El paro baja en 22.300 personas en la Comunitat y el empleo crece en 22.600

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera en la que más ha descendido el paro en el cuarto trimestre de 2015 respecto al tercero con 22.300 desempleados menos mientras que en este trimestre el número de ocupados creció en 22.600 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Morera quiere retransmitir la actividad parlamentaria por la señal pública de TVV

VALENCIA.- El presidente de las Corts, Enric Morera, quiere que los plenos, las sesiones de control al presidente de la Generalitat y las comisiones se retransmitan por la señal pública por la que antes emitía Canal 9 para que así la ciudadanía "pueda conocer de manera directa" el trabajo parlamentario, aunque ha aclarado que no tinen nada que ver con una televiisón en pruebas.

Al respecto, ha aclarado, en rueda de prensa, que con esta propuesta "no quiere interferir ni suplantar de ninguna manera" la futura creación de la nueva RTVV". En ese sentido, ha asegurado que estas emisiones no chocarían con la futura ley de creación del ente público porque se limitarían a retransmitir tal cual la actividad parlamentaria al igual que ya se puede ver por internet. "No queremos hacer una televisión sino dar un salto técnico", ha aclarado Morera.

Morera ha explicado que este planteamiento surge de la presidencia de las Corts para equipararse con la mayoría de los parlamentos autonómicos que emiten su actividad a través de la televisión o el mismo Congreso de los Diputados que recurre incluso a canales privados.

Al respeto, ha señalado que se trata de aprovechar "una señal y las antenas que son públicas, propiedad de la Generalitat valenciana, para retransmitir un servicio público", por lo que no tendría ningún coste. De este modo, la televisión actuaría de "altavoz" para divulgar la actividad de las Corts entre los ciudadanos de forma directa, "sin intermediarios".

En ese sentido, ha asegurado que el parlamento valenciano cuenta con un equipo audiovisual "muy capacitado" y "no hay ningún problema técnico" para poder retransmitir estas emisiones, que le gustaría que se pudieran poner ya en marcha para el próximo pleno.

Morera ha señalado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es "conocedor" de esta propuesta aunque aún no se ha trasladado de forma oficial está petición al Consell. Así, ha señalado que se trata de una competencia de la secretaría autonómica de Comunicación, dependiente de Presidencia.

No obstante, ha destacado que sí que ha sido comentada de "forma informal" con los grupos parlamentarios. Asimismo, este mismo jueves se ha reunido con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para tratar el tema y ha señalado que le ha parecido que es "interesante".

Herick Campos (PSOE) cree que Rajoy es "cómplice" de todo cuanto sucede en torno al PP de la Comunidad

VALENCIA.- El coordinador de los diputados y senadores del PSPV y el vicesecretario general provincial del PSPV-PSOE, el alicantino Herick Campos, considera que el presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, "es cómplice, por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana". Asimismo, considera que "el PP no debe gobernar en España ni en la Comunitat".

Campos, en un comunicado, se ha referido al caso Imelsa que afecta al PP valenciano y, en concreto, a las declaraciones realizadas por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en las que pidió "no se utilice" el caso Imelsa para "entorpecer" las negociaciones para la formación del Gobierno de España.
"Es una prueba de que el PP no debe gobernar en España ni en la Comunitat Valenciana", ha dicho el diputado socialista, quien ha añadido que Rajoy "es cómplice, por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana".
"Por acción porque es su partido, y sus dirigentes los protagonistas de esas prácticas corruptas, y por omisión, porque no está poniendo ni los medios adecuados en fiscales, ni está dotando a las Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios suficientes para perseguir la corrupción", ha denunciado el diputado socialista.
Así ha recordado que casos como Brugal se encuentran "empantanados" porque "el juez ni el fiscal tienen los medios suficientes de Policía para que hagan los informes oportunos y en el caso de Valencia lo que hace falta son más medios policiales".
Por todo ello Herick Campos cree "necesario" un cambio de gobierno, y que Bonig "se entere de que el PP es igual a precariedad, desigualdad y también corrupción".

El Consell destina 11 millones a cooperación al desarrollo para "devolver el honor a la solidaridad" tras el 'caso Blasco'

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana ha sacado las convocatorias de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo de 2016, para las que destina once millones de euros y con las que quiere "devolver el honor a la solidaridad de los valencianos" tras "el más repugnante caso de corrupción de todos los que ha habido que es el caso Blasco".

Así lo ha explicado el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en una rueda de prensa en la que ha presentado la convocatoria y el presupuesto que se destinará a las ayudas para proyectos de cooperación durante el próximo ejercicio económico. En el acto también han intervenido la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, y el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo.

El conseller se ha referido al "más repugnante caso de corrupción de todos los que ha habido que es el caso Blasco" y ha subrayado que "la corrupción es una enfermedad gravísima que daña el cuerpo social", aunque ha resaltado que "de esta enfermedad se sale si hay voluntad, concienciación ciudadana y si los políticos tienen medianamente claros los objetivos".

Alcaraz ha destacado que el Consell ha cumplido su "compromiso" de sacar la convocatoria de subvenciones de cooperación antes de que acabara este mes de enero. También ha aprovechado para anunciar que durante este período de sesiones se presentará en las Corts el proyecto de Ley de Cooperación Valenciana.

El titular de Transparencia ha valorado el incremento de las subvenciones para cooperación --en las que se ha pasado de 0,02 por ciento al 0,07 por ciento del total del presupuesto de la Generalitat--, pero considera que es "insuficiente" porque "todavía estamos muy lejos del objetivo irrenunciable del 0,7 por ciento".

Ha destacado que los proyectos serán evaluados por expertos independiente porque en este tema hay que ser "especialmente exquisitos". Del mismo modo, ha recordado el compromiso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que todo el dinero que se recupere del caso Blasco se destinará íntegramente a cooperación, lo que, según Buyolo, ya se podrá comprobar en los presupuestos de 2017.

Por su parte, Zulima Pérez ha destacado el "cambio de rumbo" que ha dado la política de cooperación de la Generalitat ha agradecido el "gran trabajo que han hecho las ONG, que ha sido incansable incluso en los peores momentos".

Federico Buyolo ha explicado que el presupuesto de la Dirección General de Cooperación ha pasado de 3,7 millones a 13,5 millones y de esta cifra el 90 por ciento se dirige a ayudas al desarrollo. En concreto, para subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo se destinan 6,3 --4,5 millones para gastos corrientes y 1,8 para gastos de inversión--, con las que se cofinanciarán proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los países del sur. El importe máximo de las ayudas será de 400.000 euros para los proyectos individuales de una sola ONGD y 500.000 euros para los de agrupación.

Se intervendrá en Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Burkina Fasso, Mozambique, Senegal, campamentos de refugiados saharauis, India y territorios Palestinos. Estos países son los que están establecidos en el actual Plan Director, pero Buyolo ha explicado que elaborarán uno nuevo --que tienen previsto que se apruebe a finales de este año--, que será "más amplio" y en el que se "alinearán los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestras políticas".

