ALICANTE.- El Gobierno de España quiere plantear una reforma legislativa para que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por
los edificios que tiene en propiedad, algo que ya sucede en otros
países como Francia o Italia. Hasta ahora la Iglesia siempre se había
escudado en la Ley de Mecenazgo y en el Concordato con la Santa Sede
para evitar pagar este tributo, recuerda hoy El Mundo.
El anuncio lo hizo la portavoz del Ejecutivo, Carmen Calvo,
el pasado 22 de enero en declaraciones a la Cadena Ser, y supone dar
impulsar una reforma que muchos ayuntamientos ya han planteado a nivel
local. Valencia, sin ir más lejos, ya anunció el pasado mes de enero que este año enviaría al clero seis recibos
por un valor total de un millón de euros por locales que tiene en
propiedad el Arzobispado y en el que se desarrollan actividades
económicas. Calvo, de hecho, explicó que el cambio normativo no
afectaría a los lugares de culto.
En Alicante el camino ha sido complicado.
El tripartito de izquierdas que entró a gobernar en 2015 (PSOE, Guanyar
y Compromís) planteó la posibilidad de cobrar este impuesto, pero el
tiempo pasó sin que se cambiase nada. Los socialistas, que eran quienes
controlaban la Concejalía de Hacienda, dilataron la reforma asegurando
que tenía un encaje «muy complicado» teniendo en cuenta que los acuerdos
con el Vaticano eran directamente con el Estado.
Tanto en Guanyar como
en Compromís, por su parte, sostenían que existían métodos como los que
estaba estudiando Valencia (a pesar de que no se han empezado a aplicar
hasta este año) o como el que en su día planteó el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Sánchez Mato.
Pese a eso, sí se llegó a elaborar un inventario de los inmuebles que
la Iglesia tiene en propiedad en la ciudad, lo que nos hacernos una
idea de cómo afectaría a las arcas públicas empezar a cobrar el IBI.
En total el clero dispone de unos 300 inmuebles en Alicante con un valor del Impuesto de Bienes Inmuebles de 940.000 euros. En
esta cifra habría que restar aquellos que son de culto, como la
Concatedral de San Nicolás, que tendría que aportar unos 22.000 euros
debido a su base impositiva de tres millones.
Tampoco entrarían en el
cómputo iglesias como la de Nuestra Señora de Gracia, ubicada en la
Plaza Montañeta, que tiene un valor de 659.000 euros y 11.520 de IBI.
Por
contra, aparecen propiedades destinados a otros usos en prácticamente
toda la ciudad, propiedad de diversas órdenes eclesiásticas y que en la
actualidad están exentos del pago del IBI.
En total se estima que la ciudad podría ingresar más de 800.000 euros al año
cuando se ponga en marcha la reforma propuesta por el Gobierno, aunque
tampoco se descarta que existan bienes inmatriculados con los que
todavía no se cuenta y que no figuren en la lista. Esa, de hecho, es
otra de las cosas que persigue el cambio normativo: aclarar la titularidad de inmuebles que han permanecido ocultos hasta ahora.
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