrán importantes recortes en algunas partidas". No obstante, desde la UA han señalado que, con fecha 7 de noviembre, se recibió una comunicación del conseller de Educación en la que manifiesta su intención de establecer "las consideraciones necesarias relativas al presupuesto previsto para las universidades en el próximo ejercicio 2012, así como de dirimir las cuestiones relativas al diferencial que pudiera existir como consecuencia de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación acordado".
   Por ello, según ha añadido, "en caso de que se produjese alguna modificación en el proyecto de presupuestos de la Generalitat con respecto a las transferencias previstas para las universidades, se deberán realizar las modificaciones correspondientes en nuestros presupuestos para adaptarlos a la nueva situación".

Pérez Fenoll subraya que la justicia "deja en evidencia" a Agustín Navarro, alcalde de Benidorm

BENIDORM.-  El concejal y diputado provincial del Partido Popular, Manuel Pérez Fenoll, ha considerado que la justicia "deja en evidencia a Agustín Navarro" y le emplaza a "devolver las retribuciones", en virtud de dos sentencias judiciales, en las que se les declara concejales no adscritos y en las que declara nulos los acuerdos por los que se dotaban de determinados recursos al grupo y de sueldos en calidad de los cargos que desempeñan.

   En un encuentro con los medios de comunicación, Pérez Fenoll se ha referido a las dos sentencias que acaba de emitir el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante, estimando los recursos que el Grupo Municipal del Partido Popular presentó hace más de dos años.
   A su juicio, "vienen a demostrar que el gobierno que constituyó Agustín Navarro desde el 22 de septiembre, fecha de la moción de censura, y que se ha mantenido hasta el pasado 22 de mayo, estaba basado y sustentado en la más absoluta ilegalidad".
  De este modo, ha resaltado que los tribunales "han venido a darle la razón al PP cuando en octubre de 2009 alertaba que las resoluciones adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura, podrían ser ilegales".
  "Entonces no lo decíamos sólo nosotros, también opinaban así muchos expertos del Derecho porque no había más que leerse la Ley de Bases de Régimen Local. Sólo faltaba que lo dijera un juez y eso es lo que ha ocurrido ahora. Agustín Navarro ha recibido su primer garrotazo judicial, pero van a venir más", ha dicho.
   Las dos sentencias emitidas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante declaran la nulidad, entre otras cuestiones, de todas las resoluciones administrativas "por ser contrarias a Derecho", adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura del año 2009.
   En concreto, las resoluciones son: nombramientos de miembros de Junta de Gobierno Local; delegación de atribuciones de Agustín Navarro a favor de la Junta de Gobierno Municipal; nombramiento de representantes en órganos colegiados; retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación; creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes y delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno Local.
  Según los 'populares' de Benidorm, "el juez echa por tierra la constitución del equipo de gobierno que surgió tras la moción de censura de 2009, así como las retribuciones que se asignaron, al tiempo que en la otra sentencia "declara como 'no adscritos' a los exconcejales del PSOE  de la anterior corporación".
   La sentencia subraya "la imposibilidad jurídica de que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benidorm pueda ostentar derechos económicos y políticos y ser beneficiario de recursos materiales y humanos con cargo al Presupuesto Municipal", lo cual implica, entre otras cosas, "el derecho a formar parte de las Comisiones Informativas; el derecho a participar en la Junta de Portavoces y el derecho a percibir retribuciones e indemnizaciones por asistencia a Comisiones Informativas permanentes".
   Entre otros fundamentos de derecho, la sentencia establece "la obligación del Ayuntamiento de Benidorm de cuantificar la totalidad de los recursos económicos aplicados para el pago de las retribuciones mensuales por dedicación exclusiva a Alcaldía y Concejales con Delegación de Alcaldía así como las cantidades satisfechas por Indemnizaciones por Asistencia a órganos colegiados: Junta de Gobierno Local y Sesiones de Consejos, Fundaciones, Juntas y tribunales de Selección de Personal desde el día 29 de septiembre".
  Además, apunta que, tras "dicha cuantificación, proceda a reclamar la cantidad resultante a los concejales no adscritos que hubieren sido beneficiarios de dichas cantidades". La sentencia afirma que los "derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
   La sentencia es recurrible en el plazo de 15 días a partir de su notificación, admisible en un solo efecto y para su resolución por la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
   Así, Pérez Fenoll ha emplazado a Agustín Navarro "a que cumpla, aunque sea por primera vez, la Ley" y que ordene "el inicio de las actuaciones por los servicios jurídicos y económicos de este Ayuntamiento con el objeto de devolver a las arcas municipales lo que nunca debió salir de ellas con la máxima inmediatez en cuanto la sentencia sea firme".
   Finalmente, ha advertido de que "si no se cuantificaran por parte del Ayuntamiento estas cantidades y no fueran exigidas a quienes las cobraron indebidamente y de forma ilegal, nos veremos obligados a acudir a la Jurisdicción Contable o lo que es lo mismo, el Tribunal de Cuentas".