Por lo que respecta a las subvenciones a proyectos y actividades de educación para el desarrollo y sensibilización en la Comunitat Valenciana, el director general ha explicado que se destinarán 2,7 millones. Los importes máximos --que dependerán de la modalidad del proyecto-- serán de hasta 50.000 euros en el caso de los proyectos individuales y de 60.000 euros para los de agrupación.

Otra de las líneas en las que trabajará la Generalitat será la de los convenios "para ayudar a desarrollar una nueva visión de cooperación al desarrollo". Así, de destinarán 500.000 euros a los convenios con las universidades públicas, 125.000 euros con la Coordinadora Valenciana de ONGD y 55.000 euros con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

También se financiarán con 1.190.000 euros líneas nominativas de Acción Humanitaria para Cruz Roja, Farmamundi, Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valenciano, Unicef, Acnur, Unrwa y el Programa Mundial de Alimentos.

Por otro lado, el conseller ha destacado la "solidaridad" que demostraron los ciudadanos y la asociaciones valencianas que estaban dispuestos a colaborar en el proyecto de la Generalitat para traer refugiados a la Comunitat Valenciana, aunque ha indicado que "no ha sido posible por la ceguera de las políticas europeas y del Gobierno español".

Sobre este tema, ha recordado que ayer se conmemoró el Holocausto Nazi y ha resaltado que "empezó el día que muchos países europeos y en América se le cerraron las fronteras a los judíos que querían huir". A su juicio, "esto fue el prólogo de los campos de concentración". Por tanto, "lo que estamos viviendo, Europa ya lo ha visto", ha resaltado.

Ximo Puig justifica su recurso a los PGE por la "asimetría" de la financiación entre comunidades

MADRID.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha denunciado este jueves, tras presentar un recurso ante el TC a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, la "asimetría" que existe en materia de financiación entre las comunidades autónomas y la "discriminación" que, a su juicio, sufren los valencianos.

En declaraciones a los periodistas tras presentar el citado recurso, Puig ha recordado que asiste al Alto Tribunal "después de agotar todas las vías de diálogo".

"Venimos al TC a intentar rescatar una parte de aquello que les pertenece a los ciudadanos que viven en la Comunidad Valenciana", ha argumentado, subrayando que hay cinco millones de ciudadanos "valencianos y españoles" que "se sienten discriminados" por la ley de presupuestos de este año.

Según ha explicado, esta norma "sitúa los servicios públicos", sanidad, educación y servicios sociales, en "un espacio de discriminación" entre las distintas regiones.

El presidente autonómico, que ha acudido al TC junto a la consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha hecho hincapié en la "infrafinaciacion" de la comunidad.

Concretamente, desde el Gobierno valenciano, piden que se "inconstitucionalice" el fondo de suficiencia global que, a su juicio, "no desarrolla el objetivo del equilibrio entre ciudadanos".

Asimismo, denuncia que se haya incumplido "durante tres años" la renovación del sistema de financiación autonómica que debió llevarse a cabo por parte del Ejecutivo central, que según Puig, ha decidido "de manera arbitraria" no adaptar el modelo "a las nuevas circunstancias".

Aunque el presidente valenciano ha pedido una modificación del sistema de financiación actual --que cuenta con un fondo de suficiencia global para ajustar las diferencias entre las autonomías-- ha aseverado que con este modelo se podría "actuar con equidad si se aplicara dicho fondo de suficiencia global".

En concreto, el recurso se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. La iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.

El cálculo del fondo de suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunidad Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.

Puig exige explicaciones públicas y responsabilidades políticas de Rita Barberá y Gerardo Camps

MADRID.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido "explicaciones públicas" de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, y del que fuera vicepresidente de la Generalitat y diputado popular, Gerardo Camps, y que asuman "responsabilidades políticas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras acudir al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Presupuestos Generales de 2016, preguntado acerca de la investigación de una trama de corrupción que se saldó con 24 detenidos este martes en la Comunidad Valenciana, en el marco de la investigación del caso Imelsa.
"Hay una parte de responsabilidades políticas que el PP de la Comunidad Valenciana aún no ha asumido", ha señalado. Además, según el presidente autonómico, el PP conocía toda la información desde hace años "y no hizo nada".
Concretamente, ha subrayado que Barberá "es responsable política" también de varias de las actuaciones "fraudulentas" relacionadas con el caso Nóos. En este sentido, ha apuntado que es "discutible" que no esté en el banquillo de los acusados.
Sobre la Operación Taula desarrollada en Valencia, Puig ha apuntado que están siendo investigadas personas que han trabajado "íntimamente con ella". Así, ha pedido "como mínimo" una explicación pública de esta dirigente 'popular' señalando que también ha habido financiación "ilegal" de sus campañas.
Asimismo, a Camps le ha exigido explicaciones ya que, a su juicio, en la región ha habido un "despropósito" en la gestión en la que Camps "tuvo mucho que ver".
Puig se ha mostrado "indignado" tras el desarrollo de esta nueva operación anticorrupción: "No nos merecemos desayunarnos muchos días con lo que ha pasado y efectivamente voy a poner todo lo que esté de mi parte para levantar la hipoteca reputacional y devolver el orgullo a los valencianos", ha recalcado.
Puig sostiene que el PP conocía esta información desde hace tiempo y ha criticado la "utilización de la información según en qué momento". Por otro lado, ha apuntado que la financiación ilegal tiene que desaparecer de la vida pública y, para ella, el "antídoto es la transparencia".

El juez impone fianzas a cinco de los detenidos en Valencia que suman casi un millón de euros

VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa ha impuesto finanzas que suman un total de 965.000 euros a cinco de los 14 detenidos en la Operación Taula que han comparecido ante el juez hasta el momento.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la fianza pecuniaria de mayor cuantía asciende a 500.000 euros y se ha impuesto a un empresario exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Asimismo, pide 150.000 euros a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón para garantizar responsabilidad civil.

La misma cuantía de 150.000 euros la reclama también el juez a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su declaración. Del mismo modo, la fianza al exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, se ha fijado en 150.000 euros.

Finalmente, al ex secretario autonómico de Deportes y exdiputado en las Cortes Valencianas, David Serra, el magistrado reclama una fianza pecuniaria de 15.000 euros.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia recibirá este jueves a otros diez de los 24 detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Los otros 14 arrestados ya comparecieron ante el instructor. Todos han quedado en libertad provisional, investigados --término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera en pasar a disposición judicial fue la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Declaró el pasado martes, el mismo día de su detención. El juez acordó la libertad provisional. Le impuso una fianza de 150.000 euros para garantizar el pago de la responsabilidad civil en caso de condena. En el caso de que no la abone en el plazo establecido, el juzgado procederá al embargo de bienes.

El miércoles por la tarde noche pasaron a disposición del juez otros 13 detenidos. Las declaraciones se prolongaron hasta la madrugada. Todos quedaron en libertad provisional. A cuatro de ellos también se les impuso fianzas pecuniarias.

Además, prestaron declaración dos arquitectos, un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo popular-- y seis empresarios. Todos quedaron en libertad provisional y mantienen la condición de investigados.

