El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El PSPV pedirá a las Corts todas las iniciativas de Castedo durante esta legislatura

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes pedirá en la cámara autonómica todas las iniciativas, propuestas o enmiendas a los presupuestos que ha planteado la diputada del PP y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, durante esta legislatura. 

   Así lo ha explicado en un comunicado el portavoz de la comisión ejecutiva municipal socialista en Alicante, Lalo Díez, quien ha lamentado que, "en lugar de trabajar por defender los intereses de los alicantinos en Valencia, a Castedo solo se le conoce una intervención y fue precisamente para paralizar una comisión de investigación sobre el 'caso Brugal'".

   Por eso, "vamos a comprobar solicitando en el registro de las Corts cuántas iniciativas, propuestas o enmiendas a los presupuestos ha realizado Castedo para defender a los ciudadanos que le pagan el sueldo de diputada en Valencia", ha manifestado el dirigente socialista.

   En este sentido, Díez ha planteado: "¿Ha preguntado por el dinero que la Generalitat le adeuda a los dependientes, por el dinero que están esperando como agua de mayo asociaciones de enfermos mentales como Afema o por el de los colegios que no tendrán ni para la calefacción este invierno, o sólo se ha dedicado a votar que sí a todos los recortes del Consell y a frenar proyectos tan esperados en Alicante como el Centro de Congresos o el tercer hopital?".

   "Si como ella mismo dice públicamente está muy ocupada para contestar a la oposición en el Ayuntamiento por las contratas de su amigo Ortiz, será por sus constantes iniciativas en Valencia para conseguir inversiones para Alicante", ha añadido el portavoz socialista.

   Díez, además, le ha propuesto que utilice su condición de diputada regional para exigir al Consell que "el dinero despilfarrado en grandes eventos, que se han demostrado poco o nada rentables, se dedique a ayudar a los más necesitados en este difícil momento".

   Lalo Díez ha planteado a Castedo que "si realmente quiere ganarse los más de 60.000 euros anuales que cobra como diputada, le exija a Fabra que los más de ocho millones de euros que hay que pagar ahora por la Fórmula 1, se destinen a afrontar la deuda que la Generalitat mantiene con asociaciones como Afema o APSA, ambas entidades al borde de la bancarrota por los incumplimientos del PP", ha concluido.

Ximo Puig: "Fabra está dejando caer a la Comunidad Valenciana"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha lamentado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está dejando caer a la Comunidad Valenciana" tras no haber presentado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que anunció en las Corts para reclamar 144 millones de euros más para la región.

   En un comunicado, el dirigente socialista ha subrayado que el jefe del Consell se ha mostrado "incapaz de defender los intereses de los valencianos" y le ha advertido de que "sólo le queda una oportunidad, y es apoyar las enmiendas socialistas al Congreso".

   Puig ha recordado que el PSPV ha presentado un conjunto de enmiendas a las cuentas generales por valor de 150 millones de euros, en las que, entre otras cosas, se reclama más inversión para infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. Así, ha apuntado que Fabra "tiene una nueva posibilidad de consenso" y ha insistido en que "ya le queda poco tiempo y es ahora el momento de dar la cara por esta Comunitat".

   A su juicio, el Consell "va a la deriva y su presidente es, en este momento, un elemento absolutamente inútil para nuestra defensa, para la defensa de los intereses de los valencianos".

 "Si no ejerce como presidente de la Generalitat debe dejar de serlo", ha insistido.

   Por otra parte, ha recordado que esta misma semana el presidente de la Generalitat "ha incumplido su palabra dos veces", la primera de ellas respecto a la tasa de gas, "a la que tampoco presentó ninguna enmienda", y la segunda con los presupuestos, "ya que en sede parlamentaria anunció enmiendas para su mejora por valor de 144 millones, mientras que únicamente se ha incluido una irrisoria partida de 100.000 euros para los valencianos".

   Este dato, ha indicado Puig, contrasta con mejoras que sí han conseguido otras autonomías como Aragón, que ha mejorado sus presupuestos en 85 millones de euros, "lo que pone de manifiesto que Fabra no existe para (Mariano) Rajoy y por ello tampoco para los valencianos".

   "Fabra está dejando caer la Comunitat. Ahora Rajoy, con su complicidad, ha conseguido dejarnos absolutamente marginados en los presupuestos", ha remarcado Puig, quien ha advertido de que esto se produce "en el peor de los momentos, porque cuando más necesitamos la ayuda de España para salir de la crisis menos la tenemos".

