ALICANTE.- El Tribunal Central de Recursos Contractuales
ve "conveniente" suspender de oficio la contrata de basuras de la
ciudad de Alicante a una UTE participada por el empresario Enrique
Ortiz, imputado en el caso Brugal, hasta resolver el recurso planteado
por EU, y para ello ha pedido audiencia al órgano de contratación, el
Ayuntamiento de Alicante, según recoge la resolución.
El pasado 15 de junio, el grupo municipal de EU presentó ante este
órgano --dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas-- un recurso especial contra la clasificación realizada por el
Ayuntamiento de Alicante de la única oferta presentada por una UTE
--constituida por las mercantiles Fomento de Construcciones y Contratas,
Cespa, Cívica e Ingeniería Urbana-- a la adjudicación de la nueva
contrata de limpieza y residuos.
En una reunión mantenida el pasado jueves, el Tribunal Central de
Recursos Contractuales ha adoptado el acuerdo de recabar audiencia al
órgano de contratación sobre la posible adopción de oficio por su parte
de la medida provisional de suspensión del procedimiento de contratación
ya que el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del
recurso pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse son
de "imposible o difícil reparación" por lo que entiende que sería
"conveniente" suspender provisionalmente el procedimiento hasta que se
dicte la resolución del recurso.
Tras conocer la resolución del Tribunal, el Ayuntamiento de
Alicante ha presentado un escrito de alegaciones en el que expresa su
oposición a la suspensión cautelar de la adjudicación, y recuerda que el
propio recurrente no pidió la adopción de ninguna medida cautelar.
Además, en este escrito que fue aprobado el pasado viernes por la
junta de Gobierno local reunida en sesión extraordinaria, el teniente de
alcalde y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, defiende que "no
existen terceros perjudicados por los acuerdos" referidos, por lo que
"no sería tarea compleja" la supuesta "reparación de los daños a los
intereses públicos si los hubiere".
En todo caso, añade, el consistorio "ha actuado en el
procedimiento con absoluto respeto a la legalidad vigente, y no se
aprecia que la ejecución del acto pueda causar perjuicios de imposible o
difícil reparación".
Así mismo, en caso de no aceptar estas alegaciones, Llorens pide
al Tribunal que imponga a la parte recurrente la constitución de una
"garantía suficiente" para responder a los que ascenderían los
perjuicios que dicha suspensión sobre las arcas municipales, y que el
equipo de Gobierno cifra en unos 46.000 euros diarios.
Por su parte, el portavoz del Grupo municipal de EU, Miguel Ángel
Pavón, ha considerado que la petición de esta garantía está "fuera de
lugar y es absolutamente desproporcionada", según ha informado en un
comunicado la formación política.
Además, ha recordado que a esta petición de fianza se sumaría la
reciente solicitud de una multa de 15.000 euros --formulada por el
Ayuntamiento contra EU-- por supuesta mala fe y temeridad en la
interposición del recurso.
Pavón ha asegurado que, con este recurso, EU "únicamente pretende
defender los intereses generales de los alicantinos y velar por la
transparencia y legalidad de la mayor contrata municipal".
Al respecto, el edil ha considerado que el Ayuntamiento de
Alicante debería gestionar de "forma directa" esta contrata para
destinar a empleo y gasto social el 10 por ciento de IVA y el beneficio
empresarial de la contrata, y ha calculado que ambos conceptos sumarían
más de 80 millones en los doce años de duración máxima del contrato, lo
que, en su opinión, permitiría "garantizar el correcto tratamiento de
los residuos en la planta de Fontcalent".
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