CASTELLÓN.- El secretario general provincial del PSPV de Castelló, Francesc Colomer, ha invitado as conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, a "denunciar" al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, "por los más de tres mil millones de euros que debe a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana".
Así se ha pronunciado tras hacerse público que el Gobierno
valenciano va a denunciar ante Justicia el encierro de 24 horas de los
alcaldes socialistas de Castellón el pasado viernes en la Casa dels
Caragols.
Colomer ha destacado que se ha tratado de un "ejercicio cívico, pacífico y pedagógico de responsabilidad"
y que tuvo que llevarse a cabo "como medida de protesta después de que
Fabra ni siquiera haya respondido a una sola de las múltiples demandas
por parte de los socialistas".
El también portavoz socialista en la Diputación de Castellón ha
asegurado que "hace más de un año que los alcaldes han ido recordando el
dinero que debe la Generalitat, con escritos, mociones, peticiones
formales, protestas en los ayuntamientos, protestas en la propia
Diputación, sin que, por parte del presidente de la Generalitat, hayan
tenido el más mínimo gesto para atender esta reivindicación justa".
Por este motivo, el secretario general provincial ha lamentado que
Castellano "actúe contra unos alcaldes que están defendiendo a todos y
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de sus municipios y que no lo
haga contra un Fabra que ni paga, ni dice cuándo va a pagar".
Según ha dicho, "se trata de unas deudas contraídas por la
Generalitat en diversos conceptos, desde subvenciones a escuelas taller;
obras terminadas que han tenido que ser costeadas por los propios
consistorios; ayudas para el funcionamiento de escuelas infantiles,
centros de día y un sinfín de servicios que están realizando los
ayuntamientos con fondos propios sin ser de su competencia".
Asimismo, Colomer ha insistido en el "carácter pacífico" de
la protesta de los alcaldes socialistas y ha destacado el
comportamiento "atento" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
durante el tiempo en que los alcaldes socialistas han permanecido en el
interior del edificio.
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