   El socialista ha criticado que las cuentas de la Generalitat"están absolutamente intervenidas" por Hacienda y se utiliza a la Comunitat "para alimentar las políticas partidistas del Gobierno de Rajoy".

Compromís considera que Fabra "debería plantearse dimitir porque no es capaz de defender a los valencianos ante Rajoy"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha señalado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "debería plantearse dimitir porque no es capaz de defender los intereses de los valencianos ante Mariano Rajoy".

   Morera, en un comunicado, ha indicado que la etapa de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat, "ha llegado a su fin porque la negativa de Mariano Rajoy y del PP de aceptar las enmiendas de los 'populares' valencianos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 demuestra que Fabra no está capacitado para ser presidente". 

"No ha sabido plantarse ante Madrid y defender las mejoras de inversión en los presupuestos de estado para el próximo año", ha añadido.

   Para el síndic de Compromís, "hablar de gobierno del PP en el territorio valenciano es hablar de recortes en servicios públicos, es hablar de manipulación, es hablar de empobrecimiento de las valencianas y los valencianos y es hablar de paro, de mucho paro".

   Sin embargo, ha lamentado que ante esta situación "el Consell no actúa, continúa de brazos cruzados y en vez de defender los intereses valencianos en Madrid, acatan las órdenes de Rajoy de no admitir las enmiendas del PPCV".

   El portavoz de Compromís ha reiterado la "oferta" que hizo el viernes el diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, quien se ofreció a defender las enmiendas del PPCV, siempre y cuando los diputados valencianos del PP en el Congreso, "rompan la disciplina de voto de su partido y voten a favor de exigir al gobierno de Rajoy más inversiones en nuestro territorio".

   Enric Morera considera que las enmiendas de Compromís, un total de 111 para el País Valencià, "tienen más sentido que nunca, ya que son unas enmiendas que defienden única y exclusivamente el bienestar de los valencianos y valencianas, al cual se opone con rotundidad el PP de Rajoy".

EUPV acusa a Fabra de ser "incapaz de cumplir sus propios anuncios"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha señalado este sábado que "ha quedado demostrado" que el jefe del Consell, Alberto Fabra, "no pinta nada ante Mariano Rajoy y, lo que se peor, que el presidente de la Generalitat es incapaz de cumplir sus propios anuncios". 

   "Ni los 144 millones de euros que prometió en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, ni la anulación de la tasa del gas para la industria cerámica de Castellón, ni mucho menos el cambio de financiación que necesitamos, porque los valencianos seguimos discriminados respecto a la media del Estado", ha denunciado Blanco en un comunicado.

   El parlamentario de izquierdas ha instado a Fabra a "plantearse su continuidad al frente de la presidencia de la Generalitat". Así, Blanco considera que "lo mejor en estos momentos sería convocar elecciones y que el pueblo valenciano decida quién quiere que rija sus destinos en el futuro".

Castellano dice que el PPCV trabajará "con o sin enmiendas" para defender los intereses de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha asegurado este sábado que tanto su partido como la Generalitat "siempre van a defender y reivindicar lo que necesita la Comunitat Valenciana", en concreto, "más inversiones y mejor financiación", y lo hará "con o sin enmiendas, por las vías de negociación que considere más adecuadas o crea correctas el Gobierno de España".

   En un comunicado, el dirigente 'popular' ha respondido de este modo a las críticas de la oposición respecto a la defensa de los intereses de la Comunitat mediante las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y ha insistido en que el PPCV "no va a dejar de trabajar por lo que los valencianos necesitan en justicia" y reclamará "con toda la convicción y la fuerza" aquello que creen necesario.

   Castellano ha señalado que sabía que los presupuestos para el próximo ejercicio iban a ser "muy complicados", ya que se trata, ha indicado, de unas cuentas "de la crisis para salir de la crisis". Ante ellas, ha apuntado que el PPCV tiene que "intentar por todos los medios, con acuerdos o con los instrumentos que se consideren más viables, que llegue lo que seguimos reivindicando y lo que creemos que hace falta a la Comunitat y a los valencianos".

