Los exdirectivos Roberto López Abad y Daniel Gil, más de una década después de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, y cuando de ella ya no queda ni rastro, se enfrentan a un nuevo proceso penal, el último de los siete seguidos en la Audiencia Nacional por la gestión de la Caja murciano-alicantina.
Se trata de una causa abierta en 2015 tras la querella que presentó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por varias operaciones financiadas por la CAM entre los años 2004 y 2009 para la compra de suelo.
Un procedimiento que la instructora ha archivado en dos ocasiones por prescripción de los hechos pero que un tribunal de la Sección Cuarta, al que el Fondo recurrió el sobreseimiento, ha vuelto a reabrir al no tener la absoluta certeza de que se pueda declarar la prescripción en el momento en que se encuentra el proceso, tal y como establece el Tribunal Supremo. Contra esta decisión ya no cabe recurso.
Mientras la instructora, con la que coincide la Fiscalía, entiende que los hechos denunciados deber ser calificados como administración desleal, que prescribe a los cinco años, el abogado del FGD, Carlos Gómez-Jara, considera que se trata de un delito continuado de apropiación indebida, cuya responsabilidad penal se extingue a los diez.
Aunque la Sala admite que "la claridad del tema brilla por su ausencia", asume como suya la tesis del letrado sobre la improcedencia de decretar el cierre de las actuaciones en el momento en que se encuentra la causa, a falta solo del auto de pase a procedimiento abreviado y de la celebración del juicio para los 17 encausados, entre ellos López Abad y Gil además de otros exdirectivos y empresarios.
Salvo que una conformidad lo evitara, para el penúltimo director general de la CAM será la sexta vez que se siente en el banquillo y la tercera para quien fuera el hombre de la CAM en inversiones inmobiliarias. López Abad acude a este proceso con una condena firme (dos años de prisión por las dietas que cobró el expresidente de la entidad Modesto Crespo) y otra del mismo tiempo de privación de libertad por los negocios de la caja en el Caribe, que está pendiente del Supremo.
La misma pena a la que fue castigado Gil en este último proceso y quien también recurrió en casación. Eso a margen de la responsabilidad civil, que es de 12,5 millones entre los dos, según ha recordado el diario Información.
Las pesquisas de la pieza denominada TIP-suelo (llamada así por Tenedora de Inversiones y Participaciones, la participada de la caja a través de la que se hacían las operaciones inmobiliarias) se centraban en tres sociedades: Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar. La primera de ellas era la más escandalosa ya que, según la querella, la CAM llegó a pagar a sus socios en esta compañía hasta 33,5 millones por unos terrenos que inicialmente costaron 1,3 millones.
La venta de suelo
Los hechos se remontan al año 2004 cuando la constructora aragonesa Nyesa adquirió por los citados 1,3 millones unos terrenos en Biescas (Huesca) para promover un complejo de viviendas y campos de golf. En diciembre de ese mismo año Nyesa Gestión vendió el suelo a otra sociedad del grupo, Nyesa Pirineos, por la sorprendente cantidad de 46,8 millones, y para ello pidió un crédito de 32,7 millones que le concedió la CAM.
El problema llegó cuando en 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la firma no pudo abonar el préstamo y la caja accedió a quedarse los terrenos por 33,5 millones, más incluso de los que le prestó, para evitar el impago. El resultado final, según calculó el Banco de España, es que los socios de la Caja en este negocio ganaron 1,4 millones mientras la entidad asumía las pérdidas.
Algo similar ocurrió con la firma Emporio Mediterráneo, constituida para promover tres torres de apartamentos en Benidorm. Además de TIP, participaban en el negocio Ecisa, Valenciana 89 y Edificaciones Calpe, propiedad de la familia Ballester, que fue la que compró inicialmente los terrenos. Por ellos pagó 23 millones y los revendió a la sociedad conjunta por 42,2 millones.
El resultado: Ballester ganó 19 millones antes de poner un solo ladrillo. En el caso de Huéznar, según el supervisor, los socios de la CAM también se dedicaron a comprar terrenos que agrupaban y luego vendían por el doble de su coste a la filial de la Caja.
En un informe aportado a la causa el Banco de España sostiene que estas operaciones "carecen de toda racionalidad económica con una asimetría de riesgos donde la CAM siempre salía perjudicada", aunque sin ver indicios de apropiación indebida.
Los otros procesos
1. FALSEO DE LAS CUENTAS
Las condenas de la Audiencia Nacional a los exdirectivos López Abad, Dolores Amorós (3 años), Teófilo Sogorb (4) y Francisco Martínez (2,9) por alterar las cuentas de la CAM las dejó el Supremo en 1,6 años a Amorós y en dos a Sogorb. Los demás, absueltos.
2. DIETAS MODESTO CRESPO
El Supremo confirmó las penas impuestas por la Audiencia de Alicante, aunque con una ligera rebaja, al expresidente de la caja Modesto Crespo (9 meses), a López Abad (2 años) y a los exconsejeros José Forner, Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban (1 año) por los 600.000 euros que cobró Crespo.
3. NEGOCIOS EN EL CARIBE
Pendiente de lo que diga el Supremo están las condenas a dos años de cárcel a López Abad y a Daniel Gil por los negocios de la caja el Caribe con Juan Ferri y José Baldó, condenados a la misma pena.
4. RELACIONES CON HANSA
La Audiencia absolvió a los exdirectivos Amorós, Daniel Gil y Vicente Sánchez y al promotor Rafael Galea de irregularidades en la relación de la caja con la mercantil.
5. CRÉDITOS/DIETAS AVILÉS
El Supremo confirmó la absolución de López Abad y del expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por los créditos y dietas de este último.
6. CUOTAS Y PREFERENTES
El juicio en el que estaban acusados López Abad y Amorós por estos productos financieros no se llegó a celebrar al retirarse las acusaciones el día que comenzaba el juicio.
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