ELCHE.- El PP de Elche ha presentado un
recurso de apelación contra el archivo del llamado 'caso de las
facturas', abierto en 2009 contra el exalcalde socialista de la
localidad Alejandro Soler, al entender que el acto judicial
presenta un defecto en el procedimiento que debe seguir el instructor,
ya que considera que antes de dictarse el archivo de la causa debería
haberse trasladado a las partes en litigio de las actuaciones realizadas
previamente al decreto de sobreseimiento.
El pasado diciembre, el juzgado de instrucción nº 4 de Elche
decretó el sobreseimiento libre y archivo del llamado 'caso de las
facturas', abierto en 2009 contra Soler por el supuesto pago por parte
del Ayuntamiento a medios de comunicación de varias facturas del PSPV y
del PSOE.
El caso se inició con una querella criminal contra el ex primer
edil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de
prevaricación, presentada el 26 de febrero de 2009 por los integrantes
del grupo municipal popular del consistorio ilicitano, con su portavoz y
actual alcaldesa de la ciudad, Mercedes Alonso, a la cabeza.
Así, los 'populares' han fundamentado su recurso en que el acto judicial que decreta el archivo
presenta un defecto en el procedimiento que ha de seguir el instructor,
ya que considera que antes de dictarse el archivo de la causa debería
haberse trasladado a las partes en litigio de las actuaciones realizadas
previamente al decreto de sobreseimiento.
Según el escrito, el "primer motivo" del recurso se centra
en las cuestiones procesales que se entienden "infringidas" y que dan
lugar con carácter previo a una nulidad de actuaciones, y
subsidiariamente a una infracción de derechos fundamentales, "sin indefensión", concretados en la tutela judicial efectiva y el procedimiento debido.
La parte recurrente entiende que "estando en el trámite procesal
de la preparación del juicio oral, lo procedente era dar nuevo traslado
de las actuaciones a las partes, no dictar de forma inmediata el auto de
sobreseimiento".
"El defecto procesal advertido, entendemos con carácter principal
que es causa de nulidad, con indefensión, o bien infringe el derecho a
la tutela judicial efectiva --sin indefensión-- en su vertiente del
derecho al proceso debido", especifica el recurso.
Por su parte, también apunta que el instructor considera que los
hechos existieron, pero que los mismos fueron producto de un error que
posteriormente se enmendó. "En definitiva, el instructor ha entrado a
valorar la intencionalidad del sujeto, es decir, se ha adentrado en la
existencia o no del dolo, invadiendo la esfera que corresponde al órgano
enjuiciador".
De esta manera, el escrito puntualiza que "se vulnera el derecho a la tutela judicial con indefensión para la acusación al privarse"
a la parte recurrente, "con la decisión adoptada por el instructor con
el sobreseimiento libre de las actuaciones, del derecho a sostener la
acusación y a utilizar los medios de prueba pertinentes".
Igualmente, el recurso apunta que los indicios "racionales de criminalidad"
sobre la participación del "querellado" en los hechos investigados
"tienen fundamento suficiente para acordar la apertura del juicio oral,
pues quedan constatadas las distintas intervenciones del imputado en el
expediente con la intervención directa en los distintos actos
administrativos que permiten el abono de las facturas con los fondos
públicos".
"Podrá o no inferirse el dolo en el imputado, pero siempre después
de que las partes a la vista de las pruebas desarrolladas en el juicio
oral puedan alegar en su integridad los argumentos convenientes para su
defensa", añade el documento.
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Elche,
Manuel Rodríguez, ha señalado a través de un comunicado que el
consistorio se personó como acusación particular el 12 de enero de 2012
tras aprobarse en Junta de Gobierno Local del 4 de noviembre de 2011. "Lo
raro sería que no se personase, porque estamos hablando de malversación
de dinero público de la Administración en la etapa socialista" de Soler, ha apuntado.
Igualmente, ha subrayado que "en unos tiempos en los ciudadanos" piden "transparencia a los políticos, es necesario" que el exalcalde "aclare qué uso hacía del dinero de los ilicitanos".
"Estamos viendo que hay probadas irregularidades en su gestión, como el
millón de euros adjudicado a dedo y sin contrato a una empresa o los
512.000 de un asfaltado en una propiedad privada, y los 400.000 en
facturas que ningún técnico ha querido firmar y que nos reclaman a todos
los ilicitanos", ha agregado Rodríguez.
Por último, ha considerado que el exregidor "deberá explicar qué
hizo con el dinero de todos los ilicitanos, ya que es una cuestión
patente las graves irregularidades del Partido Socialista".
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