Así se desprende del escrito de 18 folios fechado el pasado 18 de febrero y que forma parte del voluminoso sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que debe decidir si admite a trámite la causa, según 'El País'.
En el escrito, la fiscalía anticorrupción, que investigaba los hechos desde hace año y medio, señala que la sociedad propietaria del establecimiento donde la red corrupta adquiría ropa para el presidente valenciano ha aportado documentación que acreditaría el pago de al menos 7.393 euros.
La fiscalía añade a esta prueba la declaración prestada por José Tomás García, el responsable de ventas del establecimiento que se relacionaba directamente con Camps para tomarle medidas o mostrarle telas. Tomás, según el escrito de anticorrupción, confesó que Pablo Crespo, uno de los dirigentes de la trama corrupta -y ex alto cargo del PP gallego-, pagó a la tienda más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco vendidos a Francisco Camps.
La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps.
La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana.
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