ALICANTE.- La investigación de dos obras en el casco urbano de Benidorm
se ha trasladado al propio consistorio después de que una comisión
judicial retirara ayer diversa documentación en varios departamentos
municipales, según han informado fuentes cercanas al caso.
Las pesquisas, que se encuentran bajo secreto de sumario,
están dirigidas por un Juzgado de Benidorm a raíz de una denuncia ante
Fiscalía presentada en abril de 2011 por el exedil de Urbanismo Jaime Llinares (PSOE).
Según esta denuncia, la adecuación interior de dos rotondas
localizadas en la Avenida Comunidad Europea podría haber sido abonada
dos veces a la misma mercantil.
De este escrito de denuncia presentado por Llinares se desprende que esta actuación pudo haberse pagado en
una primera ocasión por los propietarios del suelo de un polígono
industrial y posteriormente con fondos del primer Plan E.
Un comisión judicial, formada por una secretaria judicial y
tres agentes de la Policía Nacional, se personaron ayer en el
consistorio para recoger diversa documentación relacionada con estas dos
actuaciones urbanísticas.
En concreto, y según las mismas fuentes, la comisión recorrió las áreas de Urbanismo, Intervención y Contratación.
La citada comisión judicial
solicitó, entre otra información, los proyectos básicos y de ejecución
de las rotondas, las diferentes certificaciones de obra y documentación
relativa al pago de las mismas.
De acuerdo con el relato de los hechos recogidos en la
denuncia de 2011, el proyecto de urbanización de la avenida Comunidad
Europea, de febrero de 2001 y con un coste de 5,4 millones de euros, se
adjudicó a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos.
En dicho proyecto, según la denuncia, «se incluye la
ejecución material de las glorietas-rotondas con fuentes decorativas» y
se alude al «tratamiento de isleta central» de ambas con detalles de las
actuaciones a desarrollar y con un cuadro de precios en el que se fija
el importe en cerca de 320.000 euros.
El escrito de Llinares sostenía que «los obligados al pago
de todo ese proyecto son los propietarios del suelo del polígono
industrial Sector PP 3/1-Industrial», según se constanta en la cédula de
urbanización y el convenio suscrito con el urbanizador del polígono, la
mercantil Terra Village.
Esta empresa se convirtió en «promotor» de la obra de
urbanización de la avenida Comunidad Europea «designando como
contratista» de la misma a «Ortiz e Hijos».
En marzo de 2008, y siempre según el relato de Llinares, el
arquitecto municipal indica en un informe que las fuentes contenidas en
el proyecto de urbanización del año 2000 están «obsoletas» y por ello
se pide que se inicie el pliego de cláusulas administrativas para la
elaboración de un nuevo proyecto.
Posteriormente, en enero de 2009 el pleno aprobó, a
propuesta del entonces gobierno local del PP, los once proyectos a
ejecutar con cargo al Plan E, entre los que se encontraba la adecuación
interior de estas dos mismas rotondas por «un importe -según Llinares-
de 1.198.010 euros».
Este proyecto se adjudicó en concurso público a Ortiz e
Hijos, que ejecutó la adecuación interior de las rotondas y cobró la
obra.
El pasado mes de septiembre, fuentes del PP negaron que
esta obra se hubiera pagado dos veces y añadieron que, además de la
adecuación de las rotondas, el proyecto de urbanización de la avenida
Comunidad Europea recogía otras actuaciones que tampoco se hicieron, ya
que «por decisión técnica» se sustituyeron por otras más necesarias.
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