VALENCIA.- "Greenpeace" ha arremetido una vez más contra la construcción en la costa valenciana al asegurar que el desarrollo urbanístico de la Comunidad supone una amenaza para el mar, según el director de campaña, Mario Rodríguez, durante la presentación del proyecto "Recuperemos el Mediterráneo".
Por encima del resto de comunidades que integran la costa mediterránea española, la Comunidad Valenciana registra un total de 43 puntos con planes urbanísticos ‘‘perjudiciales’’ para el mar Mediterráneo, frente a las 23 de Andalucía, 20 de Cataluña y 21 de las Islas Baleares. La Región de Murcia sólo presenta nueve ‘‘puntos negros’’ de los 116 que se contabilizan en todo el litoral mediterráneo, según los datos que maneja "Greenpeace".
Se trata, pues, del mayor porcentaje, un 37%, que coloca a la Comunidad Valenciana en los ‘‘peores resultados del desarrollo urbanístico sostenible’’. Y es que, tal y como manifestaron desde la organización ecologista, “el mayor de todos los problemas es el urbanismo”.
Pese a todo, cabe resaltar que el mismo informe del colectivo ecologista asegura que la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española en cuanto al número de viviendas que se van a construir en el litoral. Frente a las 466.685 casas que se prevé levantar en la costa valenciana en los próximos años, Galicia proyecta 800.000 y Andalucía más de 680.000.
De los 43 puntos negros, el director de Campañas de "Greenpeace" en España, Mario Rodríguez, destacó el caso de la localidad castellonense de Torreblanca, donde está previsto construir en los próximos años más de 46.000 viviendas, “lo que supondrá un aumento de la población de un 2.320%”.
Otro ejemplo “alarmante”, según subrayó Rodríguez, es el municipio de Oropesa, donde se contemplan 47.800 viviendas, con un incremento demográfico de 1.860%, además de la construcción de 7.500 plazas hoteleras y tres nuevos campos de golf. Todo ello sin ‘‘depuración suficiente’’, criticaron desde la organización ecologista.
La provincia de Alicante tampoco se libró de las censuras ecologistas. Allí se concentra ‘‘el mayor número de zonas con construcción masiva’’ con 18 puntos negros, frente a los 11 de Valencia y 14 de Castellón.
En el territorio alicantino destaca la situación de Orihuela, que registra 25.000 viviendas ilegales de las 33.175 que se contabilizan en toda la Comunidad Valenciana; y el caso de Santa Pola, con la proyección de un campo de golf junto al humedal protegido.
Respecto a la provincia de Valencia, el director de Campañas de "Greenpeace" criticó la ampliación de los puertos de El Perelló, Gandía y el de la propia capital, puesto que afectará de forma negativa a las playas.
En este sentido, Rodríguez explicó que la ampliación del puerto de Valencia “plantea doblar el área actual de contenedores mediante la construcción de una superficie de 153 hectáreas con diques que se adentrarían dos kilómetros al mar, afectando a las playas de Pinedo y El Saler, al sur del puerto, y también a la playa de la Malvarrosa, al norte. Además, algunos expertos afirman que las afecciones podrían llegar hasta Cullera”.
Otros puntos ‘‘críticos’’, desde el punto de vista urbanístico en la provincia de Valencia, son El Puig con 17.136 nuevas viviendas; la urbanización de la huerta en Alboraia con 800 casas y dos hoteles en primera línea, y el hotel programado en Calpe, que tendrá 104 metros de altura y estará situado a tan sólo seis de la línea de la costa.
Para "Greenpeace" el mayor de los problemas de la Comunidad Valenciana es el desarrollo urbanístico, que afecta directamente al ecosistema del mar Mediterráneo, un elemento natural que tiene ‘‘desprotegido el 99% de su superficie’’.
Según datos de la agrupación ecologista, cada kilómetro cuadrado del territorio recibió en 2004 una media de 288 toneladas de cemento, una cantidad cinco veces superior a la media europea.
Además, a esto hay que añadirle que de las 466.685 viviendas que se prevé construir en el litoral valenciano, 33.175 son urbanizaciones ‘‘ilegales’’, según afirmó "Greenpeace", que también resaltó que, poco antes de las recientes elecciones municipales y autonómicas, Territorio y Vivienda dio luz verde a 200 PAI.
De hecho, tal y como recordó la ONG, el urbanismo en la Comunidad Valenciana está siendo supervisado “muy de cerca” por el Parlamento Europeo, que ya emitió un informe en el que denunciaba “la consolidación de un modelo urbanístico depredador de los intereses particulares de los propietarios, del territorio y del medio ambiente”.