El Juzgado de Instrucción 18 tiene previsto recibir este jueves al resto de arrestados, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil concluyan sus diligencias y los pasen a disposición judicial. En ellos se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia Alfonso Rus, y el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

También figuran el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exacalde de Genovés Emilio Llopis y el ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, así como cinco empresarios.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no se halla entre los arrestados en esta macrorredada.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

Pilar de la Oliva, reelegida presidenta del TSJCV, frente al alicantino Vicente Magro

MADRID.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por 12 votos.

La magistrada Pilar de la Oliva optaba a la reelección como presidenta del alto tribunal valenciano tras cinco años en el cargo. Esta valenciana llegó al tribunal en octubre de 2010, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, en un momento en el que estaban pendientes asuntos de gran interés político y mediático como el conocido caso de los trajes que sentó en el banquillo de los acusados al entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps.
De la Oliva, que fue nombrada en 2010 para un primer mandato en el Tribunal Superior, ha sido reelegida con 12 de los 21 votos del pleno del Consejo, frente a los 9 logrados por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que también aspiraba al cargo, según un comunicado del CGPJ,
Los candidatos a presidir el TSJ valenciano eran, además de De la Oliva y Magro, el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, y el titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, Juan Francisco Mejías.
Según el comunicado del CGPJ, Pilar de la Oliva tiene acreditada la especialización en Derecho Civil de la Comunitat Valenciana y el conocimiento de la lengua valenciana. También habla francés e italiano.
Ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios y en 2015 dirigió el curso de Macrocausas para el programa de despliegue territorial de formación del Consejo General de Poder Judicial.

De la Oliva, valenciana de 59 años, ingresó en la carrera judicial en 1982 tras licenciarse en Derecho. Sus primeros destinos como juez de primera instancia e instrucción fueron los juzgados de Calamocha (Teruel) y Llíria (Valencia). 

Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en juzgados de Mataró (Barcelona) y Castellón. En 1996 llegó al juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, donde permaneció 23 años como juez titular.

Tras estos años en instrucción, su carrera dio un vuelco cuando en octubre de 2010, el CGPJ le designó nueva presidenta del TSJCV en sustitución del magistrado Juan Luis de la Rúa.

Premio de consolación para Magro

El magistrado Vicente Magro ha agradecido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el apoyo a su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha anunciado que optará de nuevo a presidir la Audiencia de Alicante.
El pleno del CGPJ ha reelegido esta mañana a la actual presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, para un segundo mandato al frente del alto tribunal con 12 de los 21 votos emitidos frente a los 9 logrados por Magro, según un comunicado del órgano de gobierno de los jueces.
Tras conocer el resultado, Magro ha declarado que encaja con "deportividad" el resultado y ha anunciado que optará el próximo septiembre a la reelección como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, la cual dirige desde 2001.
"Es un honor haber estado en la terna y haber conseguido un apoyo tan importante del Consejo a mi proyecto. Supone un impulso importante para seguir apostando por la innovación en la administración de Justicia", ha dicho.
El magistrado ha explicado que va a seguir ahondando en algunas de las iniciativas que ha planteado en su candidatura al TSJ valenciano, entre las que destacan la potenciación de cursos de reeducación de maltratadores y delitos contra la seguridad vial y la mediación en materias tantos civiles como penales.
Magro ha recordado que ha obtenido prácticamente la mitad de los votos del pleno del CGPJ y asume esos apoyos como un refuerzo y un "impulso" a su proyecto de innovación y mejora de la Justicia.

El PPCV recalca que las cuentas del partido están auditadas por el Tribunal de Cuentas

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha resaltado este jueves que las cuentas del partido, tanto a nivel regional como nacional, están auditadas por el Tribunal de Cuentas, al ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP valenciano, en el marco de las investigaciones de la Operación Taula, y las supuestas 'mordidas' del 3 por ciento cobradas durante una década.

Bonig ha señalado que el caso está bajo secreto de sumario y cuando éste se levante podrá verse si esto es así. De confirmarse, ha dicho, "nos parece bochornoso y repugnante como no puede ser de otra forma" y pondrán en marcha "todas las medidas para que no suceda".

Ha explicado que "el partido presentaba sus cuentas, han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas" e incluso hay una investigación en este órgano y ya dirán los tribunales "lo que tengan que decir".

Preguntada sobre si considera que debe reforzarse el control interno de las cuentas, ha destacado que el PP opta desde hace tiempo por "gerentes con un perfil técnico" y ha incidido en que el PPCV presenta sus cuentas en Madrid, el partido "da el visto bueno" y después son auditadas por el Tribunal de Cuentas".

También, ha agregado, están estudiando la posibilidad, "como pasa en muchas empresas públicas o privadas, de que una auditoría externa audite, pero eso ya se está haciendo", ha dicho, porque el Tribunal de Cuentas las fiscaliza.

Asimismo, ha puesto en valor que "si hoy se puede investigar a una persona jurídica es porque el PP ha reformado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que eso sea posible" porque "hasta ahora la responsabilidad penal era para personas físicas". También se han endurecido las penas por delitos de corrupción y la financiación ilegal, ha dicho, para resaltar que "otros hablan mucho de regeneración pero no apoyaron al PP en estas medidas".

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El PPCV demandará a sus cargos condenados por corrupción por los daños a la imagen del partido y sus militantes

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora "inédita" en la política y presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción, con sentencia firme, para pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen .

Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la demanda al exconseller Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación. 

Según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, "hay que dar un paso más" y que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes".

La investigación apunta a graves irregularidades del alicantino Gerardo Camps

VALENCIA.- En un ejercicio de periodismo ficción, la pregunta era casi inevitable. ¿Qué hubiera pasado si Rita Barberá o Gerardo Camps no fueran aforados? Su condición impide que se les pueda detener, imputar o incluso investigar de manera directa a menos que el caso lo asuma el Tribunal Supremo.

La respuesta a esta cuestión quizá no se conozca nunca o tal vez en unas semanas o meses a medida que las pesquisas lleguen a su tramo final o bien las declaraciones de algunos imputados apunten hacia sus anteriores superiores jerárquicos. En cualquier caso, actualmente existen dos caminos abiertos por la Guardia Civil que conducen de forma irremediable a los sillones de Rita Barberá y de Gerardo Camps. Y si esta tesis se materializa, las consecuencias para los dos dirigentes del PP podrían ser letales tanto en lo personal como en lo referente a su formación. Barberá ya se vio judicialmente cercada con la detención de una de sus más estrechas colaboradoras: Mari Carmen García-Fuster.

Ella era la responsable de todas las campañas del partido popular ante la Junta Electoral de zona, pero carece de cualquier competencia en la contratación de obras o servicios en el consistorio. Esta circunstancia orienta las pesquisas hacia la primera responsabilidad. No obstante, el secreto de la investigación impide conocer el detalle de los hechos que supuestamente pondrían en duda la presunción de inocencia de la exalcaldesa Barberá.

Similar es la situación de Gerardo Camps. La investigación apunta a que supuestamente cobró comisiones y participaría de algún modo en la trama de blanqueo de capitales. El exgerente de Imelsa, al parecer, lo situó como uno de los puntales de la trama en alguna de sus confesiones ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO).

Lejos de mostrar preocupación, los dos dirigentes trataron de trasladar tranquilidad ante el temor de que pudieran verse salpicados por el asunto. Incluso, en cierta forma, trataban de sacar pecho. «Los compañeros que son corruptos no son compañeros». Así de tajante se expresaba el ex vicepresidente y diputado nacional por el Partido Popular, Gerardo Camps, tras conocer alguno de los pormenores de la mayor operación contra la corrupción política que acabó con la detención de varios ex dirigentes de su propio partido.

Con esta palabras, Camps quiso poner tierra de por medio con quienes le vinculaban directamente con la trama que amañana contratos para cobrar comisiones. Desde su casa en Benidorm, explicó que nunca se le había comunicado nada por parte de la Guardia Civil ni del juzgado que investiga el caso surgido a raíz de la investigación de la empresa pública Imelsa.

La mañana estuvo trufada de versiones contradictorias acerca de un posible registro en los domicilios de ambos dirigentes populares. De inmediato, lo descartó. Añadió que ni su casa familiar ni la de Benidorm han sido objeto de registro. El diputado popular explicó que el único que tiene potestad para investigar es el juzgado que está instruyendo esta causa y que no cree que a él le vaya a afectar. «No se ha hecho ninguna diligencia ni ahora, ni anteriormente», puntualizó.

Desde el Congreso de los Diputados también llegaban voces en defensa de Camps. Concretamente, el portavoz de los populares, Rafael Hernando, aseguró que no le consta que el diputado nacional por Alicante esté relacionado con este asunto y no tiene «ninguna responsabilidad».

Pese a las palabras exculpatorias que esgrimían tanto Gerardo Camps como sus compañeros de partido, lo que sí parece claro es que los indicios se acumulan en su contra.

La Generalitat traslada a Fiscalía el informe de la Intervención sobre 'Ciegsa'

VALENCIA.- Los consellers de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, han trasladado a la Fiscalía el informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat sobre Ciegsa.

Con esta acción, acordada por el pleno del Consell del pasado viernes, se traslada "la máxima voluntad del gobierno valenciano para facilitar toda la información posible a la justicia con el objetivo de que se esclarezcan posibles irregularidades cometidas en la gestión de los recursos de los valencianos en materia de infraestructuras escolares".
Marzà apuntó hace diez días que este informe definitivo sobre Ciegsa va "en la misma línea" que el provisional, que apuntaba a sobrecostes de 1.130 millones y que hay "indicios muy claros de que no se ha gestionado como tocaba".
"Estamos hablando de encargos que no se han hecho, de trabajos sin presupuesto, de auténticas barbaridades que para nosotros son alarmantes", incidió.

El Consell pone en marcha su Portal de Transparencia "definitivo" como "cortafuego" y "antídoto" contra la corrupción

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha este miércoles su Portal de Transparencia --GVA Oberta-- "definitivo" que incluye, entre otros aspectos, contratos, viajes, retribuciones y obsequios de altos cargos. El Consell cumple así con la Ley de Transparencia y pretende que sirva de "cortafuego" o "antídoto" contra la corrupción.

Así lo han explicado la vicepresidenta de la Generalitat y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en un acto en el que han presentado el nuevo Portal de Transparencia. También ha participado la directora general de Transparencia y Participación, Aitana Mas, quien ha explicado la estructura y el funcionamiento de GVA Oberta.

Alcaraz ha explicado que en octubre la Generalitat puso en marcha un Portal de Transparencia "provisional" para cumplir con la Ley de Transparencia, que es "compleja", pero desde este miércoles ya se puede acceder al definitivo, por lo que cumplen "casi al cien por cien" con esta norma.

Para el conseller, "este portal es un instrumento para la transparencia y la transparencia es un instrumento para la democracia", y ha hecho hincapié en que se trata de una herramienta que facilita la participación pública a los ciudadanos, los medios de comunicación y los partidos políticos de la oposición.

De esta forma, ha dicho que favorecen "la cultura de la transparencia frente a la cultura de la sospecha que está atravesando nuestras instituciones" y, al respecto, ha subrayado que se trata de "el primer cortafuego o barrera frente a la corrupción".

"La de berrinches que se habría ahorrado Mònica Oltra en la anterior legislatura si este portal hubiera existido. Habría bajado el negocio de las camisetas", ha bromeado el conseller, quien ha resaltado que la transparencia "es algo serio pero no debe ser dramático" y tiene que ser "un signo de normalidad democrática"

Manuel Alcaraz se ha mostrado "orgulloso" de este "muy buen Portal" de Transparencia, de diseño y manejo "sencillo", que contiene "información descargable y reutilizable" y en la que todo está "a dos clic" --dos toques de ratón", de forma que cumplen con una recomendación de Transparencia Internacional.

En cualquier caso, el Portal de Transparencia se irá ampliando y, en este sentido, el conseller ha destacado el compromiso de ir introduciendo mejoras, como aplicaciones específicas sobre subcontratación o más información sobre el sector público instrumental. Además, ha avanzado que en la próxima primavera estarán disponibles las páginas de Open Data.

El conseller también ha anunciado que este jueves se pondrá en marcha el Observatorio del Portal de Transparencia, en el que trabajará personal de las direcciones generales de Transparencia y Tecnologías de la Información, que se encargarán de examinar continuamente el funcionamiento del portal e introducir mejoras. Además, estudiarán mejoras normativas que faciliten un acceso más sencillo a determinados aspectos incluidos en GVA Oberta, como los gastos de caja fija.

Asimismo, ha explicado que este mismo jueves comenzará una "humilde" campaña de publicidad para dar a conocer el Portal de Transparencia porque "de poco sirven estos instrumentos si los ciudadanos no conocen su existencia". También se pondrán en marcha cursos de formación para funcionarios y otros colectivos de la sociedad, como periodistas.

Por su parte, Mònica Oltra ha destacado que este portal es "un instrumento más para mejorar la transparencia en la gestión" y, al respecto, ha resaltado que "la transparencia es el primer paso hacia la rendición de cuentas ante la ciudadanía" y, además, sirve como "antídoto contra la corrupción" y para "incentivar las conductas más honestas".

"La corrupción surge como síntoma de una democracia enferma", ha dicho la vicepresidenta, quien ha recordado que uno de los compromisos del Acord del Botànic es "la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que debería ser una seña de identidad de cualquier gobierno democrático".

Según Oltra, "el hecho de que nos controle la oposición y los ciudadanos es una alianza que fortalece al Gobierno" y ha hecho hincapié en la necesidad de "recuperar la confianza de la gente en las instituciones y en la política", aunque ha admitido que "son tiempos difíciles" para ello.

"Durante mucho tiempo los valencianos y valencianas honrados hemos visto como nuestro territorio estaba asociado a vergonzosos casos de corrupción política y económica", ha denunciado Oltra, quien ha asegurado que el nuevo Gobierno autonómico está trabajando para tener instituciones "limpias". 

"El pueblo valenciano es un pueblo honrado y se merece instituciones éticas, transparentes, participativas y honradas", ha resaltado.

Por su parte, Aitana Mas ha explicado la estructura y el funcionamiento de este portal que es "muy fácil e intuitivo". GVA Oberta se estructura en su parte superior en cinco apartados --Consell, Organización de la Generalitat, Servicios a la Ciudadanía, Cifras y Ordenación, Urbanismo y Medio Ambiente--. También tiene destacados sobre viajes, retribuciones, obsequios, contratos y caja fija.

Del mismo modo, presenta un apartado de Acceso a la Información Pública para que los ciudadanos pueden pedir información a las diferentes Consellerias. Alcaraz ha explicado que "en principio" tienen un mes para responder y que no se podrá pedir documentación que afecta a la intimidad, a la seguridad o a los derechos de la infancia, entre otros.

'Compromís' pide una comisión en las Corts para investigar las contrataciones de la Generalitat con la trama

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha registrado este miércoles la petición de creación de una comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre la relación de contrataciones de la Generalitat con las empresas vinculadas al caso Imelsa, en el marco de la macrorredada de la Operación 'Taula'.

Para Compromís, "el entramado va mucho más allá del ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y toca de lleno a empresas públicas como Ciegsa o Vaersa, a empresarios cercanos al poder, a ex diputados populares y ex miembros del Consell".

Su portavoz, Fran Ferri, ha destacado la necesidad de que esta comisión "investigue sobre la contratación de la Generalitat con la trama investigada en el marco de la Operación 'Taula' para delimitar las responsabilidades políticas", además de "averiguar si existe una presunta financiación ilegal del PP, investigar el funcionamiento de los mecanismos de control interno en estas contrataciones y aclarar el posible sobrecoste para las arcas públicas".

El síndic ha señalado que Compromís "espera que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y el grupo popular en las Corts muestren su apoyo" a la creación de esta comisión de investigación, y "comiencen a desmarcarse de una vez por todas de la corrupción sistémica en su partido".

En su opinión, "la actitud de Bonig hasta ahora al abordar la corrupción en su partido está siendo deplorable", ya que "se esconde para no dar explicaciones públicas y, como sus antecesores en el cargo, espera que el trabajo contra los corruptos se lo haga la justicia". Así, ha denunciado que "hasta que no detienen o imputan a alguien no mueve un dedo contra ellos".

Al respecto, Ferri ha recordado que "en mayo del año pasado estalló este caso de corrupción y en todo este tiempo el PP no ha actuado contra nadie que no fuera señalado por la justicia ni realizó ninguna labor interna de depuración de responsabilidades".

"Ahora, tras las nuevas detenciones e imputaciones, se ven en la obligación de abrir expedientes para realizar expulsiones del partido cuando han tenido meses para hacerlo", ha insistido.

Por otro lado, el portavoz de Compromís ha señalado que "todo apunta a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá", dado que "ha caído su círculo de confianza y la justicia no ha actuado contra ella todavía por un tema de aforamiento".

Sin embargo, ha continuado, "la responsabilidad de Barberá en este caso es evidente", y "los actuales dirigentes del PP deberían depurar sus responsabilidades para tener un mínimo de credibilidad".

No obstante, se ha mostrado convencido de que "no lo harán, porque la realidad es que el PP sigue amparando la corrupción y sólo actúa bajo la máxima de que solo si te pilla la justicia, el partido te deja caer", por lo que se ha preguntado "¿a qué espera la señora Bonig para pedir responsabilidades y actuar contra Rita Barberá?".

La productividad de las universidades valencianas es un 11% superior a la media pese a ingresar un 18,9% menos

VALENCIA.- La productividad del Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) es un 11% superior a la media española pese a que ingresan un 18,9% menos entre 2010 y 2014, tanto de las fuentes públicas como privadas, por las graves dificultades económicas de los últimos años.

Es una de las principales conclusiones de la tercera edición del informe sobre 'La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas', que ha sido presentado este miércoles por los cinco rectores y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Al acto, han asistido además los cinco rectores de la CRUPV (Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes), el conseller de Educacación, Vicent Marzià, y el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues.

Así, la crisis ha afectado sobre todo a los ingresos destinados a financiar la investigación (-42,4%) y la transferencia tecnológica (-24,2%). Pese a ello, los cambios introducidos en la docencia y la investigación han logrado que se ofrezca "un elevado retorno" fiscal a las inversiones públicas ya que formar a un titulado supera el 10% anual de rentabilidad fiscal para el sector público.

No obstante, el director de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Francisco Pérez, ha explicado en la presentación de este informe que la crisis ha comprometido "seriamente" la capacidad de las universidades de "obtener más y mejores resultados en ámbitos relevantes al interrumpir líneas de investigación en marcha, reducir e impedir el rejuvenecimiento de sus plantillas, frenar el desarrollo profesional del profesorado y la incorporación del capital humano a las empresas, y debilitar todavía más la escasa colaboración entre universidad y empresa en actividades de transferencia".

Así, las Universidades Públicas Valencianas han incrementado su producción científica un 160% entre 2000 y 2013 y la han internacionalizado significativamente. Sin embargo, los niveles de las actividades de transferencia son "modestos, e incluso se han producido retrocesos en estos años, debido a la falta de recursos".

De este modo, el retroceso del 42,6% de los recursos para investigación es "más relevante" en la Comunitat Valenciana porque una mayor parte del gasto en I+D depende de las Universidades Públicas (47%), muy por encima de lo que sucede en España (28%), a consecuencia de la debilidad del gasto de las empresas e instituciones.

Los efectos del gasto que moviliza el SUPV sobre la actividad y el empleo son muy importantes: incrementan en 50.555 personas el número de personas activas y en 67.000 los ocupados, en la Comunitat Valenciana. Además, genera volúmenes de capital humano y tecnológico "muy relevantes" para la oferta de recursos productivos: en el periodo 2000-2013 estos dos activos suponen el 19,9% de las aportaciones de los factores productivos al crecimiento valenciano.

La rentabilidad fiscal que obtiene el sector público al financiar la enseñanza universitaria pública valenciana es claramente positiva, como consecuencia de los mayores impuestos pagados por los titulados a lo largo de su vida laboral.

La rentabilidad anual es del 12,9% en el caso de un graduado, del 11,6% en el de un licenciado y el 9,9% en el de un diplomado. La sociedad valenciana recibe 2,6 euros -a través de los impuestos recaudados por el sector público, ingresados por los titulados universitarios a lo largo de su vida laboral- por cada euro dedicado por las administraciones a financiar a las universidades para su formación.

En la tercera edición se ha puesto el foco especialmente en analizar el papel de las universidades en relación con las oportunidades de empleo de los titulados, la salida de la crisis económica y la contribución de los universitarios y las universidades al cambio de modelo productivo que la Comunitat Valenciana necesita.

En este sentido, el informe señala la importancia de reforzar las sinergias entre las universidades y el entorno social y económico para impulsar el desarrollo de las actividades basadas en el conocimiento en la Comunitat Valenciana y recuperar el terreno perdido por la economía valenciana en materia de competitividad.

El estudio ha analizado las fortalezas y debilidades de la SUPV por las circustancias actuales. Así, destacan la importancia de las contribuciones a la renta, el empleo, el capital humano y el crecimiento de la Comunitat Valenciana y destaca la adpatación de la oferta educativa a las demandas formativas, "los esfuerzos" por adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior y "los importantes avances" en "la producción, calidad e internacionalización de la investigación".

