Paralelamente, en las conclusiones del informe se afirma que en relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, la información de la memoria no recoge los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, al menos, 2.701,1 millones de euros y añade que en los balances a 31 de diciembre de 2008 de las universidades públicas valencianas figuran derechos pendientes de cobro de la Generalitat por importe de 576,9 millones de euros que "correlativamente deberían reflejarse en las partidas de acreedores no presupuestarios del balance".
La Sindicatura recuerda que para resolver la situación de las obligaciones no reconocidas, la Conselleria de Sanidad, en colaboración con el Instituto Valenciano de Finanzas, tramitó un expediente de enriquecimiento injusto, por el que se reconocen obligaciones por un importe global de 847,4 millones de euros y su imputación presupuestaria mediante cuotas constantes con cargo a las anualidades de 2008 a 2015.
Este importe, explica el informe, se ha contabilizado en la cuenta 'Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios' y a 31 de diciembre de 2008 quedaba pendiente de pago e imputación presupuestaria 776,6 millones de euros.
Además, el Consell acordó el 13 de marzo de 2009 facultar a la Conselleria de Sanidad y al IVF para que arbitren las fórmulas idóneas para la liquidación y pago de obligaciones no reconocidas con origen en 2006, 2007 y 2008 por un importe total de 579,2 millones de euros y su imputación presupuestaria mediante cuotas constantes en los ejercicios 2010 a 2017.
Paralelamente, a 31 de diciembre de 2008 había 275 millones de euros de gastos de farmacia contabilizados y pagados en el primer trimestre de 2009 y 206,8 millones de euros adicionales de gastos realizados pendientes de imputación presupuestaria.
Asimismo, según queda reflejado en el informe, atendiendo las recomendaciones de informes de fiscalización precedentes, la provisión por insolvencias contabilizada se ha aumentado hasta alcanzar un importe de 725,8 millones de euros.
Sobre la fiscalización de la contratación, por procedimiento abierto se realizaron 999 (58,7%) por importe de 988,8 millones de euros, que suponen el 89,4 por ciento; por procedimiento restringido, dos (0,1 por ciento), por valor de 4,5 millones (0,4 por ciento); por procedimiento negociado, 680 contratos (40%) y 107 millones de euros, que suponen el 9,7 por ciento y de emergencia, 21 contratos, el 1,2 por ciento y 4,9 millones de euros (0,4 por ciento). En total, 1.702 contratos por valor de 1.105 millones de euros.
En relación con la ejecución del gasto, el gasto de la asistencia sanitaria sigue siendo el de mayor peso en el presupuesto de la Generalitat. El conjunto de los seis programas presupuestarios de asistencia sanitaria suponen el 41,8% del gasto total (obligaciones reconocidas) frente al 41,4% de 2007.
El creciente peso del gasto sanitario lo acredita el hecho de que las obligaciones reconocidas de los programas de asistencia sanitaria han aumentado un 8,4% respecto del ejercicio 2007 y el resto de programas de la Cuenta de la Administración han aumentado un 6,4% en el mismo periodo.
Los gastos sanitarios han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, como consecuencia del "fuerte incremento de la población protegida, la creciente demanda de servicios sanitarios, los mayores costes de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos y la necesidad de una gestión más efectiva", se indica.
Esto genera, según el Síndic, un volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito presupuestario suficiente. Al gasto en asistencia sanitaria le sigue el gasto en educación, cuyos tres programas presupuestarios ascienden a 3.805,2 millones de euros de obligaciones reconocidas, el 27,7% del total.
Sobre la evolución de los ingresos durante 2008, se afirma que "ha estado marcada por los efectos de la desaceleración económica, por lo que los derechos reconocidos han disminuido un 0,1% respecto de 2007 y la recaudación un 2,5%, con especial incidencia en los tributos cedidos cuya recaudación respecto del año anterior ha disminuido un 7,5%".
En relación al balance, el endeudamiento financiero asciende a 7.460,7 millones de euros, frente a los 7.415,9 millones de euros el año anterior. Respecto del inmovilizado, se señala la carencia de un inventario que refleje la composición actualizada y adecuada valoración de sus distintos epígrafes e insiste en la necesidad de resolver esta incidencia.
A juicio del Síndic, "debería incorporarse, en las cuentas correspondientes del activo inmovilizado, el valor de las obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar puestos a disposición de la Conselleria de Educación por la empresa pública CIEGSA (1.731,5 millones de euros), al amparo del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el 5 de febrero de 2001, y su contrapartida en una cuenta a pagar a dicha sociedad, distinguiéndose los vencimientos a corto y largo plazo que correspondan".
En relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, la información de la memoria no recoge los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, al menos, 2.701,1 millones de euros.
En relación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Intervención General de la Generalitat ha facilitado a la Sindicatura el cálculo de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Comunitat Valenciana a efectos del cumplimento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de financiación por importe de 2.238 millones de euros, que supone un 2,11% del PIB regional.
En los balances a 31 de diciembre de 2008 de las universidades públicas valencianas figuran 576,9 millones de euros de derechos pendientes de cobro de la Generalitat (anteriores a 31 de diciembre de 2008) derivados de convenios de colaboración firmados, que correlativamente deberían reflejarse en las partidas de acreedores no presupuestarios del balance de la Generalitat.
En este aspecto, la Intervención General de la Generalitat en fase de alegaciones toma en consideración la recomendación de registrar las obligaciones derivadas de los convenios de colaboración con las universidades públicas.
Sobre el seguimiento de las recomendaciones, de las 233 realizadas en el ejercicio de 2007 se han atendido 119, el 51,1 por ciento.
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