ALICANTE.- Los ecos de la polémica por la construcción de una planta de biodiésel en el puerto de Alicante quedan aún lejos del silencio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha remitido un escrito a la empresa que impulsaba esta infraestructura en el puerto para que formalice la demanda contra el Ayuntamiento por denegarle la licencia para la instalación, según informan fuentes judiciales. Biodiésel Alicante presentó un recurso el pasado mes de abril contra la decisión de la corporación municipal. Un mes antes, en vísperas de las elecciones municipales, la Concejalía de Urbanismo había denegado a la mercantil la licencia de obra mayor y apertura por exceder la altura máxima permitida y carecer de algunos permisos para poder desarrollar la actividad industrial.
Desde entonces, el juzgado ha requerido en diversas ocasiones al Ayuntamiento para que le enviara el expediente del caso. La documentación, que es muy voluminosa, llegó finalmente el pasado 11 de septiembre.
Trece días después, el juez envió un escrito al recurrente en el que le emplazaba a formalizar la demanda dentro de los veinte días hábiles siguientes. La mercantil aún no ha cumplimentado este trámite. Sus representantes legales deberán hacerlo antes de finales de octubre para acceder así al expediente municipal.
El procedimiento, sin embargo, será un poco más complicado de lo normal porque terceras personas han mostrado ya su interés en participar en las diligencias judiciales, según las mismas fuentes. Se trata de varias comunidades de vecinos próximas al puerto alicantino que lideraron algunas de las protestas y manifestaciones contra la planta de biocombustible: Edificio Baladre, Flor de Celinda y las fases I, II, III y IV de Puerto Pesquero. Todas ellas tienen la misma representación legal.
No obstante, antes de trasladarles la documentación que obra en la causa, el magistrado deberá contar con un escrito donde los vecinos expongan su "interés legítimo" en la causa.
Una vez aceptada la personación de esta parte, tanto los recurrentes como los demandados, es decir, el Ayuntamiento, dispondrán de quince días para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. Entre ellos destaca un posible interrogatorio basado en preguntas formuladas por la parte demandante que debe ser cumplimentado por la corporación municipal, así como el dictamen de los peritos.
En condiciones normales, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo suelen señalar un único día para la práctica de estas pruebas. El siguiente paso es la apertura de un plazo para que las distintas partes implicadas en el procedimiento enarbolen ante el juez sus conclusiones definitivas y definan sus pretensiones. En el caso de Biodiésel Alicante SL, su objetivo es, lógicamente, la anulación por parte del Ayuntamiento de la denegación de la licencia para la construcción de la planta, lo que daría en principio vía libre a su instalación.
Todos estos trámites y etapas procesales pueden demorarse aún varios meses. De cualquier manera, las fuentes consultadas por este diario confían en que pueda dictarse una resolución judicial para finales del presente año o principios del siguiente.- (Vocento)
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