VALENCIA.- La Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana ha iniciado dos expedientes de reintegro de subvenciones contra dos empresas investigadas
por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la
obtención de ayudas públicas relacionadas con la promoción de la lengua
valenciana.
El departamento que dirige Vicent Marzà (Compromís)
ha puesto en marcha los procedimientos para recuperar casi 200.000 euros
de fondos públicos entregados a las empresas Kriol Producciones y Canal Maestrat, vinculadas a los hermanos Juan y Enrique Adell Bover.
Se trata de empresarios relacionados con Francis Puig,
a su vez hermano de 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y cuyos
intereses compartidos han sido denunciados por la exmujer de Enrique, Inés Aular,
que señaló el jueves ante el Ministerio Público la existencia de una
trama participada por todos ellos para "cazar subvenciones" falseando
documentos y justificaciones de gasto.
"Decían que cuando ganase las
elecciones Puig se iban a forrar", aseguró a la fiscal Isabel Ródenas, un testimonio revelado por El Confidencial.
No obstante, Educación no ha hallado irregularidades en las ayudas a empresas que sí son propiedad directa de Francis Puig, Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports,
cuyos planes de control han resultado "favorables". El hermano del
presidente valenciano ha sido citado a declarar el próximo 10 de
diciembre por el juzgado número 4 de Valencia en calidad de investigado
por posibles delitos de fraude en subvenciones tras una querella del PP. Mas Mut y Comunicacions han superado el primer filtró de control administrativo de la conselleria.
Todo lo contrario que las empresas de los Adell Bover. La Dirección de Política Lingüística que dirige Rubén Trenzano,
también citado a declarar en diciembre, no solamente ha activado
expedientes de reintegro de subvenciones por deficiencias en las
justificaciones, sino que ha remitido a la Fiscalía de Valencia, a la Agencia Valenciana Antifraude y a la Inspección de Trabajo
toda la documentación correspondiente a estas empresas y las
conclusiones negativas derivadas de los planes específicos de control de
cumplimiento de la legalidad.
Estos planes se activaron tras recibir la denuncia de irregularidades
por parte de la propia Aular, expareja de uno de los empresarios, pero
también exempleada. Política Lingüística activó una revisión concreta
sobre estas empresas, como lo hizo con las de Francis Puig.
Los Adell Bover y Puig tienen intereses compartidos con
operaciones económicas por colaboraciones y elaboración de contenidos.
Según ha podido comprobar El Confidencial, en los papeles aportados por
Inés Aular, que maneja la Agencia Antifraude y la Fiscalía, figuran pagos de las empresas de los Adell Bover a sociedades de Francis Puig, lo que revela la estrecha relación comercial que los dos grupos de comunicación mantienen desde hace años.
En
el caso de Canal Maestrat, la Conselleria de Educación requirió a sus
responsables las facturas justificativas, nóminas y programas
digitalizados correspondientes a 2016 y 2017. Esta empresa de
comunicación recibió 63.468 euros en la modalidad de radio en 2016. La
cuantía fue superior en 2017, cuando se embolsó 40.236 euros para SER Maestrat [asociada a la Cadena SER], 15.818 euros para 40P Maestrat [asociada a 40 Principales] y 50.318 para Ràdio la Vall d’Uixó. Para la edición digital de esta misma emisora, Educación asignó 7.731 euros ese mismo ejercicio.
Según el análisis de la documentación que figura en las resoluciones a
las que ha tenido acceso El Confidencial, Canal Maestrat presentó 5
facturas de gas natural en las que la dirección de suministro no
coincidía con la sede social de la empresa. Lo mismo ocurrió con facturas de Iberdrola. De igual modo, se hallaron discrepancias en facturas de gasolina, de la empresa Sabeco (Alcampo) y diez facturas de alquiler del local donde Canal Maestrat tiene la sede a una empresa, Nova CB,
que es propiedad de la misma familia Adell Bover.
De los 161.138 euros
que Canal Maestrat debía justificar, según el plan de control, solamente
pudo acreditar correctamente 78.872 euros. Una circunstancia similar se
produjo con las subvenciones recibidas en 2017 para SER Maestrat, 40P y
Ràdio La Vall. Por la primera emisora la justificación de los gastos
fue del 81,96%, pero el porcentaje fue muy inferior para la segunda, de
tan solo el 22,91%. Ràdio la Vall sí pudo acreditar el 100% del gasto.
En lo que se refiere a la comprobación del contenido subvencionado, el
departamento de Vicent Marzà se encontró con que Canal Maestrat alegó
que las programaciones habían sido borradas "automáticamente" a
los seis meses de su emisión "por imperativo legal", según la
declaración responsable presentada por los Adell Bover.
Es por esto que
no disponían de ninguna copia legal. Es algo que contrarió a los
funcionarios públicos: "La ausencia de los programas hace imposible la
ejecución del plan de control y la verificación de la finalidad a la que
debían de haberse aplicado los fondos recibidos", dice una de las
resoluciones.
La conclusión de la investigación sobre Canal Maestrat fue
que la justificación documental "es defectuosa o insuficiente sobre lo
declarado en la cuenta justificativa". E insiste: "Los programas son
inexistentes, lo que hace imposible la ejecución del plan de control
sobre ellos". Por todo ello, reclama a Canal Maestrat el retorno de
169.840 euros.
Facturas irregulares en Telescola
El resultado fue muy similar en la fiscalización de Kriol Producciones, a la que exige las subvenciones recibidas.
Esta empresa de los Adell Bover obtuvo en 2017 una ayuda de 22.609
euros para la producción de una serie de contenidos audiovisuales
denominada Telescola, la Televisió a la Escola. El 30 de mayo de
este año, Trenzano y el jefe de servicio pusieron en marcha un plan de
control y se le notificó a la empresa para que aportase la documentación
justificativa (facturas y nóminas y programas digitalizados de la
actividad realizada).
Los técnicos detectaron justificaciones
defectuosas o insuficientes en las facturas por un total de 13.128
euros. Además, Kriol presentó seis programas digitalizados con una
duración máxima de 26 minutos, pese a que la escaleta tipo que propuso
la empresa marcaba 55 minutos para cada espacio audiovisual.
En
el apartado de justificación de nóminas, los Adell Bover presentaron 22
nóminas con un gasto conjunto de 12.543 euros. No obstante, Educación
atendió la denuncia presentada por Inés Aular en la que asegura que,
pese a que una de las nóminas figura a su nombre, ni trabajó en ese
programa ni recibió el dinero.
Por esta razón, remitió el expediente a
la Inspección de Trabajo. Tras fiscalizar toda la documentación,
concluyó que cabía "considerar todos los expedientes donde tenga la
condición de interesada la empresa Kriol como expedientes de riesgo y
poner en marcha los oportunos planes de control, tanto en los años
anteriores como en los posteriores".
El 'conseller' de Educación, Vicent Marzà
firmó el pasado jueves por la tarde las resoluciones para iniciar las
actuaciones relativas al reintegro de los fondos. Este pasado viernes,
Trenzano, atendiendo la propuesta del jefe de servicio de departamento,
remitió copia de los expedientes a la Fiscalía de Valencia, a la Agencia
Valenciana Antifraude y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario