MADRID.- En primera línea de la playa de Calpe (imagen) se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas, según adelanta "El País".Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa".
El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público.
"Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas.
Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.
Derribos de casas, compra de fincas
El 30 de octubre de 2006, la Dirección General de Costas comenzó uno de los mayores derribos de viviendas en la zona pública de costa. En el término municipal de El Sauzal (en Tenerife) demolió 418 viviendas de mala calidad y utilizadas para los fines de semana que ocupaban 2.191 metros de costa. Aunque Medio Ambiente afirma que los derribos se hicieron con acuerdo de los vecinos, éstos se manifestaron y las máquinas tuvieron que trabajar escoltadas por la Guardia Civil. Ahora construye allí un camino peatonal de 1,5 kilómetros.
Desde 2004, Medio Ambiente ha demolido otras 337 edificaciones. En muchos casos se trata de chiringuitos o pequeñas construcciones. Sólo en casos excepcionales se trata de grandes obras. Es el caso de las antenas de Radio Liberty, desde las que Estados Unidos emitía propaganda hacia los países del Este, en Girona. A menudo, son pequeñas casas de pescadores las que caen.
El Gobierno prepara desde hace más de un año un camino para hacer accesible un tramo de tres kilómetros de costa de Mallorca que un grupo de millonarios "ha privatizado de hecho", en palabras del director general de Costas, José Fernández. En esa zona tienen sus casas Ana Obregón, Carlos Sáinz o Pedro J. Ramírez.
Además de los derribos, el ministerio ha acelerado el plan de deslindes (el trámite que delimita la zona pública y la privada de costa). En teoría, es sencillo trazar la línea sobre el mapa, pero en la práctica el trámite tarda años. Primero hay que hacer estudios técnicos para ver hasta dónde llega el agua en caso de grandes temporales. Luego, los vecinos afectados suelen pleitear cuando ven que sus terrenos, para los que preveían enormes ganancias, quedan incluidos como dominio público.
El trámite debía estar concluido a lo largo de toda la costa en 1993 pero aún falta el 20% unos 2.000 kilómetros de costa, por deslindar. Entre 1988 y 2003 el ritmo de deslinde fue de 360,9 kilómetros al año de media. En este año ya se han concluido más de 600 kilómetros, según el Ministerio de Medio Ambiente, que prevé concluir los deslindes en 2008.
Aunque trazar la raya parece una formalidad es imprescindible. Sin deslinde "no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida", según el ministerio.
La tercera pata de la política de Costas es el programa de adquisición de terrenos para protegerlos de la especulación urbanística. El Gobierno ha tasado 32 fincas (en total 19,5 millones de metros de metros cuadrados) en 105.854.789 euros. Si consigue comprar esos terrenos será un chollo ya que el metro cuadrado sale a 5,4 euros.
Entre las fincas que el ministerio quiere comprar se encuentra la del Hotel del Algarrobico, pero la parte que pretende expropiar sólo ocupa la mitad del hotel. El Gobierno ha ofrecido 30 millones a la promotora a cambio de tirar todo el hotel y quedarse la mitad del terreno. Después el constructor podría construir en la mitad de la finca (y en los alrededores que ya son urbanizables). La ley permite al Gobierno comprar terrenos más allá del dominio público para asegurarse su conservación.
El pasado 24 de octubre, el Gobierno anunció la compra de la isla de Sálvora y los islotes de Noro y Vionta, situados en la desembocadura de la Ría de Arousa (Pontevedra), para su incorporación al Dominio Público. La inversión ascendió a 8,5 millones.
Medio Ambiente se ha garantizado el derecho de tanteo sobre las miles de hectáreas, muchas de ellas en desuso, que Defensa conserva en el litoral. Gracias a este acuerdo ya compró 300 hectáreas en Murcia por ocho millones de euros. El terreno estaba ya cercado por los promotores, que vieron cómo el acuerdo desvanecía sus aspiraciones inmobiliarias.- (PRISA)
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