La Seguridad Social compensará a pensionistas de mínimas con 855,87 millones

MADRID.- La Seguridad Social compensará a los pensionistas de mínimas y no contributivas con 855,87 millones de euros por la desviación al alza de la inflación en el mes de noviembre, que fue de 1,9 puntos porcentuales sobre lo previsto para 2011 (1%), según ha informado el Ministerio de Trabajo.

   Los beneficiarios de esta compensación son los más de 3,2 millones de perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares, es decir, todas aquellas que no quedaron congeladas tras el decreto de recortes de mayo de 2010.
   Esta compensación se abonará en una paga de 441,69 millones de euros que se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 414,18 millones de euros.
   Según Trabajo, la compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.
   El gasto previsto para este año es un 65% inferior a lo empleado en la compensación el pasado año (2.472 millones de euros), lo que supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
   En enero de 2010, los pensionistas españoles no recibieron paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.
   El sistema de Seguridad Social español  establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las  pensiones.

lunes, 28 de noviembre de 2011

La Diputación de Alicante busca en Bruselas fondos europeos para los ayuntamientos


ALICANTE.- La Diputación de Alicante trabaja estos días en Bruselas con el objetivo de captar fondos europeos para los ayuntamientos de la provincia que les permitan el desarrollo de proyectos energéticos y medioambientales en sus municipios, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   Una delegación alicantina encabezada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, e integrada por el diputado de Economía y Hacienda, César Augusto Asencio, el diputado de Medio Ambiente, Miguel Zaragoza, y el alcalde de Alqueria d'Asnar y diputado del Grupo Socialista, Francesc Jaume Pascual, se ha desplazado hasta la capital belga con este objetivo.
   Durante su estancia en Bruselas, la delegación ha mantenido este lunes una reunión de trabajo en el Comité de las Regiones para presentar los proyectos energéticos y medioambientales que están impulsando los municipios de la provincia y la propia Diputación de Alicante y conocer la disponibilidad de fondos estructurales europeos y de créditos a municipios del Banco Europeo de Inversiones.
   En este sentido, más de 40 ayuntamientos y 20 agentes económicos de la provincia se han interesado en desarrollar proyectos en materia de desarrollo local, mejora energética, sostenibilidad y medio ambiente mediante la obtención de financiación europea.
   Asimismo, Pastor y los diputados provinciales se reunirán con técnicos de la Fundación Comunitat Valenciana Región Europea en la delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, para "analizar las opciones de obtención de fondos europeos para ayuntamientos en programas como LIFE+, Eco-Innovación; Interreg IVC; ENPI 'Cuenca Mediterránea'; Erasmus para Emprendedores; Youth in Action o Formación y Empleo".
   La presidenta y los diputados provinciales también participarán este martes en la celebración anual del Pacto de los Alcaldes, al que se han adherido ya 95 municipios alicantinos, lo que convierte a Alicante en la sexta provincia europea con mayor número de adhesiones.
   Durante la ceremonia, la Diputación de Alicante hará entrega de un documento en el que se recogen los 70 Planes de Acción de Energía Sostenible que han desarrollado ya otros tantos municipios de la provincia gracias al soporte ofrecido por la institución provincial.
   Además, en el acto se expondrá el desarrollo del Pacto de Alcaldes, que pretende reducir el 20 por ciento de emisiones de CO2 mediante un 20 por ciento de ahorro y eficiencia energética y la implementación del 20 por ciento de energías renovables antes del 2020.
   Asimismo, esta ceremonia sirve para exponer las políticas energéticas de la Unión Europea y los instrumentos financieros para llevar a cabo estas políticas, lo que aprovechará la Diputación de Alicante para dar a conocer el trabajo que está desarrollando.
   La institución provincial alicantina es 'Estructura Soporte del Pacto de Alcaldes' desde el año 2009, ya que desde un primer momento se interesó por ayudar a los municipios de la provincia para que consigan los objetivos recogidos en el Pacto.
   El Área de Medio Ambiente y la Agencia Provincial de la Energía están ayudando actualmente a cerca de 88 ayuntamientos en el desarrollo de los diagnósticos de los consumos energéticos municipales y los planes de acción de energía sostenible, de los cuales 70 ya se han concluido.