No obstante, también constata "las tensiones" vividas a causa de los ajustes financieros y de plantillas derivadas de la crisis y "el retroceso" de los proyectos de investigación o de las actividades de transferencia.

Asimismo, el informe recalca la importancia de reconocer la heterogeneidad de las universidades y sus diferentes unidades en especialización, internacionalización y resultados docentes y de investigación, subrayando la necesidad de difundir las buenas prácticas para mejorar la productividad media. El SUPV ha realizado en los años recientes una importante transformación de su oferta docente, que en la actualidad es de 187 títulos de grado y 307 de master diferentes.

El informe, elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), analiza la actividad y los resultados de las cinco universidades públicas: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche.

El estudio ha sido realizado por el director de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Francisco Pérez; el investigador del Ivie, profesor de la Universitat de València y decano de la Facultad de Economía, José Manuel Pastor; y el profesor de la Universitat de València Carlos Peraita. En su elaboración han participado los técnicos de investigación del Ivie Eva Benages y Ángel Soler.

Un país gobernado por delincuentes / Ramón Cotarelo *

Imagino que mucha gente recordará a  Aznar diciendo en 2010 o 2011 con su habitual facundia que el PP es incompatible con la corrupción. El contenido de veracidad de tal aserto era más o menos el mismo que cuando aseguraba que en el Irak había armas de destrucción masiva. Dos mentiras como pianos dichas por quien sabía muy bien lo que decía. En el PP no hay sino corrupción y la banda de ladrones y forajidos que lo componen ha arruinado el país a base de robar. En el Irak no había armas de destrucción masiva, pero la intervención de este personaje sin principios ni moral fue la causa política indirecta de cientos de miles de muertos. Hoy el tal Aznar es un hombre próspero, que ha acumulado una considerable fortuna, producto de sus desvelos y sacrificios por la Patria, de la que no deja de hablar.

Veintitrés de los treinta y cuatro ministros del mismo individuo están salpicados en diversos grados por esa corrupción que era incompatible con el PP. Y quien quiera ver alguno de los rostros más conocidos de ese gatuperio de sinvergüenzas que es la Gürtel solo tiene que visualizar el vídeo de la inenarrable boda de la hija del mismo Aznar en El Escorial. Un Aznar, antaño irrefrenable parlanchín, que lleva meses en un silencio de cartujo.

El tiempo está encargándose de poner a cada cual en su sitio que, en el caso de los ladrones del PP, según se ve, es el trullo, en el que ya entran por docenas. Seguirán haciéndolo en los próximos tiempos y ya veremos en donde paran por último el señor Aznar y su sucesor, el señor Rajoy, reconocido cobrador de sobresueldos de procedencia dudosa y beneficiario de dádivas de los ladrones de la Gürtel parecidos a los que recibía su amigo Francisco Camps, otro presunto ladrón de la cruz a la calva.

Por supuesto, todos estos ladrones y sinvergüenzas son gente de orden, bien trajeada y defensora del orden constituido. Todos ellos predican los valores de la civilización cristiana, van a misa y son muy amigos de los curas, esa otra agrupación sistemáticamente dedicada a vivir a cuenta de los demás mientras les predican patrañas sobre la otra vida. Van a procesiones, condecoran trozos de palo a los que llaman vírgenes y se preocupan porque los niños sean adoctrinados en sus supersticiones. Y todos, también, defienden el credo de la libre iniciativa sin regular en el mercado y la necesidad de expoliar todo lo público y privatizarlo para beneficio de sus parientes, amigos y enchufados. Lo llaman liberalismo y contratan esbirros en los medios de comunicación (también pagados con dinero de todos) para que lo prediquen a berridos mientras difaman las alternativas. Por eso se han puesto de nombre Partido Popular, como un banco.

Imagino que mucha gente recordará también cómo, cuando comenzaron a aflorar los casos de corrupción, en 2009, ¡hace ya siete años!, Rajoy reunió a la plana mayor de esta asociación de malhechores para proclamar que no se trataba de una trama del PP, sino de una trama contra el PP. Por que sí era una trama del PP, un partido cuajado de chorizos. Después de esta foto, vinieron los SMS a Bárcenas-Luis-sé-fuerte, la sistemática obstrucciòn a la justicia hasta culminar con la destrucción de los discos duros de Bárcenas, prueba procesal imprescindible y por la cual está imputado hoy todo el PP como persona jurídica.

¿Alguien cree que hay un solo país en el mundo en el que el partido del gobierno esté imputado en un proceso penal y pueda seguir gobernando? ¿Un partido con todos sus tesoreros también imputados, un montón de dirigentes y cargos en la cárcel por ladrones, administrando los recursos públicos? ¿Un partido cuyo presidente, y presidente del gobierno, que lleva cuatro años mintiendo y está acusado de cobros irregulares, presentándose a las elecciones como si no pasara nada?

¿Nadie ve que esto es un disparate inimaginable, solo posible en un lugar en que las normas más alementales de la moral no existen? Pues, sí, según parece, nadie. Y menos que nadie una oposición que en estos años de latrocinio generalizado ha seguido haciendo el juego a la banda de malhechores como si fueran un partido de verdad y un gobierno y un parlamento y no lo que son. 

En cualquier otro lugar civilizado del planeta esta gente estaría toda procesada, empezando por el presidente, el partido ilegalizado y disuelto y convocadas nuevas elecciones para que la gente pudiera elegir políticos menos sinvergüenzas.

¡Ah, pero esto es España! Una "gran nación", según el Sobresueldos.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Miércoles con la redada de la Operación Taula en Valencia, que salpica a Rita Barberá y deja tiritando al PP y a Rajoy de cara a la formación de Gobierno el día que el Rey reinicia los contactos.

Casualidad o no, el lastre se acumula en estos momentos críticos a estas otras líneas simultáneas de corrupción: Caso Acuamed en el que entra en liza Arias Cañete, malversación en Mercamadrid, Bárcenas, nueva cita judicial a Rodrigo Rato...

Portadas y grandes titulares inundados por estas tramas, sus consecuencias y lo último en movimientos poselectorales: Felipe González no publica su esperado artículo en El País pero come con embajadores europeos y se filtra su apuesta de Gobierno PP-C's con abstención del PSOE; ex ministros de la Fundación España Constitucional proponen la gran coalición que evite repetir las elecciones; y Podemos se sube por las paredes tras lo que denomina 'cacicada' al ser relegados al gallinero en el reparto de escaños.

Otros ejes informativos: el Tribunal Supremo dice que hay que devolver el céntimo sanitario; el TC también estudia la última concesión de canales de TDT por si la adjudicación a Atresmedia y Mediaset fomenta el duopolio; Guindos anuncia que la EPA de mañana será ‘la más intensa de la historia’; el gasto en pensiones bate en enero todos los récords con 8.384 millones; y el déficit público a noviembre es del 3,87%.

21-D...