   Así, ha resaltado que el partido presidido por Alberto Fabra es "el único que defiende los intereses de la Comunitat con contundencia, coraje y convicción, y lo va a seguir haciendo", y ha recordado a su homólogo socialista, Ximo Puig, que "dirige un partido que no sabe ni a quien representa, ya que ningunea siempre que puede" las señas de identidad valencianas.

   Ha detallado en este sentido que el PSPV reclama en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 un total de 100.000 euros para la Federació d'Associacions per la Llengua, "capitaneada por una asociación que busca la implantación del catalán en la Comunitat".

   Para el dirigente 'popular', esta enmienda es "un guiño a ese germen de tripartito al que Puig se agarra como un clavo ardiendo como única vía de salvación para un partido residual".

   A su juicio, estos "desaires" a la Comunitat se suman al hecho de que el PSPV "dejara claro su apoyo a implantar la enseñanza del catalán en el sistema educativo de la Comunitat, al no votar en las Corts la propuesta que recrimina al Parlament de Catalunya que aprobara un acuerdo reclamando medidas al Govern en este sentido".

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 

 

Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 

 

En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.

 

(*) Académico y periodista

La Cehat y Benidorm piden al Gobierno que mantenga el programa Imserso "sin aplicar los recortes previstos"

BENIDORM.- El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Joan Molas, y la concejal de Turismo de Benidorm, Gema Amor, han reclamado al Gobierno que mantenga el programa de vacaciones sociales del Imserso, "por su impacto favorable en la economía española, sin aplicar los recortes previstos y anunciados", según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento benidormense.

   Amor, que ha presentado el congreso de empresarios hoteleros que se celebrará de los próximos 21 al 24 de noviembre en Valencia con el lema 'Los nuevos retos hoteleros en materia de contratación', ha incidido en la necesidad de que el citado plan turístico "no sufra reducciones presupuestarias, ya que la inversión se recupera con creces".

   En el mismo sentido, Molas ha afirmado que "en la batalla del Imserso", el sector al que representa ha "salido muy tocado", y ha asegurado no entender "la falta de comprensión del producto por parte de la Administración". Igualmente, ha insistido en que desde la entidad que preside "seguirán" solicitando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una reunión para abordar el asunto, "hasta que nos reciba, porque estamos cargados de razón".

   La edil ha recalcado que la patronal hotelera Hosbec "ha estado a la cabeza" de las "reivindicaciones" en este sentido desde que se conoció la intención de "recortar" el programa, "como también lo ha estado en otras ocasiones denunciando la sinrazón de que Benidorm no sea considerada municipio turístico, reclamando la llegada del tren de alta velocidad AVE, del agua o mejores conexiones con el aeropuerto" alicantino de El Altet.

   Así, ha subrayado que el sector hotelero "ha predicado con el ejemplo" de reclamar ayudas y mejoras para el destino Benidorm mientras "ha acometido una reforma integral" de su planta de establecimientos "que ha repercutido en la calidad que ofrecida a los turistas".

   Además, ha enfatizado que a lo largo de los años las administraciones públicas "no han correspondido" a la ciudad en la que es concejal "como se merece", por lo que ha hecho hincapié en que "Ayuntamiento y empresarios" deben "seguir juntos alzando la voz para evitar que se repitan situaciones y discriminaciones injustificadas e injustificables". "Sólo trabajando juntos lograremos el éxito. Exigiremos que llegue lo que en justicia nos corresponde", ha manifestado.

   Por su parte, Molas ha abogado por alcanzar un "gran acuerdo" con los principales touroperadores de cara a las próximas temporadas, con la finalidad de "ir a buscar decididamente al mercado ruso, que es un mercado imparable". A su juicio, Benidorm tiene que ser la "abanderada" en la "consecución" de este convenio, que, en su opinión, "sería positivo tanto para los mayoristas como para los destinos nacionales, ante la futura recuperación de los principales competidores en el Mediterráneo".

Terra Mítica acuerda aumentar en 65 millones de euros su capital social

ALICANTE.- La junta general de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA acordó el pasado 22 de octubre aumentar el capital social en unos 65 millones de euros mediante la emisión de cerca de 320.000 nuevas acciones con un valor nominal de 204 euros cada una de ellas, según recoge este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Cada una de las nuevas acciones otorgará los derechos establecidos en el artículo 9 de los Estatutos Sociales a partir del momento de su emisión, y para ello, la junta también ha aprobado la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

   En previsión de que se produzca la suscripción incompleta de la ampliación, el capital se incrementará sólo en el valor nominal que totalicen las acciones suscritas a partir de esta publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

   Además, conforme a este acuerdo, los derechos de suscripción inherentes a cada acción serán libremente transmisibles, si bien su ejercicio requerirá la previa acreditación antela sociedad de la transmisión realizada.

   De acuerdo con las condiciones establecidas por la Junta, si la ampliación de capital no hubiese sido enteramente suscrita durante el periodo de un mes previsto para ejercitar el derecho de suscripción preferente, los accionistas que sí hubiesen ejercitado tal derecho podrán suscribir más acciones.

   En este punto, aclara que si las demandas de suscripción excediesen del número de acciones disponibles, éstas se distribuirán a prorrata de la participación en el capital social de los solicitantes. Esta suscripción en segunda instancia podrá realizarse en el plazo de los cinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

   Así mismo, en el momento de la suscripción de las nuevas acciones los accionistas deberán desembolsar las dos terceras partes del valor de las acciones suscritas.

   Los desembolsos que quedaran pendientes de realizar deberán efectuarse necesariamente en metálico y deberán ser realizados en el plazo que acuerde o decida el órgano de administración de la Sociedad, conforme a lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

   Por su parte, Aqualandia España, S.A. podrá realizar el desembolso de las acciones que suscriba mediante la compensación, total o parcial, de los créditos de los que es titular frente a la sociedad. En la parte no cubierta por dicha compensación de créditos, las acciones deberán ser desembolsadas por Aqualandia España, S.A. en efectivo, mediante ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad.

   Conforme a este acuerdo de la junta, el resto de los accionistas deberán realizar el desembolso de las acciones que suscriban en efectivo, mediante ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad citada. Para ello, deberán ingresar el valor nominal de las acciones suscritas en la cuenta de la sociedad, y así notificarlo al presidente del consejo de administración de la sociedad.

   Si, como consecuencia del prorrateo realizado al final del plazo de suscripción, cualquier accionista hubiese ingresado una cuantía superior a la que le corresponde en función del número de acciones adjudicadas, la sociedad le reintegraría el exceso en el plazo máximo de 10 días desde la finalización de dicho plazo.

   Además, los interesados deberán otorgar en documento público o privado la compensación de créditos para el desembolso de las acciones correspondientes, y así notificarlo al presidente del consejo de administración de la sociedad.

   En el supuesto de que dicha compensación se haya formalizado en documento privado, deberá asimismo comparecer con motivo de la formalización de la escritura pública de ejecución del aumento de capital, con objeto de protocolizar en dicha escritura la compensación.

   Por último, según recoge el secretario del consejo de administración, Joaquín Valera, los titulares de acciones tendrán derecho de suscripción preferente respecto de las nuevas acciones a emitir, en la proporción de 33 nuevas acciones por cada 100 acciones antiguas.

   El contravalor de las antiguas podrá ser la compensación, total o parcial, de los créditos de los que es titular la sociedad Aqualandia España, SA y el resto aportaciones dinerarias en metálico, derecho que podrán ejercitar los accionistas en el plazo de un mes.

El Consell insiste en que los PGE no les gustan "nada" pero en la situación actual "no se pueden hacer milagros"

VALENCIA.- El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha insistido en que Presupuestos Generales del Estado (PGE) no le gustan "nada" pero apunta que dada la situación actual de crisis, con los presupuestos "no se pueden hacer milagros". En este sentido, descarta anticipar escenarios de si los diputados y senadores valencianos apoyarán enmiendas de la oposición que beneficien a la Comunitat.

   Císcar se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a las enmiendas por 144 millones que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció que se presentarían para corregir los Presupuestos Generales del Estado.

   A preguntas de los medios, el vicepresidente ha asegurado que el jefe del Consell, Alberto Fabra, "habló con el Gobierno de España de las enmiendas" antes de realizar el anuncio.

   Del mismo modo, preguntado por si hay algún problema con el Gobierno de Rajoy, dado que hay peticiones del Consell que no se atienden, Císcar ha precisado que "no" hay problemas y que hay que valorar que la situación económica "tan negativa" provoca que "haya cosas que quisiéramos y no pueden ser".

