Las penalidades que agricultores y consumidores padecen en materia de agua en la Provincia de Alicante, la Región de Murcia y Almería por los casi continuos recortes de caudal del trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno de Sánchez, pueden verse paliadas, al menos en parte, con la aplicación de un proyecto pionero impulsado desde Alicante a través de la empresa Aguas de Alicante, participada por el Ayuntamiento de la ciudad.
A día de hoy, en torno a dos tercios del caudal caudal de agua depurada urbana se pierde en el mar por diversos motivos. Lo que busca el proyecto es evitar que esa agua se pierda. De modo, que vaya destinada a uso agrícola, esencialmente, pero también al consumo.
La iniciativa es replicable en otras ciudades próximas al mar y, sobre todo, del entorno como Elche, Benidorm y Santa Pola, con el mismo problema: sólo un tercio de aprovechamiento del agua depurada frente a dos tercios de agua limpia y apta para el riego y el consumo, que va al mar.
El agua sobrante del regadío y el consumo se acumularía en balsas para ser utilizada en el momento en que hiciera falta, con lo que cada ciudad o comarca podría generar comunidades autosuficientes y paliar también otros efectos no menos nocivos como los procedentes de los periodos de sequía, habitual en todo el Levante español. Todo ello, a través de procesos sostenibles, compatibles con el medio ambiente y respetuosos con los acuíferos para evitar la sobre explotación.
En el caso de la ciudad de Alicante, que reúne consumo humano, turismo y agricultura (campo de Mutxamel, Sant Joan Joan d’Alacant…) ,el agua depurada aporta cerca de 30 hectómetros. Un total de 7,3 se destinan a uso agrícola. 1,3 hectómetros van a regar parques y jardines y otros 20 hectómetros cúbicos son los que se vierten en el mar. Un desperdicio en un momento en que el agua es un bien escaso y muy valorado y en el que los recortes del Tajo-Segura no dejan de producirse desde el Gobierno de Sánchez.
Esta circunstancia, fue la que hizo pensar al director de Aguas de Alicante, Javier Díez, que si lograba evitar que esos 20 hectómetros cúbicos se vertieran al mar, la ciudad y su entorno contarían con tres veces más cantidad de agua que ahora para destinar al consumo, a la agricultura, al medio ambiente y al turismo, de modo que también se recuperaría parte del caudal recortado del trasvase Tajo-Segura.
El proyecto se sustenta sobre una batería de acciones de infraestructura, que son la ampliación de las redes de agua regenerada, las mejoras en la red de alcantarillado para la reducción de la intrusión salina o, lo que es lo mismo, evitar que el agua del mar invada esas redes, la construcción de balsas de regulación de riego para asegurar las disponibilidad del recurso durante todo el año, la instalación de plantas fotovoltaicas para minimizar los costes eléctricos de tratamiento y elevación y la ejecución de un piloto de una estación de recarga de hidrógeno.
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