Vozpopuli: Pataleta en Ferraz: El PSOE acusa a Felipe VI de favorecer a Rajoy en los tiempos de la investidura (Federico Castaño). Otro titular: Se estrecha el cerco a Barberá: cinco conversaciones y cinco imputados la salpican en la Operación Taula (Marina Alías). ABC: González aboga por un Gobierno PP-C’s con abstención del PSOE: el referente socialista rechaza cualquier pacto con Podemos, mientras casi 40 ex ministros apuestan por ‘una gran coalición de dos o más partidos constitucionalistas’. Libertad Digital: Rajoy intenta transmitir firmeza contra la corrupción, pero en el PP preocupa Rita Barberá (Pablo Montesinos). Periodista Digital: La corrupción cae como una bomba sobre las negociaciones entre PP y C's. Europa Press: Exministros de PSOE y PP piden un Gobierno de amplio respaldo y una reforma de la Constitución en dos años.

El País: La corrupción le estalla al PP en plena negociación de los pactos: una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá; el caso dificulta la negociación entre Rajoy y Rivera (J.J.Mateo y N. Junquera). Otro titular: Un informe municipal denuncia malversación en Mercamadrid: el documento, al que ha tenido acceso El País, sugiere la comisión de delitos en la época en que Botella fue alcaldesa (José Antonio Hernández). Otro titular: Entrevista a Cristina Cifuentes: ‘¿Por qué se va a ir Rajoy y no Sánchez? Me parece injusto (Rafa de Miguel). Otro titular: Polémica por la asignación de los peores escaños a Podemos (Fernando Garea). El Español: Al menos 4 contratos de Barberá por 75 millones, bajo sospecha (Daniel Montero y Carlota Guindal).

La Razón: El PP expulsa en horas a los detenidos en Valencia para salvar los pactos con C’s; la Policía arresta a 24 implicados, entre ellos el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus, por cobro de ‘mordidas’; Rivera pide negociar si hay un pacto anticorrupción (Carmen Morodo). Otro titular: Felipe González presiona a Sánchez para que deje gobernar a Rajoy y no se apoye en Podemos: traslada a los embajadores en España de la UE su preocupación por que el PSOE se alíe con los populistas; ex ministros del PP, PSOE y UCD piden un Gobierno de ‘gran coalición’. Otro titular: El Comité Federal del PSOE dará vía libre a un 'pacto imposible': los barones permitirán a Sánchez intentar formar Gobierno con Podemos para que, si fracasa, la responsabilidad sea de Iglesias (Toni Bolaño).

ECONOMÍA

Capital Madrid: España, con ayuda de Draghi, convence a los inversores: el Tesoro consigue colocar más deuda de la prevista (José Hervás). Libertad Digital: España incumple el objetivo de déficit en 2015 y tendrá que aplicar ajustes extra en 2016: las cuentas públicas arrojarán un déficit próximo al 5% del PIB en 2015, casi 10.000 millones de euros por encima de lo previsto (Javier G. Echegaray y Manuel Llamas. El Economista: El Supremo investiga el reparto de las TDT por fomentar el duopolio: admite a trámite un recurso de los anunciantes por los canales a Mediaset y Atresmedia (Eva Díaz y Javier Romera).

El Confidencial: Alerta máxima en las empresas ante una derogación de la reforma laboral (Carlos Sánchez). Expansión: Las operaciones corporativas caen a mínimos de 20 años: parón inversor por la incertidumbre política. El Mundo: Declaramos nada que declarar: los agentes sociales pactan como declaración conjunta guardar silencio (Carlos Segovia). Otro titular: Los 'contratos ocultos' elevan al triple el déficit de Cataluña: El agujero alcanzó en noviembre el 2,21% del PIB, frente al 0,7% previsto (Francisco Núñez). Otro titular: Las 200 mayores fortunas de España, un 16% más ricos en 2015 (José F. Leal).

EMPRESAS

El Confidencial: Cañete ignoró un informe interno que indicaba que Acuamed no pagara a FCC (Rafael Méndez). El País: Caso Acuamed: Arias Cañete ignoró un informe de su ministerio contrario a compensar a FCC; el ex ministro de Agricultura se reunió con la constructora para abordar este acuerdo y pidió a la Abogacía del Estado que buscara si tenía encaje legal (M. Planelles y J.A. Hernández). El Economista: La UE revisa si Acuamed usó irregularmente fondos europeos por 660 millones: el caso, en manos de la Oficina Antifraude (Jorge Valero). Otro titular: Los acreedores acusan a Abengoa de no darles el plan de viabilidad: la empresa afirma lo contrario ante la CNMV.

Vozpopuli: Alerta entre las empresas proveedoras de Abengoa: en tres meses vencen 300 M (Alberto Ortín). El Mundo: La crisis de Abengoa eleva a 800 millones sus impagos a proveedores (Víctor Marínez). Expansión: Repsol evalúa las provisiones por la caída del precio del crudo. Capital Madrid: Endesa lanza su nueva marca para adaptarse a los retos que esperan al sector eléctrico: el cambio de imagen se enmarca dentro del plan estratégico, con inversiones de 4.400 millones hasta 2019 (Julián González). Cinco Días: Enel y Endesa presentan en Madrid su nuevo ‘look’ mundial (Carmen Monforte). Otro titular: Renault opta a un nuevo modelo para Valladolid y más inversión en España (Noemí Navas).

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Capital Madrid: Los March 'barren' todo el papel de BME y acumulan un 1% adicional en enero: aprovechan la corrección del holding para llegar hasta alrededor del 11% del capital y ya es el primer accionista (Quesada Vargas). Otro titular: Ana Botín recompensa con creces al creador de la cuenta 1/2/3, Rami Aboukhair (José Luis Marco). Economía Digital: El sapo que deberán tragarse los compradores de BPA: comienza el traspaso de los activos y del personal de la banca a Vall Banc, la entidad puente que las autoridades andorranas subastarán a finales de febrero con dudas crecientes sobre la operación (Josep Maria Casas). Confidencial Digital: Grandes del Ibex arremeten contra Mafo por llamarles ‘franquistas’: el ex gobernador del BdE asegura en su nuevo libre que el CEC hereda la cultura empresarial de la dictadura.

OTROS TITULARES DESTACADOS

Cinco Días: Wanda contacta con varias consultoras para vender el Edificio España. Otro titular: Carmena: ‘Seguimos negociando con Wanda’ (Alfonso Simón Ruiz). Libertad Digital: Carmena da otra opción a Wanda para que no abandone Edificio España (Beatriz García). El Economista: Wanda se fija en Málaga ante sus problemas con el Ayuntamiento de Madrid (Alba Brualla). Expansión: El Atlético de Madrid se financia en Wall Street. OKdiario: Pablo Iglesias vive en una VPO ilegal pese a que gana más de 107.000 euros al año (M.A. Ruiz Coll). El Periódico: ERC desautoriza la hoja de ruta de Puigdemont: primeras diferencias en la coalición de gobierno; Esquerra se aferra a la declaración de independencia (Xabier Barrena, Roger Pascual y Fidel Masreal).

