VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha
rechazado este miércoles, con los votos en contra del PP y a favor de
los tres grupos de la oposición, una comisión de investigación planteada
por Compromís y por EUPV sobre la aplicación de la Ley de Dependencia
en la Comunitat.
En concreto, Compromís planteaba esta comisión para abordar la
situación relativa a las revisiones de nivel y grado de dependencia que
puedan estar aprobándose sin que se haya producido mejora objetiva
alguna, "en base a criterios económicos y no de mejora del estado de
salud". Durante este punto, el presidente de las Corts Valencianes, Juan
Cotino, ha expulsado del hemiciclo del parlamento autonómico a la mujer
dependiente Elvira Murcia --quien estuvo encadenada ante el Palau de la
Generalitat--, tars interrumpir la sesión plenaria diciendp que el
Consell les debe "dinero".
La portavoz adjunta de la coalición Mònica Oltra ha destacado la
importancia de esta comisión "para saber la verdad que afecta a miles de
personas que se levantan abocados al sufrimiento y a pagar una crisis
que es una estafa porque el dinero ha desparecido y donde ellos parece
que son los culpables".
Por su parte, EUPV proponía esta comisión de investigación con el
objetivo de conocer cómo se ha aplicado la norma desde su entrada en
vigor hasta la actualidad. Según la diputada de EUPV Esthér López, "es
hora de que se depuren reponsabilidades políticas que nos han llevado a
ser un territorio en el que se vulneran los derechos subjetivos como la
Ley de Dependencia".
Al respecto, López ha denunciado que la aplicación de esta norma
generó 2.300 quejas al síndic de Greuges y ha destacado que, según el
defensor del pueblo valenciano, "más de 1.000 personas como mínimo están
sufriendo una vulneración de un derecho subjetivo". También ha
criticado la "opacidad" de la Conselleria de Bienestar Social.
El representante del PP Ricardo Martínez ha subrayado que la Ley
de Dependencia ha desbordado las previsiones tanto en la tramitación
como en la inversión social". Además, ha subrayado que esta norma está
"mal financiada" porque aunque en principio el Gobierno central asumiría
el 80 por ciento y las autonomías el 20 por ciento, en la práctica "ha
sido una ley sufragada por las comunidades y por los propios usuarios;
una ley de 'yo invito y tú pagas'".
Para Martínez, "si en algo no hay que poner la tijera es en el
gasto social", pero ha resaltado que "gobernar es decidir y actuar en
consecuencia". Así, ha asegurado que el Gobierno "ha actuado, no como le
hubiera gustado actuar desde el punto de vista humano, sino con
responsabilidad política".
Durante el debate de este punto, el primero del orden del día del
pleno de esta semana, los diputados de la oposición han hecho referencia
al parlamentario del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco,
después de que la Abogacía de la Generalitat y Fiscalía hayan solicitado
entre 11 y 14 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y
otro continuado de falsedad en documento oficial, ambos en concurso con
un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos,
en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación
Cyes.
Mònica Olta ha comenzado su intervención diciendo que la situación
de los dependientes "no es la actualidad, la actualidad está sentada en
la bancada del PP". Asimismo, Esthér López ha denunciado que el PP "es
incapaz de apartar de su grupo a un acusado de uno de los casos de
corrupción más graves".
Asimismo, el diputado socialista José Manuel Sánchez ha dicho: "Ya
nos gustaría que los dependientes de esta comunidad tuvieran el mismo
grado de amparo por parte del presidente Fabra que el señor Blasco".
"Mientras el presidente es incapaz de expulsar a los corruptos, sí
expulsa a los dependientes", ha lamentado.
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