El MITECO viene trabajando desde 2007, tanto en el plano administrativo como en el judicial, para devolver la naturalidad y el uso público a este tramo de playa, según ha destacado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El inmueble, que se encontraba en ruinas, fue construido a comienzos de los años 60 del siglo pasado y cesó su actividad en 1979. Aunque en su origen se encontraba fuera del DPMT, quedó íntegramente incluido en el mismo tras el deslinde realizado en el año 1997.

Debido a ello y en ejecución de una sentencia, la Administración del Estado hubo de otorgar a PRINCESOL S.A. una concesión compensatoria derivada del régimen transitorio de la Ley de Costas, concesión que se otorgó en 2007.

En el año 2015 comenzaron las obras de rehabilitación del hotel, que se paralizaron y sancionaron por Costas por exceder la autorización otorgada.

Tras ello, la empresa concesionaria presentó en el año 2016 un nuevo proyecto en el que se contemplaba la completa demolición del hotel y su reconstrucción ex-novo. En 2017, se denegó el permiso para ejecutar estas obras, ya que las concesiones del régimen transitorio sólo permiten mantener el uso existente, pero no nuevas construcciones, y se ordenó el levantamiento de las obras realizadas sin la debida autorización. Esta resolución se confirmó por sentencia firme de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, en enero de 2021 el MITECO declaró la caducidad de la concesión otorgada en 2007, a PRINCESOL, S.A. por incumplimiento de sus condiciones, a la vez que ordenaba el levantamiento y retirada del DPMT del resto de las obras e instalaciones existentes por los interesados y a sus expensas, incluyendo la reposición de los terrenos a su estado anterior.

Por tanto, la entidad concesionaria tenía la obligación, tanto por sentencia judicial firme como por orden del MITECO, de demoler el hotel en ruinas y liberar el dominio público de esta ocupación. Si la empresa no hubiera acometido la demolición, el Ministerio hubiera debido actuar con carácter subsidiario.

Tras los trabajos de retirada del amianto, que tuvieron lugar este verano, hoy la mercantil titular de la antigua concesión cumple las resoluciones y sentencias de forma voluntaria. Está previsto que la demolición dure cuatro semanas y el servicio de vigilancia del Servicio Provincial de Costas de Alicante estará presente para garantizar la integridad del DPMT.

“Un acontecimiento histórico para la pedanía y la ciudad de Elche”. Así lo ha destacado esta mañana el alcalde, Carlos González, a pie de obra junto a la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, y el alcalde pedáneo, Antonio Garzón. 

Según ha explicado el regidor ilicitano, esta actuación se va a desarrollar a lo largo de tres semanas y posteriormente habrá una fase de regeneración y renaturalización de la playa. “Estamos en la recta final de una decisión que se tomó en 1997 y que como consecuencia de una larga batalla administrativa y judicial culmina ahora con esta situación que hemos vivido durante tanto tiempo y que ha sido tan compleja de resolver”, ha declarado González.

Asimismo, el responsable del Equipo de Gobierno ha asegurado que “el próximo verano los visitantes y vecinos de Arenales del Sol podrán disfrutar de unas de las mejores playas de la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana sin este antiguo inmueble que tanto afeaba la imagen de esta bella pedanía y que tantas molestias ha generado a lo largo del tiempo”.