MADRID.- Mientras el Gobierno español se esfuerza por convencer a las autoridades regionales de que cumplir con la reducción del déficit fiscal es un objetivo compartido e incondicional, las Comunidades Autónomas exigen más fondos públicos entre la relativa indiferencia de los mercados.
"Hoy por hoy, los mercados no se están fijando en el tema de la financiación autonómica. Ahora tienen otras preocupaciones más inmediatas como es la deuda griega y de cómo se vaya a resolver finalmente la reconversión del negocio de las cajas de ahorros en España", dijo el director de tesorería de una gran entidad financiera española que pidió el anonimato.
Sin embargo, la financiación regional, que hasta hace bien poco era un aspecto casi anecdótico de la realidad económica del país desde la óptica de los mercados financieros, se ha convertido desde el año pasado en un elemento a considerar por su potencial peligro para el conjunto de las cuentas públicas, aunque por ahora se observa con cierta distancia.
Mientras que los mercados no parecen cuestionar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del Gobierno central español, sí temen desviaciones en las metas de déficit de las Comunidades Autónomas.
El ejecutivo español se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir su elevado déficit público hasta el 3,0 por ciento del PIB en 2013 frente al 9,24 por ciento de 2010.
En el caso de las Comunidades Autónomas, tienen un tope de déficit fijado para este año y el próximo del 1,3 por ciento.
A la vista de que las Comunidades Autónomas manejan la mayor partida del gasto público con el 36 por ciento del gasto total, la idea comúnmente aceptada es que la disciplina fiscal de estas administraciones es vital para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del país.
Por su parte, el Estado Central gestiona el 21 por ciento del gasto total, la Seguridad Social el 30 por ciento y las Corporaciones Locales el 13 por ciento.
"En un contexto electoral tan cercano y, si además se añade la posibilidad de que algunas CCAA cambien de gobierno, los inversores en bonos quieren saber sobre esto", dijo Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.
El miércoles, el organismo público que trata sobre esta materia - el Consejo de Política Económica y Financiera (CPFF) - dio luz verde a los planes de reequilibrio financiero de nueve Comunidades Autónomas que implicará un descenso del déficit regional de 4.283 millones de euros en 2012.
"La tarea ahora mismo del CPFF es aportar información relevante y reducir los focos de incertidumbre", agregó Ontiveros.
Algunas de las Comunidades Autónomas, como Cataluña, especialmente significativa por su más voluminosa aportación al PIB nacional, dejó claro que si el Gobierno central no le ingresa este año 1.450 millones de euros a cuenta del fondo de competitividad podría no cumplir con su objetivo de déficit para 2011 del 1,3 por ciento.
Por su parte, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acuciado por sus propios problemas económicos derivados de la crisis, argumenta que con la nueva ley de financiación autonómica en la mano, este fondo no es pagadero hasta que se liquiden las cuentas del presente ejercicio.
Zapatero recordó a los ejecutivos regionales que el ejercicio de gobierno ocasionalmente obliga a tomar decisiones impopulares, como ya experimentó en mayo pasado su propio gabinete cuando se vio obligado a recortar el gasto para acelerar el rigor fiscal.
"La incertidumbre que planea es básicamente sobre el sistema de autonomías que está marcada sobre quiénes deciden el gasto y cómo se reparten los ingresos", expresó Sergi Jiménez, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
Según Ontiveros, una buena fórmula para despejar incógnitas desde la perspectiva de los mercados en materia de financiación autonómica sería la pronta presentación y aprobación de los planes de reequilibrio de las regiones aún pendientes, entre ellas Cataluña.
La aprobación de estos planes permite a las autonomías emitir deuda nueva --no vinculada a vencimientos de deuda existente-- por un 0,65 por ciento del PIB de cada comunidad.
Existe consenso entre analistas en que en caso de despejarse las mayores incógnitas financieras que pesan sobre los mercados, éstos podrían dirigir el principal foco de su atención a la evolución de la financiación autonómica.
Además, también mencionaron la próxima cita electoral en España del 22 de mayo con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.
"En general, todo el mundo prefiere esperar al resultado electoral de mayo antes de tomar decisiones que afectan a sus inversiones", dijo el director de tesorería.
En este sentido, varios analistas señalaron que la hipótesis de cambios de Gobierno en algunas de los ayuntamientos y gobiernos regionales involucrados en los próximos comicios de mayo extreman la cautela inversora ante el temor al descubrimiento de eventuales desajustes contables.
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