   Císcar, sin embargo, ha apostillado que el Ejecutivo 'popular' "en un año ha ayudado más a la Comunitat" que el socialista a lo largo de siete años.  

   El conseller ha rechazado realizar anuncios sobre las enmiendas que se han aceptado para la Comunitat y se ha remitido a una rueda de prensa del PP en el Congreso para valorar los PGE, al tiempo que ha añadido que no le corresponde al Consell realizar el anuncio sobre las enmiendas al PGE. Además, "ninguna comunidad autónoma está anunciando qué enmiendas se le van a admitir y cuáles no".

   Císcar, sin embargo, se ha referido, a preguntas de los medios a las enmiendas referidas al Corredor Mediterráneo --para el que se ha solicitado un incremento de 76 millones-- y de la tasa del gas.

   Por lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria, Císcar ha indicado que no tiene los datos de qué partidas se van a sustraer para incrementar en 76 millones el Corredor.

   En este punto ha dicho que tienen la "tranquilidad" de que el Corredor "prioritario" para la Generalitat, para el Gobierno central y la UE. En esta línea, ha destacado que la apuesta de Ford por la Comunitat "pone más en valor" esta infraestructura "imprescindible".

   Por lo que se refiere a la enmienda de sobre la tasa del gas, Císcar ha explicado que "parece ser que no se va a admitir ninguna", algo que "valoramos muy negativamente".

   Císcar, no obstante, ha asegurado que los diputados y senadores 'populares' "van a tener todo nuestro apoyo para que en la tramitación de los PGE realicen todas las opciones a su favor, que las tienen, para que mediante un instrumento jurídico se pueda enmendar la disposición que afecta a la tasa del gas".

   A preguntas de los medios, ha explicado que en el Senado se pueden volver a presentar mecanismos para realizar cambios. Además, ha asegurado que el Consell "seguirá hablando" con el Gobierno de España para "intentar que la tasa del gas sea lo menos lesiva posible al sector".

   "Antes de llegar a un proceso de votación hay otros instrumentos para poder cambiar las cosas", ha remarcado Císcar. En este punto, ha destacado que antes de la presentación de la ley, consiguieron rebajar la tasa del gas un 30 por ciento. Pero "no nos conformamos y entendemos que tiene que haber una rebaja mayor".

   Por otro lado, a preguntas de los medios de si los diputados y senadores valencianos darán apoyo a enmiendas de la oposición que beneficien a la Comunitat, ha dicho que sobre este asunto no va a hacer "hipótesis" hasta conocer las enmiendas del PP a los PGE.

   Inquirido en este sentido por enmiendas sobre la tasa del gas, ha remarcado que no van a anticipar ningún escenario y si se produce "lo valoraremos".

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.

   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.

   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.

   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.

   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.

   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.

   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.

   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.

   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.

   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.

   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.

   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.

   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.

   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.

    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.

   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.

   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.

   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.

   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

Prisión provisional para el cantante Francisco por no pagar al empresario Ballester un coche de lujo

ALICANTE.-   La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha decretado prisión provisional para el cantante Francisco, eludible previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días, según recoge el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

   El artista está acusado de estafa por el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti, y en su declaración este jueves ante el magistrado de la sección tercera, mostró su "total disposición" de colaborar con la justicia y mantuvo que sufre "ataques puntuales" de agorafobia.

   Durante su comparecencia, Francisco también aseguró que no tiene intención de fugarse y aclaró que no acudió a la anterior citación del pasado mes de julio porque no estaba "en condiciones" debido a su problema de agorafobia, pese a que sí pudo participar días después en "otros actos de carácter público".

   Tras esta vista previa al juicio --que se mantiene para el 16 de enero de 2013--, la Audiencia ha dictado un auto en el que ordena su ingreso en prisión, que el artista puede eludir si paga una fianza.

De este modo, atiende a la petición de la acusación particular, que había puesto de manifiesto que el acusado "en todo momento ha intentado dilatar el procedimiento", y consideraba que "existe riesgo de fuga, dada su facilidad para salir del país por su profesión de artista".

   En el presente auto, la sala recuerda que los problemas de agorafobia del cantante no le impidieron acudir al programa de televisión pocos días después de excusar su presencia ante el tribunal, y destaca que "en ningún momento comunicó su pronta y sorprendente recuperación a fin de poder celebrar la vista en fecha más cercana".

