VALENCIA.- Compromís ha hecho balance de los dos años de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, liderando el que para la coalición es «el peor gobierno que han tenido los valencianos en toda la historia de nuestra autonomía», y ha aprovechado para criticar la «paguita» de 75.000 euros al año que «se ha asegurado» ya el jefe del Consell. La formación ha garantizado que «luchará decididamente» para que «un 'president' que no ha sabido estar a la altura no cobre una paga que no se merece».
«Mazón no merece que los valencianos le paguen 75.000 euros al año, habiendo sido el 'president' más negligente que hemos tenido, que no estuvo en el momento en que tenía que estar, que prefirió estar en un restaurante cuando la gente se estaba ahogando, que no convocó a los sistemas de emergencia, que no estuvo en el Cecopi. En definitiva, un gobernante que no cumplió sus obligaciones en el peor día de los valencianos en los últimos años».
Así lo ha afirmado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, acompañado por una docena de diputados de la coalición que han mostrado carteles con los lemas 'No a la paguita' y 'Mazón dimisión'.
Baldoví ha hecho hincapié en que esta manera de gobernar de Mazón empezó «desde el primer día, desde el primer pacto de la servilleta con Vox», y ha insistido en que el jefe del Consell «tendría que haber dimitido» por su gestión de la dana del 29 de octubre por no haber estado «a la altura de las circunstancias».
Por áreas de gestión, en Educación ha denunciado el «recorte» de «más de mil profesores» en Secundaria, Primaria, FP y en escuelas oficiales de idiomas y de «más de 600 millones en construcción de escuelas».
Al respecto, ha cargado contra el «peor conseller de Educación que han sufrido los valencianos», José Antonio Rovira. Un responsable «que también es conseller de cultura y que ni tan solo se reúne» con este sector al que tiene «abandonado».
En materia de servicios sociales, ha denunciado el «desmantelamiento» y la «privatización» de los mismos y ha subrayado que «nunca en la vida se había producido el retroceso que estamos teniendo ahora» con la vicepresidenta primera, Susana Camarero.
«Una consellera que lo único que pretende es dar más negocio a las empresas privadas y alargar hasta extremos que no supusimos la dependencia o la lista de espera que está aumentando en todas estas áreas», ha censurado.
Respecto a la vivienda, Baldoví ha reprochado al Consell que su política en esta materia sea no regular el precio mientras desarrolla «un plan a medida para los constructores» y «aumentar el precio de la vivienda pública».
Y en derechos, ha denunciado el «recorte» de aquellos fundamentales fruto del pacto del PP con Vox, un partido «negacionista» de la violencia de género, y ha alertado del «recorte de derechos» de la comunidad LGBTI, «recuperando y legalizando las terapias de conversión».
En sanidad, ha afeado al titular del área, Marciano Gómez, que esté «más preocupado por los negocios de la sanidad privada que por que tengamos los valencianos un buen servicio de sanidad pública».
En definitiva, para Baldoví, los dos años de Carlos Mazón al frente de la Generalitat se resumen en «un gobierno que no nos merecemos» liderado por un 'president' «que tenía que haber dimitido y que no está a la altura de las circunstancias».
Por su parte, la portavoz adjunta Isaura Navarro ha acusado al Consell de haber «desmantelado las medidas de transparencia» y de control y rendición de cuentas, en una etapa «de opacidad».
Además, ha criticado que el proceso de reconstrucción tras la dana se está llevando a cabo «sin escuchar a los municipios, sin escuchar a las personas afectadas y sin escuchar a las asociaciones de víctimas».
Sobre este asunto, ha cuestionado el trabajo del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, quien «supuestamente iba a resolver los problemas», pero que ha sido quien ha «delegado en una empresa privada con dos millones de euros» para hacer «dos 'powerpoints', uno de situación y otro de medidas obvias como arreglar los ascensores».
Y la también síndica adjunta Paula Espinosa ha incidido en cuestionar el modelo territorial por el que apuesta el Consell, que a su juicio simplemente trata de «continuar haciendo negocio con nuestro territorio», con cambios legislativos para permitir «poder construir al lado de barrancos», todo ello sin «escuchar a la ciencia» y sin tener en cuenta la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
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