ALICANTE.- El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ha decidido dar otra vuela de tuerca en los planes contra el fraude fiscal e intensificar las campañas de control.
Desde la Dirección General de Tributos explican que el mayor foco de ilegalidad tributaria, en impuestos transferidos a la Generalitat Valenciana, se sigue produciendo en Alicante en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el de transmisiones patrimoniales, concretamente en la compraventa de bienes inmuebles.
En las nuevas directrices sobre el plan de inspección tributaria, aprobadas recientemente por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se pone especial énfasis en el cruce de datos entre la dirección general de Tributos de la Generalitat y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana. Ésta, a su vez, suministra o reclama información directa a las tres delegaciones provinciales de Hacienda y a las tres direcciones provinciales de la Inspección de la Agencia Especial de Administración Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Nuevas aplicaciones
Según explican fuentes oficiales de la Conselleria de Economía, para el desarrollo del plan se han consolidado nuevas aplicaciones informáticas que facilitan el control tributario que legalmente deben suministrar los notarios a la Generalitat, a través de la red de oficinas liquidadoras, situadas, por lo general, en los registros de la propiedad en cada una de las demarcaciones territoriales creadas al efecto por la Conselleria de Justicia. La remisión de unos índices informatizados de todos los documentos privados de contratos o actos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deben realizarla los notarios con carácter trimestral.
La Conselleria ha estrechado el control para que se siga a rajatabla con este precepto legal, ya que en los últimos meses se ha detectado cierta «relajación» en algunos despachos, posiblemente provocados por el ingente volumen de trabajo que genera la compra venta de una media 40.000 casas que fabrican los promotores alicantinos cada año.
A través de este sistema de trabajo, que además es legal, las revisiones de los inspectores tributarios de la Conselleria pueden dar lugar a incrementos patrimoniales sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pese a las muchas novedades introducidas en éste en el presente año fiscal, que tendrán consecuencias a la hora de declarar a partir del 1 de enero próximo y que supone la exención para miles de ciudadanos alicantinos que no superan un volumen heredado de bienes muebles e inmuebles. Ese volumen fue fijado en las postrimerías de la última legislatura con Gobierno de Camps.
Las actuaciones diseñadas por la Conselleria permiten identificar las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y así poder luchar contra el fraude con eficacia, según fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps.
El principal objetivo del plan es la lucha contra el fraude fiscal «haciendo efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad, según los cuales todos los ciudadanos deben contribuir a sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica». Hace dos años, la Conselleria tuvo que recurrir a crear una bolsa de trabajo con abogados y arquitectos para incrementar la labor inspectora y control.
www.laverdad.es
Desde la Dirección General de Tributos explican que el mayor foco de ilegalidad tributaria, en impuestos transferidos a la Generalitat Valenciana, se sigue produciendo en Alicante en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el de transmisiones patrimoniales, concretamente en la compraventa de bienes inmuebles.
En las nuevas directrices sobre el plan de inspección tributaria, aprobadas recientemente por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se pone especial énfasis en el cruce de datos entre la dirección general de Tributos de la Generalitat y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana. Ésta, a su vez, suministra o reclama información directa a las tres delegaciones provinciales de Hacienda y a las tres direcciones provinciales de la Inspección de la Agencia Especial de Administración Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Nuevas aplicaciones
Según explican fuentes oficiales de la Conselleria de Economía, para el desarrollo del plan se han consolidado nuevas aplicaciones informáticas que facilitan el control tributario que legalmente deben suministrar los notarios a la Generalitat, a través de la red de oficinas liquidadoras, situadas, por lo general, en los registros de la propiedad en cada una de las demarcaciones territoriales creadas al efecto por la Conselleria de Justicia. La remisión de unos índices informatizados de todos los documentos privados de contratos o actos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deben realizarla los notarios con carácter trimestral.
La Conselleria ha estrechado el control para que se siga a rajatabla con este precepto legal, ya que en los últimos meses se ha detectado cierta «relajación» en algunos despachos, posiblemente provocados por el ingente volumen de trabajo que genera la compra venta de una media 40.000 casas que fabrican los promotores alicantinos cada año.
A través de este sistema de trabajo, que además es legal, las revisiones de los inspectores tributarios de la Conselleria pueden dar lugar a incrementos patrimoniales sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pese a las muchas novedades introducidas en éste en el presente año fiscal, que tendrán consecuencias a la hora de declarar a partir del 1 de enero próximo y que supone la exención para miles de ciudadanos alicantinos que no superan un volumen heredado de bienes muebles e inmuebles. Ese volumen fue fijado en las postrimerías de la última legislatura con Gobierno de Camps.
Las actuaciones diseñadas por la Conselleria permiten identificar las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y así poder luchar contra el fraude con eficacia, según fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps.
El principal objetivo del plan es la lucha contra el fraude fiscal «haciendo efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad, según los cuales todos los ciudadanos deben contribuir a sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica». Hace dos años, la Conselleria tuvo que recurrir a crear una bolsa de trabajo con abogados y arquitectos para incrementar la labor inspectora y control.
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