   Por ello, la Audiencia entiende que el acusado "tiene medios suficientes para eludir su presencia ante las actuaciones que deba realizar en este tribunal, y decreta su prisión provisional, eludible previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días.

   Los abogados de Francisco consiguieron el pasado mes de julio que la Audiencia aceptara aplazar la comparecencia prevista para la primera semana de julio, alegando que su cliente había tenido que suspender un concierto a finales de mayo por un "ataque de ansiedad" que presuntamente arrastraba desde entonces y que le mantenía alejado de los escenarios.

   No obstante, en septiembre los propios magistrados tuvieron conocimiento de que el cantante había participado en el programa televisivo 'Dando la nota', de Antena 3.

   Por estos hechos, y tras comprobar que la grabación de esta actuación se había producido cinco días después de la fecha en la que estaba citado para declarar, requirieron al artista que acudiera este jueves.

   El cantante está acusado de un delito de estafa relacionado con el presunto impago de un vehículo de alta gama de marca Maseratti, valorado en 80.000 euros y adquirido en 2004 al empresario y promotor inmobiliario Andrés Ballester, según la calificación provisional de la Fiscalía.

   El contrato de compraventa del vehículo se produjo en enero de 2004, a pagar "dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato". Transcurrido el plazo, se prorrogó el pago hasta septiembre de 2006 por un montante de 88.400 euros, intervalo en el cual Francisco vendió el coche pero sin pagar la deuda contraída.

   El vehículo se debía pagar a cargo de unas comisiones que iba a percibir Francisco en concepto de promoción de unas viviendas que pretendía vender Ballester en Altea (Alicante) valiéndose de la fama del cantante.

   La venta de esos inmuebles finalmente no tuvo lugar, por lo que el empresario ha acusado a Francisco de estafa por el impago del vehículo. A lo largo de este proceso, la defensa del cantante ha reiterado que éste "quiere pagar".

   Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el cantante una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 12 euros diarios durante nueve meses, y el pago de la deuda con el empresario Andrés Ballester que asciende a 88.400 euros.

Pagará la fianza

La abogada del cantante Francisco ha confirmado que hará efectiva la fianza de 6.000 euros en el plazo de diez días para evitar el ingreso en prisión del artista en la causa en la que se encuentra acusado de estafa por el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti.
   La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante había decretado este viernes prisión provisional para el cantante Francisco, eludible, previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días, lo que permitirá al artista continuar en libertad hasta la fecha del juicio, señalado para el 16 de enero de 2013.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su denuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.

   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.

   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.

   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.

   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.

El paro sube en la Comunitat en 26.500 personas en el tercer trimestre, hasta los 702.100 desempleados

VALENCIA.- El número de parados en la Comunitat Valenciana subió en 26.500 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, lo que supone un incremento del 3,93 por ciento, hasta llegar a los 702.100 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En tasa interanual, el número de desempleados ha crecido en el tercer trimestre de 2012 en 84.700 personas en la región, lo que supone un aumento del 13,73 por ciento. Así, la Comunitat se sitúa como la tercera autonomía con un mayor incremento interanual del número de parados, por detrás de Andalucía (191.300 parados más) y Cataluña (98.400).

   La tasa de paro en la Comunitat se ha situado en el 28,10 por ciento, ligeramente por encima de la nacional, del 25,02 por ciento.

   A nivel nacional, el paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5% más, situándose el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.

   La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02%, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PSPV destaca que desde que Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) respecto a la Comunitat Valenciana y ha destacado que desde que Alberto Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat Valenciana.

  Puig ha reconocido sobre el desempleo que los datos del tercer trimestre "ya no pueden ser más preocupantes y a este ritmo, sino cambian las políticas, se llegará a final de año al 30 por ciento de paro en la Comunitat", que ya se está en el 28,1 por ciento.

   El líder de los socialistas valencianos ha destacado que la tasa de paro respecto a España es tres puntos mayor, "cuando el PSOE dejó de gobernar, la diferencia de la Comunitat era de tres puntos por debajo de la estatal".

   Puig ha manifestado que el paro continúa aumentado en la Comunitat y se han superado las 700.000 personas desempleadas. "De cada tres nuevos parados en el último trimestre, uno es valenciano", ha indicado gráficamente. En España hay 85.000 personas sin empleo y en la Comunitat hay 26.500 personas nuevos desempleados por lo que "si el paro hubiera crecido igual en España que en la Comunitat habría 270.000 parados más", ha agregado.

