Con esta norma, la Generalitat pretende poner a disposición de la ciudadanía viviendas deshabitadas que están en manos de los grandes tenedores con más de diez inmuebles. Para ello se creará un registro de viviendas deshabitadas y se regulará el procedimiento administrativo para inspección y sanciones.

El decreto entrará en vigor cuando esté disponible la aplicación informática necesaria y "en todo caso" no será antes del 1 de marzo, tras lo que habrá un plazo de 20 días tras su publicación en el Diari Oficial (DOGV), ha anunciado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra.

No afectará a viviendas deshabitadas ni a los propietarios de "uno, dos, tres o cuatro" inmuebles, sino a los grandes tenedores; es decir, a los que tengan a partir de 11 viviendas y se dediquen a la actividad económica inmobiliaria.

En cuanto a las sanciones, en un plazo de seis meses desde que se detecten estas situaciones, se establecerán multas coercitivas con una cuantía equivalente al precio mensual de un alquiler de una vivienda de los mismos metros.

Este decreto se enmarca en el "paraguas" de la Ley de Función Social de la Vivienda y en las políticas de la Conselleria de Arquitectura Bioclimática para favorecer el acceso y la ocupación de la vivienda, entendida como un derecho vinculado al desarrollo de una vida digna en el marco del artículo 47 de la Constitución.

En concreto, las medidas que recoge tienen como objetivo movilizar las viviendas vacías, centrándose principalmente en las que están en manos de grandes tenedores, y establecer medidas de fomento para su alquiler.

Se regulará el procedimiento administrativo para la declaración de la vivienda deshabitada, la creación del registro de viviendas deshabitadas y el procedimiento administrativo para la inspección y la imposición de las sanciones ante el incumplimiento de la función social de la vivienda.

También se prevé la creación de la 'Red alquila' de intermediación y fomento del alquiler y de un programa de alquiler solidario como iniciativa para la rehabilitación de viviendas no habitadas que serán cedidas a la Generalitat, a fin de movilizarlas para dar cumplimiento a la función social de la vivienda.

Paralelamente se creará la 'Bolsa habita' que pondrá a disposición viviendas para atender las necesidades residenciales de las personas o unidades de convivencia en situación de emergencia residencial.