OPINIONES

Editorial en El País: ‘Perversión de la política; Mariano Rajoy debe someterse esta vez a la votación de investidura o renunciar sin dilación’. Manuel Jabois en el mismo diario: ‘¿Llorar por los viejos tiempos? El PP empieza a tener más gente defendiéndose en el banquillo que trabajando en los gobiernos’. Xavier Vidal-Folch en el mismo diario: ‘Una propuesta para Cataluña: el inmovilismo acrecienta el secesionismo; la reforma constitucional federal es adecuada pero tardía; urge un paco previo de blindaje catalán, en forma de disposición adicional rápida, como propuso Herrero de Miñón’. Otro editorial: ‘Supervisión eficaz: hay que revisar el sistema español de vigilancia de las instituciones financieras y homologarlo al que rige en las economías más avanzadas’.

Editorial en La Razón: ‘Sánchez debe sumarse al diálogo entre Rajoy y Rivera’. Editorial en El Imparcial: ‘La gran corrupción sigue minando al PP’. Editorial en El Mundo: ‘Rajoy puede pagar ahora por su tibieza contra la corrupción’. Editorial en La Vanguardia: ‘Corrupción sin fin en Valencia’. Editorial en El Periódico: ‘Redada contra el PP valenciano’. Editorial en El Español: ‘’¿Por qué consintió el lodazal valenciano, señor Rajoy? Editorial en ABC: ‘Ex ministros unidos por España: la Fundación España Constitucional apela a que C’s, PSOE y PP reediten el ‘espíritu de la Transición’. Otro editorial: ‘La maldición del Partido Popular’. Manel Manchón enEconomía Digital: ‘¿Y si Mafo tiene razón con su obsesión por De Guindos?’. Carlos Carnicero en el mismo medio: ‘De las pataletas de Podemos al ingenuo Sánchez’.

https://www.capitalmadrid.com/news_links/1925

'Podemos' pide la comparecencia de Barberá en las Corts para que explique "su presunta vinculación" con el caso

VALENCIA.- El portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, ha pedido la comparecencia de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que explique "cómo afecta su presunta vinculación en el caso Imelsa a su cometido como senadora".

Montiel, en un comunicado, ha señalado que "la condición de la señora Barberá como alcaldesa responsable de los nombramientos de los ahora investigados compromete la imagen de la Comunidad Valenciana en el Senado" y, por ello, ha solicitado la presencia y declaración de la exprimera edil en comisión parlamentaria.
El síndic de Podemos quiere que comparezca para que explique "de qué manera su presunta vinculación al caso Imelsa afecta al ejercicio de su cargo de senadora en representación de los intereses públicos de los valencianos y valencianas" y "qué decisiones piensa tomar en consecuencia".
"Hay personas vinculadas a Rita Barberá en su etapa como alcaldesa y, por tanto, es importante que la señora Barberá tenga posibilidad de explicarse", ha dicho Montiel, quien ha añadido que "ella fue quien las nombró y por tanto quien tiene la posibilidad de aclarar cualquier aspecto relacionado con la actividad que desarrollaron".
El síndico del grupo parlamentario Podemos efectúa esta petición en base al artículo 16.2 de la ley 9/2010 de Designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Valenciana y el articulo 168 del Reglamento de las Corts Valencianes.

Rajoy señala que mientras no se acuse a Barberá o a Gerardo Camps "están absolutamente limpios"

MADRID.- El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha señalado este miércoles, preguntado por si tomará medidas contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o el diputado Gerardo Camps en caso de ser imputados, que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", ha proclamado, si bien ha reiterado que cualquier persona acusada será apartada del partido.

Asimsimo, ha subrayado, en una entrevista en Telecinco, que las detenciones que afectan a exaltos cargos del PP que se han producido en Valencia "demuestran que no hay impunidad" y que las instituciones funcionan. "El PP ha sido y seguirá siendo implacable", ha enfatizado.

Tras reconocer que los casos de corrupción son lo que "más daño" ha hecho al PP ante las elecciones, ha apostado por tomar más medidas para evitar que se repitan los casos de corrupción en el futuro. "Cualquier persona del PP que se vea involucrada será apartada inmediatamente", ha proclamado.

Además, ha asegurado este miércoles que los recientes casos de corrupción "no tienen por qué dificultar" las negociaciones que ha abierto para intentar formar gobierno, y ha recalcado que su formación ha sabido "reaccionar" y ha sido "implacable" ante los casos de corrupción. Además, ha dicho que cualquier persona involucrada en una irregularidad será "apartada" del PP.

El Consell destaca que ha reducido el déficit pese al "desfase entre ingresos y gastos" del anterior Gobierno

VALENCIA.- La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha destacado este martes que el actual Gobierno valenciano consiguió en noviembre pasado reducir la cifra del déficit de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014.

La minoración, sin tener en cuenta los anticipos otorgados por el Ministerio, es del 0,08 por ciento del PIB y se produce "pese a que los anteriores responsables dejaron el Consell con un desfase entre los ingresos y gastos hasta junio del 1,38 por ciento, 1.391 millones de euros, cuando el límite anual para ese ejercicio era del 0,7 por ciento".
Así lo ha indicado Ferrando en un comunicado tras conocer la información hecha pública este martes por el Ministerio de Hacienda, según la cual el déficit de la Comunitat Valenciana hasta noviembre se situó en el 1,92 por ciento del PIB, con lo que se situó como la tercera región con mayor porcentaje, superada sólo por Cataluña y Murcia.
Clara Ferrando ha subrayado "los esfuerzos que se están haciendo desde la Generalitat para poner en orden las cuentas autonómicas, tras el desbarajuste de los anteriores gestores".
En concreto, las cifras difundidas por el Ministerio señalan que el Consell, a 30 de noviembre de 2015, registró un déficit del 1,92 por ciento del PIB --1.938 millones de euros--. Esta cifra es inferior a la certificada para el mismo periodo de 2014, tal como muestra el informe completo del ministerio, en el que se distinguen los datos con anticipos y sin anticipos.
Sin los adelantos que el Gobierno concedió al anterior Consell y que seguían vigentes en noviembre de 2014, el déficit entonces alcanzó el 2,00 por ciento (1.948 millones). Si no se incluyen los anticipos (93 millones), el déficit de noviembre de 2014 se situaría en el 1,90 por ciento (1.855 millones).
La secretaria autonómica de Hacienda ha subrayado que estos datos han sido posibles, "a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, pese a que los anteriores gestores son responsables de casi las tres cuartas partes del déficit alcanzado en noviembre, toda vez que el 1,38 por ciento de desfase existente en junio concentraba el 72 por ciento de todo el déficit en los once primeros meses del ejercicio".
Ferrando ha recalcado que "las comunidades de diferente signo político estamos por el principio de estabilidad de las administraciones, pero nosotros no tenemos por qué asumir el ritmo que se nos quiere imponer y que comporta un sufrimiento adicional para una inmensa mayoría de familias".
"Hemos demostrado que estamos por cumplir pero no con estos ritmos", ha insistido, para reiterar su exigencia de "una reforma del sistema de financiación autonómica con el fin de garantizar unos recursos que cubran los servicios públicos fundamentales de los valencianos en condiciones de igualdad con el resto de españoles".
"El Gobierno reconoce que estamos infrafinanciados pero luego no hace nada para paliarlo, nos condena a los préstamos del FLA y encima ahora pretende cobrarnos intereses por esos préstamos", ha aseverado Ferrando.