   El secretario general del PSPV ha realizado un paralelismo entre la Comunitat y España. "Si la Comunitat Valenciana se comportara como el resto del país durante la crisis, 113.000 valencianos tendrían empleo", ha apuntado.

   Puig cree que "ha acabado el tiempo de las palabras y de los balones fuera del campo". El PSPV propuso un plan de urgencia de empleo para que todo el dinero que dedican las administraciones "tuviera la prioridad del empleo". 

"Este plan se ha reducido a poco más de 10 millones de euros y eso no puedo ser", se ha lamentado.

   La solución para Puig es "buscar el gran acuerdo" entre los agentes sociales, económicos y políticos para "resolver y minimizar" esta situación "tan grave".

   El líder de los socialistas valencianos se ha preguntado "dónde está el PP y Fabra" ante esta situación. En estos momentos "están en la ausencia de la reivindicación que necesita".

 "Se trata de cambiar en profundidad las políticas económicas en España y en la Comunitat  porque las políticas de la contención y de la mal llamada austeridad nos llevan a más paro", ha finalizado.

La Sindicatura de Comptes insta a los ayuntamientos a informar de las facturas en el cajón

VALENCIA.-  La Sindicatura de Comptes ha aprobado una instrucción para que los gobiernos locales informen de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concreto, las obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados que no han podido aplicarse al presupuesto por cualquier causa, también conocidas como facturas en el cajón.

   La instrucción, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entra en vigor este viernes, señala también que los interventores y secretarios municipales deberán remitir los reparos formulados por la Intervención, así como los informes remitidos de fiscalización plena posterior que se refieran a gastos e ingresos por importe superior a 3.000 euros; así como los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario.

   El acuerdo de la Sindicatura de Comptes establece también que las entidades locales deberán remitir a esta institución, antes del 31 de julio de cada año, la información referida al primer semestre del ejercicio.

   Del mismo modo antes del 31 de enero del ejercicio siguiente deberá remitirse la información correspondiente al último semestre del ejercicio anterior.

   Así, con esta instrucción se pretende obtener información sobre los gastos sin dotación presupuestaria o indebidamente adquiridos por cualquier otra causa, los reparos e informes formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes emitidos por el secretario.

   Igualmente, la Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación adicional que considere conveniente. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.

   El objetivo de esta nueva instrucción, "pionera en España", es, por un lado, apoyar a los interventores y, por otro, incidir en las obligaciones al margen del presupuesto por la repercusión directa que tiene en la estabilidad presupuestaria, según indica la institución en su web.

  La Sindicatura considera que ante la situación económica general, se debe prestar una atención prioritaria a uno de los "problemas crónicos" de las administraciones públicas y especialmente de las entidades locales, como es la práctica de contraer obligaciones al margen del presupuesto.

   Este hecho, que incide directamente en la estabilidad presupuestaria, ha llevado al órgano de control externo a elaborar una nueva instrucción, pionera en España, que regule la información que deben remitir los interventores y secretarios de las entidades que integran el sector público local de la Comunitat Valenciana, según explica.

Hernández Mateo niega que participara en el expediente para adjudicar el contrato de basuras de Torrevieja

VALENCIA.- El exalcalde de Torrevieja y diputado en las Corts Valencianes, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha negado que participara en el expediente para adjudicar el contrato de basuras de la localidad alicantina y ha apuntado que solamente pidió buscar a la mejor empresa.

   Así lo ha indicado en el transcurso de su declaración en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que está acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

   El contrato de basuras era por 10 años por casi 98 millones de euros en total. Según ha declarado en la sala, "pido que se busquen las mejores empresas que haya para resolver este caso. A partir de ahí, no participo en nada más".

   La vista contra Hernández Mateo, --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones--, ha comenzado este viernes, y está previsto que se prolongue, inicialmente, los días 29, 30 y 31 de octubre.

   El exalcalde está acusado de los delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa de Torrevieja y de consultoría para la emisión de informes externos; así como del delito de falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.

Un exedil de San Fulgencio, condenado a multa por aceptar 5.000 euros por favorecer a supuestos empresarios

ALICANTE.- La Audiencia de Valencia ha condenado a Manuel Barrera, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Fulgencio, a pagar una multa de 720 euros como autor de un delito de cohecho. El edil fue grabado cuando recibía 5.000 euros a cambio de impulsar los intereses de unos supuestos empresarios en un restaurante de Valencia.

