ALICANTE.- La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas
(PIC) de Alicante ha considerado que la "lógica obliga" al Ayuntamiento
de la ciudad a retirar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
actualmente en tramitación, después de que el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya anulado a través de
varias sentencias el Plan Rabasa, así como por estar bajo investigación
en una de las piezas del caso Brugal por presuntas irregularidades en su
elaboración.
El presidente del colectivo, José María Perea, se ha expresado en
estos términos durante una rueda de prensa en la que ha valorado la
resolución del tribunal autonómico en la que la sala de lo
contencioso-administrativo, con el voto particular de dos magistrados,
estima un recurso planteado por la propia plataforma contra la
resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda
de 5 de mayo de 2009, por la que definitivamente se aprobó la
Homologación y el Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa del
Municipio de Alicante.
Igualmente, deja sin validez el acuerdo del Ayuntamiento de la
capital alicantina, del 26 de abril de 2005, por el que se adjudicó a la
mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SL, participada por el
empresario Enrique Ortiz --imputado en el caso Brugal--, el programa
para la gestión indirecta del citado sector, así como el acuerdo del
consistorio del 13 de junio de 2006 por el que se aprobó el Programa de
Actuación Integrada.
En este sentido, Perea ha señalado que el Plan Rabasa "estaba
tocado del ala a lo largo de toda su tramitación", debido al
"transcurrir del tiempo" en el proceso, por su "remodificación" para la
implantación de la multinacional Ikea o por la crisis económica.
Asimismo, ha resaltado que la citada sentencia conlleva que los
cerca de cuatro millones de metros cuadrados sobre los que se extendían
las actuaciones contempladas en esta planificación, "si se quieren
ordenar, se tendrá que hacer de otra manera", por lo que ha agregado que
"lo lógico es ordenarlo en el PGOU", pero no "encajándolo", sino
"haciéndolo de nuevo".
"Creo que la lógica obligaría a retirarlo cuando te han desgajado
esa pieza, que tendrás que rehacerla si quieres ordenar esa parte del
territorio de nuevo, y dos, siendo investigado por la trama Brugal, por
si ha habido trato de favor o información privilegiada. Bajo esa
sospecha, Conselleria tendría que haber pedido retirarlo, pero es el
Ayuntamiento el que tendría que hacerlo", ha manifestado.
Preguntado por los periodistas sobre si las diferentes sentencias
del TSJCV pueden reforzar la investigación que la Audiencia de Alicante
ha ordenado reabrir a partir de una denuncia presentada por EU, Perea ha
opinado que "el fiscal o el juez que lo tenga que ver se habrá leído
toda la argumentación de la sala".
"¿Puede ser que la vía penal
investigue si ha podido haber trato de favor? Los jueces dirán", ha
agregado.
Por otra parte, sobre las posibles soluciones existentes para la
implantación de Ikea, ha subrayado que el proyecto para la llegada de la
mercantil a la capital alicantina "tiene que empezar de nuevo" y ha
pedido a los responsables políticos "que tengan en cuenta los intereses
de la ciudad, de los comerciantes y de las comarcas vecinas".
Del mismo modo, sobre la creación de puestos de trabajo que
supondría el nuevo centro de la multinacional sueca, ha resaltado que
"habría que ponerlos en una balanza con los que se pueden perder en
otros sitios", y ha incidido en la necesidad de "actuar sobre criterios
racionales".
Al respecto, el catedrático de Urbanística por la Universidad de
Alicante (UA) José Ramón Navarro, también presente en la rueda de
prensa, ha enfatizado que "hay que tomarse mucho más en serio el tema de
encontrar una ubicación" para la empresa, "con una visión propia del
territorio", y ha calificado el asunto como "complicado".
En cuanto al Plan Rabasa, Navarro ha señalado que se basa en el
concepto de "urbanismo de promotor", en el cual, a su juicio, "los
políticos, los propios promotores y muchos avalistas siguen activos",
por lo que ha resaltado que "hay que seguir trabajando para extender una
cultura que se oponga a este tipo de urbanismo".
Por lo que respecta a la valoración de la plataforma hacia la
anulación del Plan Rabasa, Perea ha considerado que representa "la mayor
derrota del PP desde que gobierna en Alicante", y ha asegurado que la
sentencia que estima el recurso del colectivo demuestra que "la
ciudadanía puede hacer oír su voz. "Sí se puede, es posible poner fin a
un urbanismo desbocado, desvertebrador y que, entre otros aspectos, está
en el origen de la actual crisis económica", ha recalcado.
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