ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que "deje de castigar a los alicantinos" y "revoque" la "decisión arbitraria que nos obliga a reducir un 2% el presupuesto para gastos de funcionamiento".
Eso supondría "un duro castigo para la ciudadanía porque implicaría
reducir servicios básicos como la limpieza o el mantenimiento de zonas
verdes, o no abonar la paga extra de 2012 a los funcionarios", ha
asegurado Gabriel Echávarri en un comunicado remitido por el
Ayuntamiento.
"Le pido al ministro en funciones, al señor Montoro, que dé marcha
atrás en una decisión que sólo persigue castigar aún más a los
alicantinos y alicantinas", ha señalado el alcalde.
El primer edil también se ha dirigido al secretario de Estado,
Antonio Beteta, al que ha pedido "que no siga despreciando a esta
ciudad".
"Al PP local no le pido nada porque ni está ni se le espera",
ha añadido.
Desde la Concejalía de Hacienda se ha evaluado el informe remitido
por el Ministerio sobre el presupuesto para 2016 y se ha pedido la
rectificación de los errores que contiene.
El Ayuntamiento de Alicante elabora los presupuestos teniendo en
cuenta los derechos recaudados, es decir, aquellos que se han cobrado el
año anterior y no en base a derechos reconocidos, según las fuentes.
En este sentido, la edil de Hacienda, Sofía Morales, ha señalado que
desde el ministerio "se han comprometido a revisar el informe y corregir
todo aquello que se ha incluido de forma errónea".
Entre los errores que se ha pedido que se subsanen está el cálculo de los ingresos que ha elaborado el ministerio.
"No son 16 millones menos de ingresos respecto al plan de ajuste
presentado en 2012 sino 3,8 millones", ha indicado la edil, quien ha
añadido que también hay "un error en el cálculo de los derechos de
dudoso cobro, ya que el Ayuntamiento aplica un criterio más restrictivo y
prudente del que marca la ley que esgrime el ministerio en su informe".
Por otra parte, la Concejalía de Recursos Humanos ha diseñado un plan
de redistribución de efectivos del Ayuntamiento para optimizar con
criterios de calidad y eficiencia el personal del que dispone la
Corporación municipal.
El programa de intervención incluye medidas que impiden provisionar
plazas de bajas por enfermedad o paternidad, en caso de vacantes con
derecho a reserva, en puestos libres de funcionarios de empleo ni pueden
cubrirse las plazas correspondientes a liberados sindicales.
Con el plan de redistribución se van a poder recuperar instalaciones
sin tener que subcontratar o externalizar la prestación de los servicios
y así poder atender y cubrir las necesidades municipales con el propio
personal.
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