   La sentencia, fecha el 17 de octubre, recoge el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, y estima probado que el 16 de septiembre de 2008, el procesado acudió a un restaurante de la capital valenciana para encontrarse con dos supuestos empresarios con los que había mantenido contactos previos.

   Estos dos individuos le entregaron 5.000 euros como parte mensual de una cantidad total de entre 200.000 y 240.000 euros, a cambio de impulsar los hipotéticos intereses empresariales del grupo que aquellos representaban en una futura actuación urbanística a desarrollar por el ayuntamiento en la zona de 'Las Canteras', en San Fulgencio.

   El tribunal reconoce que los falsos empresarios que entregaron el dinero al acusado no eran tales, y realmente no pretendían corromper al edil, sino simplemente grabarle cogiendo dinero. El procesado, sin embargo, recibió los 5.000 euros por ser edil del Ayuntamiento, aunque, dado que todo era un engaño, no llegó a realizar ningún acto a cambio del dinero.

   El encausado se quedó con la cantidad entregada hasta el 20 de octubre de 2008, fecha en la que los devolvió por medio de su pareja sentimental a la fuerza policial actuante, una vez que se había iniciado el procedimiento judicial para la investigación de estos hechos.

   Por todo ello, y conforme al acuerdo de conformidad alcanzado por las partes --que hizo innecesario constituir el tribunal del jurado--, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia le condena en sentencia firme al pago de una multa de 720 euros por un delito de cohecho.

Cemex presenta un ERE para 370 trabajadores en España, el 21,2% del total

MADRID.- Cemex España ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 370 trabajadores, el 21,2% de la plantilla total de 1.740 empleados que la multinacional mexicana suma en el país, según informó la empresa.

   La compañía enmarca el ajuste de personal en el 'Plan Horizonte', que ha puesto en marcha para adaptarse al desplome de la demanda de cemento en España una tendencia que, según asegura, "está poniendo en serio riesgo el futuro de esta industria".

   La reducción de plantilla es uno de los siete puntos en los que se estructura el plan de la multinacional para su filial española, que también limita a tres de sus ocho fábricas de cemento la actividad de producción de este material de construcción en España.

   Así, mantendrán su operación integral las plantas de Morata de Jalón (Zaragoza), Lloseta (Baleares) y Alicante. La planta de Buñol (Valencia) operará de forma intermitente y las de Castillejo (Toledo), San Feliú (Barcelona) y Alcanar (Tarragona) operarán como molienda.

   Según datos de Cemex, estas ocho instalaciones suman una capacidad total de producción de 11 millones de toneladas de cemento, volumen equivalente a casi todo el cemento consumido en España en lo que va de año.

   Otro de los ejes del plan pasa por "seguir insistiendo" en políticas de ahorro y mejora de costes para elevar la competitividad e impulsar la exportación de sus productos.

   En esta misma línea, Cemex España prevé centrarse en su negocio y, para ello, reorganizará su estructura societaria y se asociará con un proveedor global de soporte de servicios en procesos administrativos. "Ello nos permitirá centrarnos en fabricar y comercializar nuestros productos y en atender y satisfacer las necesidades de los clientes", argumenta la empresa.

   La filial española de la multinacional pretende asimismo reforzar su presencia en los mercados más relevantes y apostar por nuevas soluciones constructivas, "más eficientes, sostenibles y rentables".

   "El 'Plan Horizonte' nos va a permitir mejorar nuestra competitividad, atender a nuestros clientes de una manera más eficiente y cercana, y mantener el liderazgo de en la industria de los materiales de construcción en España", asegura la compañía.

   Cemex registró una reducción del 19% en sus ventas de cemento en España en 2011, según datos de su memoria anual. España es el tercer mercado del grupo por número de fábricas de cemento, por detrás de México, que suma quince, y Estados Unidos con trece, y aportó el 4% de la facturación mundial del grupo el pasado año.

   Con este ajuste, la mexicana se suma así a Holcim, que el pasado mes de julio pactó un ERE para 295 empleados en España, y a Cementos Portland, que ha acordado un ajuste para 291 trabajadores del área de cemento y negocia un segundo de 299 empleados para la de hormigón.