ALICANTE.- La Plataforma por un Puerto Sostenible anunció la interposición de un recurso de alzada contra la autorización de emisiones a la atmósfera de
la nave cerrada para almacenamiento, carga y descarga de graneles
pulverulentos en el muelle 17 del puerto de Alicante, emitida por la
Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, que controla Mireia Mollà
(Compromís), al considerar que se ha «manipulado y tergiversado la
normativa autonómica» para permitir emisiones al aire libre en
determinadas situaciones, aún cuando se completen las naves cerradas.
La
plataforma quiere que «se rectifique» esta posibilidad porque, en su
opinión, supondría «contaminar con impunidad», explicaron en un
comunicado. Así, exigieron a Mollà la rectificación de la autorización y el cese de la directora Territorial, Carmen Catalá, sobre
la que la plataforma estudia la interposición de una querella por
prevaricación al permitir que el Puerto de Alicante «siga contaminando
con esta actividad».
Desde la Plataforma denunciaron que la Dirección Territorial «se ha sometido a las presiones del presidente de la Autoridad Portuaria»,
ya que la resolución solo puede tener la intención, a juicio de los
vecinos, de que «la carga y descarga se puedan continuar llevando a cabo
en los muelles 11 y 13 al aire libre, perpetuando los incumplimientos
legales».
En el colectivo aseguraron que la autorización permite que la
actividad de carga y descarga se pueda seguir realizándose al aire libre
en caso de avería en las instalaciones de la nave cerrada, para todos
los materiales de importación: graneles que vengan en barco y se
descarguen en el muelle y siempre que se supere la capacidad de la nave.
Esto implica, manifestaron desde la plataforma que «a pleno
rendimiento» se podrá continuar «amontonando y cargando» fuera de ella.
La
Plataforma por un Puerto Sostenible rechazó «de forma contundente» y
desde el «estupor y la indignación», el contenido de la resolución, ya
que «la Conselleria que dirige Mireia Mollà permite que se pueda
realizar la actividad contaminante al aire libre y, por tanto, poniendo
en riesgo la salud de los habitantes de los barrios más cercanos al
Puerto». Para este colectivo, la resolución incluía la
autorización de una nave cerrada para realizar esta actividad, y el
establecimiento de un periodo transitorio hasta su construcción, después
de que se modificara en julio de 2018 la autorización de 2016.
Así, la
autorización, a juicio de la Plataforma, supone «un claro paso atrás» en el compromiso que se había adquirido, y el incumplimiento de la normativa que llevó a la licitación el proyecto de nave cerrada.
Asimismo,
la Plataforma exigió la modificación de la propiedad y el control de
las estaciones de medición por parte de la Autoridad Portuaria y que
pasen al control reglamentario de la Conselleria o de una entidad
acreditada.
Además, piden que se contemple la medición de las partículas PM 2,5, a su juicio, las «más peligrosas» para la salud humana.
Por último, solicitan que se tenga en cuenta las recomendaciones del
Defensor del Pueblo de 2016, del Síndic de Greuges de 2018, y el auto
provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
de enero de 2018, ratificado como sentencia firme el 29 de octubre de
2019, donde el alto tribunal acredita que las naves cerradas son la
única forma de cumplir la normativa ambiental «para este tipo de
actividades contaminantes del aire».
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Alicante, Manuel Villar,
expresó también su rechazo a contemplar excepciones a la descarga de
graneles en el Puerto cuando se construyan las naves cerradas.
Según el
edil de Medio Ambiente, «resulta una contradicción para un
Consell que pretende hacer bandera de la lucha contra el cambio
climático y la contaminación que, a las primeras de cambio,
abra la puerta a excepciones de forma discrecional, olvidándose de la
reclamación de los vecinos de Alicante para poner fin a una práctica que
provoca molestias y situaciones de riesgo en los barrios más cercanos
al Puerto de Alicante».
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