"Greenpeace" volverá a la carga para explicar los sondeos de gas frente al parque natural de La Albufera. Según Rodríguez, “las explosiones y los trabajos necesarios provocarán daños al ecosistema”.
Por encima del resto de comunidades que integran la costa mediterránea española, la Comunidad Valenciana registra un total de 43 puntos con planes urbanísticos ‘‘perjudiciales’’ para el mar Mediterráneo, frente a las 23 de Andalucía, 20 de Cataluña y 21 de las Islas Baleares. La Región de Murcia sólo presenta nueve ‘‘puntos negros’’ de los 116 que se contabilizan en todo el litoral mediterráneo, según los datos que maneja "Greenpeace".
Se trata, pues, del mayor porcentaje, un 37%, que coloca a la Comunidad Valenciana en los ‘‘peores resultados del desarrollo urbanístico sostenible’’. Y es que, tal y como manifestaron desde la organización ecologista, “el mayor de todos los problemas es el urbanismo”.
Pese a todo, cabe resaltar que el mismo informe del colectivo ecologista asegura que la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española en cuanto al número de viviendas que se van a construir en el litoral. Frente a las 466.685 casas que se prevé levantar en la costa valenciana en los próximos años, Galicia proyecta 800.000 y Andalucía más de 680.000.
De los 43 puntos negros, el director de Campañas de "Greenpeace" en España, Mario Rodríguez, destacó el caso de la localidad castellonense de Torreblanca, donde está previsto construir en los próximos años más de 46.000 viviendas, “lo que supondrá un aumento de la población de un 2.320%”.
Otro ejemplo “alarmante”, según subrayó Rodríguez, es el municipio de Oropesa, donde se contemplan 47.800 viviendas, con un incremento demográfico de 1.860%, además de la construcción de 7.500 plazas hoteleras y tres nuevos campos de golf. Todo ello sin ‘‘depuración suficiente’’, criticaron desde la organización ecologista.
La provincia de Alicante tampoco se libró de las censuras ecologistas. Allí se concentra ‘‘el mayor número de zonas con construcción masiva’’ con 18 puntos negros, frente a los 11 de Valencia y 14 de Castellón.
En el territorio alicantino destaca la situación de Orihuela, que registra 25.000 viviendas ilegales de las 33.175 que se contabilizan en toda la Comunidad Valenciana; y el caso de Santa Pola, con la proyección de un campo de golf junto al humedal protegido.
Respecto a la provincia de Valencia, el director de Campañas de "Greenpeace" criticó la ampliación de los puertos de El Perelló, Gandía y el de la propia capital, puesto que afectará de forma negativa a las playas.
En este sentido, Rodríguez explicó que la ampliación del puerto de Valencia “plantea doblar el área actual de contenedores mediante la construcción de una superficie de 153 hectáreas con diques que se adentrarían dos kilómetros al mar, afectando a las playas de Pinedo y El Saler, al sur del puerto, y también a la playa de la Malvarrosa, al norte. Además, algunos expertos afirman que las afecciones podrían llegar hasta Cullera”.
Otros puntos ‘‘críticos’’, desde el punto de vista urbanístico en la provincia de Valencia, son El Puig con 17.136 nuevas viviendas; la urbanización de la huerta en Alboraia con 800 casas y dos hoteles en primera línea, y el hotel programado en Calpe, que tendrá 104 metros de altura y estará situado a tan sólo seis de la línea de la costa.
Para "Greenpeace" el mayor de los problemas de la Comunidad Valenciana es el desarrollo urbanístico, que afecta directamente al ecosistema del mar Mediterráneo, un elemento natural que tiene ‘‘desprotegido el 99% de su superficie’’.
Según datos de la agrupación ecologista, cada kilómetro cuadrado del territorio recibió en 2004 una media de 288 toneladas de cemento, una cantidad cinco veces superior a la media europea.
Además, a esto hay que añadirle que de las 466.685 viviendas que se prevé construir en el litoral valenciano, 33.175 son urbanizaciones ‘‘ilegales’’, según afirmó "Greenpeace", que también resaltó que, poco antes de las recientes elecciones municipales y autonómicas, Territorio y Vivienda dio luz verde a 200 PAI.
De hecho, tal y como recordó la ONG, el urbanismo en la Comunidad Valenciana está siendo supervisado “muy de cerca” por el Parlamento Europeo, que ya emitió un informe en el que denunciaba “la consolidación de un modelo urbanístico depredador de los intereses particulares de los propietarios, del territorio y del medio ambiente”.
"Greenpeace" volverá a la carga para explicar los sondeos de gas frente al parque natural de La Albufera. Según Rodríguez, “las explosiones y los trabajos necesarios provocarán daños al ecosistema”.
(En la imagen, la playa de la Puebla de Farnals, en Valencia)
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