ALICANTE.- La Generalitat ha autorizado a las mercantiles que operan con
graneles en el Puerto de Alicante que puedan hacerlo al aire libre en
casos excepcionales y tanto el Ayuntamiento como la plataforma Por Un
Puerto Sostenible lo han rechazado de forma frontal.
El concejal de
Medio Ambiente criticó al Consell por autorizar estas maniobras
cuando las naves ni si quiera están construidas. La plataforma, por su
parte, anunció que ha interpuesto un recurso de alzada contra la
autorización emitida por la Dirección Territorial de la Conselleria de
Agricultura. Consideran que se ha «manipulado y tergiversado la
normativa autonómica».
La plataforma exigió a la consellera Mireia Mollà la
rectificación de la autorización y el cese de la directora Territorial,
Carmen Catalá, sobre la que la estudian la interposición de una querella
por prevaricación, al permitir que el Puerto de Alicante «siga
contaminando con esta actividad».
Por
un Puerto Sostenible denuncia que la Dirección Territorial se ha
sometido a las presiones del presidente de la Autoridad Portuaria, ya
que la resolución sólo puede tener la intención, a juicio de los vecinos
que componen esta asociación, de que «la carga y descarga se puedan
continuar llevando a cabo en los muelles 11 y 13 al aire libre,
perpetuando los incumplimientos legales».
Desde el colectivo aseguraron
que la autorización permite que la actividad de carga y descarga pueda
seguir realizándose al aire libre en caso de avería en las instalaciones
de la nave cerrada, para todos los materiales de importación: graneles
que vengan en barco y se descarguen en el muelle y siempre que se supere
la capacidad de la nave.
Esto implica, que «a pleno rendimiento» se
podrá continuar «amontonando y cargando» fuera de ella.
La rechazó de forma contundente y desde el «estupor y la
indignación», el contenido de la resolución, ya que «la Conselleria que
dirige Mireia Mollà permite que se pueda realizar la actividad
contaminante al aire libre y, por tanto, poniendo en riesgo la salud de
los habitantes de los barrios más cercanos al Puerto».
Para este
colectivo, la resolución incluía la autorización de una nave cerrada
para realizar esta actividad, y el establecimiento de un periodo
transitorio hasta su construcción, después de que se modificara en julio
de 2018 la autorización inicial de 2016.
Esta noticia, a juicio de los vecinos, supone «un claro paso
atrás» en el compromiso que se había adquirido, y el incumplimiento de
la normativa que llevó a la licitación el proyecto de nave cerrada.
También solicitan que se tenga en cuenta las recomendaciones del
Defensor del Pueblo de 2016, del Síndic de Greuges de 2018, y el auto
provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
de enero de 2018, ratificado como sentencia firme el 29 de octubre de
2019, donde el alto tribunal acredita que las naves cerradas son la
única forma de cumplir la normativa ambiental para este tipo de
actividades contaminantes, a la vez que da por probados que los niveles
de contaminación suponen un riesgo para la salud de la ciudadanía.
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