Císcar asegura que no se ha planteado "en estos momentos" ser candidato a la presidencia del PP provincial

ALICANTE.- El conseller de Educación, José Císcar, ha asegurado que ni se ha "planteado" en "estos momentos" optar a la presidencia provincial del PP en Alicante, al tiempo que ha apostado por estar "todos con el presidente", Miguel Ortiz, y por respetar las "fases" de los congresos.

   Durante una rueda de prensa sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2012, Císcar ha sido preguntado por si está entre sus prioridades optar a este puesto, que actualmente ocupa Ortiz, tras la dimisión de José Joaquín Ripoll. "Es algo que ni me he planteado en estos momentos", ha asegurado.
   Desde su punto de vista, en estos momentos "todos" tienen que "ayudar a pilotar" el partido y a "preparar el congreso" a Miguel Ortiz, aunque ha recordado "las fases" que se tienen que seguir, es decir, primero el nacional, luego el regional y, posteriormente, el provincial.
   "A mí lo que me gusta es que el PP sea una máquina de ganar elecciones y que arrase en los diferentes procesos electorales", ha indicado el conseller.

Stop Desahucios logra aplazar el desalojo de una familia hasta el 8 de febrero

ALICANTE.- Stop Desahucios ha conseguido este lunes paralizar y aplazar hasta el 8 de febrero el desahucio en Alicante de una familia colombiana, formada por un matrimonio y su hijo, de 11 años, que no podían hacer frente al pago de los plazos de la hipoteca de la casa en la que viven, en el barrio alicantino de El Pla. 

   Hasta la casa, situada en la calle Gasset y Artime de Alicante, se han acercado dos funcionarios del juzgado y un trabajador de Bankia, con quien tienen la deuda, para entregar la orden de desalojo a la familia, aunque la multitud ha parado a la comitiva sin que se haya registrado ningún incidente.
   Según fuentes de la plataforma, José Salomón y Doaly son una pareja colombiana que llegó a España en el año 2005. Desde ese momento, él se dedica a trabajar en el sector de la construcción y el comercial. Ella, por su parte, ha trabajado principalmente en el cuidado de ancianos. Tienen un hijo que, a día de hoy, ya tiene 11 años.
   La pareja contrató una hipoteca en el año 2007, pero José Salomón se quedó en paro en año 2008 y, a partir de ese momento a la familia le cuesta cada vez más hacer frente a las cuotas hipotecarias, llegando el momento en que no pueden hacer frente al pago de la letra. En diciembre de 2009 Caja Madrid da por vencida la hipoteca anticipadamente por una deuda de 3.162 euros.
   En enero de 2011 Caja Madrid se adjudica la casa por el 50 por ciento del valor de tasación original, esto es, por 95.125 euros. A la familia le queda una deuda entre capital, intereses y costas judiciales de 95.000 euros.

La Generalitat ampliará el control del gasto de la Administración con una unidad específica de interventores

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Presupuestos, José Manuel Vela, ha informado este lunes que la Generalitat creará una "unidad específica de interventores" a quienes se les ampliará el alcance de control de la Intervención General. Este cuerpo interventor comenzará a funcionar a partir del 1 de enero del próximo año, ha dicho.

   Vela, a preguntas de los medios en rueda de prensa, ha indicado que se ha creado una nueva disposición normativa para reforzar el papel de la intervención general que habilita la habilita para "poder actuar en determinados campos o aspectos donde antes la legislación no preveía que actuara".
   De esta manera, el titular de Hacienda y Presupuestos ha apuntado que "no es que vaya a haber más controles, sino que se amplia el alcance del control del gasto", ha precisado. "Esperamos que se complemente con la Conselleria, la administración general y con la corporación empresarial", ha agregado el conseller.
   Así, para controlar el gasto de la administración, esta unidad de interventores tendrá la capacidad de "fiscalizar programas de gasto concretos" o "ampliar el espectro de su control en entidades públicas", así como de realizar "análisis de eficacia y eficiencia de políticas determinadas para ver realmente si los recursos que se destinan a determinadas actuaciones vale la pena mantenerlos".