VALENCIA.- Los territorios han
comenzado a moverse entre bambalinas ante la intención anunciada por la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
de activar a partir de otoño los mecanismos para reformar el modelo de
financiación autonómica. El presidente de la Generalitat valenciana, el
socialista Ximo Puig, tiene previsto ofrecer a la Junta de Andalucía,
gobernada por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, la recuperación de
la alianza que ya suscribió con su antecesora, Susana Díaz,
para defender una posición conjunta y empujar hacia el cambio en el
sistema de reparto, según publica hoy El Confidencial.
Los dos territorios son, junto a Murcia, los que
actualmente salen peor parados en términos de financiación por población
ajustada (concepto que corrige la población absoluta con otros
criterios como insularidad, edad, dispersión territorial, etc.), según
las liquidaciones analizadas por el 'think tank' Fedea, que dirige el profesor Ángel de la Fuente.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado como primera
prioridad en materia de finanzas públicas tratar de sacar adelante los
Presupuestos Generales del Estado de 2020. La aprobación el pasado
jueves de la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que incluye los
objetivos de déficit y de deuda para las administraciones públicas para
este año y para el periodo 2021-2023, gracias a la abstención de ERC y
el voto favorable de Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria,
ha generado en los socialistas la percepción de que las cuentas podrían
salir adelante, lo que garantizaría a la actual coalición con Podemos
al menos dos años de estabilidad en el poder.
Si esto es así, el
siguiente paso sería encarar la reforma pendiente de un sistema de
reparto de recursos entre territorios, que lleva caducado desde 2014 y
que está generando muchas asimetrías en la prestación de servicios
sanitarios, educativos y sociales por parte de las administraciones
autonómicas, que son las que tienen las competencias.
Los posibles cambios en el 'statu quo' han generado no pocos rifirrafes territoriales.
Es sabido que ha habido muchas discrepancias en los comités técnicos
entre los expertos propuestos por las autonomías para preparar los
documentos necesarios para buscar un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), primero, y después en el Congreso de los Diputados, que es el que debe ratificar una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
Sin
embargo, muchos territorios gobernados tanto por socialistas como por
populares se quedaron muy cerca de alcanzar una posición de consenso
basada en el concepto de 'nivelación vertical'.
Esto
es: que la Administración central ponga más recursos en la cesta
autonómica para propiciar una redistribución progresiva horizontal entre
territorios sin que los que ahora resultan premiados por el sistema
pierdan fondos en favor de la recuperación de los más castigados. Esta
es una de las recomendaciones del grupo de expertos que en 2017 elaboró un informe para la revisión del modelo de financiación por encargo del Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro.
"De lo que se trata es de garantizar el Estado del bienestar, que se
sostiene en las pensiones, las políticas pasivas y activas de empleo, la
sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda social, para que
todos los españoles tengan un tratamiento similar. Si esto se preserva,
luego podemos hablar de todo lo demás.
Pero tenemos que discutirlo como
Estado. Y España es un Estado compuesto de tres administraciones
(central, autonómica y local). Cada una es elegida por unas urnas y
tiene la misma legitimidad. Todas tienen unas obligaciones y deben tener
los recursos que tocan de acuerdo al esfuerzo fiscal de España", señala
el 'conseller' valenciano de Hacienda, Vicent Soler, en declaraciones a El Confidencial.
El Gobierno de Mariano Rajoy nunca dio los pasos
necesarios para desatascar el bloqueo. Pese a haber culminado los
trabajos técnicos y disponer de la mayoría gubernamental en el CPFF, Cristóbal Montoro no llegó a fijar una postura gubernamental para empezar a darle de verdad a la manivela de la reforma.
La moción de censura de Pedro Sánchez no
cambió el escenario. El líder del PSOE decidió no abordar la
modificación hasta la siguiente legislatura, la que ahora se ha
iniciado, pero se está quedando sin excusas para seguir retrasando el
cambio. Además, ha suscrito acuerdos con formaciones como Compromís, que
recogen el compromiso de presentar una propuesta a los ocho meses de
ser investido. Sobre el papel, ese plazo vence en octubre.
Según fuentes del entorno del barón socialista, Ximo Puig quiere
ofrecer a su homólogo andaluz, Moreno Bonilla, un pacto que permita
aunar esfuerzos para la consecución de objetivos compartidos (mejorar la
financiación para ambos territorios) y que a la vez deje sin excusa a
los dos grandes partidos, PSOE y el Partido Popular de Pablo Casado,
para romper el bloqueo y propiciar un consenso amplio.
La estrategia
pasa por desbordar la batalla entre bloques ideológicos y
girar el debate al plano territorial. No hay que despreciar que la
Comunidad Valenciana es ahora mismo la autonomía más poblada gobernada
por los socialistas, en coalición con Compromís y Podemos, y que ocurre
exactamente lo mismo con Andalucía, en el caso de los populares, que
dependen de Ciudadanos, con la muleta parlamentaria de Vox. La foto de
una alianza de un barón socialista con uno popular sería un mensaje muy
potente.
El criterio poblacional es precisamente el que ambos
líderes regionales defienden como eje del nuevo sistema. Puig no ha
dejado de recordar su deseo de que el Gobierno de socialistas y morados
afronte la reforma, mientras que no pasa un día sin que Moreno
reivindique ante la ministra Montero, también andaluza, el documento que
Susana Díaz impulsó en el Parlamento de Andalucía en
2018, que reclama una inyección de 4.000 millones extraordinarios con un
nuevo reparto. Esa resolución política se inspiró precisamente en parte
en documentos técnicos compartidos entre Sevilla y Valencia, recuerdan fuentes de la Generalitat.
La
alianza Puig-Moreno no haría sino rescatar el pacto que el socialista y
la expresidenta de la Junta suscribieron en febrero de 2017, cuando
promovieron un documento con ocho criterios que, a su juicio, debería
incluir el nuevo reparto, la armonización fiscal entre autonomías y un
reparto equitativo del esfuerzo para reducir el déficit.
El equipo de
Puig también mantiene la línea abierta con Murcia, gobernada por el
popular Fernando López Miras. Hay sintonía entre sus
consejeros de Hacienda. También con Baleares, que comparte el criterio
poblacional. El frente se completaría en el Mediterráneo si Cataluña,
con problemas de financiación similares a los de la Comunidad Valenciana
y Andalucía, decidiese entrar en el juego multilateral, algo que ahora
parece lejano, por el empeño de la Generalitat que preside Quim Torra de
enfocar su relación con el Gobierno de Sánchez sobre la base de la
bilateralidad.
Sobre una base 100, Valencia (92,2), Murcia (92,6) y
Andalucía (95,5) son las tres regiones peor financiadas del Estado en
términos de población ajustada, según el informe ‘La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2017’,
publicado por Fedea en octubre del año pasado. Además, se da la
circunstancia de que han empeorado su posición en los últimos tres
lustros. Es decir, con dos modelos de financiación distintos (2002 y
2009), no solamente no se ha estrechado la diferencia hacia una mayor
convergencia en recursos, sino que la distancia se ha agrandado con
respecto a los territorios mejor financiados.
En todas ellas se da, además, una segunda anomalía, y es que su PIB per
cápita, la riqueza anual que producen dividida entre su población, es
inferior a la media nacional (25.854 euros). Comparativamente, son
regiones pobres que reciben recursos por debajo de la media para atender
los servicios básicos de su población. Un desequilibrio que se ha cronificado por la incapacidad del Gobierno de abordar un reparto más equitativo.
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