VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes aprobó hoy, con los votos a favor de PP y PSPV y en contra de Compromís y No Adscritos, la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, orientada a la consecución de una mayor profesionalización del empleo público, para lo que se diseña un modelo de promoción que valora la conducta y la actuación profesional y un sistema de formación acorde con estos planteamientos, al tiempo que profundiza en la mejora de las condiciones personales y profesionales de este colectivo.
El PSPV justificó su voto a favor de la norma por el "interés general", aunque coincidió con el resto de la oposición en criticar la ausencia del requisito lingüístico para acceder a la función pública. El diputado socialista Joan Ignasi Pla defendió que no hay "excusa alguna" para que cualquier persona deba conocer el valenciano para poder ser funcionario y afirmó que cuando los valencianos "nos den la confianza suficiente ya cambiaremos eso".
Por su parte, el parlamentario de Compromís Josep Maria Pañella reprochó al PSPV su apoyo a la norma porque supone, dijo, "colaborar con la política regresiva" de la Generalitat respecto al valenciano, en tanto que la portavoz de la Agrupación de No Adscritos, Marga Sanz, destacó que la ley "relega" la normalización del valenciano y criticó a PP y PSPV por aplicar un "rodillo bipartidista" para aprobar el texto.
Pla remarcó que la norma es una "buena ley que avanza muchos años vista respecto a lo que teníamos en materia de regulación para los empleados públicos", por lo que, aseveró, "no podemos tirar por la borda todo un texto normativo que es positivo para el conjunto de la ciudadanía y, sobre todo, para los empleados públicos porque haya dos aspectos que no me gustan".
La diputada del PP Asunción Quinzá subrayó que la Comunitat "es un territorio que tiene dos lenguas", por lo que, según señaló, la incorporación del valenciano dificultaría el acceso de los habitantes de las zonas castellanohablantes a la función pública y remarcó que la "imposición" del conocimiento de esta lengua acabaría por provocar una "confrontación" y un "rechazo" social a su uso.
Defendió que la redacción actual de la norma garantiza que los puestos de trabajo puedan ser desempeñados en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Añadió que el artículo 53, al que la oposición votó en contra, "avanza" en este sentido respecto al texto antiguo, ya que aunque el conocimiento del valenciano no figura como requisito obligatorio previo establece la obligatoriedad de realizar los cursos de perfeccionamiento, mientras que en la norma de 1995 se especificaba únicamente que el personal aprobado en los procesos selectivos "quedaba comprometido" a ello.
La oposición también censuró la "excesiva politización", "expansión del clientelismo" y "discrecionalidad" en el acceso a la función pública al establecer la libre designación, hasta ahora limitada a los subdirectores generales, para los jefes de servicio y para una nueva figura del asesor coordinador y al incluir la consideración de los conductores del presidente de la Generalitat y de los consellers como personal eventual.
Asimismo, la oposición criticó la creación "meramente decorativa" de un Consell Assessor y reclamó que su consulta sea preceptiva, así como la ampliación de su composición. Al respecto, el PP aceptó varias enmiendas del PSPV para integrar a un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y dos de las universidades y de sindicatos. Los 'populares', además, transaccionaron con socialistas que el tiempo de asistencia a cursos de formación se compute como de trabajo.
PP y PSPV también llegaron a un acuerdo para incorporar una disposición transitoria que permitirá que los 1.200 empleados laborales fijos que actualmente hay al servicio de la Generalitat, según informaron fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, puedan adquirir la condición de funcionarios de carrera mediante la superación de pruebas o cursos de carácter selectivo.
Quinzá remarcó que la ley establece un nuevo modelo de función pública que nace con "vocación de servicio a la ciudadanía" y cuyos objetivos pasan por la "eficacia en la utilización de los recursos", así como "conseguir la absoluta implicación del empleado público" en la Administración a través de una "mayor profesionalización", la implantación de la carrera profesional y la evaluación del desempeño.
Subrayó que es una ley "pionera en España, con vocación de futuro" y que ha contado con el apoyo de la mayoría de las organizaciones sindicales --sólo se ha opuesto Intersindical Valenciana--, al tiempo que agradeció el "talante negociador" de Pla y censuró a Compromís por quedarse fuera de ese consenso.
Pañella subrayó que la norma "no es una ley de consenso" puesto que de las 394 enmiendas que se presentaron, 320 no han sido aprobadas, y lamentó que se haya perdido "una oportunidad" para proyectar un nuevo concepto de la función pública "adaptada a los tiempos que corren".
La ley, cuya entrada en vigor afectará directamente a los 17.000 empleados públicos de la Administración del Consell y beneficiará a unos 190.000 de toda la Comunitat, incorpora medidas sociales como elevar la reserva para personal discapacitado de un 5 a un 7 por ciento y amplía de dos a tres años el período de reserva de puesto en la excedencia por cuidado de familiares.
La norma, que se compone de 156 artículos, 11 títulos, 20 disposiciones adicionales, 10 transitorias, una derogatoria y tres finales, adapta la regulación de la función pública valenciana al mandato del Estatuto Básico del Empleado Público.
Así, regula el modelo de estructuración y ordenación del empleo público en cuerpos, agrupaciones profesionales y sus correspondientes escalas, según los nuevos grupos y subgrupos profesionales establecidos en la normativa básica estatal, y supone el paso de una administración de puestos de trabajo a una administración organizada por funciones, competencias, conocimientos y capacidades.
El diputado del PP Vicente Soria destacó que la ley "adapta y mejora la estructuración del personal funcionario a las nuevas demandas y establece un nuevo sistema retributivo basado en el rendimiento".
ELCHE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha donado a Cáritas Interparroquial de Elche cerca de seis toneladas de alimentos y más de 3.000 pañales para repartir entre los centenares personas que atiende diariamente y que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas, según informó hoy en un comunicado la entidad financiera.
